Entre gallos y fantasmas: ¡Estado de Excepción!

Como es costumbre “revolucionaria”, a última hora del viernes, entre gallos y fantasmas, Nicolás se encadena y anuncia un “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica“.

Con su cara muy lavada y sin pudor, declara:

“He decidido aprobar un nuevo Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que me dé el poder de derrotar la guerra económica y derrotar las amenazas internacionales y nacionales” (Para los que quieran leer la reseña completa, la cita la tomé de aquí)

Lo dice como si:

  • el desabastecimiento acompañado de las kilométricas colas para comprar alimentos;
  • el deterioro de los hospitales que incluye ausencia de insumos para la atención y contaminación de áreas clave;
  • la desaparición de medicamentos que afecta a la población en general, pero con mayor riesgo a los que padecen enfermedades crónicas o de medicación especial;
  • el racionamiento y la falta de agua reiterado en muchas partes del país combinado con el suministro de agua contaminada en otras;
  • los apagones, cortes programados y no programados por racionamiento eléctrico;
  • las suspensiones de clases en las escuelas por cortes de luz, por decreto de racionamiento, por inseguridad o por falta de alimentación y agua;
  • el desmantelamiento de las universidades y centros de investigación por los ataques reiterados y la falta de presupuesto, con la consecuente fuga de talentos y los intentos de sustituirmos con espacios dedicados a la “formación de cuadros”;
  • el descarado desfalco del presupuesto del país y las reservas internacionales por corruptos y tráfico de influencia, enchufados y empresas de maletín;
  • el incremento de bandas de delincuentes y mafias asociadas al narcotráfico que azotan a la población, convertiendo al país en una colcha de retazos formada por ghettos;
  • el desmantelamiento de aparato productivo, incluyendo la destrucción, quiebre y cierre de empresas nacionales y privadas, incautadas y expropiadas;
  • la transformación de las policías y la Guardia Nacional en grupos de choque, represión y de custodia de los civiles y los alimentos, y de la Fuerza Armada en un grupo beligerante y partidista al servicio de la “revolución”, acompañada por la designación de funcionarios militares en cargos de administración pública;
  • la desprofesionalización del ejercicio público en todos los ámbitos con la mediocridad y pésima gestión, como consecuencia directa;
  • la sumisión de los poderes públicos al caprichoso servicio del ejecutivo;
  • y el desmantelamiento institucional producto de la recurrente violación de la Constitución y las leyes,

no fueran el producto de estos 17 años de gestión, de la implantación de un modelo anarco-guerrillero-milico-militarista que no conoce sino la lógica de guerra y la sumisión como forma de relación gobierno-pueblo; con un equipo que no tiene idea, ni de gestión pública ni le interesó tenerla mientras gastaba los abundantes recursos de la renta petrolera.

Su declaración a esa hora y un viernes, como bien lo sabe, genera incertidumbre, inquietud y zozobra en la población. Lo sabe y lo hace, sin presentar el texto del decreto para el conocimiento de todos como parte de la estrategia, como la lógica de guerra lo indica, sembrar temor para intentar paralizar a la mayoría.

El anuncio, en esta oportunidad, le agrega un término a la denominación del decreto que incrementa las suspicacias. Ahora, en lugar de ser un “Decreto de Estado de Emergencia Económica” como fue el 2.184 del 14 de enero, prorrogado el 11 de marzo por el 2.270; se trata de un “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica“.

¿Estado de Excepción, en este momento y en este contexto?

Nicolás y algunos de sus ministros, en su estilo de comunicacional combinando cadenas con tuits, expusieron algunas razones y consecuencias que podemos encontrar en la prensa y en sus TL en twitter.

Sin embargo, como sus razones estaban plagadas de fantasmas en conspiración y como mi salud no me permitió salir a manifestar hoy (con las ganas que tengo de poder salir a manifestar), me puse a hacer una mi colección de hechos de estos tiempos y anuncios de ayer, que dibuja el panorama en el que se hace el anuncio.

El panorama, hasta el momento, me queda así:

1. Defensa ante supuestas amenazas externas: Uribe y USA, y prevención/proteccion ante la posibilidad de aplicación de la Carta Democrática.
2. Prevención ante avance de enjuiciamiento por corrupción a gobernantes de otros países, como Cristina y Dilma.
3. Amedrentamiento para paralizar a la crítica interna, en las filas de su partido, con despidos a funcionarios que firmaron el revocatorio.
4. Paralización de la oposición y descrédito a su liderazgo con anuncios del revocatorio en el 2017 y retraso del calendario.
5. Criminalización del liderazgo político y de defensores de DDHH, vinculando a los primeros con la promoción de violencia en la calle y a los segundos con conspiración y recepción de fondos de gobiernos extranjeros.
6. Neutralización de la Asamblea Nacional a través de saboteo directo con ataques a diputados, de ausencia del oficialismo en las sesiones, de criminalización por acusaciones a diputados e intento de destituir a la directiva por el TSJ.
7. Intimidación a la población con militarización de zonas populares e incremento de la presencia y el control militar en lugares de distribución de alimentos.
8. Continuación de la estrategia de OLP para intimidar a unos y atajar la guerra interna que tienen sus clanes y mafias.
9. Neutralización de las protestas con bloqueos a manifestaciones, no otorgar permisos, represión, ataques a manifestantes por parte de grupos violentos y organismos de seguridad, y detenciones arbitrarias.
10. Invalidación de los partidos opositores por supuesta falta de requisitos ante el CNE.
11. Incrementos de ataques contra medios y periodistas, incluyendo uso de la violencia contra periodistas en el ejercicio de sus funciones y decomiso y destrucción de equipos.
12. Importante aumento de precios de productos de la canasta básica.

Este es el panorama en el que Nicolás hace su anuncio.

Seguramente me faltaron hechos, amenazas y anuncios, pero con los colectados, hasta el momento, lo que me queda muy claro, es que el “decreto” persigue proteger al ejecutivo y su élite, mientras desarrolla una nueva fase en su estrategia de guerra que incluye profundizar el control del poder y continuar con la desinstitucionalización, corrupción y el abuso, apostando a la sumisión y paralización de la población, a la neutralización del liderazgo opositor -y también al liderazgo que se declara oficialista pero se considera alterno y crítico- e intenta inhibir las iniciativas de apoyo internacional.

¡Así es que un “revolucionario” gobierna!

¡Ésta es la guerra de Nicolás contra el país, contra el pueblo!

Ley De Inversión Educativa (otra para la #AN)

En la sección “El presupuesto educativo”, del artículo Una Agenda Educativa Para Diputados, publicado el 28 de noviembre en este blog, llamaba la atención sobre la poca rigurosidad y seriedad de la discusión y aprobación de las leyes de presupuesto, en la última década en la Asamblea Nacional. Ello ha tenido como lamentable consecuencia que, entre otros, el sector educativo no cuente con un presupuesto ajustado a sus necesidades, ni asociado a una planificación que permita garantizar, de forma progresiva, una educación de calidad para todos, poniendo especial énfasis en la ampliación de la cobertura y la calidad del sub-sistema de educación básica que tiene carácter obligatorio, de acuerdo a lo que establece la Constitución.

En dicho artículo mencioné unas propuestas de acción legislativa para abordar integralmente algunos de los problemas asociados a la elaboración, discusión, aprobación y ejecución del presupuesto del sector. En éste, quiero agregar una propuesta que ya hemos discutido con otros matices, en diversos escenarios y que apunta a atender las deficiencias que, en términos de infraestructura educativa, se mantienen en el sistema. Para efectos prácticos, la llamaré “Ley de Inversión Educativa”.

Tal como ha venido funcionando el sistema educativo, hay tres tipos de requerimientos que justifican la existencia de una “Ley de Inversión Educativa

  1. Ampliación de la oferta

Hablar de ampliación de la oferta en educación básica, es hablar de, por una parte, la construcción de nuevas escuelas en lugares en los que actualmente no hay oferta o es deficitaria, y por la otra, de tener suficientes planteles para que todas las escuelas puedan trabajar a turno completo, aspiración que tiene más de dos décadas en el país, que se propuso concretamente como política pública en los 90s, y que pretendió materializarse en 1999 con la adopción del modelo de “Escuelas Bolivarianas”. (Actualmente, a pesar de la intención inicial de ese modelo, la intención de constituir escuelas a turno completo, desapareció, por lo que se bautizaron como “Bolivarianas”, escuelas de medio turno en los diversos niveles, por lo que siguen existiendo múltiples infraestructuras en las que funcionan, con un esquema de tiempo parcial dos y hasta 3 escuelas).

En 1999, cuando se nombró el primer Coordinador de Escuelas Bolivarianas en el Ministerio de Educación, el Foro Educativo Venezuela, entregó un proyecto que permitía, con una “ley”, tipo presupuesto-programa de 10 años, asegurar la inversión en infraestructura, formación docente y alimentación escolar, para garantizar que todas las escuelas de país pudieran asimilarse al esquema de turno completo. Ese mismo proyecto fue entregado a los primeros 5 coordinadores de ese modelo y en todos los casos, no pasó de ser engavetado.

En ese momento, el Estado, a través de sus poderes ejecutivo y el legislativo, pudo haber elaborado y aprobado su propio proyecto, lo que hubiese permitido que, a esta fecha, el país tuviera 5 años contando con un modelo en el que todas las escuelas funcionaran a tiempo completo, con docentes suficientes y con alimentación para todos. En su lugar, el Ministerio se ha limitado a realizar algunas nuevas construcciones y muchísimas promesas.

Una “Ley de Inversión Educativa” debería tener como primer título, uno que permita saldar esta deuda con el país, en el que se defina y desarrolle un plan de inversión, a largo plazo, que se haga efectivo a través del mecanismo de “presupuesto-programa” (que permite asegurar la ejecución presupuestaria de varios años) y que contemple, tanto la construcción de nuevas escuelas para llevar la oferta educativa al alcance de todos, como la que corresponda a eliminar el uso compartido de la infraestructura escolar, permitiendo que todas las escuelas puedan pasar a ofrecer turno completo.

En este punto, es importante hacer énfasis en que la construcción de nuevas escuelas para ampliar la cobertura, no se resuelve, en todos los casos, con grandes construcciones en las capitales de los municipios y estados, o con una escuela por parroquia (como rezaba la última promesa del ministerio cuando dijo que buscaría recursos en China), sino con escuelas medianas o pequeñas que puedan localizarse donde está la población, para que los estudiantes no tengan que recorrer largos trayectos para poder asistir a clases o que, igualmente se queden fuera del sistema por la imposibilidad hacerlo o de mudarse al poblado en el que se localiza la escuela.

Este título, debe garantizar el acceso a la información y la transparencia del esfuerzo de ampliación de la oferta educativa y de la ejecución del presupuesto-programa, por lo que debe tener un capítulo que determine el mecanismo de presentación de proyectos y de selección de los contratistas, y otro que obligue al ejecutivo (en sus ámbitos nacional, estadal y municipal coordinados) a poner a disposición del país, un sistema de información abierto a la consulta de cualquier usuario, que incluya el cronograma de construcciones programado, los lapsos y requisitos para presentar proyectos, así como los criterios y resultados en el proceso de selección de contratistas; y el proyecto de construcción de cada escuela, con sus plazos de ejecución, los montos de inversión y el contratista seleccionado.

 

  1. Mantenimiento de la planta física, mobiliario y equipos

A pesar de que es obvio, el sistema parece olvidar que una escuela construida y en funcionamiento, no permanece, tal como fue entregada por el Ministerio, las Gobernaciones y las Alcaldías, a las comunidades, por arte de magia. El mantenimiento de las escuelas en óptimo estado, requiere de acciones preventivas y correctivas, menores, intermedias y mayores, integrales o parciales que deben ser planificadas, programadas y financiadas por el Estado. Ese debería ser el segundo título de una “Ley de Inversión Educativa”.

En efecto, la complejidad y la demanda de recursos de un sistema de mantenimiento, amerita planificación, programación y garantía de recursos. Un sistema escolar en óptimo estado, no se logra con esquemas sustentados en el trabajo voluntario de las comunidades, que, en forma de colaboración, apelan a una interpretación acomodaticia y errada del principio de corresponsabilidad, para transferir a la ciudadanía, responsabilidades que corresponden al Estado, transferencia que, en la mayoría de los casos, no está acompañada de los recursos económicos necesarios para asumirla. Pero tampoco se logra con esquemas que no responden a una programación a largo plazo.

Como ha quedado demostrado, esquemas como “una gota de amor para mi escuela” o “Jornada Voluntaria de Mantenimiento Preventivo” a ejecutarse en 335 escuelas del país, primero cada sábado, y después cada fin de semana, no han contribuido de forma efectiva con el mantenimiento de la infraestructura escolar. Incluso, la última versión de la política que tiene al respecto el ministerio, el denominado “Plan de Mantenimiento Preventivo”, no ha mostrado una programación completa y a largo plazo que permita atender, de forma planificada, las necesidades reales del sector.

Dada la complejidad y la demanda de recursos de un sistema de mantenimiento, y para ilustrar un poco cuál sería el contenido de este segundo título de la Ley, recordemos que en la escuela se debe programar, en primer lugar, el mantenimiento preventivo de la infraestructura, el mobiliario y los equipos, para garantizar su buen estado. Para ello, cada comunidad educativa debe contar con los recursos necesarios para sufragar los gastos asociados. Este podría ser el contenido del capítulo primero del segundo título de la “Ley de Inversión Educativa”: rubros de inversión, estimación de costos y mecanismos para la transferencia de los recursos a las escuelas, para las labores cotidianas y menores de mantenimiento preventivo.

Pero más allá del cuidado que tengan las comunidades sobre infraestructura, mobiliario y equipos, así como de las jornadas de mantenimiento preventivo que se realicen con apoyo del ente rector y de las otras instancias de gobierno de las que dependen las escuelas, el uso y la vida de equipos y mobiliario, es limitada. Es por ello, que un segundo capítulo a incluir en este título de la “Ley de Inversión Educativa“, debería establecer los mecanismos de acción y planes de reparación, así como los criterios para la asignación de recursos, de acuerdo a la naturaleza de cada caso, para el desarrollo de actividades de mantenimiento correctivo, cuando los equipos o el mobiliario, sufran daños específicos e inesperados, y mecanismos, presupuesto y planes para su sustitución, al término de su vida útil.

En este capítulo entraría todo el mobiliario y los equipos de las escuelas, incluyendo los usados en el Programa de Alimentación Escolar, que tienen unos requerimientos de mantenimiento y unas características técnicas específicas.

También deben existir mecanismos complementarios que permitan considerar la sustitución de mobiliarios y equipos derivados de cambios de tecnología, que ameriten la renovación de los mismos.

En cuanto a la infraestructura física, es importante considerar que el mantenimiento preventivo tiene diversos momentos y actividades, dependiendo del componente de la infraestructura, sus características y funcionamiento, así como de las condiciones físico-ambientales en las que se localiza la escuela.

Por ello, en un tercer capítulo en el segundo título de “Ley de Inversión Educativa“, se debería contemplar tanto el mantenimiento preventivo cotidiano, como el mantenimiento preventivo periódico, cuyas acciones dependen de las mencionadas características de la infraestructura. Dicho capítulo debería contener las pautas, estándares y criterios con los que, por poner un ejemplo ilustrativo, periódicamente, se deben revisar los sistemas eléctricos, de suministro de aguas, de aguas servidas, y las estructuras, entre otras, y con las que se deben programar y realizar las acciones de mantenimiento que eviten su deterioro, así como los recursos con los que cada escuela y el sistema contará para ello. Estas actividades no pueden, como hasta ahora, depender de operativos ocasionales, sino que deben tener un estricto cronograma de ejecución, para garantizar que sea efectivamente preventivo y oportuno.

Y finalmente, más allá del mantenimiento preventivo, existen acciones de mantenimiento correctivo, que tienen lugar cuando se produce, por diversas razones el deterioro de alguna parte de las instalaciones. En esta categoría, entran además de las reparaciones imprevistas, un tipo de mantenimiento que, en nuestro sistema educativo, se ha denominado siempre mantenimiento mayor y que, de acuerdo a algunos estándares, tiene actividades que deben realizarse en toda infraestructura cada 5 años. El mantenimiento mayor se refiere a actividades como sustitución de techos y paredes, impermeabilización y reparaciones mayores. Los criterios, estándares y procedimientos, así como la asignación de recursos para este tipo de mantenimiento pueden estar especificados en un cuarto capítulo de este título.

En todos los casos, o en un capítulo aparte, tal como se planteó en el punto sobre la ampliación de la cobertura del sistema, una “Ley de Inversión Educativa“, debe determinar los mecanismos de presentación de proyectos y de selección de los contratistas, con un sistema de información abierto a todos, en los que se especifique el cronograma a largo plazo para todo el sistema educativo, así como, la programación de este tipo de mantenimiento para cada una de las escuelas, incluyendo fecha, tiempo de ejecución, tipo de reparación e inversión estimada. Un cronograma así, permite también planificar, en caso de que el mantenimiento mayor implique la suspensión de clases por requerir un lapso de ejecución mayor al vacacional, la reubicación de los estudiantes para que no se afecten las clases durante el año escolar.

 

  1. Garantía de la gratuidad de la educación

De acuerdo a la Constitución vigente, la educación básica en Venezuela debe ser gratuita, específicamente, la que se ofrece en los planteles oficiales. Este fue el principio que justificó que el Estado, hace 14 años, decretara que se eliminara cualquier cobro o contribución en las escuelas nacionales, estadales y municipales. Sin embargo, la eliminación de ese aporte, que las familias o de las comunidades hacían para el funcionamiento de las escuelas, incluyendo compra de materiales que debían ser dotados por el ministerio o por el ente de adscripción de la escuela, no ha sido repuesto con los recursos presupuestarios permanentes y suficientes para evitar que las familias no tengan que sufragar todos los costos directos o indirectos que garantizan que los estudiantes puedan asistir a esas escuelas.

Cabe mencionar que las escuelas tampoco cuentan con los recursos necesarios para su funcionamiento, de forma que sus docentes o directivos, no tengan que asumir costos que le corresponden al Estado. Sin embargo, este segundo punto no correspondería a esta Ley, sino que estaría en el marco de la discusión de la elaboración, discusión y ejecución del presupuesto regular con el que se financian los gastos recurrentes del sistema educativo.

Volviendo a lo que significa educación gratuita, estamos hablando de los costos de la denominada “canasta educativa” que incluyen los relativos al pago de matrícula, pero también a la compra de uniformes, útiles escolares, la alimentación y el transporte desde y hacia la escuela.

Hasta ahora, esos costos han sido subsidiados o asumidos, de forma parcial, pero no regular ni permanente, por lo que no se puede hablar de gratuidad plena. Debido a ello, un tercer título de la “Ley de Inversión Educativa“, debe estar dirigido a resolver de forma definitiva, los problemas asociados al financiamiento de los costos de la “canasta educativa”.

Este título debe contener normas que permitan garantizar el suministro de uniformes y útiles escolares a todos los estudiantes del sistema, incorporando algunas normas específicas que permitan, por ejemplo:

  1. Incluir equipos como las computadoras portátiles en la canasta, pero que obliguen al Estado a garantizar la conexión a internet en las escuelas, a través de una Ley de Inversión complementaria, para que el uso de dispositivos de ese tipo tenga el alcance que brindan las nuevas tecnologías y no se queden funcionando como una mezcla entre máquinas de escribir y proyectores de videos y aplicaciones producidas e instaladas por el gobierno en ellos.
  2. Ampliar los recursos educativos y fuentes de información, eliminando las restricciones de calidad, los sesgos ideológicos y desarrollo de competencias que tiene la obligación de utilizar los textos de la Colección Bicentenario, como textos únicos en las escuelas.
  3. Establecer mecanismos de concurso público para el suministro de uniformes y útiles escolares.

En cuanto a los costos asociados al transporte, es importante decir, que salvo un par de gobiernos regionales y locales, no existe un programa de transporte escolar que garantice rutas de acceso de toda la población a las escuelas, por lo que es imprescindible que la “Ley de Inversión Educativa“, en ese título, cuente con un capítulo en el que se establezcan normas y procedimientos, así como recursos y plazos para proveerlo.

Y finalmente, en el tercer título de esta Ley, debe existir un capítulo dedicado al financiamiento del Programa de Alimentación Escolar, en el que se revise las restricciones para la transparencia y rendición de cuentas de la figura recientemente adoptada para su administración –la Corporación Nacional de Alimentación Escolar-, y que establezca estándares, procedimientos, plazos e inversión que permita contar con alimentación adecuada y de calidad en las escuelas.

Estas normas deberán estar coordinadas con las del título primero, con relación a la dotación y mantenimiento de equipos y mobiliario para las cocinas y los comedores escolares, y también deberán estar dirigidas a evitar todas las distorsiones asociadas al suministro de insumos, especialmente, en la contratación del transporte para llevarlos a las escuelas, cuyo costo, por descuido o una falla de diseño, tiene varios años recayendo en las comunidades que se ven obligadas a hacer una vaca, o a buscar mecanismos irregulares, para contratarlo, ya que el mismo no es suministrado por el sistema.

 

Una agenda educativa para diputados

Desde el poder legislativo se pueden hacer muchas cosas para contribuir con la garantía del derecho a la educación en Venezuela, y con la mejora del desempeño que el Estado ha tenido hasta el momento. Sin pretender agotar la agenda al respecto, tocaré 4 asuntos imprescindibles, que incluyen algunas deudas que el Estado tiene con el país.

I. La legislación pendiente

La promulgación de la Ley Orgánica de educación entre gallos y medianoche, en pleno período vacacional, en agosto del 2009, nos dejó un documento en términos generales mediocre, en el que, por citar algunas cosas, se dio al traste con la estructuración de un modelo de gestión descentralizado, al concentrar el poder en los ministerios de educación; y se desdibujaron los principios del sistema con una pésima y enredada redacción de artículos y temas fundamentales, en los que, en algunos casos, intentaron conjugar conceptos contrapuestos y excluyentes vaciando de significado y sentido la norma que pretendían desarrollar.

Ese documento, requiere una revisión que permita mejorar o modificar, cuando corresponda, la institucionalidad que pretende definir, así como aclarar y precisar aspectos y temas borrosos, pero sobre todo que permita limpiarla de elementos que están cercanos a la inconstitucionalidad. Sin embargo, esta no es la deuda más urgente.

Más urgente, tanto que debería formar parte de las primeras acciones que se esperaría de la próxima gestión legislativa, es la discusión y aprobación de las Leyes especiales de Educación Básica y de Educación Universitaria, así como de la Ley de Carrera Docente, que, de acuerdo a las disposiciones transitorias de la LOE, deberían tener más de 5 años aprobadas.

La ausencia de estos instrumentos normativos, ha dificultado la gestión de los dos subsistemas de educación y ha facilitado la instrumentación de medidas provisionales, con débil institucionalidad y en muchos casos con visos inconstitucionales, a través de resoluciones temporales que terminan convirtiéndose en permanentes. Ejemplo de ello, son las resoluciones que se han utilizado durante los últimos 8 años, para el ingreso y evaluación del personal docente de las escuelas; y la controversial Resolución 058 que sustituyó el régimen de comunidades educativas, por una figura engorrosa de difícil instrumentación, que, además de presentar problemas de inconstitucionalidad en algunos aspectos, incluye la “delegación de funciones” a comités en las escuelas, imposibles de cumplir porque no se les dota ni de capacidad de decisión, ni de recursos para ejercer efectivamente la gestión en temas tan delicados y estratégicos como el mantenimiento y la alimentación escolar, por ejemplo.

La discusión y aprobación de estas 3 leyes son deudas de la Asamblea Nacional con el país, que una próxima gestión deberá considerar urgentes.

En el marco de la discusión y aprobación de la Ley de Educación Básica, tendría que retomarse la discusión sobre la descentralización del sistema educativo iniciada en la década de los 90s y que tuvo como consecuencia el inicio de un proceso de transferencia de competencias y escuelas, que fue congelado y sufrió un lamentable retroceso en los últimos 17 años.

En cuanto a la Ley de Educación Universitaria, hay documentos que se han debatido y presentado ante la Asamblea Nacional, por lo que la discusión no partiría de cero, pero es imprescindible que en el debate se incluyan temas que permitan redefinir los modelos que se desarrollan en las diversas instituciones que hoy forman parte del sistema, pero sobre todo, corregir las desviaciones que hacen que muchas de las nuevas organizaciones denominadas “universidades”, no sean más que “liceos” grandes en los que se otorgan títulos que, en algunos casos, no cuentan con estándares mínimos que garanticen calidad en la formación profesional, ni con el aval del organismo encargado de dar el visto bueno a la oferta educativa en ese nivel.

Con relación a la Ley de Carrera Docente, hay un par de temas relacionados con las condiciones laborales de los docentes que, en algunos aspectos, pueden no resultar del agrado de parte de los gremios existentes, pero que deben ser discutidos con ellos con la profundidad y sinceridad que el país requiere. El primero de ellos es la naturaleza de los estándares que constituyen el sistema de evaluación para el ingreso y ascenso de los profesionales de la educación. El debate en este tema debe considerar, en primer lugar, la exclusión de todos los indicadores y elementos incluidos en las normas utilizadas en estos últimos años, que evalúan más la adscripción partidista de los docentes, que su formación o desempeño; y en segundo lugar, la incorporación de estándares que reflejen el desempeño profesional y los resultados en el aprendizaje de los estudiantes. Estos estándares deben ir más allá de las tradicionales verificaciones sobre el cumplimiento de aspectos administrativos (asistencia, puntualidad, elaboración de planificación, etc) y obviamente, deben constituir un sistema que permita e incentive el aprendizaje y la mejora permanente, pero también que premie a los profesionales que con esfuerzo y dedicación, logran el mejor desempeño y aprendizaje en los estudiantes.

El segundo tema, implica la discusión de un nuevo arreglo contractual que, no se mate de entrada citando derechos adquiridos, sino que permita negociar, con incremento en los beneficios sociales y económicos de los docentes, la cantidad de días hábiles de vacaciones al año, ya que, con los 60 días hábiles que corresponden al gremio, como beneficio adquirido, más los días feriados de cada año, se ha hecho imposible extender la duración del año escolar para contar con 200 días de clases. Y nos referimos a 200 días de clase, más los días necesarios para las demás actividades docentes, no, a la norma tibia contenida en el artículo 49 de la actual LOE que establece una duración del año escolar de 200 días hábiles que, como todos sabemos, incluyen los días de clases, más los períodos correspondientes de actividades administrativas con las que se inician y cierran los lapsos y el año escolar.

II. El presupuesto educativo

La discusión y aprobación de las leyes de presupuesto, se ha convertido en un acto simbólico en el que el ejecutivo presenta una propuesta, a todas luces, deficitaria en términos económicos, pero deficitaria también como propuesta de gestión de los órganos de la administración pública. Este segundo aspecto, es consecuencia de la forma y contenidos que han tomado los Planes Operativos del ejecutivo, en el caso de educación, de los ministerios rectores.

En este aspecto, la Asamblea Nacional como parte de sus funciones de control del gobierno y la administración pública, podría promover la definición de estándares que permitieran mejorar los planes operativos de los ministerios, así como su gestión y sus resultados; y en su función legislativa, debería exigir al ejecutivo que sincerara las solicitudes presupuestarias.

Pero en función de mejorar el financiamiento del sistema educativo, la Asamblea Nacional también, podría trabajar en la redefinición de algunas reglas de juego, específicamente, en la recuperación del mecanismo de la LOCTI que permitía a las universidades, junto con el sector productivo, diseñar y ejecutar proyectos de innovación e investigación con los recursos destinados para ello en dicho instrumento normativo. Este mecanismo fue secuestrado por el ejecutivo, privando a las universidades de financiamiento y al sector productivo de conocimientos e innovaciones, con el agravante de que, desde hace algún tiempo, se desconoce el destino los recursos recaudados por esa vía.

Además, el poder legislativo, podría estudiar y considerar la aplicación de nuevos esquemas, como el existente en Uruguay que permite el financiamiento de la educación primaria con un impuesto inmobiliario, cuya recaudación es asignada de forma directa al funcionamiento de las escuelas de este nivel.

III. Sistema de evaluación de la calidad de la educación

Como es del conocimiento de los actuales diputados de la Asamblea, y debe serlo de los actuales candidatos, en el texto de la recién aprobada Ley de Presupuesto, hay un proyecto del MPPE denominado “Creación del Observatorio del Sistema de Educación Básica”. La siguiente captura de pantalla contiene el enunciado de dicho proyecto, tal como está incluido en la Ley.

proyecto observatorio 1

En la presentación de inicial que se hace de los proyectos, en ese mismo capítulo, el MPPE incluye la siguiente y breve justificación:

proyecto observatorio 2

Al respecto, es importante recordar:

a) Que el sistema educativo contaba con el SINEA (Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes) a finales de la década de los 90s. El SINEA fue diseñado en el país y se comenzó a administrar en las escuelas que ofrecían educación primaria y secundaria. Ese sistema, era perfectible como todo mecanismo de evaluación en desarrollo, estaba constituido por una batería de pruebas e indicadores de contexto valiosos e interesantes. En sus primeras aplicaciones arrojó bajo desempeño de las escuelas y de los estudiantes y sus resultados pudieron utilizarse como insumos para reorientar la política educativa, pero, en su lugar, en el momento en el que los resultados indicaban que el modelo de Escuelas Bolivarianas tenía menor desempeño que el resto de los modelos de escuelas del sistema, el ministerio decidió dejar de aplicar las pruebas y suspenderlo indefinidamente sin justificación, ni evaluación que avalara esa decisión.

Con respecto a sistemas de evaluación similares que respondan a acuerdos internacionales suscritos por el país, también es importante resaltar, que Venezuela no ha participado en las cuatro ediciones del sistema instrumentado en América Latina por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de UNESCO, sistema en el que han participado casi todos los países de la región, incluyendo a Cuba, por cierto.

De la misma manera, y aunque no se encuentra en el marco de convenios suscritos por el país, Venezuela se ha negado a participar en pruebas internacionales como PISA, en las que también participan casi todos los países de la región y en la que de forma autónoma y con mucho trabajo para conseguir los recursos para su financiamiento, participó recientemente, la Gobernación del Estado Miranda.

En todo caso, con pruebas nacionales, internacionales o con una combinación de ambas, como se hace en múltiples países, es imprescindible que existan mecanismos que permitan evaluar periódicamente el desempeño de los estudiantes para poder corregir y reorientar el trabajo de enseñanza en las escuelas.

b) Que con la incorporación de los sistemas de información digitales, el ministerio contaba, a finales de la década de los 90s, con el SISE (Sistema de Información del Sistema Educativo) que, si bien no se encontraba disponible para el acceso público en internet en ese momento, podía ser solicitado y utilizado por cualquier ciudadano para analizar el estatus de la oferta educativa, consultando variables asociadas a las características de infraestructura y dotación de las escuelas, a la matrícula y proyectos desarrollados; incluso, en sus inicios se podía tener con precisión la nómina docente que trabajaba en el sistema escolar por escuela, independientemente de la dependencia de éstas.

Ese sistema evolucionó y se puso a disposición del país en internet. Pasó por varias denominaciones y, la última versión de acceso público, incluía dos mecanismos: uno de consulta, público para todos los ciudadanos que quisieran conocer las características de las escuelas, plantel por plantel, o hacer consultas por unidades territoriales o tipos de escuelas; y uno cerrado para el ingreso de los datos de cada plantel, al que los directivos encargados de cargar la data, accedían con una clave. Ese sistema, a partir del 2005, fue dejando progresivamente de ofrecer algunos datos y en el 2010 fue cerrado totalmente al público, como mecanismo de consulta y acceso a la información. Hasta hace pocos meses, al consultar la página, aparecía un mensaje notificando que el sistema estaba en mantenimiento -el mantenimiento más largo de la historia de los sistemas, desde que existe internet-. Actualmente, las páginas relacionadas con ese sistema dan error y lo único a lo que se tiene acceso, es a un mecanismo para que las escuelas puedan cargar la data, pero sin la posibilidad de realizar ningún tipo de consulta.

Si como dice el objetivo específico del proyecto, el ministerio quisiera contribuir con la democratización del acceso a la información, poniendo a disposición de la ciudadanía las estadísticas y los datos detallados que dice que ofrecerá con la constitución de ese observatorio, podría comenzar por colgar en internet los textos de las memorias y cuentas, incluyendo el capítulo de estadísticas y activar el mecanismo de consulta del sistema de información que desactivó en el 2010.

c) Más que un observatorio para suministrar datos que permitan sustentar la planificación educativa, tal como dice el texto de la justificación de este proyecto, -datos que dicho sea de paso, ya existen en el ministerio aunque no sean conocidos por la ciudadanía, ni tengan la calidad deseable- lo que el país necesita es un sistema de evaluación del desempeño del sistema educativo que tenga dos dimensiones: una que responda al enfoque de derecho y permita valorar que tan cerca estamos, como sociedad, de garantizar la realización del derecho a una educación de calidad para todos, y una que responda a las necesidades de formación que se desprendan de la Constitución y el Plan de la Nación, para verificar si los ciudadanos, al egresar de cada uno de los niveles del sistema, han logrado desarrollar las competencias y construir los aprendizajes que se ofrecen en ellos y que se estiman como deseables para la sociedad venezolana.

Ese observatorio debería, entre otras cosas, tener independencia del poder ejecutivo, es decir, ser autónomo como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) creado en México en el 2002, o como el INEED Uruguayo creado en el 2012. Además de su autonomía, y dado que la certificación de aprendizajes en Venezuela, la realiza de forma particular cada escuela (*), la institución que se cree, debería tener mecanismos de evaluación que permitan mejorar la gestión escolar en sus dimensiones administrativa y pedagógica, pero que también permitan conocer si las escuelas están logrando los objetivos educativos que se plantean y los que, en términos de formación de su ciudadanía, se plantea el país en general.

Vistas las carencias del sistema educativo en cuanto a la producción y acceso a la información y en cuanto a la evaluación de su desempeño, tanto en la garantía y realización del derecho a la educación, como en el logro de la educación deseada, una de las acciones que debería tomar la Asamblea Nacional, es la discusión y creación de un sistema de evaluación del desempeño, autónomo como los existentes en Uruguay o en México, que dé cuenta al país sobre la calidad de la educación que se ofrece y sirva de mecanismo de control del ejecutivo y de referencia al momento de diseñar las políticas públicas educativas.

IV. Consistencia de los planes nacionales con la Constitución

Finalmente, como parte la de su función legislativa, la Asamblea Nacional, tiene el deber de corregir el uso político-partidista que se ha hecho de los documentos aprobados como Planes de la Nación. Este es un aspecto que abarca a todos los sectores de la vida nacional, pero en el caso del sector educativo se relaciona con aspectos muy específicos que, en términos de contenidos y mandatos, no pueden formar parte de esos planes porque constituyen violaciones a los principios y definiciones establecidos en el texto constitucional, y son contrarios a lo consagrado en los acuerdos y pactos internacionales que definen el marco en el que debe garantizarse el derecho a la educación.

La próxima Asamblea Nacional debe devolverle el apego a la Constitución a los Planes de la Nación y debe promover la eliminación de los sesgos político-partidistas que afectan, entre otras, la política educativa y la naturaleza del derecho a la educación en Venezuela.

(*) Al respecto, es importante recordar que, aunque existen programas obligatorios, cada escuela y cada docente diseña su planificación y su evaluación, por lo no que hay parámetros que permitan afirmar con certeza, que dos bachilleres egresados de dos escuelas diferentes, que obtengan la misma calificación como resultado de sus evaluaciones, tengan una formación equivalente en logros y calidad, lo cual deja sin referentes de evaluación de resultados reales al sistema.