Guerra asimétrica como política de Estado

Cuando dos grupos están en conflicto y uno de ellos utiliza estrategias de guerra para la confrontación, estamos en guerra.

En nuestro caso, aunque no queramos asumirlo, el gobierno nos tiene sumidos en una descarnada guerra, una salvaje guerra asimétrica: Paramilitares, GNB y PNB, contra ciudadanos en protesta pacífica.

Opositores al gobierno convocan una manifestación y el gobierno convoca otra. Los opositores anuncian que se trata de una marcha con un objetivo y una ruta determinada, el gobierno, haciendo alarde de su total abuso de poder, no sólo niega el permiso para transitar por esa ruta, sino que convoca su manifestación hacia el mismo punto, o hacia uno que resulte más emblemático para demostrar que sus partidarios tienen pase de cortesía hasta para Miraflores, mientras que todo el que se le oponga tendrá el paso restringido o bloqueado.

Para “neutralizar” la capacidad de movilización de la oposición, el gobierno anuncia la toma de espacios públicos y realización de conciertos, pero también dice, sin que medie pudor alguno, que para manifestar, un municipio caraqueño gobernado por un alcalde de su tolda política, es espacio vedado para la oposición.

Cuanto más restricciones se imponen desde el poder, más manifestaciones convocan y realizan los opositores. El gobierno, para completar su cerco, decide sin motivo, cerrar buena parte de las estaciones del metro para evitar el traslado “inconveniente” de quién quiere protestar en estos momentos.

Pero esta dimensión de la guerra asimétrica tiene otra terrible cara. En las manifestaciones pacíficas de los opositores, ante cualquier excusa y sin previo aviso, la GNB desata una lluvia de gases lacrimógenos de diverso tipo.

Si, ante la lluvia de gases, a los opositores no les da por salir corriendo, les salen también sus dosis de perdigones, aderezados con metras o a disparados a quemarropa.

Pero como la represión no es sólo labor de la GNB o de la PNB, es muy común que las manifestaciones sean agredidas por los grupos paramilitares afectos al gobierno, que hemos visto en innumerables oportunidades protegidos y escoltados por la GNB.

En los enfrentamientos resultantes de la represión a las manifestaciones, muchos periodistas son agredidos y su material es decomisado, para que ni el país ni el mundo se enteren, de primera mano y de buena fuente, lo que aquí ocurre. Algunos han sido detenidos y otros están amenazados por la violencia de los grupos paramilitares.

Estos periodistas, por cierto, como parte de esa guerra asimétrica, tienen restringida también su libertad para informar, ya que la mayoría de los medios de comunicación han pasado a estar controlados por el Gobierno, algunos de los que no están totalmente controlados, se aplican autocensura, y porque las restricciones, como la de no otorgar los dólares para la compra de papel con el que se imprimen los periódicos, ha hecho que varios medios hayan tenido que cerrar y otros, disminuir a su mínima expresión sus versiones impresas.

Pero como si eso no fuera poco, los medios también son acusados de conspiración por el gobierno, y en más de una oportunidad han tenido que enfrentar denuncias ante los tribunales.

Como colofón de la guerra asimétrica en su dimensión comunicacional, es importante recordar que mientras la oposición hace maromas para poder comunicar lo que aquí sucede, utilizando fundamentalmente, SMS, internet y las redes sociales, el gobierno, haciendo alarde de todo su poder y control, realiza interminables cadenas de radio y televisión en las que presenta, no sólo su lectura de la historia, sino su versión de lo que sucede en la cotidianidad, a modo de “historia contemporánea oficial“, aprovechando para insultar y amenazar, para no perder la costumbre, a todo el que ose manifestar o pensar diferente.

En las últimas semanas, tal como sucediera el 11 de abril de 2002, esas cadenas casualmente coinciden con una fuerte embestida de los grupos paramilitares o de la GNB y la PNB a algún grupo de manifestantes, de los que se mantienen a toda hora en las calle haciendo ejercicio de sus derechos políticos.

Esta guerra asimétrica, hasta la fecha, ha tenido cientos de heridos, más de dos decenas de muertos -varios de ellos por tiros en la cabeza-, y muchos detenidos, de los cuales, muchos también han sido torturados. Las cifras con detalle y precisión las llevan actualizadas las organizaciones de defensa de los derechos humanos que han hecho un magnífico y duro trabajo en estos difíciles años y especialmente en estas últimas semanas.

A los jóvenes que protagonizan las protestas, se les persigue, golpea y detiene.

Cuando cae la noche y hasta la madrugada, los grupos paramilitares y la GNB arremeten contra diversos espacios en los que los manifestantes se mantienen haciendo resistencia y como consecuencia del uso ilegal y desmedido de la fuerza, muchos niños y ancianos son afectados, así como todos los ciudadanos que se encuentran resguardados en sus hogares y no están participando de ninguna forma en la protesta. En estas arremetidas se practican allanamientos sin orden judicial, que son ilegales y también violan los derechos humanos de los ciudadanos.

Para rematar este dantesco panorama, ayer Nicolás Maduro, anunció que emplearía “medidas drásticas” para extinguir las protestas. Así el gobierno asume con firmeza su declaración de guerra a quién ose disentir y reclamar y como debe ser poco asimétrica a sus ojos esta guerra, promete darle mayor intensidad.

Pero es menester recordar que esta guerra asimétrica no comenzó el pasado 12 de febrero, ni el 2 o el 4, en respuesta a las manifestaciones de los estudiantes, esta guerra de los violentos contra el país, tiene ya varios años, ha evolucionado en intensidad y forma y se ha nutrido, por una parte, con el discurso incendiario y de odio que han empleado desde antes del inicio de esta etapa, sus voceros, comenzando por el ex-presidente Chavez que desde su campaña electoral, en 1998, profería amenazas contra los políticos del estatus quo; que posterior a su toma de posesión, desde la presidencia, se encargó de insultar y amenazar al sector con el que se planteara el conflicto de turno, incluyendo a la iglesia, para mantener la efervescencia de su mandato.

También se ha nutrido de la promoción del enfrentamiento permanente utilizado como táctica para fomentar la división nacional. Esta tuvo como uno de sus primeros eventos y seguramente ya olvidado por muchos, cuando por televisión, Chavez increpó a Elías Santana, como representante de las organizaciones de la Sociedad Civil en ese momento, a encontrarse, cada uno y frente a frente con su “Sociedad Civil” en una esquina y así medir sus dimensiones y fuerzas.

Pero uno de los alimentos más funestos de esta guerra, ha sido el visto bueno que el gobierno le dio a sus grupos de choque, de “liberación” o de guerrilla, y ahora autodenominados “colectivos”. A esos grupos, totalmente irregulares en la lógica institucional de un Estado, el gobierno, desde sus diversos frentes, los promovió, armó, apoyó y hasta les ha dado informalmente “competencias”, en cadena nacional, para “resguardar el orden”.

Estos grupos paramilitares, que tienen mucho tiempo operando y organizándose a la sombra y con el visto bueno del gobierno, tuvieron como precedente de anuencia para actuar en la calle, en contra de las manifestaciones opositoras, en el 2002, el día que los grupos armados dirigidos por Lina Ron se apostaron frente a una manifestación opositora que protestaba pacíficamente a las afueras de la sede del TSJ, y ante los ojos de la policía y la guardia, la atacaron para sacarla de allí.

Estos grupos paramilitares, se han convertido en el soporte del gobierno y, cada vez mejor armados y organizados, han sido protagonistas también del incremento de la inseguridad en el país y corresponsables de los más de 200.000 asesinatos que hemos tenido en los últimos 15 años. (*)

Estos grupos gozan de total impunidad, ante la mirada cada día menos incrédula de la población.

Impunidad para los paramilitares, como para los pistoleros de Puente Llaguno en el 2002, mientras quién disiente puede tener garantía de cárcel, a pesar de que no medie, para ello, un juicio justo o apegado a derecho. En algunos casos hemos visto con total indignación, como frente a un abuso de poder y violación de los derechos humanos de algún manifestante, el brazo judicial del gobierno en esta guerra asimétrica, termina incriminando a las víctimas y endilgándoles algún delito para garantizar su juicio y potencial condena.

La criminalización de la protesta es también una táctica empleada en esta guerra asimétrica del poder contra la población.

Actualmente, el brazo judicial del poder, tiene el descaro de ordenar a algunos Alcaldes el desmantelamiento de las barricadas ubicadas en sus municipios, omitiendo la que debería ser una orden, sino previa, simultánea, al gobierno nacional, de desarmar a los grupos paramilitares autodenominados colectivos.

Pero la asimetría de esta guerra, en la dimensión judicial, no se restringe a la impunidad de unos y la incriminación de otros, sino que se extiende al mundo de los privados de libertad.

Ya son conocidas por todos, las precarias condiciones en las que se encuentran las cárceles venezolanas y el terrible hacinamiento de los privados de libertad, pero, esta situación por una parte, contrasta con los privilegios que reciben los pranes que en ella habitan y a los que, en muchos casos, el gobierno ha cedido de hecho el control de las cárceles; y por la otra, se hace peligrosamente grave con el trato vejatorio e inhumano al que son sometidos algunos privados de libertad cuyos casos están vinculados con hechos políticos y que, han tenido como consecuencia el riesgo de la salud y hasta de la vida de los mismos. Esta situación en las prisiones, contraviene a todas luces, lo establecido en las convenciones sobre derechos humanos de los privados de libertad.

Pero la progresión de esta guerra asimétrica, tiene muchas otras dimensiones.

Una de ellas se manifiesta, específicamente en los momentos electorales. En esos casos y a lo largo de todo el proceso electoral, hemos estado en presencia de tácticas de guerra asimétrica en las que el gobierno hace uso descarado de los recursos públicos para garantizar la penetración de su campaña por todos los medios -inclusive utilizando regalos masivos de bienes e insumos con la pretensión de obtener votos- y la movilización de los votantes a los centros el día de las elecciones.

Esta movilización, por cierto, está acompañada de una logística previa y en el momento de la votación, que incluye la ubicación de personas, con nombre y apellido y lugar de residencia, el despliegue de una red de búsqueda y traslado a los centros de votación y el pase de asistencia, con firma del votante incluida en los kioskos denominados “puntos rojos” que se ubican en las cercanías de los centros electorales, y también, la vigilancia del votante en el momento de emitir el voto, para que no se “confunda” en su elección.

Estas tácticas electorales son complementadas con las amenazas de rigor, para que los funcionarios públicos y los beneficiarios de las misiones asistan a los actos de campaña organizados por el gobierno; para que, en el momento de la votación, no se quede ninguno de los de sus listas sin votar; y para los quienes tengan preferencia por opciones diferentes a las del gobierno, no puedan ejercer su voto libremente.

A lo largo del día, estas tácticas electorales son acompañadas por acciones de amedrentamiento protagonizadas por los grupos paramilitares del gobierno, que en sus motos recorren las ciudades y que, en horas de la noche, cuando no se han cerrado las mesas o se comienzan a realizar los escrutinios, se apostan afuera de los centros electorales para atemorizar a votantes, testigos y miembros de mesa.

Otra dimensión en la que se observa la progresión de esta guerra asimétrica, es en desarrollo institucional del Estado. En esta dimensión se conjugan múltiples tácticas que se entrelazan con otras dimensiones. Pero específicamente, es importante mencionar la violación permanente de lo establecido en la legislación que establece las bases y las reglas del juego institucional en Venezuela, comenzando por los convenios sobre derechos humanos y por lo establecido en la propia Constitución.

Si nos ponemos a enunciar las violaciones y distorsiones que hemos presenciado en estos 15 años, la lista sería larga. Pero quizá baste como ejemplo, con citar a una de las más ilustrativas de la distorsión institucional que se deriva de esta nefasta práctica, que es la aprobación de un plan de la nación que, en lugar de constituir un proyecto para un país que debe garantizar inclusión y pluralidad política, tal como se establece en la Constitución, se convierte en un instrumento para desarrollar un proyecto partidista específico, el proyecto del partido que se encuentra ejerciendo el gobierno.

Las violaciones registradas en este campo, son agravadas por una instrumentación recurrente del mecanismo habilitante para dejar en manos del poder ejecutivo la elaboración y modificación de los textos legales, desplazando del debate de los representantes del pueblo, electos en cada Estado, y traspasando al ejecutivo el poder para legislar. Y también por una distorsión de la dinámica natural de los espacios parlamentarios, cuando se trata de neutralizar el trabajo de los diputados de los grupos opositores y de todo diputado que disienta del poder establecido, con prácticas vejatorias y antidemocráticas que han incluido restricciones en el derecho de palabra, insultos, abucheos por parte del público presente en las sesiones de la Asamblea Nacional, amenazas y hasta agresiones violentas por parte de otros parlamentarios o de individuos ajenos al parlamento que entraron con la anuencia de la directiva de turno de ese poder.

En esta dimensión, por cierto, se han dado tácticas que se cruzan con la dimensión comunicacional de esta guerra, cuando se ha limitado la entrada a algunos medios y periodistas para cubrir las sesiones de discusión en la Asamblea Nacional.

Son 15 años de una instrumentación progresiva de tácticas y mecanismos que han terminado sumiendo a Venezuela en una terrible guerra asimétrica que tiende a agudizarse en estas últimas semanas con la salida permanente de la población a protestar en las calles y el empeño del gobierno de arremeter contra ellas, en lugar de buscar mecanismos para el entendimiento nacional y la solución a los múltiples problemas que dan origen y sustento a estas protestas.

Frente a eso, por cierto, algunos se preguntarán por la actuación de los otros poderes públicos en los que se debería sustentar la defensa del pueblo y la preparación de los casos en los que se deberían enjuiciar a quiénes comenten delitos y violan los derechos humanos de la población.

Bueno, nuestra historia en esa dimensión está marcada por notable inexistencia de división entre los poderes públicos que hace que la Fiscalía actúe como un instrumento del ejecutivo para dar forma a la criminalización de la protesta y de la disidencia y que la Defensoría pretenda actuar como Fiscalía en algunos casos, pero que termine actuando como Procuraduría en todos, pero en lugar de defender al Estado, se comporte como el abogado defensor del partido de gobierno y sus prácticas de abuso de poder. Para corroborar ésto, basta con escuchar la presentación reciente del informe de la Defensoría del Pueblo sobre las denuncias hechas por las organizaciones que defienden los derechos humanos y ver cómo dedicó gran parte de su intervención a presentar “la historia oficial” de los hechos, y no la información que sustenta los casos de violación de los derechos humanos de los ciudadanos.

Aún faltan por mencionar otras dimensiones en las que se desarrollan y se han desarrollado, durante estos 15 años las tácticas que han sustentado y nos han llevado a este estado de guerra asimétrica. Sin embargo, mencionarlas todas haría demasiado extenso este escrito.

No obstante, hay una dimensión en la que la asimetría de esta guerra, a pesar de estar en su contra, juega a favor de los opositores, esa es la dimensión de las acciones de calle, y aunque parezca paradójico viendo lo que sucede, juega a favor, cuando la ventaja se expresa en otras unidades, porque frente al poderío de las armas del gobierno, frente al constante abuso de poder y la impunidad de los grupos paramilitares, se yergue inteligencia y persistencia incansable de jóvenes estudiantes, liceístas y universitarios; la creatividad de artistas que ponen su grano de arena para promover la reflexión en las calles; la insistencia de los ciudadanos indignados y cansados del descalabro institucional, económico y político en al que se ha llevado el país y el empuje de un liderazgo político que se reconstruye en medio de este proceso, todos ellos, con sus errores y sus aciertos, con sus malas y buenas tácticas, dan un espacio de respiro a la esperanza.

Pero para que este espacio de respiro no se asfixie, requiere revisarse y emprender una ruta de encuentro, desde las bases y con total humildad y reconocimiento del otro, con quiénes, desde otras historias de vida y por razones totalmente valederas, se aproximan a la dinámica del país, desde otra perspectiva, con otras prioridades y otras tácticas.

#SOSVenezuela

(*) Aquí encontrarán una progresión de las cifras de fallecidos por año.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s