Mar de fondo

Ayer Nicolás Maduro hizo varios anuncios y declaraciones solapadas en medio de una simulación-caricatura de asamblea popular.

Al grito de ¿quieren que congele los precios? la gente respondía con consignas afirmativas, y Maduro decía “aprobado”. Esa fantochada la hemos visto muchas veces, no es ninguna novedad.

Tampoco es novedoso, de hecho, cada vez es más frecuente, que Maduro le pida a la gente que salga a defender sus decisiones en la calle. Sin embargo, ayer esa solicitud iba acompañada de la advertencia de que sus decisiones y políticas no podían ejecutarse sin el concurso de la gente defendiendo su ejecución en la calle.

Luego, volvió a invocar la inconstitucional condición de la “unión cívico-militar” como soporte de las acciones de “defensa” que debía hacer el pueblo en la calle.

Ese conjunto de declaraciones, lo hemos visto muchísimas veces, con distinto orden y variadas intensidades en los más diversos contextos desde hace tiempo.

Esta vez, llama la atención su combinación, la intensidad y el significado de lo que plantea. Maduro llamó a sus partidarios a la confrontación en la calle, mentando la Paz, antes, durante y después, pero ese fue el llamado.
También anunció una inaceptable “constituyente”, cuya presentación tiene tantas irregularidades como provocaciones, pero con la que pretende decretar la muerte de la República y que hizo que el país centrara la atención en ella. Un paso más en el golpe de estado continuado que su gobierno tiene años dando.

Ante ese anuncio, entiendo que lo natural es que la gente centre su atención en la “constituyente”, pero Nicolás Maduro anunció el paquete completo.

“Constituyente” ilegal y chimba y congelación de precios, no tienen vida sin la confrontación en la calle. La dictadura lo sabe y su jugada, ante la presión internacional y el incremento de las protestas, fue escalar el conflicto, pero poniéndolo en manos de la gente. Delegando en las personas el control de la pretendida y sobrevenida “institucionalidad”.

Esa jugada, se apoya en la necesidad de la gente y busca que sus partidarios, aquellos que estaban volteándose por cansancio y desesperación, vuelvan al “redil” y se conviertan en los protagonistas de la confrontación.

El gobierno sabe que cuenta con la FANB, la GNB, la PNB y la mayoría de las policías estadales y municipales, pero además, sabe que tiene a su servicio a todos los grupos paramilitares y parapoliciales que ha creado, financia y protege, y también tiene a los inconstitucionales milicianos. Los hemos visto actuando conjuntamente.

El gobierno sabe que cuenta con las armas, ante un país, desarmado pero en protesta. El gobierno actúa con la petulancia del que sabe que no tiene la razón, pero que opta por la sumisión del contrario porque tiene el poder del fuego, los recursos y las mafias.

El gobierno llama a sus partidarios a la confrontación, que no es más que la declaración de una guerra civil, con esquema de guerrilla y disfrazada.

Eso, como la ilegalidad de la “constituyente”, debe saberlo el mundo y nosotros debemos tenerlo muy claro.

Hoy vimos las primeras muestras de cómo se puede desarrollar esa confrontación en la calle.

Escribo ésto, luego de regresar de la tranca en la Trinidad, y de leer en las noticias que unos paramilitares, de los que acompaña y protege siempre la GNB, hicieron un boquete en un muro de un edificio residencial en una zona de Caracas, que ardían dos apartamentos incendiados -no se sabe si por acción de unas lacrimógenas que lanzó la guardia o por acción de los paramilitares-, que hay varios sitios donde se mantiene la represión y que hay un grupo de oficialistas lanzando cohetes y piedras al Palacio Legislativo y amenazando con tomarlo.

Creo que debemos meter también esta dimensión de los anuncios de Maduro ayer, de lo que sucede, en nuestros análisis y escenarios de decisión y que debemos hacer la denuncia internacional, apoyándonos en la transmisión que se hizo de su discurso, desde la concentración oficialista.

Una toma de la tranca en la Trinidad, hoy 2 de mayo, 2:20 pm

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Para terminar, les dejo este fragmento de lo que acabo de vivir, para pensar:

En el camino de ida a ver cómo estaba la tranca esta tarde, me crucé con mucha gente tratando de llegar a un lugar en el que pudieran agarrar un bus o una camionetica. Nunca me había cruzado con tantos chavistas en esa zona. Todos estaban arrechos porque no podían ir a sus casas.

Supe que eran chavistas porque cuando pasaban decían bajito “viva Chavez” para que lo escuchara la persona con la que se cruzaban, o hacían algún comentario crítico a la tranca.

Uno de los que habló un poco menos bajo, dijo: ¿vieron, esa es la gente que quieren que los gobierne?

Hablaba desde la impotencia de quién se sabe perdido, de quién siente que le están arrebatando el país. Hablaba desde el resentimiento, pero con la convicción de que para ellos, el final del conflicto implica exclusión.

Ese, el resentimiento, fue el alimento de Chavez al inicio y es algo que arrastramos desde nuestra historia de sociedad dividida, que no hemos podido resolver.

El resentimiento y la exclusión es lo que hace que la #DictaduraEnVenezuela siga teniendo apoyo de alguna gente.

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Tácticas de Guerra

Estamos tan acostumbrados al verbo incendiario de los altos funcionarios del gobierno y a las actuaciones desproporcionadas de los organismos de seguridad del Estado, que parece que no terminamos de asimilar y tener consciencia de que estamos viviendo una dinámica de guerra.

Para describir en lo que se ha convertido en nuestra cotidianidad, podría comenzar diciendo:

  • Que el país está dividido en parcelas y guetos. Hay lugares impenetrables, lugares a los que no puede ingresar cualquier ciudadano. En algunos, no pueden entrar tampoco los organismos de seguridad.
  • Que nos hemos convertido en el país de las cadenas, la propaganda, la censura a los medios y el ataque a los periodistas, como política comunicacional del Estado; y de las confiscaciones, del desconocimiento al derecho a la propiedad y del quiebre indiscriminado de empresas, como “política económica”.
  • Que conseguir alimentos y medicinas se ha convertido en un vía crucis para todos los ciudadanos, para algunos mediatizado por el clientelismo disfrazado de política social, atentando contra los derechos a la alimentación y a la salud y contra la dignidad humana, descaradamente.
  • Que si un opositor, ciudadano de a pié o dirigente, hace una crítica o un llamado a manifestar pacíficamente, es criminalizado y en no pocos casos, acusado de traición a la patria y privado de libertad sin debido proceso. Pero se puede ver, con frecuencia a los altos dirigentes del oficialismo haciendo apología del delito, amenazando con agarrar fusiles y con levantar a las masas para no soltar nunca el poder; instigan al odio y a la violencia, criminalizan a los opositores y no pasa nada.
  • Que ante las denuncias de las organizaciones no gubernamentales y de defensores, por las recurrentes violaciones y falta de garantía de los derechos humanos por parte del Estado, el oficialismo responde con una organización muy gubernamental o con un evento, en el que el gobierno hace falsa propaganda para demostrar que ellos sí respetan o garantizan, los derechos humanos.
  • Que el derecho a la vida, que no ser robado, asaltado ni secuestrado, se considera más producto de la buena suerte, que de la existencia de un sistema que garantice realmente la seguridad ciudadana.
  • Que como ya sabemos, nosotros y en buena parte del mundo, en Venezuela no existe separación de poderes y que recientemente se ha dado un paso más en el golpe institucional continuado que vivimos desde hace casi dos décadas, con la acción ilegal del TSJ, agravada por la “solución” concertada con el ejecutivo y “avalada” en declaraciones por el “poder moral” a través de la defensoría.

Podría continuar y con seguridad tendríamos una larga lista de violaciones a la institucionalidad -contenida en los tratados internacionales suscritos, en la Constitución y en buena parte de las leyes-, de aberraciones en la dinámica social y política nacional, de violaciones a los derechos humanos más elementales.

Pero hoy quiero llamar la atención sobre una dimensión de la realidad venezolana, la relacionada con el ejercicio de los derechos políticos, específicamente, del derecho a la manifestación y el uso por parte del Estado de tácticas de guerra para impedirlo, en lugar de garantizarlo.

Sí, me refiero a tácticas de guerra, porque:

  1. Las parcelas y guetos en los que se encuentra dividido el país, también tienen su versión relacionada con la participación política. Hay sitios en los que está vetada la protesta crítica al gobierno, a los que la población que no es partidaria del gobierno, no puede llegar en manifestación. Sin embargo, en esos lugares, los simpatizantes del oficialismo, pueden hacer manifestaciones y fiestas sin ningún problema, actividades que, casi en su totalidad, son promovidas y financiadas por funcionarios e instancias del Estado, haciendo uso doloso de los recursos públicos.
  2. Cada vez que se convoca a una protesta opositora, el oficialismo monta su contra-marcha o contra-concentración, con recursos del Estado e instando a los funcionarios públicos a participar bajo amenaza. La lógica es la confrontación, como si las instancias gubernamentales no tuvieran la responsabilidad de atender y escuchar a todos.
  3. Si una manifestación de la oposición trata de llegar a la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, o a la Asamblea Nacional, para hacer escuchar su voz, desde la noche anterior se despliegan contingentes de la GNB y de la PNB para ubicarse en lugares estratégicos y, sin ningún argumento válido, bloquear el paso, en su momento, violando el derecho a la manifestación.
  4. Las manifestaciones opositoras pueden ser atacadas en diversos momentos por los grupos paramilitares o parapoliciales, mal llamados “colectivos”, que desde hace también casi dos décadas, se promueven, financian y protegen desde el gobierno, y a los que, en algunos casos, se les han asignado informal, pero públicamente, labores de control de la “seguridad ciudadana” en los sectores populares, pero siempre se han autodenominados como “defensores” de la “revolución”.
  5. Si ante un bloqueo en la ruta, los manifestantes se mantienen en la zona o insisten en pasar, los organismos de “seguridad” responden, sin mediación previa, violando lo establecido en el artículo 15 de la resolución Resolución 8610 del MPPD (*), con uso excesivo de fuerza.

articulo 15La presencia de mediadores y el espacio de diálogo para la resolución de conflictos antes de la acción de los organismos de seguridad del Estado, ha existido solamente en el texto de esa norma, en la mayoría de los casos, de una vez se pasa a la represión y siempre de proporciones desmedidas y para nada acordes a la situación que se dice que se quiere controlar, como lo establecen los artículos del 20 al 25 de la misma resolución.

En efecto, si vemos la escala que regula el uso progresivo de la fuerza, tanto en la acción de la Fuerza Armada, como en la acción policial, de acuerdo al siguiente gráfico, hay 5 peldaños que escalar, antes de utilizar las armas intermedias o no letales, es decir, antes de apelar al uso de los gases lacrimógenos, por lo que cabría preguntarnos, ¿cómo es que se llega siempre tan rápido al sexto peldaño, según la GNB y la PNB, en las manifestaciones y protestas opositoras? Claro, que esa escalera se sube más rápido sin la mediación mencionada en el artículo 15.

la escala

Este gráfico es tomado del artículo 2 de las “Normas y principios para el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial por parte de los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos político territoriales” porque está más claro que en la GO de la Resolución 8610 y es casi idéntico en su diseño. En la Res 8610 se encuentra en el artículo 21 y la descripción de las acciones correspondientes a cada peldaño de la escala, se encuentran en el artículo 3 de las normas policiales y en el 22 de las normas de las Fuerzas Armadas.

La represión a la que parece que nos estamos acostumbrando, incluye persecusión y correteo de los manifestantes, acorralamiento en lugares cerrados, con ingreso y persecusión arbitraria de manifestantes y no manifestantes, en espacios públicos y centros comerciales; disparo de gases lacrimógenos hacia edificaciones de uso comercial y residencial, y también directamente hacia los manifestantes, y uso de perdigones y maltrato físico a los manifestantes. Esas acciones se han utilizado en múltiples oportunidades, unas con mayor recurrencia e intensidad que otras, algunas desde hace más de una década y otras de data más reciente. Todas ellas, acompañadas, como ya sabemos, por detenciones arbitrarias.

Pero si ya nos estábamos acostumbrando a que esas violaciones e irregularidades formaran parte la cotidianidad en los intentos por ejercer nuestro derecho a manifestar, y para que no perdamos nuestra capacidad de asombro, el Estado decide innovar con dos nuevas acciones en su táctica de guerra: lanzar lacrimógenas en las inmediaciones de dos centros de salud y lanzarlas desde un helicóptero.

El lanzamiento de gases lacrimógenos en las inmediaciones de dos centros de salud en las Mercedes, es una acción inédita por parte de la GNB. De ella existen varias reseñas con fotos y videos y incluidos. De las personas que reseñaron, resaltan el Doctor Daniel Belleli, que tomó un video desde el exterior de uno de los centros de salud y la Diputada Delsa Solorzano (@delsasolorzano ) que se encontraba recibiendo atención médica, precisamente por haber sufrido el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho durante la manifestación.  (Por cierto, el uso de disparos directos de gases lacrimógenos a los manifestantes, implica un riesgo de lesión que es penado por la ley y que constituye una violación al numeral 3 del mencionado artículo 15. Esa acción, además de la lesión que llevó a la diputada Solorzano a la clínica, le produjo una fractura en la tibia al Periodista Román Camacho (@RCamachoVzla), así como heridas en la cabeza a un par de manifestantes ayer).

Aquí les dejo los enlaces con los videos en cuestión.

Video del Doctor Daniel Belleli:

Video de la Diputada Delsa Solorzano:

Esta acción, además de escandalizarnos a todos por lo descabellada y de haber tenido consecuencias en la salud y bienestar de las personas que se encontraban en los centros de salud en ese momento, incluyendo a un bebé, viola el numeral 3 del artículo 15, citado anteriormente, tal como se aprecia a continuación:

articulo 15 numeral 3

En este marco, es importante resaltar que sobre el uso de los gases lacrimógenos hay muchas cosas que valdría la pena agregar, especialmente por el desconocimiento que se tiene sobre su toxicidad y efectos a largo plazo en la salud de las personas que son sujetas a exposiciones intensas y por largos períodos, pero eso requeriría todo un texto aparte que, seguramente, se basaría en el trabajo que, sobre el tema han hecho algunos químicos universitarios, como la profesora Mónica Krauter (@mkrauterusb).

Sin embargo, es importante comentar que, el sábado pasado (8 de abril) se generó un gran revuelo por el uso de bombas de humo de color rojo, conjuntamente con las lacrimógenas, lo cual constituye una acción para intimidar y confundir a los manifestantes, por parte de los organismos del Estado. Pero ese tipo de acción no es inédita. Tiene antecedentes, entre otras, en las manifestaciones de inicio del 2014, de las cuales, por cierto, también hay algunas pocas reseñas gráficas.

Por otra parte, el lanzamiento de bombas lacrimógenas desde un helicóptero, es una terrible novedad en la táctica de guerra del gobierno, que comenzó justamente en la manifestación del pasado jueves 6 de abril, se repitió en la manifestación del sábado 8, tal como consta en diversas menciones del hecho por usuarios de twitter, aunque, en esos dos momentos, imaginamos que por la sorpresa, no se tomaron reseñas gráficas como en la manifestación de ayer.

lacri dia 6

lacri dia 8

Ayer, la acción criminal fue reseñada en un video tomado por el Diputado Juan Andrés Mejía (@JuanAndresMejia ), dejando clara evidencia de lo sucedido.

Al respecto, es imprescindible decir que el uso de gases siempre se ha considerado una acción muy delicada, porque la naturaleza del gas, conjuntamente con las condiciones climáticas, hacen muy poco controlable y direccionable su aplicación y especialmente, su confinamiento a un área determinada; lo que, además de afectar a la población que se encuentra manifestando, extiende sus efectos a toda la población que se encuentre en el entorno, pero, si además de ello, se lanza desde un helicóptero hacia un área extensa en la que hay edificaciones y personas involucradas y no involucradas con la manifestación, se tiene mucho menos control.

A esa situación debe sumarse el factor sorpresa y el que el lanzamiento se hace desde el aire, incrementando el riesgo de producir lesiones letales en las personas que se encuentren en la zona. Eso, constituye un agravante en la violación a los derechos humanos que se hace por no observar lo establecido en la Resolución 8610 y por la que los funcionarios que dispararon las lacrimógenas desde el helicóptero, pero también los que lo hicieron directo a los manifestantes y en las inmediaciones de dos centros de salud, tendrán que asumir las consecuencias legales correspondientes. Ellos y los superiores que han ordenado ese tipo de actuación.

Y para los que aún no crean que se trata de tácticas de guerra, aquí les dejo este tuit muy claro publicado por José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW), quien es director para las Américas de la ONG Human Rights Watch.

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PS: ayer se mencionó en diversos medios que el lanzamiento de lacrimógenas desde el helicóptero estaba penado por lo establecido en los artículos 60 y 141 de la Ley de aeronáutica civil, sin embargo, de acuerdo al texto de los artículos 1 y 17 de esa misma ley, lo establecido en el 60 y el 141 no aplica a ese helicóptero por ser una aeronave del Estado y no estar explícita la aplicación de esa norma específica, a ese tipo de aeronave en el texto de la ley.

PS2: Esta mañana, después de publicar, leí esta noticia: Mujer de 90 años muere en Bello Monte tras inhalar gases lacrimógenos y la coloqué como PS2 señalando que era “una de las consecuencias de los efectos no controlables del uso indiscriminado de los gases lacrimógenos”. Esta noche leo, que la hija de la Sra fallecida, desmiente que la muerte esté relacionada a los efectos de los gases lacrimógenos. Pensé en quitar la noticia, para no confundir, pero creo que en el resto de la reseña, y también en el desmentido publicado en otro medio, hay suficiente evidencia de los efectos no controlables del uso indiscriminado de los gases lacrimógenos y de las razones para establecer responsabilidades legales, que vale la pena dejarla y agregar la otra, cuyo enlace, les dejo aquí: Desmienten muerte de anciana en Bello Monte por gases lacrimógenos.

(*) Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones

Ley De Inversión Educativa (otra para la #AN)

En la sección “El presupuesto educativo”, del artículo Una Agenda Educativa Para Diputados, publicado el 28 de noviembre en este blog, llamaba la atención sobre la poca rigurosidad y seriedad de la discusión y aprobación de las leyes de presupuesto, en la última década en la Asamblea Nacional. Ello ha tenido como lamentable consecuencia que, entre otros, el sector educativo no cuente con un presupuesto ajustado a sus necesidades, ni asociado a una planificación que permita garantizar, de forma progresiva, una educación de calidad para todos, poniendo especial énfasis en la ampliación de la cobertura y la calidad del sub-sistema de educación básica que tiene carácter obligatorio, de acuerdo a lo que establece la Constitución.

En dicho artículo mencioné unas propuestas de acción legislativa para abordar integralmente algunos de los problemas asociados a la elaboración, discusión, aprobación y ejecución del presupuesto del sector. En éste, quiero agregar una propuesta que ya hemos discutido con otros matices, en diversos escenarios y que apunta a atender las deficiencias que, en términos de infraestructura educativa, se mantienen en el sistema. Para efectos prácticos, la llamaré “Ley de Inversión Educativa”.

Tal como ha venido funcionando el sistema educativo, hay tres tipos de requerimientos que justifican la existencia de una “Ley de Inversión Educativa

  1. Ampliación de la oferta

Hablar de ampliación de la oferta en educación básica, es hablar de, por una parte, la construcción de nuevas escuelas en lugares en los que actualmente no hay oferta o es deficitaria, y por la otra, de tener suficientes planteles para que todas las escuelas puedan trabajar a turno completo, aspiración que tiene más de dos décadas en el país, que se propuso concretamente como política pública en los 90s, y que pretendió materializarse en 1999 con la adopción del modelo de “Escuelas Bolivarianas”. (Actualmente, a pesar de la intención inicial de ese modelo, la intención de constituir escuelas a turno completo, desapareció, por lo que se bautizaron como “Bolivarianas”, escuelas de medio turno en los diversos niveles, por lo que siguen existiendo múltiples infraestructuras en las que funcionan, con un esquema de tiempo parcial dos y hasta 3 escuelas).

En 1999, cuando se nombró el primer Coordinador de Escuelas Bolivarianas en el Ministerio de Educación, el Foro Educativo Venezuela, entregó un proyecto que permitía, con una “ley”, tipo presupuesto-programa de 10 años, asegurar la inversión en infraestructura, formación docente y alimentación escolar, para garantizar que todas las escuelas de país pudieran asimilarse al esquema de turno completo. Ese mismo proyecto fue entregado a los primeros 5 coordinadores de ese modelo y en todos los casos, no pasó de ser engavetado.

En ese momento, el Estado, a través de sus poderes ejecutivo y el legislativo, pudo haber elaborado y aprobado su propio proyecto, lo que hubiese permitido que, a esta fecha, el país tuviera 5 años contando con un modelo en el que todas las escuelas funcionaran a tiempo completo, con docentes suficientes y con alimentación para todos. En su lugar, el Ministerio se ha limitado a realizar algunas nuevas construcciones y muchísimas promesas.

Una “Ley de Inversión Educativa” debería tener como primer título, uno que permita saldar esta deuda con el país, en el que se defina y desarrolle un plan de inversión, a largo plazo, que se haga efectivo a través del mecanismo de “presupuesto-programa” (que permite asegurar la ejecución presupuestaria de varios años) y que contemple, tanto la construcción de nuevas escuelas para llevar la oferta educativa al alcance de todos, como la que corresponda a eliminar el uso compartido de la infraestructura escolar, permitiendo que todas las escuelas puedan pasar a ofrecer turno completo.

En este punto, es importante hacer énfasis en que la construcción de nuevas escuelas para ampliar la cobertura, no se resuelve, en todos los casos, con grandes construcciones en las capitales de los municipios y estados, o con una escuela por parroquia (como rezaba la última promesa del ministerio cuando dijo que buscaría recursos en China), sino con escuelas medianas o pequeñas que puedan localizarse donde está la población, para que los estudiantes no tengan que recorrer largos trayectos para poder asistir a clases o que, igualmente se queden fuera del sistema por la imposibilidad hacerlo o de mudarse al poblado en el que se localiza la escuela.

Este título, debe garantizar el acceso a la información y la transparencia del esfuerzo de ampliación de la oferta educativa y de la ejecución del presupuesto-programa, por lo que debe tener un capítulo que determine el mecanismo de presentación de proyectos y de selección de los contratistas, y otro que obligue al ejecutivo (en sus ámbitos nacional, estadal y municipal coordinados) a poner a disposición del país, un sistema de información abierto a la consulta de cualquier usuario, que incluya el cronograma de construcciones programado, los lapsos y requisitos para presentar proyectos, así como los criterios y resultados en el proceso de selección de contratistas; y el proyecto de construcción de cada escuela, con sus plazos de ejecución, los montos de inversión y el contratista seleccionado.

 

  1. Mantenimiento de la planta física, mobiliario y equipos

A pesar de que es obvio, el sistema parece olvidar que una escuela construida y en funcionamiento, no permanece, tal como fue entregada por el Ministerio, las Gobernaciones y las Alcaldías, a las comunidades, por arte de magia. El mantenimiento de las escuelas en óptimo estado, requiere de acciones preventivas y correctivas, menores, intermedias y mayores, integrales o parciales que deben ser planificadas, programadas y financiadas por el Estado. Ese debería ser el segundo título de una “Ley de Inversión Educativa”.

En efecto, la complejidad y la demanda de recursos de un sistema de mantenimiento, amerita planificación, programación y garantía de recursos. Un sistema escolar en óptimo estado, no se logra con esquemas sustentados en el trabajo voluntario de las comunidades, que, en forma de colaboración, apelan a una interpretación acomodaticia y errada del principio de corresponsabilidad, para transferir a la ciudadanía, responsabilidades que corresponden al Estado, transferencia que, en la mayoría de los casos, no está acompañada de los recursos económicos necesarios para asumirla. Pero tampoco se logra con esquemas que no responden a una programación a largo plazo.

Como ha quedado demostrado, esquemas como “una gota de amor para mi escuela” o “Jornada Voluntaria de Mantenimiento Preventivo” a ejecutarse en 335 escuelas del país, primero cada sábado, y después cada fin de semana, no han contribuido de forma efectiva con el mantenimiento de la infraestructura escolar. Incluso, la última versión de la política que tiene al respecto el ministerio, el denominado “Plan de Mantenimiento Preventivo”, no ha mostrado una programación completa y a largo plazo que permita atender, de forma planificada, las necesidades reales del sector.

Dada la complejidad y la demanda de recursos de un sistema de mantenimiento, y para ilustrar un poco cuál sería el contenido de este segundo título de la Ley, recordemos que en la escuela se debe programar, en primer lugar, el mantenimiento preventivo de la infraestructura, el mobiliario y los equipos, para garantizar su buen estado. Para ello, cada comunidad educativa debe contar con los recursos necesarios para sufragar los gastos asociados. Este podría ser el contenido del capítulo primero del segundo título de la “Ley de Inversión Educativa”: rubros de inversión, estimación de costos y mecanismos para la transferencia de los recursos a las escuelas, para las labores cotidianas y menores de mantenimiento preventivo.

Pero más allá del cuidado que tengan las comunidades sobre infraestructura, mobiliario y equipos, así como de las jornadas de mantenimiento preventivo que se realicen con apoyo del ente rector y de las otras instancias de gobierno de las que dependen las escuelas, el uso y la vida de equipos y mobiliario, es limitada. Es por ello, que un segundo capítulo a incluir en este título de la “Ley de Inversión Educativa“, debería establecer los mecanismos de acción y planes de reparación, así como los criterios para la asignación de recursos, de acuerdo a la naturaleza de cada caso, para el desarrollo de actividades de mantenimiento correctivo, cuando los equipos o el mobiliario, sufran daños específicos e inesperados, y mecanismos, presupuesto y planes para su sustitución, al término de su vida útil.

En este capítulo entraría todo el mobiliario y los equipos de las escuelas, incluyendo los usados en el Programa de Alimentación Escolar, que tienen unos requerimientos de mantenimiento y unas características técnicas específicas.

También deben existir mecanismos complementarios que permitan considerar la sustitución de mobiliarios y equipos derivados de cambios de tecnología, que ameriten la renovación de los mismos.

En cuanto a la infraestructura física, es importante considerar que el mantenimiento preventivo tiene diversos momentos y actividades, dependiendo del componente de la infraestructura, sus características y funcionamiento, así como de las condiciones físico-ambientales en las que se localiza la escuela.

Por ello, en un tercer capítulo en el segundo título de “Ley de Inversión Educativa“, se debería contemplar tanto el mantenimiento preventivo cotidiano, como el mantenimiento preventivo periódico, cuyas acciones dependen de las mencionadas características de la infraestructura. Dicho capítulo debería contener las pautas, estándares y criterios con los que, por poner un ejemplo ilustrativo, periódicamente, se deben revisar los sistemas eléctricos, de suministro de aguas, de aguas servidas, y las estructuras, entre otras, y con las que se deben programar y realizar las acciones de mantenimiento que eviten su deterioro, así como los recursos con los que cada escuela y el sistema contará para ello. Estas actividades no pueden, como hasta ahora, depender de operativos ocasionales, sino que deben tener un estricto cronograma de ejecución, para garantizar que sea efectivamente preventivo y oportuno.

Y finalmente, más allá del mantenimiento preventivo, existen acciones de mantenimiento correctivo, que tienen lugar cuando se produce, por diversas razones el deterioro de alguna parte de las instalaciones. En esta categoría, entran además de las reparaciones imprevistas, un tipo de mantenimiento que, en nuestro sistema educativo, se ha denominado siempre mantenimiento mayor y que, de acuerdo a algunos estándares, tiene actividades que deben realizarse en toda infraestructura cada 5 años. El mantenimiento mayor se refiere a actividades como sustitución de techos y paredes, impermeabilización y reparaciones mayores. Los criterios, estándares y procedimientos, así como la asignación de recursos para este tipo de mantenimiento pueden estar especificados en un cuarto capítulo de este título.

En todos los casos, o en un capítulo aparte, tal como se planteó en el punto sobre la ampliación de la cobertura del sistema, una “Ley de Inversión Educativa“, debe determinar los mecanismos de presentación de proyectos y de selección de los contratistas, con un sistema de información abierto a todos, en los que se especifique el cronograma a largo plazo para todo el sistema educativo, así como, la programación de este tipo de mantenimiento para cada una de las escuelas, incluyendo fecha, tiempo de ejecución, tipo de reparación e inversión estimada. Un cronograma así, permite también planificar, en caso de que el mantenimiento mayor implique la suspensión de clases por requerir un lapso de ejecución mayor al vacacional, la reubicación de los estudiantes para que no se afecten las clases durante el año escolar.

 

  1. Garantía de la gratuidad de la educación

De acuerdo a la Constitución vigente, la educación básica en Venezuela debe ser gratuita, específicamente, la que se ofrece en los planteles oficiales. Este fue el principio que justificó que el Estado, hace 14 años, decretara que se eliminara cualquier cobro o contribución en las escuelas nacionales, estadales y municipales. Sin embargo, la eliminación de ese aporte, que las familias o de las comunidades hacían para el funcionamiento de las escuelas, incluyendo compra de materiales que debían ser dotados por el ministerio o por el ente de adscripción de la escuela, no ha sido repuesto con los recursos presupuestarios permanentes y suficientes para evitar que las familias no tengan que sufragar todos los costos directos o indirectos que garantizan que los estudiantes puedan asistir a esas escuelas.

Cabe mencionar que las escuelas tampoco cuentan con los recursos necesarios para su funcionamiento, de forma que sus docentes o directivos, no tengan que asumir costos que le corresponden al Estado. Sin embargo, este segundo punto no correspondería a esta Ley, sino que estaría en el marco de la discusión de la elaboración, discusión y ejecución del presupuesto regular con el que se financian los gastos recurrentes del sistema educativo.

Volviendo a lo que significa educación gratuita, estamos hablando de los costos de la denominada “canasta educativa” que incluyen los relativos al pago de matrícula, pero también a la compra de uniformes, útiles escolares, la alimentación y el transporte desde y hacia la escuela.

Hasta ahora, esos costos han sido subsidiados o asumidos, de forma parcial, pero no regular ni permanente, por lo que no se puede hablar de gratuidad plena. Debido a ello, un tercer título de la “Ley de Inversión Educativa“, debe estar dirigido a resolver de forma definitiva, los problemas asociados al financiamiento de los costos de la “canasta educativa”.

Este título debe contener normas que permitan garantizar el suministro de uniformes y útiles escolares a todos los estudiantes del sistema, incorporando algunas normas específicas que permitan, por ejemplo:

  1. Incluir equipos como las computadoras portátiles en la canasta, pero que obliguen al Estado a garantizar la conexión a internet en las escuelas, a través de una Ley de Inversión complementaria, para que el uso de dispositivos de ese tipo tenga el alcance que brindan las nuevas tecnologías y no se queden funcionando como una mezcla entre máquinas de escribir y proyectores de videos y aplicaciones producidas e instaladas por el gobierno en ellos.
  2. Ampliar los recursos educativos y fuentes de información, eliminando las restricciones de calidad, los sesgos ideológicos y desarrollo de competencias que tiene la obligación de utilizar los textos de la Colección Bicentenario, como textos únicos en las escuelas.
  3. Establecer mecanismos de concurso público para el suministro de uniformes y útiles escolares.

En cuanto a los costos asociados al transporte, es importante decir, que salvo un par de gobiernos regionales y locales, no existe un programa de transporte escolar que garantice rutas de acceso de toda la población a las escuelas, por lo que es imprescindible que la “Ley de Inversión Educativa“, en ese título, cuente con un capítulo en el que se establezcan normas y procedimientos, así como recursos y plazos para proveerlo.

Y finalmente, en el tercer título de esta Ley, debe existir un capítulo dedicado al financiamiento del Programa de Alimentación Escolar, en el que se revise las restricciones para la transparencia y rendición de cuentas de la figura recientemente adoptada para su administración –la Corporación Nacional de Alimentación Escolar-, y que establezca estándares, procedimientos, plazos e inversión que permita contar con alimentación adecuada y de calidad en las escuelas.

Estas normas deberán estar coordinadas con las del título primero, con relación a la dotación y mantenimiento de equipos y mobiliario para las cocinas y los comedores escolares, y también deberán estar dirigidas a evitar todas las distorsiones asociadas al suministro de insumos, especialmente, en la contratación del transporte para llevarlos a las escuelas, cuyo costo, por descuido o una falla de diseño, tiene varios años recayendo en las comunidades que se ven obligadas a hacer una vaca, o a buscar mecanismos irregulares, para contratarlo, ya que el mismo no es suministrado por el sistema.

 

Una agenda educativa para diputados

Desde el poder legislativo se pueden hacer muchas cosas para contribuir con la garantía del derecho a la educación en Venezuela, y con la mejora del desempeño que el Estado ha tenido hasta el momento. Sin pretender agotar la agenda al respecto, tocaré 4 asuntos imprescindibles, que incluyen algunas deudas que el Estado tiene con el país.

I. La legislación pendiente

La promulgación de la Ley Orgánica de educación entre gallos y medianoche, en pleno período vacacional, en agosto del 2009, nos dejó un documento en términos generales mediocre, en el que, por citar algunas cosas, se dio al traste con la estructuración de un modelo de gestión descentralizado, al concentrar el poder en los ministerios de educación; y se desdibujaron los principios del sistema con una pésima y enredada redacción de artículos y temas fundamentales, en los que, en algunos casos, intentaron conjugar conceptos contrapuestos y excluyentes vaciando de significado y sentido la norma que pretendían desarrollar.

Ese documento, requiere una revisión que permita mejorar o modificar, cuando corresponda, la institucionalidad que pretende definir, así como aclarar y precisar aspectos y temas borrosos, pero sobre todo que permita limpiarla de elementos que están cercanos a la inconstitucionalidad. Sin embargo, esta no es la deuda más urgente.

Más urgente, tanto que debería formar parte de las primeras acciones que se esperaría de la próxima gestión legislativa, es la discusión y aprobación de las Leyes especiales de Educación Básica y de Educación Universitaria, así como de la Ley de Carrera Docente, que, de acuerdo a las disposiciones transitorias de la LOE, deberían tener más de 5 años aprobadas.

La ausencia de estos instrumentos normativos, ha dificultado la gestión de los dos subsistemas de educación y ha facilitado la instrumentación de medidas provisionales, con débil institucionalidad y en muchos casos con visos inconstitucionales, a través de resoluciones temporales que terminan convirtiéndose en permanentes. Ejemplo de ello, son las resoluciones que se han utilizado durante los últimos 8 años, para el ingreso y evaluación del personal docente de las escuelas; y la controversial Resolución 058 que sustituyó el régimen de comunidades educativas, por una figura engorrosa de difícil instrumentación, que, además de presentar problemas de inconstitucionalidad en algunos aspectos, incluye la “delegación de funciones” a comités en las escuelas, imposibles de cumplir porque no se les dota ni de capacidad de decisión, ni de recursos para ejercer efectivamente la gestión en temas tan delicados y estratégicos como el mantenimiento y la alimentación escolar, por ejemplo.

La discusión y aprobación de estas 3 leyes son deudas de la Asamblea Nacional con el país, que una próxima gestión deberá considerar urgentes.

En el marco de la discusión y aprobación de la Ley de Educación Básica, tendría que retomarse la discusión sobre la descentralización del sistema educativo iniciada en la década de los 90s y que tuvo como consecuencia el inicio de un proceso de transferencia de competencias y escuelas, que fue congelado y sufrió un lamentable retroceso en los últimos 17 años.

En cuanto a la Ley de Educación Universitaria, hay documentos que se han debatido y presentado ante la Asamblea Nacional, por lo que la discusión no partiría de cero, pero es imprescindible que en el debate se incluyan temas que permitan redefinir los modelos que se desarrollan en las diversas instituciones que hoy forman parte del sistema, pero sobre todo, corregir las desviaciones que hacen que muchas de las nuevas organizaciones denominadas “universidades”, no sean más que “liceos” grandes en los que se otorgan títulos que, en algunos casos, no cuentan con estándares mínimos que garanticen calidad en la formación profesional, ni con el aval del organismo encargado de dar el visto bueno a la oferta educativa en ese nivel.

Con relación a la Ley de Carrera Docente, hay un par de temas relacionados con las condiciones laborales de los docentes que, en algunos aspectos, pueden no resultar del agrado de parte de los gremios existentes, pero que deben ser discutidos con ellos con la profundidad y sinceridad que el país requiere. El primero de ellos es la naturaleza de los estándares que constituyen el sistema de evaluación para el ingreso y ascenso de los profesionales de la educación. El debate en este tema debe considerar, en primer lugar, la exclusión de todos los indicadores y elementos incluidos en las normas utilizadas en estos últimos años, que evalúan más la adscripción partidista de los docentes, que su formación o desempeño; y en segundo lugar, la incorporación de estándares que reflejen el desempeño profesional y los resultados en el aprendizaje de los estudiantes. Estos estándares deben ir más allá de las tradicionales verificaciones sobre el cumplimiento de aspectos administrativos (asistencia, puntualidad, elaboración de planificación, etc) y obviamente, deben constituir un sistema que permita e incentive el aprendizaje y la mejora permanente, pero también que premie a los profesionales que con esfuerzo y dedicación, logran el mejor desempeño y aprendizaje en los estudiantes.

El segundo tema, implica la discusión de un nuevo arreglo contractual que, no se mate de entrada citando derechos adquiridos, sino que permita negociar, con incremento en los beneficios sociales y económicos de los docentes, la cantidad de días hábiles de vacaciones al año, ya que, con los 60 días hábiles que corresponden al gremio, como beneficio adquirido, más los días feriados de cada año, se ha hecho imposible extender la duración del año escolar para contar con 200 días de clases. Y nos referimos a 200 días de clase, más los días necesarios para las demás actividades docentes, no, a la norma tibia contenida en el artículo 49 de la actual LOE que establece una duración del año escolar de 200 días hábiles que, como todos sabemos, incluyen los días de clases, más los períodos correspondientes de actividades administrativas con las que se inician y cierran los lapsos y el año escolar.

II. El presupuesto educativo

La discusión y aprobación de las leyes de presupuesto, se ha convertido en un acto simbólico en el que el ejecutivo presenta una propuesta, a todas luces, deficitaria en términos económicos, pero deficitaria también como propuesta de gestión de los órganos de la administración pública. Este segundo aspecto, es consecuencia de la forma y contenidos que han tomado los Planes Operativos del ejecutivo, en el caso de educación, de los ministerios rectores.

En este aspecto, la Asamblea Nacional como parte de sus funciones de control del gobierno y la administración pública, podría promover la definición de estándares que permitieran mejorar los planes operativos de los ministerios, así como su gestión y sus resultados; y en su función legislativa, debería exigir al ejecutivo que sincerara las solicitudes presupuestarias.

Pero en función de mejorar el financiamiento del sistema educativo, la Asamblea Nacional también, podría trabajar en la redefinición de algunas reglas de juego, específicamente, en la recuperación del mecanismo de la LOCTI que permitía a las universidades, junto con el sector productivo, diseñar y ejecutar proyectos de innovación e investigación con los recursos destinados para ello en dicho instrumento normativo. Este mecanismo fue secuestrado por el ejecutivo, privando a las universidades de financiamiento y al sector productivo de conocimientos e innovaciones, con el agravante de que, desde hace algún tiempo, se desconoce el destino los recursos recaudados por esa vía.

Además, el poder legislativo, podría estudiar y considerar la aplicación de nuevos esquemas, como el existente en Uruguay que permite el financiamiento de la educación primaria con un impuesto inmobiliario, cuya recaudación es asignada de forma directa al funcionamiento de las escuelas de este nivel.

III. Sistema de evaluación de la calidad de la educación

Como es del conocimiento de los actuales diputados de la Asamblea, y debe serlo de los actuales candidatos, en el texto de la recién aprobada Ley de Presupuesto, hay un proyecto del MPPE denominado “Creación del Observatorio del Sistema de Educación Básica”. La siguiente captura de pantalla contiene el enunciado de dicho proyecto, tal como está incluido en la Ley.

proyecto observatorio 1

En la presentación de inicial que se hace de los proyectos, en ese mismo capítulo, el MPPE incluye la siguiente y breve justificación:

proyecto observatorio 2

Al respecto, es importante recordar:

a) Que el sistema educativo contaba con el SINEA (Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes) a finales de la década de los 90s. El SINEA fue diseñado en el país y se comenzó a administrar en las escuelas que ofrecían educación primaria y secundaria. Ese sistema, era perfectible como todo mecanismo de evaluación en desarrollo, estaba constituido por una batería de pruebas e indicadores de contexto valiosos e interesantes. En sus primeras aplicaciones arrojó bajo desempeño de las escuelas y de los estudiantes y sus resultados pudieron utilizarse como insumos para reorientar la política educativa, pero, en su lugar, en el momento en el que los resultados indicaban que el modelo de Escuelas Bolivarianas tenía menor desempeño que el resto de los modelos de escuelas del sistema, el ministerio decidió dejar de aplicar las pruebas y suspenderlo indefinidamente sin justificación, ni evaluación que avalara esa decisión.

Con respecto a sistemas de evaluación similares que respondan a acuerdos internacionales suscritos por el país, también es importante resaltar, que Venezuela no ha participado en las cuatro ediciones del sistema instrumentado en América Latina por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de UNESCO, sistema en el que han participado casi todos los países de la región, incluyendo a Cuba, por cierto.

De la misma manera, y aunque no se encuentra en el marco de convenios suscritos por el país, Venezuela se ha negado a participar en pruebas internacionales como PISA, en las que también participan casi todos los países de la región y en la que de forma autónoma y con mucho trabajo para conseguir los recursos para su financiamiento, participó recientemente, la Gobernación del Estado Miranda.

En todo caso, con pruebas nacionales, internacionales o con una combinación de ambas, como se hace en múltiples países, es imprescindible que existan mecanismos que permitan evaluar periódicamente el desempeño de los estudiantes para poder corregir y reorientar el trabajo de enseñanza en las escuelas.

b) Que con la incorporación de los sistemas de información digitales, el ministerio contaba, a finales de la década de los 90s, con el SISE (Sistema de Información del Sistema Educativo) que, si bien no se encontraba disponible para el acceso público en internet en ese momento, podía ser solicitado y utilizado por cualquier ciudadano para analizar el estatus de la oferta educativa, consultando variables asociadas a las características de infraestructura y dotación de las escuelas, a la matrícula y proyectos desarrollados; incluso, en sus inicios se podía tener con precisión la nómina docente que trabajaba en el sistema escolar por escuela, independientemente de la dependencia de éstas.

Ese sistema evolucionó y se puso a disposición del país en internet. Pasó por varias denominaciones y, la última versión de acceso público, incluía dos mecanismos: uno de consulta, público para todos los ciudadanos que quisieran conocer las características de las escuelas, plantel por plantel, o hacer consultas por unidades territoriales o tipos de escuelas; y uno cerrado para el ingreso de los datos de cada plantel, al que los directivos encargados de cargar la data, accedían con una clave. Ese sistema, a partir del 2005, fue dejando progresivamente de ofrecer algunos datos y en el 2010 fue cerrado totalmente al público, como mecanismo de consulta y acceso a la información. Hasta hace pocos meses, al consultar la página, aparecía un mensaje notificando que el sistema estaba en mantenimiento -el mantenimiento más largo de la historia de los sistemas, desde que existe internet-. Actualmente, las páginas relacionadas con ese sistema dan error y lo único a lo que se tiene acceso, es a un mecanismo para que las escuelas puedan cargar la data, pero sin la posibilidad de realizar ningún tipo de consulta.

Si como dice el objetivo específico del proyecto, el ministerio quisiera contribuir con la democratización del acceso a la información, poniendo a disposición de la ciudadanía las estadísticas y los datos detallados que dice que ofrecerá con la constitución de ese observatorio, podría comenzar por colgar en internet los textos de las memorias y cuentas, incluyendo el capítulo de estadísticas y activar el mecanismo de consulta del sistema de información que desactivó en el 2010.

c) Más que un observatorio para suministrar datos que permitan sustentar la planificación educativa, tal como dice el texto de la justificación de este proyecto, -datos que dicho sea de paso, ya existen en el ministerio aunque no sean conocidos por la ciudadanía, ni tengan la calidad deseable- lo que el país necesita es un sistema de evaluación del desempeño del sistema educativo que tenga dos dimensiones: una que responda al enfoque de derecho y permita valorar que tan cerca estamos, como sociedad, de garantizar la realización del derecho a una educación de calidad para todos, y una que responda a las necesidades de formación que se desprendan de la Constitución y el Plan de la Nación, para verificar si los ciudadanos, al egresar de cada uno de los niveles del sistema, han logrado desarrollar las competencias y construir los aprendizajes que se ofrecen en ellos y que se estiman como deseables para la sociedad venezolana.

Ese observatorio debería, entre otras cosas, tener independencia del poder ejecutivo, es decir, ser autónomo como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) creado en México en el 2002, o como el INEED Uruguayo creado en el 2012. Además de su autonomía, y dado que la certificación de aprendizajes en Venezuela, la realiza de forma particular cada escuela (*), la institución que se cree, debería tener mecanismos de evaluación que permitan mejorar la gestión escolar en sus dimensiones administrativa y pedagógica, pero que también permitan conocer si las escuelas están logrando los objetivos educativos que se plantean y los que, en términos de formación de su ciudadanía, se plantea el país en general.

Vistas las carencias del sistema educativo en cuanto a la producción y acceso a la información y en cuanto a la evaluación de su desempeño, tanto en la garantía y realización del derecho a la educación, como en el logro de la educación deseada, una de las acciones que debería tomar la Asamblea Nacional, es la discusión y creación de un sistema de evaluación del desempeño, autónomo como los existentes en Uruguay o en México, que dé cuenta al país sobre la calidad de la educación que se ofrece y sirva de mecanismo de control del ejecutivo y de referencia al momento de diseñar las políticas públicas educativas.

IV. Consistencia de los planes nacionales con la Constitución

Finalmente, como parte la de su función legislativa, la Asamblea Nacional, tiene el deber de corregir el uso político-partidista que se ha hecho de los documentos aprobados como Planes de la Nación. Este es un aspecto que abarca a todos los sectores de la vida nacional, pero en el caso del sector educativo se relaciona con aspectos muy específicos que, en términos de contenidos y mandatos, no pueden formar parte de esos planes porque constituyen violaciones a los principios y definiciones establecidos en el texto constitucional, y son contrarios a lo consagrado en los acuerdos y pactos internacionales que definen el marco en el que debe garantizarse el derecho a la educación.

La próxima Asamblea Nacional debe devolverle el apego a la Constitución a los Planes de la Nación y debe promover la eliminación de los sesgos político-partidistas que afectan, entre otras, la política educativa y la naturaleza del derecho a la educación en Venezuela.

(*) Al respecto, es importante recordar que, aunque existen programas obligatorios, cada escuela y cada docente diseña su planificación y su evaluación, por lo no que hay parámetros que permitan afirmar con certeza, que dos bachilleres egresados de dos escuelas diferentes, que obtengan la misma calificación como resultado de sus evaluaciones, tengan una formación equivalente en logros y calidad, lo cual deja sin referentes de evaluación de resultados reales al sistema.

 

Dejar de volar ¿vértigo o comodidad?

Viendo cantar a Nina, mejor dicho, viendo como Nina se vacilaba la canción, la energía y significado que con cada frase expresaba y quería comunicar y como asomaba reiteradamente esa sonrisa irreverente y retadora; no podía dejar de recordar a San Feliz ayer, lo sucedido y las diversas explicaciones y pronósticos asociados, recordar las miles de quejas y llamados a la acción y reacción de otros de todos los días, los innumerables mensajes en torno al tema de moda en nuestra “apropiada” dinámica de polarización “¿es más valiente o responsable o patriota o útil, el que se va o el que se queda?”

Veía a Nina, recordaba que vivimos todo eso sobre una cama de horas de colas, de miradas de desconfianza, de caras de terror y paranoia y de llantos de desesperación y muertes, y me preguntaba:

¿en verdad, como país y como ciudadanos, queremos ser libres, o es demasiada la responsabilidad de asumir las riendas de nuestras vidas, de producir para afrontar nuestros gastos, de elegir probidad a la viveza?

¿Querremos descubrir que podemos volar y hacerlo, sin esperar que alguien nos cuente como se ve el mar desde el cielo o mueva las alas por nostros, para garantizar que no nos vayamos a pique?

Volar alto puede dar vértigo, pero a veces no se deja de volar por vértigo, sino por comodidad.

Vean a Nina Simone…

(Tomado en préstamo del muro de Kelly)

“Accidentes naturales de la guerra” o “le metí dos tiros en el culo por maricón”

Después de una mañana de trabajo, interesante y productiva, nada como echarle una “ojeada” al twitter y al facebook para ver en que andan el país, la familia y los amigos. 

Una de las primeras cosas que me encontré fue un mensaje de la querida Rebeca Alemán (@rebecaaleman), recordando que hoy es el Día Internacional Contra la Homofobia (#DíaInternacionalContraLaHomofobia). 

Su tuit dice:

Hoy 17 de Mayo #DíaInternacionalContraLaHomofobia. Respeto, tolerancia e igualdad, de eso se trata vivir“.

Por cierto, ¿saben por qué se celebra este día?

Se celebra el 17 de mayo desde el año 2004, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió decretar esta fecha como Día Internacional de Lucha contra la Homofobia. Esa decisión de la ONU se tomó para recordar que el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de las enfermedades mentales. Es decir, hasta 1990, se clasificaba a las personas homosexuales con la etiqueta de enfermo mental, de acuerdo a lo establecido en la OMS.

Bueno, todavía, hay muchos grupos sociales y personas que consideran a la homosexualidad como una aberración o como una enfermedad, así que nos falta mucho camino por recorrer como sociedad para que sea común pensar como decía Rebeca en su tuit “Respeto, tolerancia e igualdad, de eso se trata vivir”.

Y pensando en las dificultades que aún existen por todo el camino que nos falta recorrer, recordé que mi último post en Imaginario Cotidiano, lo escribí el año pasado, el día que se conmemoraba la muerte de uno de mis poetas favoritos: Federico García Lorca. Así que, como un aporte a la celebración del  #DíaInternacionalContraLaHomofobia y porque creo que lo dicho en ese post sigue cada día más vigente, les copio el texto titulado: 

 

lorca2“Accidentes naturales de la guerra” o “le metí dos tiros en el culo por maricón” (19 de agosto de 2013) 

Con interesantes paralelismos se escriben las historias: tal día como hoy, hace 77 años, a las 4:45 am, fue fusilado, en Granada, Federico García Lorca. Lo fusiló el franquismo, el fascismo en ejercicio del momento en España.

En el blog del Teatro del Norte (*), en un post firmado por Boni Ortiz (**) se lee: “Juan Luis Trescastro falangista, fanfarrón, putero y microcéfalo, alardeaba en un bar granadino a mediados de agosto de 1936: “Acabamos de matar a Federico García Lorca. Yo le metí dos tiros en el culo por maricón“”

También el site del Atrio, en un post que data del 20 de Agosto de 2010 (***), dice: “Ramón “Ruiz Alonso se atribuyó en su día el crimen orgulloso diciendo “no era más que un intelectual rojo, amigo de rojos y además marica”.”

El abuso de poder, estigmatizar al otro, la aniquilación política y física del que piensa y es diferente, son manifestaciones típicas del fascismo. Como también lo son las excusas inaceptables como la que dio Franco cuando fue interpelado al respecto en su momento. De acuerdo a las reseñas de los propios, Franco dijo que “ese escritor murió mezclado con los revoltosos; son los accidentes naturales de la guerra” (****)

Acciones y justificaciones que tejen historias, que se repiten y que, lamentablemente, no nos suenan tan ajenas, hemos de tenerlas frescas y presentes.

Federico, que como ya todos saben, es mi poeta favorito, dejó una extensa obra, poesía, canciones, teatro, relatos. De ella, para esta oportunidad, seleccioné dos poemas, el primero publicado en vida, en su poemario “Juegos” (Canciones 1921-1924) y el otro, publicado en 1984, como parte de su poemario “Sonetos del amor oscuro”, dos momentos de vida, dos ángulos, pero la misma historia. 

Vaya a ti, Federico, nuevamente mi homenaje:

 

Canción del Mariquita

El mariquita se peina
en su peinador de seda.

Los vecinos se sonríen
en sus ventanas postreras.

El mariquita organiza
los bucles de su cabeza.

Por los patios gritan loros,
surtidores y planetas.

El mariquita se adorna
con un jazmín sinvergüenza.

La tarde se pone extraña
de peines y enredaderas.

El escándalo temblaba
rayado como una cebra.

¡Los mariquitas del Sur,
cantan en las azoteas!

El amor duerme en el pecho del poeta

Tú nunca entenderás lo que te quiero
porque duermes en mí y estás dormido.
Yo te oculto llorando perseguido
por una voz de penetrante acero.

Norma que agita igual carne y lucero
traspasa ya mi pecho dolorido
y las turbias palabras han mordido
las alas de tu espíritu severo.

Grupo de gente salta en los jardines
esperando tu cuerpo y mi agonía
en caballos de luz y verdes crines.

Pero sigue durmiendo, vida mía.
¡Oye mi sangre rota en los violines!
¡Mira que nos acechan todavía!

firma garc°a lorca

(*) El post completo se puede leer en el siguiente enlace: Post del Teatro del Norte

(**) José Bonifacio Ortiz Cabello, crítico e investigador teatral español

(***) El post del Atrio se puede leer en el siguiente enlace: Post del Atrio

(****) Reseña publicada, foto mediante, por Emilio Silva Barrera (@EmilioSilva1965), en su cuenta de twitter el 19 de agosto del 2012

Tendencia Irreversible

Tendencia irreversible, como título, sin estar en época electoral, debe sonar un tanto extraño, pero en diciembre de 2013, fue aprobado y promulgado lo que debería ser -de acuerdo al artículo 187, numeral 8, de la Constitución- un plan de desarrollo económico y social de la nación.

Sin embargo, no fue eso lo que se aprobó, sino algo denominado “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”, que de acuerdo al decreto publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.118 del 4 de diciembre de 2013, tiene efecto jurídico, y es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional.

El texto aprobado, porque tuvo versiones previas en tiempo de campaña, ha sido mi lectura en estos días de Semana Santa. Decidí releerlo, ahora con más detenimiento y detalle, dada la “Consulta Educativa” que adelanta el Ministerio de Educación.

Tal como recordaba, a pesar de que en el cuarto considerando del decreto legislativo con el que se aprueba, dice que el plan “se fundamenta en los principios y valores de la Carta Magna”, hay dos cosas que resaltan en este texto: la primera, es una serie de objetivos que contravienen lo establecido en varios aspectos de la Constitución, por lo que atentan contra la ya precaria  institucionalidad que tenemos; y la segunda, totalmente consustancial con la primera, es que buena parte de este texto, no es más que un plan de trabajo del partido que está en el gobierno para consolidar un modelo político-cultural que pretende imponer a la sociedad.

Y es que como ya sabemos, el modelo de ejercicio de poder que tienen los que hoy están en el gobierno, establece un solapamiento entre Estado, gobierno, partido que hace que, entre muchas cosas, se utilicen tanto los recursos, como las instancias gubernamentales, para beneficio de la parcialidad política que ocupa los cargos públicos. Es la lógica de ejercicio de la hegemonía del Estado-gobierno-partido, sustentada en la legitimidad de origen del gobierno.

Sin embargo, la legitimidad de origen, que no es otra que la que se le confiere a un gobierno, por haber ganado unas elecciones -una o 19, a los efectos del modelo, es la misma cosa- no le da derecho a tomar por asalto el poder violando, de hecho y con cada hecho, lo establecido en la Constitución. Esa legitimidad no lo faculta para cambiar de facto la Constitución a través de leyes, ni de actos legislativos, judiciales y políticos de cualquier índole.

Dicho ésto, volvamos al texto del “plan”.

Desde el lenguaje presuntuoso y rimbombante, con el que este “plan” promete desde consolidar el proceso revolucionario en Venezuela hasta salvar el planeta y a través de sus 5 “objetivos históricos”, -desarrollados en 24 “objetivos nacionales” y éstos a su vez, en múltiples objetivos “estratégicos y generales”- se revela un modelo político-cultural basado, entre otras cosas, en un esquema de “guerra popular prolongada y asimétrica“.

La doctrina de seguridad y defensa nacional, la ética revolucionaria, el control efectivo del Estado, el desarrollo del “poder popular” consustanciado con las milicias, el empleo de las milicias en las funciones de apoyo al desarrollo nacional, el desdibujo de las organizaciones gremiales, la organización del pueblo para su participación en la defensa integral de la nación, la formación de cuadros, la modificación curricular para incluir estrategias de formación de valores socialistas y patrióticos, la irrupción de un “Nuevo Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia”, la construcción colectiva del nuevo Estado Socialista, bajo el principio de “mandar, obedeciendo”; son elementos que dibujan, a lo largo del texto, un modelo que se sustenta en un enfoque belicoso de relación entre ciudadanos. (Para los resabiados, advierto que también el texto habla de paz y convivencia, pero una paz y convivencia construidas a partir de la identificación con el modelo revolucionario y forjadas en la guerra popular prolongada).

Podría dedicarme a citar punto por punto los elementos que constituyen este modelo y que están expresados en el plan, pero este texto quedaría innecesariamente largo. Además, no hay nada como leerlo de primera mano y descubrirlo de forma progresiva. (*)

Apuesto que, a esta altura, más de uno y con razón, se preguntará ¿qué tiene que ver el título con el texto? ¿por qué hablo del modelo político-cultural que promueve este plan y lo asocio con una tendencia irreversible?

Lo hago, porque creo que, dado el tenor de los acontecimientos que hemos vivido en estos días, hay una peligrosa tendencia que pudiera estar convirtiéndose en irreversible: la muerte de la Política y el predominio de la lógica de guerra como sustento de la dinámica social y de las relaciones de poder entre las personas. Creo que sobre eso tenemos que reflexionar.

Veamos algunos ejemplos:

Un día, los paramilitares del gobierno se meten en una Asamblea en la Facultad de Arquitectura de la UCV y persiguen, amedrentan y vejan a los estudiantes. Días más tarde, los mismos u otros paramilitares más descarados y mejor organizados, se instalan dentro de la UCV a sabotear una manifestación estudiantil y desnudan y vejan a un estudiante, agreden y roban a reporteros, siembran el terror en la Tierra de Nadie.

Al poco tiempo, un grupo de personas obstinadas por la falta de seguridad en Montalbán, agarran, vejan y desnudan a un ladrón, para luego entregarlo a las autoridades. Y algo tan reciente como ayer, un grupo de manifestantes o vecinos o ciudadanos indignados ante el atropello de un borracho oficialista a una señora que manifestaba pacíficamente, deciden tomar la justicia en sus manos, propinarle unos golpes al agresor y destrozarle su camioneta.

Unos con más argumentos que otros, con más indignación que otros, más organizados que otros, más armados que otros, con apoyo del gobierno o sin él, con el beneficio que da la impunidad o con la amenaza de ir presos, en algunos casos protegidos por un escapulario o un rosario y en otros, bajo la protección de la corte malandra; agreden, vejan y toman la justicia, o la venganza en sus manos. Formas muy similares que toma esta guerra popular prolongada, en la que consciente o inconscientemente, hay muchos participando.

Veamos otro ejemplo:

Un día una conocida y querida amiga, sale de su casa y encuentra una barricada, se baja del carro para quitar los obstáculos que le impiden pasar, es agredida por sus vecinos sin mediar razón, porque ellos se sienten propietarios de la calle y asistidos por la verdad de los nobles objetivos de la lucha. Ella, tan opositora y activa como ellos, pero participante de otra estrategia de lucha, responde con igual indignación que sus vecinos, porque si ellos tienen derecho a obstaculizar, ella tiene derecho a pasar. En todo caso, no medió previamente ningún acuerdo, por tanto, a unos y otros parece asistirlos el derecho, a circular y a protestar, al mismo tiempo. Gritos, insultos, empujones y amenazas mediante, hemos visto y conocido escenas como esa en múltiples ocasiones. El fondo de este desencuentro, revela la poca disposición de unos y otros para debatir y coordinar acciones y el entendido, nos guste o no, de que si creemos que nos asiste la razón, tenemos el derecho de imponerle la misma y sus consecuencias a los otros.

Si seguimos escudriñando cómo afloran los matices de esas premisas y esa conducta y nos trasladamos un rato a las redes sociales, encontramos una de sus mayores y más floridas expresiones de ejemplos, que van desde el “despierta” y “sal de tu indiferencia”, que presume que quién no nos acompaña en las acciones que consideramos adecuadas, son indiferentes o están dormidos y no se enteran de lo que sucede en el país (estas agresiones son simultáneas, por cierto, al uso, con mucha frecuencia, de imágenes de jóvenes mujeres “guerreras” y de estudiantes encapuchados en plena “batalla”, para identificar la conducta heroica y a la calificación de todo aquel que emprende una acción para la que parece imprescindible tener coraje, como alguien que sí tiene bolas); pasando por el “colaboracionista” en múltiples tonos y volumen, por el que se supone que todo el que emprende una acción que otro considera que puede favorecer al gobierno, está actuando en complicidad con el mismo y para obtener beneficios personales; hasta llegar a las múltiples y diversas acusaciones de culpabilidad que explican por qué, después de 15 años, aún seguimos con este gobierno.

Y en esta última variante, hay una expresión que se basa en la defensa de unos, a los que se considera que se están atacando injustamente, mediante el ataque férreo a otros, que alguna vinculación tienen o se presume que tienen con los que consideramos que están atacando a quién defendemos. Parece un trabalenguas, ¿verdad?

Pero no, se trata, entre otras combinaciones posibles, de los que defienden a Capriles o a la MUD, atacando con furia a Leopoldo o a María Corina y viceversa. Ataques que van y vienen, como si alguien tuviera una especie de “legitimidad” otorgada por la “lucha” para desconocer el esfuerzo y sacrificio que todos, con sus errores, garrafales o menores, esporádicos o reiterados, le han dedicado al país hasta este momento.

A esta altura, si aún se mantienen leyendo, es posible que muchos estarán arrechos con mi postura, y se preguntarán cómo se me ocurre comparar una cosa con la otra y meter todo en el mismo saco, pero creo que así debemos verlo, que hemos perdido la capacidad para ver la violencia y la lógica de guerra en nosotros, y por eso nos resulta tan fácil y sin cuestionamiento, jugar el juego del gobierno, el mismo juego que adversamos, el de la “guerra popular prolongada y asimétrica”.

Y antes de que se vayan a arrechar más, no se trata de no reconocer el sacrificio de todos y las vidas que han dado estudiantes y manifestantes, así como tampoco, ignorar que en el país hace tiempo que no hay justicia, que los malandros siempre salen premiados y que si los llegan a agarrar, los sueltan, mientras que a nuestros manifestantes, los agarran, los meten presos, los torturan y hasta los violan; que no tienen miramientos con los médicos y los abogados que sólo hacen su trabajo; que cada día las cosas se ponen más difíciles y que la última medida es que, para evitar que se divulgue lo que aquí está pasando, la orden es quitar los celulares a quienes manifiestan o andan por la zona; que estos tipos violan la Constitución a diestra y siniestra, usan el ventajismo y la impunidad para violar nuestros derechos y para que sus grupos paramilitares y los órganos de seguridad del Estado puedan amedrentarnos.

Tampoco se trata de desconocer que nuestros líderes, dentro y fuera de los partidos, excluidos de la toma de decisión formal en la MUD, o incluidos y aprovechándose de ello, han abusado de la confianza de la gente, y que a falta de espacios de entendimiento, en este tiempo todos, sin ninguna excepción, han participado en una batalla de agendas en los medios y en la calle, porque creen, a la vieja usanza, que quién impone la agenda en la calle, logra imponer los temas y la conducción de la agenda. Unos apuestan a un discurso más racional y otros a una acción más “contundente”, pero todos usan el mismo mecanismo de guerra para dirimir la agenda opositora, para lograr imponer liderazgos y estrategias, pero el resultado es la exclusión, cuando deberíamos estar construyendo un liderazgo colectivo y una estrategia coordinada, que se ha demostrado, son nuestros mejores fuertes.

Teniendo claro de qué se trata y de qué no, tenemos que preguntarnos si en efecto y hasta qué punto, la lógica de guerra nos tiene invadidos, si vamos a avalar a quiénes emulan lo que adversan con sus acciones, si esa es nuestra única posible respuesta.

La lógica mediante la que se lucha y por la que se toma del poder se sustenta en el mismo modelo ético-político con el que se ejerce el poder cuando se tiene. Pensemos si eso es lo que queremos para Venezuela.

Mirémonos en el espejo de aumento que tenemos hoy en el gobierno. Muchos de ellos, hace 3 décadas hacían guerrilla urbana para tomar el poder y hoy, atacan con grupos paramilitares para mantenerse en él; otros conspiraban en los cuarteles para tomar el poder y hoy, reprimen brutalmente a todo el que manifiesta.

Pensemos que ese modelo político-cultural que declara enemigo a todo con el que no estoy de acuerdo, no es exclusivo de los que se encuentran ejerciendo el gobierno en este momento. El odio se expande del que piensa diferente y apoya al gobierno, al que piensa diferente pero apoya a otro dentro de la oposición, que no es al que yo apoyo. El odio se expande en la medida que crece y se internaliza la práctica del maniqueísmo, de dividirnos en buenos y malos.

Mientras tanto, la inseguridad y el desabastecimiento crecen, así como crecen las restricciones y las horas haciendo cola. Aparecen dos muertos en el Guaire desechados en bolsas negras. Cada día caen más estudiantes presos, más tiempo pasa para los presos políticos que tienen meses y años en la cárcel.

Deberíamos estar todos solicitando la nulidad del “plan” por inconstitucional, pero, en su lugar, pareciera que el comportamiento que se desprende del modelo político-cultural que lo sustenta, representa, para muchos, una tendencia irreversible.

(*) Si no se lo ha leído, o se leyó una versión previa a la aprobada, aquí lo tiene para que lo pueda revisar en detalle.

¡Menos mal, regresó la normalidad!

Leo algunos mensajes en twitter y facebook que advierten el peligro, o plantean el temor, de que la gente deje las calles y el país vuelva a la “normalidad“. También leo mensajes de algunos oficialistas que celebran, con la llamada “toma militar de Altamira“, el regreso a ella.

Quienes tienen ese temor, o esa satisfacción, dependiendo del caso, creo que no entienden que ésta, la dinámica de protestas y represión que vivimos, es la nueva normalidad” que tenemos y tendremos, es la única “normalidad” posible en la Venezuela “revolucionaria”, la única “normalidad” viable para garantizar la supervivencia de quién excluye y desconoce al que piensa diferente y sólo sobrevive cuando logra asfixiar, hasta desaparecer, toda disidencia.

Si cesaran las protestas o cediéramos la calle, lo que vendría no sería jamás una vuelta a una “normalidad” precedente. Ni a la pasada reciente que esperan algunos oficialistas, ni a la pasada remota que añoran y desean algunos opositores.

Lo que vendría sería una evolución de la “normalidad” que vivimos, que obviamente, representaría una involución mayor en nuestra vida republicana.

En esa “normalidad” seguiría profundizándose la crisis económica, las empresas seguirían quebrando, los anaqueles estarían más vacíos, las colas se harían más incómodas y recurrentes y la gente se pelearía por agarrar el pollo que le corresponde esa semana, de acuerdo a lo que dice su tarjeta de racionamiento.

Nuestros jóvenes seguirían emigrando, pero lo harían por tierra, ya que sería más difícil conseguir pasaje en los pocos vuelos que entren y salgan de Venezuela. Mientras tanto, los “enchufaos” de turno pasearían por el mundo con dólares preferenciales o haciendo derroche de recursos mal habidos.

La delincuencia seguiría desatada, pero sentiría el reimpulso de la impunidad renovada, que le daría haber sido protagonista y artífice del éxito oficialista, a puños y tiros, en algunas de las batallas de esta guerra que el gobierno tiene con el pueblo. La Guardia Nacional y la Policía Nacional seguirían en las calles, en las salidas de los metros, en las paradas de buses, en las puertas de las universidades y en las esquinas, “sembrando paz“, requisando a todo el que circula y susurrando temor a sus oídos para que no se le ocurra pensar diferente.

Las cárceles seguirían en franco deterioro y los presos, políticos y no políticos, hacinados y con sus derechos humanos violados, frente al descarado y creciente privilegio que seguirían teniendo los pranes y sus mafias.

Las escuelas seguirían, algunas en terribles condiciones y otras remachadas y retocadas, pero en todas los docentes se verían obligados a aprender y replicar la religión-política, que coloca a Hugo Chavez a la derecha de Dios Padre, o en su lugar, según sea la tendencia.

Los hospitales seguirían sin insumos y las colas de enfermos esperando tratamiento u operaciones, crecería en medida inversamente proporcional a sus esperanzas.

En su esfuerzo por apagar toda opinión libre y disonante, veríamos más intentos de borrar la presencia de las voces disidentes en la Asamblea, allanando la inmunidad parlamentaria de nuestros diputados e imputándoles cargos de traición a la patria por defender nuestros derechos; también seríamos testigos todos los días, de esfuerzos para anular la acción de las personas y organizaciones encargadas de defender los derechos humanos; seguiría la confiscación del poder de las instancias de gobierno de los Estados y Municipios donde no ganó el oficialismo, a través de la reducción de sus presupuestos y de la instrumentación de mecanismos inconstitucionales de “gobierno” paralelo; y continuaría la expansión del monopolio gubernamental de los medios de comunicación, aumentarían las horas de amenazas e insultos en cadena nacional y se incrementaría la mordaza que se impone a periodistas y medios que se atreven a contar al país o al mundo, algo de lo que aquí realmente sucede.

Los empleados públicos seguirían siendo obligados a bajar la cabeza, a vestirse de rojo y a profesar lealtad a la “revolución” apoyando sus actos públicos y privados; terminaríamos de entregar la soberanía y el petróleo a Cuba y tendríamos comisarios políticos y soplones, cubanos y venezolanos, por todos lados. Crecería el número de “beneficiados” por las misiones, pero, por falta de recursos, su instrumentación apelaría a un método de asignación intermitente que dejaría a todos con la esperanza de que su cheque o su beneficio, saliera efectivamente en la tanda siguiente.

En esa evolución de la “normalidad” revolucionaria, se seguiría tejiendo, con la práctica, una instrumentación de la Constitución a la medida, que terminaría violando toda letra que resultara incómoda a la “revolución“; la renovación de los poderes públicos se haría con la señal de costumbre, dejando en los cargos de confianza a los que corresponda, según lo largo del enroque, o a nuevos militantes, tan leales a la “revolución” o más, que sus ocupantes precedentes.

En ella, el odio y la división se profundizarían y el enfrentamiento sería convenientemente callado, por el terror de las armas.

Aparentemente, nada cambiaría, pero todo sería progresivamente diferente.

Así que con la normalidad que tenemos o con la que le seguiría, en la lógica “revolucionaria“, sería imposible volver a algo que se le pareciera a la “normalidad” que unos desean o la que otros recordamos, con o sin nostalgia, porque el pasado, es pasado y ya no vuelve y porque la única “normalidad” posible con esta “revolución” es una que esté alineada a sus ideas y alineada con la sumisión.

Sin embargo, si asumimos al presente y al pasado como oportunidades de aprendizaje, hay una “normalidad” diferente, que sería posible y que, entre todos, podemos construir y hacer viable.

Una “normalidad” en la que Venezuela sean en efecto una República, con ciudadanos responsables y gobernantes, eficaces, eficientes, probos y éticos; con una institucionalidad, en teoría y práctica democrática; un país productor, próspero y creativo, con un Estado que garantice los derechos de todos, sin distingo, que trabaje a fondo por eliminar las desigualdades y la división social y que se encargue de promover una elevada calidad de vida para todos.

Construir esa “normalidad” requiere tiempo, dedicación y esfuerzo, entrega y sacrificios; requiere mantener nuestra voz de protesta, y simultáneamente, reconocer, respetar y aceptar al otro, para iniciar un cambio profundo juntos; requiere, en la intimidad, revisarnos en detalle y dejar los viejos hábitos que constituyen la “viveza del venezolano“; requiere salir a la calle día tras día a ser y construir un país diferente.

Que tengamos una u otra “normalidad“, de nosotros depende.

¡Nos vemos en la calle!

PS: Tal como dicta la “normalidad” y por sugerencia de algunos lectores, hice unos cambios en la “vista” del blog, pero las limitaciones de las plantillas disponibles, no dieron los resultados esperados, así que seguiré buscando opciones y mientras, disculpen el grotesco tamaño del encabezado y de las letras.