Un domingo “electoral”

Quienes me conocen, saben muy bien que, por vocación democrática, he votado en todos los procesos electorales, incluyendo el del año 2005, cuando algunos decidieron y sin consulta impusieron, que no había que votar.

También saben que, desde el nacimiento de la Red de Veedores, hace casi dos décadas, formal o informalmente, hago observación electoral.

Hoy no podía ser diferente: apegada a mis principios democráticos decidí no participar como votante, es decir, no votar, porque éste es un proceso viciado de nulidad, al ser convocado por la Asamblea Constituyente, un ente ilegítimo que usurpa funciones a los organismos del Estado.

Y digo “no participar como votante“, porque, dada la ilegitimidad del proceso, decir que decidí “no ejercer mi derecho al voto” sería muy contradictorio con mi posición.

Lo expreso en estos términos, porque ayer, conversando con unos amigos, cuando expresé mi posición, uno de ellos, dijo: ah, “es una posición principista“, como si actuar en apego a los principios, le restara valor a una acción política.

Obviamente, también decidí hacer una vuelta de observación, pero muy informal, para verificar, de primera mano, lo que los medios y algunos amigos, estaban contando que veían en los centros.

Pero antes de contarles el resultado de mi recorrido, quiero agregar algo más al comentario de mi amigo sobre el motivo de mi decisión.

El país que tenemos

En el país, en este momento, la sociedad está más fracturada y entrópica que nunca. El liderazgo en todos los grupos está dividido y enfrentado. Las pugnas por el control del poder y del no poder (o de la ilusión de poder), son múltiples y simultáneas. Todos, en el gobierno y en la oposición, están jugando al control de sus espacios, cada quién como puede y como su ética política le dicta que debe o puede hacer.

En el oficialismo, se dan algunas batallas y pugnas internas que parecen favorecer los espacios de incidencia de la oposición, y en la oposición, se mantienen las pugnas por el poder de influir en las decisiones sobre la estrategia y las tácticas, que facilitan el control de los espacios por parte del gobierno.

La situación es inédita y muy complicada. Quien crea que tiene “la solución” a lo que estamos viviendo y que, por su método puede convencer o forzar al resto de reconocerla o asumirla, parece que no ha evolucionado desde 1999, ni en los términos de análisis, ni en la comprensión de lo que estamos viviendo.

También están los que descubrieron el análisis de los procesos similares en otros países, como fuente o insumo para la comprensión y la toma de decisiones en Venezuela, pero no entienden que lo nuestro es inédito, por lo que los aprendizajes de las otras experiencias pueden ser valiosos, pero relativos, así que tomar otras experiencias, al pie de la letra, no garantiza que lo que hicieron en ellas, funcione.

Otro elemento que influye en la entropía en la que nos hemos convertido como sociedad, es la adopción mejorada y generalizada de dos prácticas nefastas para el funcionamiento de sociedades democráticas: el clientelismo político, heredado de las prácticas de Acción Democrática en sus gobiernos y repotenciado por la magnitud y su combinación con el miedo, por el chavismo; y la “operación política” que es una especie de “componenda-macolla forzada” en la que eran muy duchos, históricamente, los masistas, pero que ahora se ha convertido en una práctica recurrente de muchos grupos políticos. La operación política, fuerza “acuerdos” sin debate de argumentos, en operaciones de “incidencia” en la toma de decisiones, construyendo falsas “mayorías”, al momento de decidir.

Es más que evidente que, dicho ésto, no voy a decir que yo si tengo la solución o si sé cuál es la ruta a la salida de lo que estamos viviendo, porque sería contradictorio y ridículo.

Lo que sí voy y quiero decir, es que para que podamos aspirar a tener una Venezuela diferente, requerimos transformar unos elementos de fondo, Algunos de ellos, asociados al comportamiento de la dirigencia política, y otros, asociados a la ciudadanía.

Requerimos una ciudadanía consistente entre el discurso y la práctica, que sea capaz de involucrarse, más allá de las manifestaciones, en las acciones políticas y ciudadanas necesarias para construir un cambio de fondo. Pero también, una ciudadanía que se distancie de las prácticas disfrazadas de “conveniencia”, que asuma una ética ciudadana basada en el respeto al otro y a las normas, que se expresa en cosas tan elementales y sencillas,  como seguir los procedimientos y no comerse los semáforos. Una práctica en la que las acciones de desobediencia, sean eso y no en la que el esquivar las normas sólo contribuya a la entropía magnificada y vacía de contenido. Una ciudadanía que no esté esperando que aparezca un nuevo “mesías” a resolver sus problemas y que tampoco espere que, ante este adversario, las estrategias y tácticas políticas, se debatan abiertamente en los medios o en las redes sociales.

Y requerimos una dirigencia que asuma con humildad la complejidad y lo inédito de nuestra situación y que por tanto, no se erija como el nuevo portador de “la solución”, con la prepotencia del un “salvador” pre-claro. Sino entienda que puede tener razón en lo que aprecia y lo que dice, pero que la complejidad de lo que sucede amerita construir con otros, una visión más completa y acordar una estrategia que se desprenda de allí. Que entienda que es posible equivocarse, porque no estamos jugando solos y en muchos casos, estamos jugando temporalmente, desfasados, por lo que analizar el potencial error en la táctica es lo normal y conveniente, y el error no enviste de “sabiduría” y en consecuencia de “poder” al que alertó sobre su posibilidad de ocurrencia, en un momento específico.

Pero, lo más importante, es que requerimos que, sin asumir que eso signifique ingenuidad en el análisis o la acción, esa dirigencia construya una ética política diferente, en la que cualquier forma de clientelismo y de operación política sea desterrada. Si no logramos eso, siempre volveremos a tener una especie de “más de lo mismo”.

Actuar con base a principios no puede ser entendido, ni como una camisa de fuerza que hay que evitar, ni como una posición excelsa e infalible. Es imprescidible construir una ética política que permita flexibilidad en la acción, pero que no se convierta en tramoya y macolla, evadiendo los principios para lograr el control del poder a toda costa.

Comentario político-electoral

Antes de salir a mi paseo por el domingo “electoral”, intercambiando con unos amigos y escuchando los reportes del “Servicio de Información” (un valioso resumen de noticias que me llega por WhastApp en notas de voz), supe que un par de candidatos en la “contienda” estaban haciendo intensas denuncias sobre irregularidades en el proceso, que incluían la presencia de puntos rojos en las cercanías de los centros electorales y el voto “asistido” (diría mejor, amedrentado) y que decían tener documentación que las respaldaban.

En ese momento, recordé unos de los grandes vacíos que sentí durante el período de campaña: las denuncias de las irregularidades provenientes de los comandos de campaña de los candidatos. Varias organizaciones de derechos humanos y voceros políticos, de organizaciones e independientes, que no estaban participando en la contienda, hicieron denuncias, algunas documentadas y otras no, pero todas ponían en evidencia los delitos electorales recurrentemente cometidos por el oficialismo, que hizo gala de su abuso de poder, antes y durante la campaña.

En ese contexto, se apreciaron unas tímidas y pocas menciones a dichos abusos, por las organizaciones y personas participando directamente en el proceso, pero ni suficientes para el tenor del abuso y la violación de las normas, pero tampoco con la intensidad de hoy.

A beneficio de inventario, habrá que analizar este comportamiento y meterlo, como dato en el análisis de algún potencial escenario electoral.

Mi paseo por el domingo “electoral”

Como se trató de una pequeña vuelta de observación y sin credencial, no entré en los centros y me remití ver el comportamiento de la gente en las afueras de los centros, en la zona donde tengo años ejerciendo mi derecho al voto.

Mi centro electoral y los más cercanos en la zona, 6 en total, estaban totalmente vacíos. En 4 de ellos, pude pasar por las entradas y me llamó la atención que dos de ellos, estaban custodiados, como de costumbre por un par de Guardias Nacionales del Plan República, pero los otros dos tenían la puerta entrecerrada y del otro lado de la reja había mujeres milicianas. En las inmediaciones de esos 4 centros, había unos pocos carros, unos 2 o 3 en los custodiados por las milicianas. En mi centro, había 6 y en el otro centro, ninguno.

En los dos centros a los que no pude pasar, tenían cerradas las calles, en un caso con las mesas de un aula de la escuela y en el otro, con una cinta. En ninguno de los dos se veía cola en la entrada. Bueno, ni cola, ni gente esperando en la calle o curioseando como es costumbre en estos procesos, pero en ambos casos había un punto rojo muy cerca de la entrada del centro. Uno de los puntos rojos tenía tres mesas para el escaneo del “carnet de la patria” (eso decía un papel pegado al borde de la mesa) y había un par de personas paradas debajo del toldo, aunque ninguna de ellas parecía estar en el proceso de “escaneo”. El otro punto rojo tenía una sola mesa, había unas 4 personas sobre ella (y una saliendo), por lo que parecía que estaban en plena acción de “escaneo”. Como no tenía credencial, no me acerqué tampoco a conversar con ellos.

La diferencia en la dinámica social entre las zonas, sí fue notable. En la primera zona que incluye dos urbanizaciones de la zona de la Trinidad, no había casi personas en las calles. En la segunda, que es el pueblo de Baruta, había mucha gente en la calle. En la mayoría de los casos, especialmente en el casco, la gente estaba haciendo compras y actividades que no parecían tener relación ni con el centro electoral, ni con el punto rojo. Saliendo del casco, en la principal de Baruta, había mucha gente en colas esperando transporte público. Pero en las inmediaciones del otro centro electoral de Baruta, no había casi gente, y la mayoría de la poca que pude ver, estaba en el punto rojo.

Por cierto, mientras estaba dando la vuelta para salir de esa calle, porque estaba cerrado el paso, como les comenté, pude ver a un motorizado que creo que estaba en las mismas que yo, porque se paró miró el centro y el punto rojo, pero en su caso, llamó por teléfono, quizás para hacer un reporte. (Comentario de especulación pura)

Otra cosa que llamó mi atención, fue que, aproximadamente a la 1 pm, un grupo de entre 12 y 14 motorizados, sin identificación visible, pero en grupo, pasaron por la zona, atravesando la principal de la Trinidad y devolviéndose en el semáforo de la Procter (haciendo un cruce ilegal, por cierto), rumbo a la autopista.

El uso político-partidista del sistema educativo

Antes de cerrarles el recuento sobre mi paseo por el domingo “electoral”, debo comentarles que he recibido mensajes que han circulado por los chats de dos zonas educativas, los chats oficiales, los que usan los supervisores y el jefe de zona para comunicarse con los directores de las escuelas. En ambos casos, el tema de hoy es el mismo: preguntar si habían cumplido con su voto y su cuota de votantes.

En uno de los casos, la solicitud estuvo acompañada con un regaño-amenaza, el propio jefe de zona dijo en un audio, que al mediodía, la mayoría de los directores de ese Estado no había reportado, ni siquiera su propio voto, y que eso no era posible porque el “presidente Maduro” les había dado un “bono de compensación”, por la labor que ejercen.

De acuerdo a lo dicho por el jefe de zona, parece que el bono no estaba relacionado con su labor como directores de escuela, sino como militantes de una opción política, porque, con la frase “amor con amor se paga”, continuó el regaño y la solicitud de que los directores informaran a sus salas situacionales -sí, las del sistema educativo- y a los acompañantes circuitales, cuántos de ellos y cuántos de sus trabajadores “chavistas” han ido a votar.

El audio continuó con la amenaza. Sí, el jefe de zona dijo: “tenemos mecanismos para saber cuando ustedes votan”.

Luego expresó su preocupación por saber lo que estaba pasando y por saber “dónde están” las asambleas patrióticas de maestros y maestras, así como, la organización que tienen en las escuelas.

Y finalizó con el engaño siguiente: “necesitamos amarrar todos los votos, ningún voto está de más” (…) “vamos a triunfar, pero ese triunfo tiene que ser con contundencia”.

Como verán, toda una colección de delitos electorales y al ejercicio de la administración pública en un solo audio.

De vuelta al paseo

Ahora sí, para cerrar mi paseo por el domingo “electoral”, les dejo estas 3 fotos. No tomé más, porque no estaba en labores de observación formal.

IMG-20180520-WA0066

Centro electoral en la Unidad Educativa Monseñor Lucas Castillo, en Baruta, frente al Cementerio

IMG-20180520-WA0067

Punto rojo en las inmediaciones del centro electoral que está en la Unidad Educativa Monseñor Lucas Castillo, frente al Cementerio de Baruta

IMG-20180520-WA0082

Centro electoral ubicado en el Instituto Arturo Michelena en La Trinidad.

Anuncios

Reflexiones post-electorales

Una de las mejores cosas que tiene asumir que estamos en dictadura y gobernados por grupos de corruptos y mafiosos, es tener la certeza de que no tiene sentido generarse falsas expectativas con cada acción política puntual.
Quienes se generan falsas expectativas, o quienes las usan para promover la participación de otros, hoy tienen que recoger sus palabras y “reparar daños”.
Claro está, no generarse falsas expectativas no significa no reconocer que el liderazgo político podría hacer las cosas diferentes y demostrar que ha aprendido más durante estas dos décadas.  Tampoco significa no reconocer que buena parte de la ciudadanía tampoco ha aprendido y sigue esperando que alguien resuelva los problemas y concrete el cambio en el país.
A esta hora, aún esperamos que se terminen de recoger las actas, cosa que sabemos que siempre se toma tiempo, y que el liderazgo presente un caso para investigación de fraude, sólido e irrefutable.  
Pero también esperamos muy buenas explicaciones sobre la acción tardía frente a la presencia de los nicaragüenses y la inacción institucional ante los cambios de centros a última hora, porque lo que se hizo fue organizar el “resuelve” en comandita, facilitando el traslado de votantes, que fue una buena medida, pero que institucionalmente, no era suficiente. 
Mientras esperamos que avancen esas acciones, podemos dedicarnos al deporte nacional de acusarnos o insultarnos unos a otros (parece que esa opción va ganando hasta ahora), o podemos respirar muy profundo y reflexionar sobre algunas cosas.
Aquí les dejo algunas preguntas para que las tomen como ejemplo:
1. ¿Pertenece Usted a algún grupo u organización política o ciudadana, o simpatiza con alguna actualmente?
2. Si pertenece a alguna organización o hace activismo ciudadano en su sector, ¿cuántas personas forman parte de su grupo? ¿cuál es el alcance real de sus acciones y cuánto significa eso en el tejido organizacional ciudadano?
3. Como ciudadano ¿cuándo cree que habrá un cambio real en Venezuela? ¿Cómo cree que se dará ese cambio? ¿Quién y con quién lo construiría?
4.¿Cómo puede contribuir como ciudadano y cómo puede contribuir su grupo, si pertenece a alguna organización o grupo de activistas, a construir una salida real para Venezuela?
5. ¿Cómo cree que se puede construir gobernabilidad y estabilidad en Venezuela, si se diera un cambio de gobierno? ¿Qué podría aportar Usted y su grupo? ¿Qué estarían dispuestos a sacrificar y a ceder?
6. ¿Cómo se propone trabajar cambios culturales importantes para la construcción de ciudadanía como la erradicación del clientelismo y la “viveza criolla”?
7. ¿Cómo, con qué estrategia y en cuanto tiempo se puede lograr construir tejido social robusto que contribuya con un cambio real en Venezuela y que ayude a garantizar gobernabilidad en el marco de una guerra en contra de las mafias desplazadas del gobierno, si se lograra impulsar un cambio?
8. ¿Con cuáles de las mafias y grupos armados vinculados a los grupos en el gobierno considera que se debería negociar para garantizar viabilidad de un cambio y la gobernabilidad posterior?
9. ¿Qué estaría dispuesto a perdonar y a quién para facilitar la transición y para construir viabilidad y gobernabilidad de un cambio?
10. Para los que no les gustan los partidos políticos existentes: ¿estarían en disposición a construir un nuevo partido político que se convierta en alternativa de poder? ¿cómo, cuando, por dónde comenzaría? ¿Cuánto tiempo cree que le tomaría?
Estas son algunas preguntas para una reflexión política pura y dura, que pueden ayudar a ciudadanos, activistas, militantes y dirigentes partidistas a ubicarnos en el panorama que hoy vivimos y pensar, más allá de los escenarios de algunos teóricos y de la batalla campal de insultos y acusaciones, cuál es nuestro rol y el alcance de nuestras acciones y cómo integrarnos en la construcción de una salida viable y duradera.

Derecho a la Paz en #12AccionesPorLaPaz

Ayer, con la coordinación del Centro de Justicia y Paz, Cepaz, se iniciaron unas jornadas de activismo por la paz y los derechos humanos. 
Éstas se estarán desarrollando entre el 21 de septiembre, que se conmemora el Día Internacional de la Paz, y el 2 de octubre, que es el Día Internacional de la No Violencia.
La idea que impulsa a CEPAZ para organizar estas jornadas, es promover la paz en el país, para fomentar la tolerancia y el respeto a las diferencias, con la premisa: “pequeñas acciones ciudadanas hacen posible cambiar la manera en que nos relacionamos con los demás, y que si estas se replican durante varios días, terminan convirtiéndose en un poderoso agente de cambio”.
Aquí les dejo el video de presentación de esas jornadas:


Así, en la #PlazaFrancia de #Altamira, diversas organizaciones y personas estuvimos dándole vida a #PasaTuGrulla, doblamos grullas con la orientación de los voluntarios de CEPAZ, pero especialmente, con la sapiencia de las queridas Lidia Coronado (@lidiaorigami en instagram) y Giannina Provenzali (@laprovenzalita)
Y también hablamos sobre los 12 derechos.
Aquí les dejo, ordenadas y redactadas, parte de las ideas, que compartí sobre el Derecho a la Paz.

En términos llanos y sin pretensión de hacer referencia a teorías, podemos decir que la Paz es un estado y un propósito, social y personal, pero también es un derecho humano.
La Paz se experienta internamente y se desarrolla en un contexto que la determina.
Como estado y como propósito, es dinámica, por ello, las sociedades y las personas, estamos en una búsqueda y reconstrucción permanente, interior y de las condiciones de contexto, que nos permitan experimentarla y mantenerla.
Como estado, en las sociedades y las personas, se experimenta como equilibrio, estabilidad y tranquilidad, y para las sociedades, se traduce en convivencia.
Como propósito, la búsqueda incluye que cesen la guerra y la confrontación y se superen la ira, el odio y el resentimiento. 
Como derecho humano, la Paz es un derecho complejo que, para realizarse, depende de la garantía de muchos otros derechos.
Entre los derechos relacionados con el derecho a la Paz, de acuerdo al sistema de Naciones Unidas, tenemos el derecho a la participación, política y en los asuntos públicos, lo que implica que se garanticen y se ejerzan los derechos a la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión.
Tenemos el derecho a la justicia en todas sus dimensiones que incluyen el derecho a la verdad y a la reparación en casos de violaciones de derechos humanos; el derecho a la seguridad también en todas sus dimensiones, incluyendo el derecho a exigir el desarme completo, pero también, el derecho a vivir en un ambiente sano.
Enlazados con ellos y en consecuencia, se requieren garantizar el derecho a la objeción de conciencia, a la resistencia y a la desobediencia civil, especialmente en contextos en los que la Paz esté amenazada y en los que el régimen viole los derechos humanos; así como el derecho a emigrar y al refugio.
Y finalmente, se relacionan y determinan la garantía y posibilidad de realización del derecho a la Paz, derecho al desarrollo y a tener un medio ambiente sostenible, pero muy especialmente, un derecho que como el derecho a la Paz es transversal y complejo, el derecho a la educación, que en este caso, se enfoca en ser educado en y para la paz.
Como se trata de un derecho humano, es importante señalar que los ciudadanos, todos y sin discriminación, somo titulares del mismo y el Estado, tiene la obligación de garantizarlo de forma adecuada y oportuna.
Obviamente, las personas tenemos responsabilidad en la construcción de la Paz. Esa responsabilidad se expresa en el reconocimiento y respeto al otro y en la construcción y mantenimiento de la convivencia, fortaleciendo la institucionalidad y respetando las normas que, como sociedad formalmente, nos damos. De igual manera, se expresa en el ejercicio de nuestro deber como ciudadanos, a exigir al Estado que garantice la Paz para todos. 
En esa exigencia, que es la forma que toma lo que se denomina actualmente, corresponsabilidad, es importante que los ciudadanos seamos especialmente activos exigiendo a los organismos del Estado, la garantía del derecho a la Paz y todos los derechos que la hacen efectiva, y recordando que no se puede restaurar un derecho, o la inclusión de sectores en una sociedad, apalancándose en la violación de los derechos, o en la exclusión, de otros. No se puede incluir, a través de la generación de nuevas o diferentes formas de exclusión.
Y en el plano social y personal, es importante recordar que no se puede construir la Paz, cultivando el resentimiento.

Como era de esperarse, la 4.000 estuvo presente. 


Foto de Ana María Ramírez (@amramirezy) Gracias Ana, por la idea y la foto.

Mar de fondo

Ayer Nicolás Maduro hizo varios anuncios y declaraciones solapadas en medio de una simulación-caricatura de asamblea popular.

Al grito de ¿quieren que congele los precios? la gente respondía con consignas afirmativas, y Maduro decía “aprobado”. Esa fantochada la hemos visto muchas veces, no es ninguna novedad.

Tampoco es novedoso, de hecho, cada vez es más frecuente, que Maduro le pida a la gente que salga a defender sus decisiones en la calle. Sin embargo, ayer esa solicitud iba acompañada de la advertencia de que sus decisiones y políticas no podían ejecutarse sin el concurso de la gente defendiendo su ejecución en la calle.

Luego, volvió a invocar la inconstitucional condición de la “unión cívico-militar” como soporte de las acciones de “defensa” que debía hacer el pueblo en la calle.

Ese conjunto de declaraciones, lo hemos visto muchísimas veces, con distinto orden y variadas intensidades en los más diversos contextos desde hace tiempo.

Esta vez, llama la atención su combinación, la intensidad y el significado de lo que plantea. Maduro llamó a sus partidarios a la confrontación en la calle, mentando la Paz, antes, durante y después, pero ese fue el llamado.
También anunció una inaceptable “constituyente”, cuya presentación tiene tantas irregularidades como provocaciones, pero con la que pretende decretar la muerte de la República y que hizo que el país centrara la atención en ella. Un paso más en el golpe de estado continuado que su gobierno tiene años dando.

Ante ese anuncio, entiendo que lo natural es que la gente centre su atención en la “constituyente”, pero Nicolás Maduro anunció el paquete completo.

“Constituyente” ilegal y chimba y congelación de precios, no tienen vida sin la confrontación en la calle. La dictadura lo sabe y su jugada, ante la presión internacional y el incremento de las protestas, fue escalar el conflicto, pero poniéndolo en manos de la gente. Delegando en las personas el control de la pretendida y sobrevenida “institucionalidad”.

Esa jugada, se apoya en la necesidad de la gente y busca que sus partidarios, aquellos que estaban volteándose por cansancio y desesperación, vuelvan al “redil” y se conviertan en los protagonistas de la confrontación.

El gobierno sabe que cuenta con la FANB, la GNB, la PNB y la mayoría de las policías estadales y municipales, pero además, sabe que tiene a su servicio a todos los grupos paramilitares y parapoliciales que ha creado, financia y protege, y también tiene a los inconstitucionales milicianos. Los hemos visto actuando conjuntamente.

El gobierno sabe que cuenta con las armas, ante un país, desarmado pero en protesta. El gobierno actúa con la petulancia del que sabe que no tiene la razón, pero que opta por la sumisión del contrario porque tiene el poder del fuego, los recursos y las mafias.

El gobierno llama a sus partidarios a la confrontación, que no es más que la declaración de una guerra civil, con esquema de guerrilla y disfrazada.

Eso, como la ilegalidad de la “constituyente”, debe saberlo el mundo y nosotros debemos tenerlo muy claro.

Hoy vimos las primeras muestras de cómo se puede desarrollar esa confrontación en la calle.

Escribo ésto, luego de regresar de la tranca en la Trinidad, y de leer en las noticias que unos paramilitares, de los que acompaña y protege siempre la GNB, hicieron un boquete en un muro de un edificio residencial en una zona de Caracas, que ardían dos apartamentos incendiados -no se sabe si por acción de unas lacrimógenas que lanzó la guardia o por acción de los paramilitares-, que hay varios sitios donde se mantiene la represión y que hay un grupo de oficialistas lanzando cohetes y piedras al Palacio Legislativo y amenazando con tomarlo.

Creo que debemos meter también esta dimensión de los anuncios de Maduro ayer, de lo que sucede, en nuestros análisis y escenarios de decisión y que debemos hacer la denuncia internacional, apoyándonos en la transmisión que se hizo de su discurso, desde la concentración oficialista.

Una toma de la tranca en la Trinidad, hoy 2 de mayo, 2:20 pm

_DSC5677 (2)

Para terminar, les dejo este fragmento de lo que acabo de vivir, para pensar:

En el camino de ida a ver cómo estaba la tranca esta tarde, me crucé con mucha gente tratando de llegar a un lugar en el que pudieran agarrar un bus o una camionetica. Nunca me había cruzado con tantos chavistas en esa zona. Todos estaban arrechos porque no podían ir a sus casas.

Supe que eran chavistas porque cuando pasaban decían bajito “viva Chavez” para que lo escuchara la persona con la que se cruzaban, o hacían algún comentario crítico a la tranca.

Uno de los que habló un poco menos bajo, dijo: ¿vieron, esa es la gente que quieren que los gobierne?

Hablaba desde la impotencia de quién se sabe perdido, de quién siente que le están arrebatando el país. Hablaba desde el resentimiento, pero con la convicción de que para ellos, el final del conflicto implica exclusión.

Ese, el resentimiento, fue el alimento de Chavez al inicio y es algo que arrastramos desde nuestra historia de sociedad dividida, que no hemos podido resolver.

El resentimiento y la exclusión es lo que hace que la #DictaduraEnVenezuela siga teniendo apoyo de alguna gente.

_DSC5682 (2)

Tácticas de Guerra

Estamos tan acostumbrados al verbo incendiario de los altos funcionarios del gobierno y a las actuaciones desproporcionadas de los organismos de seguridad del Estado, que parece que no terminamos de asimilar y tener consciencia de que estamos viviendo una dinámica de guerra.

Para describir en lo que se ha convertido en nuestra cotidianidad, podría comenzar diciendo:

  • Que el país está dividido en parcelas y guetos. Hay lugares impenetrables, lugares a los que no puede ingresar cualquier ciudadano. En algunos, no pueden entrar tampoco los organismos de seguridad.
  • Que nos hemos convertido en el país de las cadenas, la propaganda, la censura a los medios y el ataque a los periodistas, como política comunicacional del Estado; y de las confiscaciones, del desconocimiento al derecho a la propiedad y del quiebre indiscriminado de empresas, como “política económica”.
  • Que conseguir alimentos y medicinas se ha convertido en un vía crucis para todos los ciudadanos, para algunos mediatizado por el clientelismo disfrazado de política social, atentando contra los derechos a la alimentación y a la salud y contra la dignidad humana, descaradamente.
  • Que si un opositor, ciudadano de a pié o dirigente, hace una crítica o un llamado a manifestar pacíficamente, es criminalizado y en no pocos casos, acusado de traición a la patria y privado de libertad sin debido proceso. Pero se puede ver, con frecuencia a los altos dirigentes del oficialismo haciendo apología del delito, amenazando con agarrar fusiles y con levantar a las masas para no soltar nunca el poder; instigan al odio y a la violencia, criminalizan a los opositores y no pasa nada.
  • Que ante las denuncias de las organizaciones no gubernamentales y de defensores, por las recurrentes violaciones y falta de garantía de los derechos humanos por parte del Estado, el oficialismo responde con una organización muy gubernamental o con un evento, en el que el gobierno hace falsa propaganda para demostrar que ellos sí respetan o garantizan, los derechos humanos.
  • Que el derecho a la vida, que no ser robado, asaltado ni secuestrado, se considera más producto de la buena suerte, que de la existencia de un sistema que garantice realmente la seguridad ciudadana.
  • Que como ya sabemos, nosotros y en buena parte del mundo, en Venezuela no existe separación de poderes y que recientemente se ha dado un paso más en el golpe institucional continuado que vivimos desde hace casi dos décadas, con la acción ilegal del TSJ, agravada por la “solución” concertada con el ejecutivo y “avalada” en declaraciones por el “poder moral” a través de la defensoría.

Podría continuar y con seguridad tendríamos una larga lista de violaciones a la institucionalidad -contenida en los tratados internacionales suscritos, en la Constitución y en buena parte de las leyes-, de aberraciones en la dinámica social y política nacional, de violaciones a los derechos humanos más elementales.

Pero hoy quiero llamar la atención sobre una dimensión de la realidad venezolana, la relacionada con el ejercicio de los derechos políticos, específicamente, del derecho a la manifestación y el uso por parte del Estado de tácticas de guerra para impedirlo, en lugar de garantizarlo.

Sí, me refiero a tácticas de guerra, porque:

  1. Las parcelas y guetos en los que se encuentra dividido el país, también tienen su versión relacionada con la participación política. Hay sitios en los que está vetada la protesta crítica al gobierno, a los que la población que no es partidaria del gobierno, no puede llegar en manifestación. Sin embargo, en esos lugares, los simpatizantes del oficialismo, pueden hacer manifestaciones y fiestas sin ningún problema, actividades que, casi en su totalidad, son promovidas y financiadas por funcionarios e instancias del Estado, haciendo uso doloso de los recursos públicos.
  2. Cada vez que se convoca a una protesta opositora, el oficialismo monta su contra-marcha o contra-concentración, con recursos del Estado e instando a los funcionarios públicos a participar bajo amenaza. La lógica es la confrontación, como si las instancias gubernamentales no tuvieran la responsabilidad de atender y escuchar a todos.
  3. Si una manifestación de la oposición trata de llegar a la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, o a la Asamblea Nacional, para hacer escuchar su voz, desde la noche anterior se despliegan contingentes de la GNB y de la PNB para ubicarse en lugares estratégicos y, sin ningún argumento válido, bloquear el paso, en su momento, violando el derecho a la manifestación.
  4. Las manifestaciones opositoras pueden ser atacadas en diversos momentos por los grupos paramilitares o parapoliciales, mal llamados “colectivos”, que desde hace también casi dos décadas, se promueven, financian y protegen desde el gobierno, y a los que, en algunos casos, se les han asignado informal, pero públicamente, labores de control de la “seguridad ciudadana” en los sectores populares, pero siempre se han autodenominados como “defensores” de la “revolución”.
  5. Si ante un bloqueo en la ruta, los manifestantes se mantienen en la zona o insisten en pasar, los organismos de “seguridad” responden, sin mediación previa, violando lo establecido en el artículo 15 de la resolución Resolución 8610 del MPPD (*), con uso excesivo de fuerza.

articulo 15La presencia de mediadores y el espacio de diálogo para la resolución de conflictos antes de la acción de los organismos de seguridad del Estado, ha existido solamente en el texto de esa norma, en la mayoría de los casos, de una vez se pasa a la represión y siempre de proporciones desmedidas y para nada acordes a la situación que se dice que se quiere controlar, como lo establecen los artículos del 20 al 25 de la misma resolución.

En efecto, si vemos la escala que regula el uso progresivo de la fuerza, tanto en la acción de la Fuerza Armada, como en la acción policial, de acuerdo al siguiente gráfico, hay 5 peldaños que escalar, antes de utilizar las armas intermedias o no letales, es decir, antes de apelar al uso de los gases lacrimógenos, por lo que cabría preguntarnos, ¿cómo es que se llega siempre tan rápido al sexto peldaño, según la GNB y la PNB, en las manifestaciones y protestas opositoras? Claro, que esa escalera se sube más rápido sin la mediación mencionada en el artículo 15.

la escala

Este gráfico es tomado del artículo 2 de las “Normas y principios para el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial por parte de los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos político territoriales” porque está más claro que en la GO de la Resolución 8610 y es casi idéntico en su diseño. En la Res 8610 se encuentra en el artículo 21 y la descripción de las acciones correspondientes a cada peldaño de la escala, se encuentran en el artículo 3 de las normas policiales y en el 22 de las normas de las Fuerzas Armadas.

La represión a la que parece que nos estamos acostumbrando, incluye persecusión y correteo de los manifestantes, acorralamiento en lugares cerrados, con ingreso y persecusión arbitraria de manifestantes y no manifestantes, en espacios públicos y centros comerciales; disparo de gases lacrimógenos hacia edificaciones de uso comercial y residencial, y también directamente hacia los manifestantes, y uso de perdigones y maltrato físico a los manifestantes. Esas acciones se han utilizado en múltiples oportunidades, unas con mayor recurrencia e intensidad que otras, algunas desde hace más de una década y otras de data más reciente. Todas ellas, acompañadas, como ya sabemos, por detenciones arbitrarias.

Pero si ya nos estábamos acostumbrando a que esas violaciones e irregularidades formaran parte la cotidianidad en los intentos por ejercer nuestro derecho a manifestar, y para que no perdamos nuestra capacidad de asombro, el Estado decide innovar con dos nuevas acciones en su táctica de guerra: lanzar lacrimógenas en las inmediaciones de dos centros de salud y lanzarlas desde un helicóptero.

El lanzamiento de gases lacrimógenos en las inmediaciones de dos centros de salud en las Mercedes, es una acción inédita por parte de la GNB. De ella existen varias reseñas con fotos y videos y incluidos. De las personas que reseñaron, resaltan el Doctor Daniel Belleli, que tomó un video desde el exterior de uno de los centros de salud y la Diputada Delsa Solorzano (@delsasolorzano ) que se encontraba recibiendo atención médica, precisamente por haber sufrido el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho durante la manifestación.  (Por cierto, el uso de disparos directos de gases lacrimógenos a los manifestantes, implica un riesgo de lesión que es penado por la ley y que constituye una violación al numeral 3 del mencionado artículo 15. Esa acción, además de la lesión que llevó a la diputada Solorzano a la clínica, le produjo una fractura en la tibia al Periodista Román Camacho (@RCamachoVzla), así como heridas en la cabeza a un par de manifestantes ayer).

Aquí les dejo los enlaces con los videos en cuestión.

Video del Doctor Daniel Belleli:

Video de la Diputada Delsa Solorzano:

Esta acción, además de escandalizarnos a todos por lo descabellada y de haber tenido consecuencias en la salud y bienestar de las personas que se encontraban en los centros de salud en ese momento, incluyendo a un bebé, viola el numeral 3 del artículo 15, citado anteriormente, tal como se aprecia a continuación:

articulo 15 numeral 3

En este marco, es importante resaltar que sobre el uso de los gases lacrimógenos hay muchas cosas que valdría la pena agregar, especialmente por el desconocimiento que se tiene sobre su toxicidad y efectos a largo plazo en la salud de las personas que son sujetas a exposiciones intensas y por largos períodos, pero eso requeriría todo un texto aparte que, seguramente, se basaría en el trabajo que, sobre el tema han hecho algunos químicos universitarios, como la profesora Mónica Krauter (@mkrauterusb).

Sin embargo, es importante comentar que, el sábado pasado (8 de abril) se generó un gran revuelo por el uso de bombas de humo de color rojo, conjuntamente con las lacrimógenas, lo cual constituye una acción para intimidar y confundir a los manifestantes, por parte de los organismos del Estado. Pero ese tipo de acción no es inédita. Tiene antecedentes, entre otras, en las manifestaciones de inicio del 2014, de las cuales, por cierto, también hay algunas pocas reseñas gráficas.

Por otra parte, el lanzamiento de bombas lacrimógenas desde un helicóptero, es una terrible novedad en la táctica de guerra del gobierno, que comenzó justamente en la manifestación del pasado jueves 6 de abril, se repitió en la manifestación del sábado 8, tal como consta en diversas menciones del hecho por usuarios de twitter, aunque, en esos dos momentos, imaginamos que por la sorpresa, no se tomaron reseñas gráficas como en la manifestación de ayer.

lacri dia 6

lacri dia 8

Ayer, la acción criminal fue reseñada en un video tomado por el Diputado Juan Andrés Mejía (@JuanAndresMejia ), dejando clara evidencia de lo sucedido.

Al respecto, es imprescindible decir que el uso de gases siempre se ha considerado una acción muy delicada, porque la naturaleza del gas, conjuntamente con las condiciones climáticas, hacen muy poco controlable y direccionable su aplicación y especialmente, su confinamiento a un área determinada; lo que, además de afectar a la población que se encuentra manifestando, extiende sus efectos a toda la población que se encuentre en el entorno, pero, si además de ello, se lanza desde un helicóptero hacia un área extensa en la que hay edificaciones y personas involucradas y no involucradas con la manifestación, se tiene mucho menos control.

A esa situación debe sumarse el factor sorpresa y el que el lanzamiento se hace desde el aire, incrementando el riesgo de producir lesiones letales en las personas que se encuentren en la zona. Eso, constituye un agravante en la violación a los derechos humanos que se hace por no observar lo establecido en la Resolución 8610 y por la que los funcionarios que dispararon las lacrimógenas desde el helicóptero, pero también los que lo hicieron directo a los manifestantes y en las inmediaciones de dos centros de salud, tendrán que asumir las consecuencias legales correspondientes. Ellos y los superiores que han ordenado ese tipo de actuación.

Y para los que aún no crean que se trata de tácticas de guerra, aquí les dejo este tuit muy claro publicado por José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW), quien es director para las Américas de la ONG Human Rights Watch.

vivanco


PS: ayer se mencionó en diversos medios que el lanzamiento de lacrimógenas desde el helicóptero estaba penado por lo establecido en los artículos 60 y 141 de la Ley de aeronáutica civil, sin embargo, de acuerdo al texto de los artículos 1 y 17 de esa misma ley, lo establecido en el 60 y el 141 no aplica a ese helicóptero por ser una aeronave del Estado y no estar explícita la aplicación de esa norma específica, a ese tipo de aeronave en el texto de la ley.

PS2: Esta mañana, después de publicar, leí esta noticia: Mujer de 90 años muere en Bello Monte tras inhalar gases lacrimógenos y la coloqué como PS2 señalando que era “una de las consecuencias de los efectos no controlables del uso indiscriminado de los gases lacrimógenos”. Esta noche leo, que la hija de la Sra fallecida, desmiente que la muerte esté relacionada a los efectos de los gases lacrimógenos. Pensé en quitar la noticia, para no confundir, pero creo que en el resto de la reseña, y también en el desmentido publicado en otro medio, hay suficiente evidencia de los efectos no controlables del uso indiscriminado de los gases lacrimógenos y de las razones para establecer responsabilidades legales, que vale la pena dejarla y agregar la otra, cuyo enlace, les dejo aquí: Desmienten muerte de anciana en Bello Monte por gases lacrimógenos.

(*) Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones

Ley De Inversión Educativa (otra para la #AN)

En la sección “El presupuesto educativo”, del artículo Una Agenda Educativa Para Diputados, publicado el 28 de noviembre en este blog, llamaba la atención sobre la poca rigurosidad y seriedad de la discusión y aprobación de las leyes de presupuesto, en la última década en la Asamblea Nacional. Ello ha tenido como lamentable consecuencia que, entre otros, el sector educativo no cuente con un presupuesto ajustado a sus necesidades, ni asociado a una planificación que permita garantizar, de forma progresiva, una educación de calidad para todos, poniendo especial énfasis en la ampliación de la cobertura y la calidad del sub-sistema de educación básica que tiene carácter obligatorio, de acuerdo a lo que establece la Constitución.

En dicho artículo mencioné unas propuestas de acción legislativa para abordar integralmente algunos de los problemas asociados a la elaboración, discusión, aprobación y ejecución del presupuesto del sector. En éste, quiero agregar una propuesta que ya hemos discutido con otros matices, en diversos escenarios y que apunta a atender las deficiencias que, en términos de infraestructura educativa, se mantienen en el sistema. Para efectos prácticos, la llamaré “Ley de Inversión Educativa”.

Tal como ha venido funcionando el sistema educativo, hay tres tipos de requerimientos que justifican la existencia de una “Ley de Inversión Educativa

  1. Ampliación de la oferta

Hablar de ampliación de la oferta en educación básica, es hablar de, por una parte, la construcción de nuevas escuelas en lugares en los que actualmente no hay oferta o es deficitaria, y por la otra, de tener suficientes planteles para que todas las escuelas puedan trabajar a turno completo, aspiración que tiene más de dos décadas en el país, que se propuso concretamente como política pública en los 90s, y que pretendió materializarse en 1999 con la adopción del modelo de “Escuelas Bolivarianas”. (Actualmente, a pesar de la intención inicial de ese modelo, la intención de constituir escuelas a turno completo, desapareció, por lo que se bautizaron como “Bolivarianas”, escuelas de medio turno en los diversos niveles, por lo que siguen existiendo múltiples infraestructuras en las que funcionan, con un esquema de tiempo parcial dos y hasta 3 escuelas).

En 1999, cuando se nombró el primer Coordinador de Escuelas Bolivarianas en el Ministerio de Educación, el Foro Educativo Venezuela, entregó un proyecto que permitía, con una “ley”, tipo presupuesto-programa de 10 años, asegurar la inversión en infraestructura, formación docente y alimentación escolar, para garantizar que todas las escuelas de país pudieran asimilarse al esquema de turno completo. Ese mismo proyecto fue entregado a los primeros 5 coordinadores de ese modelo y en todos los casos, no pasó de ser engavetado.

En ese momento, el Estado, a través de sus poderes ejecutivo y el legislativo, pudo haber elaborado y aprobado su propio proyecto, lo que hubiese permitido que, a esta fecha, el país tuviera 5 años contando con un modelo en el que todas las escuelas funcionaran a tiempo completo, con docentes suficientes y con alimentación para todos. En su lugar, el Ministerio se ha limitado a realizar algunas nuevas construcciones y muchísimas promesas.

Una “Ley de Inversión Educativa” debería tener como primer título, uno que permita saldar esta deuda con el país, en el que se defina y desarrolle un plan de inversión, a largo plazo, que se haga efectivo a través del mecanismo de “presupuesto-programa” (que permite asegurar la ejecución presupuestaria de varios años) y que contemple, tanto la construcción de nuevas escuelas para llevar la oferta educativa al alcance de todos, como la que corresponda a eliminar el uso compartido de la infraestructura escolar, permitiendo que todas las escuelas puedan pasar a ofrecer turno completo.

En este punto, es importante hacer énfasis en que la construcción de nuevas escuelas para ampliar la cobertura, no se resuelve, en todos los casos, con grandes construcciones en las capitales de los municipios y estados, o con una escuela por parroquia (como rezaba la última promesa del ministerio cuando dijo que buscaría recursos en China), sino con escuelas medianas o pequeñas que puedan localizarse donde está la población, para que los estudiantes no tengan que recorrer largos trayectos para poder asistir a clases o que, igualmente se queden fuera del sistema por la imposibilidad hacerlo o de mudarse al poblado en el que se localiza la escuela.

Este título, debe garantizar el acceso a la información y la transparencia del esfuerzo de ampliación de la oferta educativa y de la ejecución del presupuesto-programa, por lo que debe tener un capítulo que determine el mecanismo de presentación de proyectos y de selección de los contratistas, y otro que obligue al ejecutivo (en sus ámbitos nacional, estadal y municipal coordinados) a poner a disposición del país, un sistema de información abierto a la consulta de cualquier usuario, que incluya el cronograma de construcciones programado, los lapsos y requisitos para presentar proyectos, así como los criterios y resultados en el proceso de selección de contratistas; y el proyecto de construcción de cada escuela, con sus plazos de ejecución, los montos de inversión y el contratista seleccionado.

 

  1. Mantenimiento de la planta física, mobiliario y equipos

A pesar de que es obvio, el sistema parece olvidar que una escuela construida y en funcionamiento, no permanece, tal como fue entregada por el Ministerio, las Gobernaciones y las Alcaldías, a las comunidades, por arte de magia. El mantenimiento de las escuelas en óptimo estado, requiere de acciones preventivas y correctivas, menores, intermedias y mayores, integrales o parciales que deben ser planificadas, programadas y financiadas por el Estado. Ese debería ser el segundo título de una “Ley de Inversión Educativa”.

En efecto, la complejidad y la demanda de recursos de un sistema de mantenimiento, amerita planificación, programación y garantía de recursos. Un sistema escolar en óptimo estado, no se logra con esquemas sustentados en el trabajo voluntario de las comunidades, que, en forma de colaboración, apelan a una interpretación acomodaticia y errada del principio de corresponsabilidad, para transferir a la ciudadanía, responsabilidades que corresponden al Estado, transferencia que, en la mayoría de los casos, no está acompañada de los recursos económicos necesarios para asumirla. Pero tampoco se logra con esquemas que no responden a una programación a largo plazo.

Como ha quedado demostrado, esquemas como “una gota de amor para mi escuela” o “Jornada Voluntaria de Mantenimiento Preventivo” a ejecutarse en 335 escuelas del país, primero cada sábado, y después cada fin de semana, no han contribuido de forma efectiva con el mantenimiento de la infraestructura escolar. Incluso, la última versión de la política que tiene al respecto el ministerio, el denominado “Plan de Mantenimiento Preventivo”, no ha mostrado una programación completa y a largo plazo que permita atender, de forma planificada, las necesidades reales del sector.

Dada la complejidad y la demanda de recursos de un sistema de mantenimiento, y para ilustrar un poco cuál sería el contenido de este segundo título de la Ley, recordemos que en la escuela se debe programar, en primer lugar, el mantenimiento preventivo de la infraestructura, el mobiliario y los equipos, para garantizar su buen estado. Para ello, cada comunidad educativa debe contar con los recursos necesarios para sufragar los gastos asociados. Este podría ser el contenido del capítulo primero del segundo título de la “Ley de Inversión Educativa”: rubros de inversión, estimación de costos y mecanismos para la transferencia de los recursos a las escuelas, para las labores cotidianas y menores de mantenimiento preventivo.

Pero más allá del cuidado que tengan las comunidades sobre infraestructura, mobiliario y equipos, así como de las jornadas de mantenimiento preventivo que se realicen con apoyo del ente rector y de las otras instancias de gobierno de las que dependen las escuelas, el uso y la vida de equipos y mobiliario, es limitada. Es por ello, que un segundo capítulo a incluir en este título de la “Ley de Inversión Educativa“, debería establecer los mecanismos de acción y planes de reparación, así como los criterios para la asignación de recursos, de acuerdo a la naturaleza de cada caso, para el desarrollo de actividades de mantenimiento correctivo, cuando los equipos o el mobiliario, sufran daños específicos e inesperados, y mecanismos, presupuesto y planes para su sustitución, al término de su vida útil.

En este capítulo entraría todo el mobiliario y los equipos de las escuelas, incluyendo los usados en el Programa de Alimentación Escolar, que tienen unos requerimientos de mantenimiento y unas características técnicas específicas.

También deben existir mecanismos complementarios que permitan considerar la sustitución de mobiliarios y equipos derivados de cambios de tecnología, que ameriten la renovación de los mismos.

En cuanto a la infraestructura física, es importante considerar que el mantenimiento preventivo tiene diversos momentos y actividades, dependiendo del componente de la infraestructura, sus características y funcionamiento, así como de las condiciones físico-ambientales en las que se localiza la escuela.

Por ello, en un tercer capítulo en el segundo título de “Ley de Inversión Educativa“, se debería contemplar tanto el mantenimiento preventivo cotidiano, como el mantenimiento preventivo periódico, cuyas acciones dependen de las mencionadas características de la infraestructura. Dicho capítulo debería contener las pautas, estándares y criterios con los que, por poner un ejemplo ilustrativo, periódicamente, se deben revisar los sistemas eléctricos, de suministro de aguas, de aguas servidas, y las estructuras, entre otras, y con las que se deben programar y realizar las acciones de mantenimiento que eviten su deterioro, así como los recursos con los que cada escuela y el sistema contará para ello. Estas actividades no pueden, como hasta ahora, depender de operativos ocasionales, sino que deben tener un estricto cronograma de ejecución, para garantizar que sea efectivamente preventivo y oportuno.

Y finalmente, más allá del mantenimiento preventivo, existen acciones de mantenimiento correctivo, que tienen lugar cuando se produce, por diversas razones el deterioro de alguna parte de las instalaciones. En esta categoría, entran además de las reparaciones imprevistas, un tipo de mantenimiento que, en nuestro sistema educativo, se ha denominado siempre mantenimiento mayor y que, de acuerdo a algunos estándares, tiene actividades que deben realizarse en toda infraestructura cada 5 años. El mantenimiento mayor se refiere a actividades como sustitución de techos y paredes, impermeabilización y reparaciones mayores. Los criterios, estándares y procedimientos, así como la asignación de recursos para este tipo de mantenimiento pueden estar especificados en un cuarto capítulo de este título.

En todos los casos, o en un capítulo aparte, tal como se planteó en el punto sobre la ampliación de la cobertura del sistema, una “Ley de Inversión Educativa“, debe determinar los mecanismos de presentación de proyectos y de selección de los contratistas, con un sistema de información abierto a todos, en los que se especifique el cronograma a largo plazo para todo el sistema educativo, así como, la programación de este tipo de mantenimiento para cada una de las escuelas, incluyendo fecha, tiempo de ejecución, tipo de reparación e inversión estimada. Un cronograma así, permite también planificar, en caso de que el mantenimiento mayor implique la suspensión de clases por requerir un lapso de ejecución mayor al vacacional, la reubicación de los estudiantes para que no se afecten las clases durante el año escolar.

 

  1. Garantía de la gratuidad de la educación

De acuerdo a la Constitución vigente, la educación básica en Venezuela debe ser gratuita, específicamente, la que se ofrece en los planteles oficiales. Este fue el principio que justificó que el Estado, hace 14 años, decretara que se eliminara cualquier cobro o contribución en las escuelas nacionales, estadales y municipales. Sin embargo, la eliminación de ese aporte, que las familias o de las comunidades hacían para el funcionamiento de las escuelas, incluyendo compra de materiales que debían ser dotados por el ministerio o por el ente de adscripción de la escuela, no ha sido repuesto con los recursos presupuestarios permanentes y suficientes para evitar que las familias no tengan que sufragar todos los costos directos o indirectos que garantizan que los estudiantes puedan asistir a esas escuelas.

Cabe mencionar que las escuelas tampoco cuentan con los recursos necesarios para su funcionamiento, de forma que sus docentes o directivos, no tengan que asumir costos que le corresponden al Estado. Sin embargo, este segundo punto no correspondería a esta Ley, sino que estaría en el marco de la discusión de la elaboración, discusión y ejecución del presupuesto regular con el que se financian los gastos recurrentes del sistema educativo.

Volviendo a lo que significa educación gratuita, estamos hablando de los costos de la denominada “canasta educativa” que incluyen los relativos al pago de matrícula, pero también a la compra de uniformes, útiles escolares, la alimentación y el transporte desde y hacia la escuela.

Hasta ahora, esos costos han sido subsidiados o asumidos, de forma parcial, pero no regular ni permanente, por lo que no se puede hablar de gratuidad plena. Debido a ello, un tercer título de la “Ley de Inversión Educativa“, debe estar dirigido a resolver de forma definitiva, los problemas asociados al financiamiento de los costos de la “canasta educativa”.

Este título debe contener normas que permitan garantizar el suministro de uniformes y útiles escolares a todos los estudiantes del sistema, incorporando algunas normas específicas que permitan, por ejemplo:

  1. Incluir equipos como las computadoras portátiles en la canasta, pero que obliguen al Estado a garantizar la conexión a internet en las escuelas, a través de una Ley de Inversión complementaria, para que el uso de dispositivos de ese tipo tenga el alcance que brindan las nuevas tecnologías y no se queden funcionando como una mezcla entre máquinas de escribir y proyectores de videos y aplicaciones producidas e instaladas por el gobierno en ellos.
  2. Ampliar los recursos educativos y fuentes de información, eliminando las restricciones de calidad, los sesgos ideológicos y desarrollo de competencias que tiene la obligación de utilizar los textos de la Colección Bicentenario, como textos únicos en las escuelas.
  3. Establecer mecanismos de concurso público para el suministro de uniformes y útiles escolares.

En cuanto a los costos asociados al transporte, es importante decir, que salvo un par de gobiernos regionales y locales, no existe un programa de transporte escolar que garantice rutas de acceso de toda la población a las escuelas, por lo que es imprescindible que la “Ley de Inversión Educativa“, en ese título, cuente con un capítulo en el que se establezcan normas y procedimientos, así como recursos y plazos para proveerlo.

Y finalmente, en el tercer título de esta Ley, debe existir un capítulo dedicado al financiamiento del Programa de Alimentación Escolar, en el que se revise las restricciones para la transparencia y rendición de cuentas de la figura recientemente adoptada para su administración –la Corporación Nacional de Alimentación Escolar-, y que establezca estándares, procedimientos, plazos e inversión que permita contar con alimentación adecuada y de calidad en las escuelas.

Estas normas deberán estar coordinadas con las del título primero, con relación a la dotación y mantenimiento de equipos y mobiliario para las cocinas y los comedores escolares, y también deberán estar dirigidas a evitar todas las distorsiones asociadas al suministro de insumos, especialmente, en la contratación del transporte para llevarlos a las escuelas, cuyo costo, por descuido o una falla de diseño, tiene varios años recayendo en las comunidades que se ven obligadas a hacer una vaca, o a buscar mecanismos irregulares, para contratarlo, ya que el mismo no es suministrado por el sistema.

 

Una agenda educativa para diputados

Desde el poder legislativo se pueden hacer muchas cosas para contribuir con la garantía del derecho a la educación en Venezuela, y con la mejora del desempeño que el Estado ha tenido hasta el momento. Sin pretender agotar la agenda al respecto, tocaré 4 asuntos imprescindibles, que incluyen algunas deudas que el Estado tiene con el país.

I. La legislación pendiente

La promulgación de la Ley Orgánica de educación entre gallos y medianoche, en pleno período vacacional, en agosto del 2009, nos dejó un documento en términos generales mediocre, en el que, por citar algunas cosas, se dio al traste con la estructuración de un modelo de gestión descentralizado, al concentrar el poder en los ministerios de educación; y se desdibujaron los principios del sistema con una pésima y enredada redacción de artículos y temas fundamentales, en los que, en algunos casos, intentaron conjugar conceptos contrapuestos y excluyentes vaciando de significado y sentido la norma que pretendían desarrollar.

Ese documento, requiere una revisión que permita mejorar o modificar, cuando corresponda, la institucionalidad que pretende definir, así como aclarar y precisar aspectos y temas borrosos, pero sobre todo que permita limpiarla de elementos que están cercanos a la inconstitucionalidad. Sin embargo, esta no es la deuda más urgente.

Más urgente, tanto que debería formar parte de las primeras acciones que se esperaría de la próxima gestión legislativa, es la discusión y aprobación de las Leyes especiales de Educación Básica y de Educación Universitaria, así como de la Ley de Carrera Docente, que, de acuerdo a las disposiciones transitorias de la LOE, deberían tener más de 5 años aprobadas.

La ausencia de estos instrumentos normativos, ha dificultado la gestión de los dos subsistemas de educación y ha facilitado la instrumentación de medidas provisionales, con débil institucionalidad y en muchos casos con visos inconstitucionales, a través de resoluciones temporales que terminan convirtiéndose en permanentes. Ejemplo de ello, son las resoluciones que se han utilizado durante los últimos 8 años, para el ingreso y evaluación del personal docente de las escuelas; y la controversial Resolución 058 que sustituyó el régimen de comunidades educativas, por una figura engorrosa de difícil instrumentación, que, además de presentar problemas de inconstitucionalidad en algunos aspectos, incluye la “delegación de funciones” a comités en las escuelas, imposibles de cumplir porque no se les dota ni de capacidad de decisión, ni de recursos para ejercer efectivamente la gestión en temas tan delicados y estratégicos como el mantenimiento y la alimentación escolar, por ejemplo.

La discusión y aprobación de estas 3 leyes son deudas de la Asamblea Nacional con el país, que una próxima gestión deberá considerar urgentes.

En el marco de la discusión y aprobación de la Ley de Educación Básica, tendría que retomarse la discusión sobre la descentralización del sistema educativo iniciada en la década de los 90s y que tuvo como consecuencia el inicio de un proceso de transferencia de competencias y escuelas, que fue congelado y sufrió un lamentable retroceso en los últimos 17 años.

En cuanto a la Ley de Educación Universitaria, hay documentos que se han debatido y presentado ante la Asamblea Nacional, por lo que la discusión no partiría de cero, pero es imprescindible que en el debate se incluyan temas que permitan redefinir los modelos que se desarrollan en las diversas instituciones que hoy forman parte del sistema, pero sobre todo, corregir las desviaciones que hacen que muchas de las nuevas organizaciones denominadas “universidades”, no sean más que “liceos” grandes en los que se otorgan títulos que, en algunos casos, no cuentan con estándares mínimos que garanticen calidad en la formación profesional, ni con el aval del organismo encargado de dar el visto bueno a la oferta educativa en ese nivel.

Con relación a la Ley de Carrera Docente, hay un par de temas relacionados con las condiciones laborales de los docentes que, en algunos aspectos, pueden no resultar del agrado de parte de los gremios existentes, pero que deben ser discutidos con ellos con la profundidad y sinceridad que el país requiere. El primero de ellos es la naturaleza de los estándares que constituyen el sistema de evaluación para el ingreso y ascenso de los profesionales de la educación. El debate en este tema debe considerar, en primer lugar, la exclusión de todos los indicadores y elementos incluidos en las normas utilizadas en estos últimos años, que evalúan más la adscripción partidista de los docentes, que su formación o desempeño; y en segundo lugar, la incorporación de estándares que reflejen el desempeño profesional y los resultados en el aprendizaje de los estudiantes. Estos estándares deben ir más allá de las tradicionales verificaciones sobre el cumplimiento de aspectos administrativos (asistencia, puntualidad, elaboración de planificación, etc) y obviamente, deben constituir un sistema que permita e incentive el aprendizaje y la mejora permanente, pero también que premie a los profesionales que con esfuerzo y dedicación, logran el mejor desempeño y aprendizaje en los estudiantes.

El segundo tema, implica la discusión de un nuevo arreglo contractual que, no se mate de entrada citando derechos adquiridos, sino que permita negociar, con incremento en los beneficios sociales y económicos de los docentes, la cantidad de días hábiles de vacaciones al año, ya que, con los 60 días hábiles que corresponden al gremio, como beneficio adquirido, más los días feriados de cada año, se ha hecho imposible extender la duración del año escolar para contar con 200 días de clases. Y nos referimos a 200 días de clase, más los días necesarios para las demás actividades docentes, no, a la norma tibia contenida en el artículo 49 de la actual LOE que establece una duración del año escolar de 200 días hábiles que, como todos sabemos, incluyen los días de clases, más los períodos correspondientes de actividades administrativas con las que se inician y cierran los lapsos y el año escolar.

II. El presupuesto educativo

La discusión y aprobación de las leyes de presupuesto, se ha convertido en un acto simbólico en el que el ejecutivo presenta una propuesta, a todas luces, deficitaria en términos económicos, pero deficitaria también como propuesta de gestión de los órganos de la administración pública. Este segundo aspecto, es consecuencia de la forma y contenidos que han tomado los Planes Operativos del ejecutivo, en el caso de educación, de los ministerios rectores.

En este aspecto, la Asamblea Nacional como parte de sus funciones de control del gobierno y la administración pública, podría promover la definición de estándares que permitieran mejorar los planes operativos de los ministerios, así como su gestión y sus resultados; y en su función legislativa, debería exigir al ejecutivo que sincerara las solicitudes presupuestarias.

Pero en función de mejorar el financiamiento del sistema educativo, la Asamblea Nacional también, podría trabajar en la redefinición de algunas reglas de juego, específicamente, en la recuperación del mecanismo de la LOCTI que permitía a las universidades, junto con el sector productivo, diseñar y ejecutar proyectos de innovación e investigación con los recursos destinados para ello en dicho instrumento normativo. Este mecanismo fue secuestrado por el ejecutivo, privando a las universidades de financiamiento y al sector productivo de conocimientos e innovaciones, con el agravante de que, desde hace algún tiempo, se desconoce el destino los recursos recaudados por esa vía.

Además, el poder legislativo, podría estudiar y considerar la aplicación de nuevos esquemas, como el existente en Uruguay que permite el financiamiento de la educación primaria con un impuesto inmobiliario, cuya recaudación es asignada de forma directa al funcionamiento de las escuelas de este nivel.

III. Sistema de evaluación de la calidad de la educación

Como es del conocimiento de los actuales diputados de la Asamblea, y debe serlo de los actuales candidatos, en el texto de la recién aprobada Ley de Presupuesto, hay un proyecto del MPPE denominado “Creación del Observatorio del Sistema de Educación Básica”. La siguiente captura de pantalla contiene el enunciado de dicho proyecto, tal como está incluido en la Ley.

proyecto observatorio 1

En la presentación de inicial que se hace de los proyectos, en ese mismo capítulo, el MPPE incluye la siguiente y breve justificación:

proyecto observatorio 2

Al respecto, es importante recordar:

a) Que el sistema educativo contaba con el SINEA (Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes) a finales de la década de los 90s. El SINEA fue diseñado en el país y se comenzó a administrar en las escuelas que ofrecían educación primaria y secundaria. Ese sistema, era perfectible como todo mecanismo de evaluación en desarrollo, estaba constituido por una batería de pruebas e indicadores de contexto valiosos e interesantes. En sus primeras aplicaciones arrojó bajo desempeño de las escuelas y de los estudiantes y sus resultados pudieron utilizarse como insumos para reorientar la política educativa, pero, en su lugar, en el momento en el que los resultados indicaban que el modelo de Escuelas Bolivarianas tenía menor desempeño que el resto de los modelos de escuelas del sistema, el ministerio decidió dejar de aplicar las pruebas y suspenderlo indefinidamente sin justificación, ni evaluación que avalara esa decisión.

Con respecto a sistemas de evaluación similares que respondan a acuerdos internacionales suscritos por el país, también es importante resaltar, que Venezuela no ha participado en las cuatro ediciones del sistema instrumentado en América Latina por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de UNESCO, sistema en el que han participado casi todos los países de la región, incluyendo a Cuba, por cierto.

De la misma manera, y aunque no se encuentra en el marco de convenios suscritos por el país, Venezuela se ha negado a participar en pruebas internacionales como PISA, en las que también participan casi todos los países de la región y en la que de forma autónoma y con mucho trabajo para conseguir los recursos para su financiamiento, participó recientemente, la Gobernación del Estado Miranda.

En todo caso, con pruebas nacionales, internacionales o con una combinación de ambas, como se hace en múltiples países, es imprescindible que existan mecanismos que permitan evaluar periódicamente el desempeño de los estudiantes para poder corregir y reorientar el trabajo de enseñanza en las escuelas.

b) Que con la incorporación de los sistemas de información digitales, el ministerio contaba, a finales de la década de los 90s, con el SISE (Sistema de Información del Sistema Educativo) que, si bien no se encontraba disponible para el acceso público en internet en ese momento, podía ser solicitado y utilizado por cualquier ciudadano para analizar el estatus de la oferta educativa, consultando variables asociadas a las características de infraestructura y dotación de las escuelas, a la matrícula y proyectos desarrollados; incluso, en sus inicios se podía tener con precisión la nómina docente que trabajaba en el sistema escolar por escuela, independientemente de la dependencia de éstas.

Ese sistema evolucionó y se puso a disposición del país en internet. Pasó por varias denominaciones y, la última versión de acceso público, incluía dos mecanismos: uno de consulta, público para todos los ciudadanos que quisieran conocer las características de las escuelas, plantel por plantel, o hacer consultas por unidades territoriales o tipos de escuelas; y uno cerrado para el ingreso de los datos de cada plantel, al que los directivos encargados de cargar la data, accedían con una clave. Ese sistema, a partir del 2005, fue dejando progresivamente de ofrecer algunos datos y en el 2010 fue cerrado totalmente al público, como mecanismo de consulta y acceso a la información. Hasta hace pocos meses, al consultar la página, aparecía un mensaje notificando que el sistema estaba en mantenimiento -el mantenimiento más largo de la historia de los sistemas, desde que existe internet-. Actualmente, las páginas relacionadas con ese sistema dan error y lo único a lo que se tiene acceso, es a un mecanismo para que las escuelas puedan cargar la data, pero sin la posibilidad de realizar ningún tipo de consulta.

Si como dice el objetivo específico del proyecto, el ministerio quisiera contribuir con la democratización del acceso a la información, poniendo a disposición de la ciudadanía las estadísticas y los datos detallados que dice que ofrecerá con la constitución de ese observatorio, podría comenzar por colgar en internet los textos de las memorias y cuentas, incluyendo el capítulo de estadísticas y activar el mecanismo de consulta del sistema de información que desactivó en el 2010.

c) Más que un observatorio para suministrar datos que permitan sustentar la planificación educativa, tal como dice el texto de la justificación de este proyecto, -datos que dicho sea de paso, ya existen en el ministerio aunque no sean conocidos por la ciudadanía, ni tengan la calidad deseable- lo que el país necesita es un sistema de evaluación del desempeño del sistema educativo que tenga dos dimensiones: una que responda al enfoque de derecho y permita valorar que tan cerca estamos, como sociedad, de garantizar la realización del derecho a una educación de calidad para todos, y una que responda a las necesidades de formación que se desprendan de la Constitución y el Plan de la Nación, para verificar si los ciudadanos, al egresar de cada uno de los niveles del sistema, han logrado desarrollar las competencias y construir los aprendizajes que se ofrecen en ellos y que se estiman como deseables para la sociedad venezolana.

Ese observatorio debería, entre otras cosas, tener independencia del poder ejecutivo, es decir, ser autónomo como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) creado en México en el 2002, o como el INEED Uruguayo creado en el 2012. Además de su autonomía, y dado que la certificación de aprendizajes en Venezuela, la realiza de forma particular cada escuela (*), la institución que se cree, debería tener mecanismos de evaluación que permitan mejorar la gestión escolar en sus dimensiones administrativa y pedagógica, pero que también permitan conocer si las escuelas están logrando los objetivos educativos que se plantean y los que, en términos de formación de su ciudadanía, se plantea el país en general.

Vistas las carencias del sistema educativo en cuanto a la producción y acceso a la información y en cuanto a la evaluación de su desempeño, tanto en la garantía y realización del derecho a la educación, como en el logro de la educación deseada, una de las acciones que debería tomar la Asamblea Nacional, es la discusión y creación de un sistema de evaluación del desempeño, autónomo como los existentes en Uruguay o en México, que dé cuenta al país sobre la calidad de la educación que se ofrece y sirva de mecanismo de control del ejecutivo y de referencia al momento de diseñar las políticas públicas educativas.

IV. Consistencia de los planes nacionales con la Constitución

Finalmente, como parte la de su función legislativa, la Asamblea Nacional, tiene el deber de corregir el uso político-partidista que se ha hecho de los documentos aprobados como Planes de la Nación. Este es un aspecto que abarca a todos los sectores de la vida nacional, pero en el caso del sector educativo se relaciona con aspectos muy específicos que, en términos de contenidos y mandatos, no pueden formar parte de esos planes porque constituyen violaciones a los principios y definiciones establecidos en el texto constitucional, y son contrarios a lo consagrado en los acuerdos y pactos internacionales que definen el marco en el que debe garantizarse el derecho a la educación.

La próxima Asamblea Nacional debe devolverle el apego a la Constitución a los Planes de la Nación y debe promover la eliminación de los sesgos político-partidistas que afectan, entre otras, la política educativa y la naturaleza del derecho a la educación en Venezuela.

(*) Al respecto, es importante recordar que, aunque existen programas obligatorios, cada escuela y cada docente diseña su planificación y su evaluación, por lo no que hay parámetros que permitan afirmar con certeza, que dos bachilleres egresados de dos escuelas diferentes, que obtengan la misma calificación como resultado de sus evaluaciones, tengan una formación equivalente en logros y calidad, lo cual deja sin referentes de evaluación de resultados reales al sistema.

 

Dejar de volar ¿vértigo o comodidad?

Viendo cantar a Nina, mejor dicho, viendo como Nina se vacilaba la canción, la energía y significado que con cada frase expresaba y quería comunicar y como asomaba reiteradamente esa sonrisa irreverente y retadora; no podía dejar de recordar a San Feliz ayer, lo sucedido y las diversas explicaciones y pronósticos asociados, recordar las miles de quejas y llamados a la acción y reacción de otros de todos los días, los innumerables mensajes en torno al tema de moda en nuestra “apropiada” dinámica de polarización “¿es más valiente o responsable o patriota o útil, el que se va o el que se queda?”

Veía a Nina, recordaba que vivimos todo eso sobre una cama de horas de colas, de miradas de desconfianza, de caras de terror y paranoia y de llantos de desesperación y muertes, y me preguntaba:

¿en verdad, como país y como ciudadanos, queremos ser libres, o es demasiada la responsabilidad de asumir las riendas de nuestras vidas, de producir para afrontar nuestros gastos, de elegir probidad a la viveza?

¿Querremos descubrir que podemos volar y hacerlo, sin esperar que alguien nos cuente como se ve el mar desde el cielo o mueva las alas por nostros, para garantizar que no nos vayamos a pique?

Volar alto puede dar vértigo, pero a veces no se deja de volar por vértigo, sino por comodidad.

Vean a Nina Simone…

(Tomado en préstamo del muro de Kelly)