A buen entendedor, sobran las campañas…

El 28 de junio se realizó un acto político en el Parque Naciones Unidas: la instalación del Consejo Patriótico de Educación Media. Este acto fue conducido por la Ministro de Educación Maryann Hanson y la Segunda Vicepresidente de la AN Diputada Blanca Eeckhout.

De acuerdo a la reseña del periódico VEA, el acto contó con la participación de “docentes y estudiantes de educación media de todo el país“.

Las declaraciones de las dos promotoras del evento, son suficientemente claras, se trató de un acto de proselitismo político puro y duro en busca del voto de los estudiantes, a favor de Hugo Chávez,  para las elecciones presidenciales del 7 de octubre.

No es la primera vez que, en Venezuela, presenciamos un acto de este tipo. De hecho, a lo largo de los últimos 13 años hemos visto reiteradas veces la realización de actos de proselitismo político con la participación de estudiantes, la mayoría de ellos encabezados por el actual Presidente; en algunos casos, contaron también con la participación de niñas y niños de educación primaria.

La Convención sobre los Derechos del Niño, que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, que ampara a los niños y jóvenes hasta los 18 años, en sus artículos 13, 14 y 15 establece lo siguiente:

Artículo 13: “El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño”

Artículo 14: “Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” y ” Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades”

Artículo 15: “Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas” y “No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las establecidas de conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y libertades de los demás”

¿Ese acto estaba violando los derechos de los jóvenes participantes? De acuerdo a la citada Convención, sólo los estaría violando si los jóvenes fueron obligados a participar de alguna manera, pero si decidieron participar libre y voluntariamente y con el consentimiento de sus padres y representantes, no podemos más que decir que estaban ejerciendo sus derechos.

La Ley Orgánica de Educación, en su artículo 12 establece:

En este caso, el razonamiento es similar. Dado lo que establece este artículo, y partiendo de la premisa de que no se trataba de actividades realizadas dentro de los centros educativos, se estaría violando la LOE si los docentes presentes en el acto, utilizaron su cualidad de docentes para promover la participación de los estudiantes en el mismo.

En lo que no hay ninguna duda, ya que queda evidenciado en las declaraciones reseñadas por VEA, es que se trató de un acto de campaña previo al inicio de la misma y que, por su condición, tanto la Ministro de Educación, como la Segunda Vicepresidente de la Asamblea Nacional incurren en falta porque violan:

1. La prohibición a promover el voto por una opción política determinada, antes del inicio de la campaña electoral.

2. La prohibición a funcionarios públicos a hacer campaña electoral.

Como se puede ver, es muy estrecho e intrincado el espacio de lo legal en este campo y se hace necesario investigar a fondo para verificar que:

1. Los estudiantes hayan participado como expresión de su legítimo derecho y sin ningún tipo de presión.

2. Que los profesores promotores y participantes, no utilizaron su cualidad de docentes para promover esta actividad.

3. Que los recursos utilizados para su realización, esto es, para pagar traslado de los participantes, alquiler de espacio, alimentación y logística de realización del acto, no fueron recursos públicos.

Sin embargo, lo que sí es cuestionable y no requiere de mayor investigación, es la ética política que justifica la realización del acto: dos funcionarias haciendo proselitismo a favor de una opción partidista y pretendiendo utilizar el sistema educativo como semillero para su agrupación, porque para ellas, ser ciudadano es equivalente a ser “votante de la revolución”

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