#PoderPorAsalto como política de Estado

Aquí les dejo una colección de tuits que escribí esta noche a raíz de lo sucedido en la Asamblea Nacional

Hoy el #5Jul, era #DiaDeLaIndependencia en #Venezuela antes de que tomar y mantener el #PoderPorAsalto se convirtiera en política de Estado

Porque es obvio que lo sucedido hoy en la @AsambleaVE es sólo una muestra más del talante de los que gobierna hoy #Venezuela #PoderPorAsalto

Tomar el #PoderPorAsalto lo intentaron entre los 60s y los 90s con acciones de guerrilla y, posteriormente de guerrilla urbana #NoOlvidar

Tomar el #PoderPorAsalto lo intentaron el #4F y el #27N también desde las #FFAA Luego, recurrieron a elecciones, pero sin cambiar su talante

Tomar el #PoderPorAsalto incluye desconocer la institucionalidad existente. El primer ejemplo, el juramento de toma de posesión de Chavez

A este momento me refiero como el primer acto para tomar el #PoderPorAsalto violando la institucionalidad:

Permítanme recordar que este #GolpeInstitucionalProlongado comenzó el 2/2/1999 con la frase: “Juro (…) sobre esta moribunda Constitución”

Pero la lógica del #PoderPorAsalto, no se aplica sólo al momento del acceso al poder, sino para mantenerse en el poder y para controlarlo

Mecanismos para tomar y controlar el #PoderPorAsalto son de diversa índole: 1. Represión selectiva o discriminatoria de la disidencia

2. Creación de instancias paralelas y normas de facto violando institucionalidad existente también son mecanismos de toma del #PoderPorAsalto

Cuando sienten que la protesta de calle les afecta usan la violencia con represión y ataques de paramilitares para controlar #PoderPorAsalto

Grupos paramilitares actuaron por 1era vez el #1Nov de #2002 dirigidos por #LinaRon atacando #HuelgaDeHambre de Merhi #TSJ #PoderPorAsalto

Después del #1Nov de #2002 han crecido, reestructurado y gozado de financiamiento e impunidad como parte de estrategia de #PoderPorAsalto

En #2008 la LO del Servicio de Policía, abre las puertas para incorporar a esos grupos como parte de la #SeguridadCiudadana #PoderPorAsalto

Hasta en cadena nacional, desde la presidencia, se han otorgado “funciones” de “seguridad ciudadana” a grupos paramilitares #PoderPorAsalto

No podemos olvidar tampoco toma y disolución del Congreso de la República en el marco de la constituyente #1999 #PoderPorAsalto ¿Recuerdan?

Invito a hacer inventario de recuerdos con los momentos en los que antes y después de ser gobierno, tomaron o controlaron el #PoderPorAsalto

Hoy presenciamos un evento más, un nuevo intento de control del #PoderPorAsalto por parte del gobierno que sabe que tiene la calle perdida

Pero también hemos visto que en todo el país y todos los días, hacen allanamientos y detenciones, operaciones de control del #PoderPorAsalto

Cuando tomar y controlar el #PoderPorAsalto se arraiga como política de Estado, exige más organización, cohesión y protesta de la mayoría

Ante la política del gobierno de mantener el #PoderPorAsalto, debemos usar redes y chats, más que como carteleras, para construir comunidad

Frente el empeño del gobierno de controlar el #PoderPorAsalto, tenemos muchos más retos. Hagamos inventario y construyamos comunidad en serio

Cuando tomar y controlar el #PoderPorAsalto se arraiga como política de Estado, exige también respirar profundo y hacer esfuerzos para sumar

El #PoderPorAsalto como política de Estado, exige hacer énfasis en reconstruir cultura institucional comenzando por respeto a normas mínimas

Contrarrestar el #PoderPorAsalto como política de Estado, implica arraigar respeto a institucionalidad en nosotros y ejercerlo diariamente

Para contrarrestar el #PoderPorAsalto como política de Estado, no podemos ser ingenuos. Pero tenemos que comprender, para saber como actuar

Tácticas de Guerra

Estamos tan acostumbrados al verbo incendiario de los altos funcionarios del gobierno y a las actuaciones desproporcionadas de los organismos de seguridad del Estado, que parece que no terminamos de asimilar y tener consciencia de que estamos viviendo una dinámica de guerra.

Para describir en lo que se ha convertido en nuestra cotidianidad, podría comenzar diciendo:

  • Que el país está dividido en parcelas y guetos. Hay lugares impenetrables, lugares a los que no puede ingresar cualquier ciudadano. En algunos, no pueden entrar tampoco los organismos de seguridad.
  • Que nos hemos convertido en el país de las cadenas, la propaganda, la censura a los medios y el ataque a los periodistas, como política comunicacional del Estado; y de las confiscaciones, del desconocimiento al derecho a la propiedad y del quiebre indiscriminado de empresas, como “política económica”.
  • Que conseguir alimentos y medicinas se ha convertido en un vía crucis para todos los ciudadanos, para algunos mediatizado por el clientelismo disfrazado de política social, atentando contra los derechos a la alimentación y a la salud y contra la dignidad humana, descaradamente.
  • Que si un opositor, ciudadano de a pié o dirigente, hace una crítica o un llamado a manifestar pacíficamente, es criminalizado y en no pocos casos, acusado de traición a la patria y privado de libertad sin debido proceso. Pero se puede ver, con frecuencia a los altos dirigentes del oficialismo haciendo apología del delito, amenazando con agarrar fusiles y con levantar a las masas para no soltar nunca el poder; instigan al odio y a la violencia, criminalizan a los opositores y no pasa nada.
  • Que ante las denuncias de las organizaciones no gubernamentales y de defensores, por las recurrentes violaciones y falta de garantía de los derechos humanos por parte del Estado, el oficialismo responde con una organización muy gubernamental o con un evento, en el que el gobierno hace falsa propaganda para demostrar que ellos sí respetan o garantizan, los derechos humanos.
  • Que el derecho a la vida, que no ser robado, asaltado ni secuestrado, se considera más producto de la buena suerte, que de la existencia de un sistema que garantice realmente la seguridad ciudadana.
  • Que como ya sabemos, nosotros y en buena parte del mundo, en Venezuela no existe separación de poderes y que recientemente se ha dado un paso más en el golpe institucional continuado que vivimos desde hace casi dos décadas, con la acción ilegal del TSJ, agravada por la “solución” concertada con el ejecutivo y “avalada” en declaraciones por el “poder moral” a través de la defensoría.

Podría continuar y con seguridad tendríamos una larga lista de violaciones a la institucionalidad -contenida en los tratados internacionales suscritos, en la Constitución y en buena parte de las leyes-, de aberraciones en la dinámica social y política nacional, de violaciones a los derechos humanos más elementales.

Pero hoy quiero llamar la atención sobre una dimensión de la realidad venezolana, la relacionada con el ejercicio de los derechos políticos, específicamente, del derecho a la manifestación y el uso por parte del Estado de tácticas de guerra para impedirlo, en lugar de garantizarlo.

Sí, me refiero a tácticas de guerra, porque:

  1. Las parcelas y guetos en los que se encuentra dividido el país, también tienen su versión relacionada con la participación política. Hay sitios en los que está vetada la protesta crítica al gobierno, a los que la población que no es partidaria del gobierno, no puede llegar en manifestación. Sin embargo, en esos lugares, los simpatizantes del oficialismo, pueden hacer manifestaciones y fiestas sin ningún problema, actividades que, casi en su totalidad, son promovidas y financiadas por funcionarios e instancias del Estado, haciendo uso doloso de los recursos públicos.
  2. Cada vez que se convoca a una protesta opositora, el oficialismo monta su contra-marcha o contra-concentración, con recursos del Estado e instando a los funcionarios públicos a participar bajo amenaza. La lógica es la confrontación, como si las instancias gubernamentales no tuvieran la responsabilidad de atender y escuchar a todos.
  3. Si una manifestación de la oposición trata de llegar a la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, o a la Asamblea Nacional, para hacer escuchar su voz, desde la noche anterior se despliegan contingentes de la GNB y de la PNB para ubicarse en lugares estratégicos y, sin ningún argumento válido, bloquear el paso, en su momento, violando el derecho a la manifestación.
  4. Las manifestaciones opositoras pueden ser atacadas en diversos momentos por los grupos paramilitares o parapoliciales, mal llamados “colectivos”, que desde hace también casi dos décadas, se promueven, financian y protegen desde el gobierno, y a los que, en algunos casos, se les han asignado informal, pero públicamente, labores de control de la “seguridad ciudadana” en los sectores populares, pero siempre se han autodenominados como “defensores” de la “revolución”.
  5. Si ante un bloqueo en la ruta, los manifestantes se mantienen en la zona o insisten en pasar, los organismos de “seguridad” responden, sin mediación previa, violando lo establecido en el artículo 15 de la resolución Resolución 8610 del MPPD (*), con uso excesivo de fuerza.

articulo 15La presencia de mediadores y el espacio de diálogo para la resolución de conflictos antes de la acción de los organismos de seguridad del Estado, ha existido solamente en el texto de esa norma, en la mayoría de los casos, de una vez se pasa a la represión y siempre de proporciones desmedidas y para nada acordes a la situación que se dice que se quiere controlar, como lo establecen los artículos del 20 al 25 de la misma resolución.

En efecto, si vemos la escala que regula el uso progresivo de la fuerza, tanto en la acción de la Fuerza Armada, como en la acción policial, de acuerdo al siguiente gráfico, hay 5 peldaños que escalar, antes de utilizar las armas intermedias o no letales, es decir, antes de apelar al uso de los gases lacrimógenos, por lo que cabría preguntarnos, ¿cómo es que se llega siempre tan rápido al sexto peldaño, según la GNB y la PNB, en las manifestaciones y protestas opositoras? Claro, que esa escalera se sube más rápido sin la mediación mencionada en el artículo 15.

la escala

Este gráfico es tomado del artículo 2 de las “Normas y principios para el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial por parte de los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos político territoriales” porque está más claro que en la GO de la Resolución 8610 y es casi idéntico en su diseño. En la Res 8610 se encuentra en el artículo 21 y la descripción de las acciones correspondientes a cada peldaño de la escala, se encuentran en el artículo 3 de las normas policiales y en el 22 de las normas de las Fuerzas Armadas.

La represión a la que parece que nos estamos acostumbrando, incluye persecusión y correteo de los manifestantes, acorralamiento en lugares cerrados, con ingreso y persecusión arbitraria de manifestantes y no manifestantes, en espacios públicos y centros comerciales; disparo de gases lacrimógenos hacia edificaciones de uso comercial y residencial, y también directamente hacia los manifestantes, y uso de perdigones y maltrato físico a los manifestantes. Esas acciones se han utilizado en múltiples oportunidades, unas con mayor recurrencia e intensidad que otras, algunas desde hace más de una década y otras de data más reciente. Todas ellas, acompañadas, como ya sabemos, por detenciones arbitrarias.

Pero si ya nos estábamos acostumbrando a que esas violaciones e irregularidades formaran parte la cotidianidad en los intentos por ejercer nuestro derecho a manifestar, y para que no perdamos nuestra capacidad de asombro, el Estado decide innovar con dos nuevas acciones en su táctica de guerra: lanzar lacrimógenas en las inmediaciones de dos centros de salud y lanzarlas desde un helicóptero.

El lanzamiento de gases lacrimógenos en las inmediaciones de dos centros de salud en las Mercedes, es una acción inédita por parte de la GNB. De ella existen varias reseñas con fotos y videos y incluidos. De las personas que reseñaron, resaltan el Doctor Daniel Belleli, que tomó un video desde el exterior de uno de los centros de salud y la Diputada Delsa Solorzano (@delsasolorzano ) que se encontraba recibiendo atención médica, precisamente por haber sufrido el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho durante la manifestación.  (Por cierto, el uso de disparos directos de gases lacrimógenos a los manifestantes, implica un riesgo de lesión que es penado por la ley y que constituye una violación al numeral 3 del mencionado artículo 15. Esa acción, además de la lesión que llevó a la diputada Solorzano a la clínica, le produjo una fractura en la tibia al Periodista Román Camacho (@RCamachoVzla), así como heridas en la cabeza a un par de manifestantes ayer).

Aquí les dejo los enlaces con los videos en cuestión.

Video del Doctor Daniel Belleli:

Video de la Diputada Delsa Solorzano:

Esta acción, además de escandalizarnos a todos por lo descabellada y de haber tenido consecuencias en la salud y bienestar de las personas que se encontraban en los centros de salud en ese momento, incluyendo a un bebé, viola el numeral 3 del artículo 15, citado anteriormente, tal como se aprecia a continuación:

articulo 15 numeral 3

En este marco, es importante resaltar que sobre el uso de los gases lacrimógenos hay muchas cosas que valdría la pena agregar, especialmente por el desconocimiento que se tiene sobre su toxicidad y efectos a largo plazo en la salud de las personas que son sujetas a exposiciones intensas y por largos períodos, pero eso requeriría todo un texto aparte que, seguramente, se basaría en el trabajo que, sobre el tema han hecho algunos químicos universitarios, como la profesora Mónica Krauter (@mkrauterusb).

Sin embargo, es importante comentar que, el sábado pasado (8 de abril) se generó un gran revuelo por el uso de bombas de humo de color rojo, conjuntamente con las lacrimógenas, lo cual constituye una acción para intimidar y confundir a los manifestantes, por parte de los organismos del Estado. Pero ese tipo de acción no es inédita. Tiene antecedentes, entre otras, en las manifestaciones de inicio del 2014, de las cuales, por cierto, también hay algunas pocas reseñas gráficas.

Por otra parte, el lanzamiento de bombas lacrimógenas desde un helicóptero, es una terrible novedad en la táctica de guerra del gobierno, que comenzó justamente en la manifestación del pasado jueves 6 de abril, se repitió en la manifestación del sábado 8, tal como consta en diversas menciones del hecho por usuarios de twitter, aunque, en esos dos momentos, imaginamos que por la sorpresa, no se tomaron reseñas gráficas como en la manifestación de ayer.

lacri dia 6

lacri dia 8

Ayer, la acción criminal fue reseñada en un video tomado por el Diputado Juan Andrés Mejía (@JuanAndresMejia ), dejando clara evidencia de lo sucedido.

Al respecto, es imprescindible decir que el uso de gases siempre se ha considerado una acción muy delicada, porque la naturaleza del gas, conjuntamente con las condiciones climáticas, hacen muy poco controlable y direccionable su aplicación y especialmente, su confinamiento a un área determinada; lo que, además de afectar a la población que se encuentra manifestando, extiende sus efectos a toda la población que se encuentre en el entorno, pero, si además de ello, se lanza desde un helicóptero hacia un área extensa en la que hay edificaciones y personas involucradas y no involucradas con la manifestación, se tiene mucho menos control.

A esa situación debe sumarse el factor sorpresa y el que el lanzamiento se hace desde el aire, incrementando el riesgo de producir lesiones letales en las personas que se encuentren en la zona. Eso, constituye un agravante en la violación a los derechos humanos que se hace por no observar lo establecido en la Resolución 8610 y por la que los funcionarios que dispararon las lacrimógenas desde el helicóptero, pero también los que lo hicieron directo a los manifestantes y en las inmediaciones de dos centros de salud, tendrán que asumir las consecuencias legales correspondientes. Ellos y los superiores que han ordenado ese tipo de actuación.

Y para los que aún no crean que se trata de tácticas de guerra, aquí les dejo este tuit muy claro publicado por José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW), quien es director para las Américas de la ONG Human Rights Watch.

vivanco


PS: ayer se mencionó en diversos medios que el lanzamiento de lacrimógenas desde el helicóptero estaba penado por lo establecido en los artículos 60 y 141 de la Ley de aeronáutica civil, sin embargo, de acuerdo al texto de los artículos 1 y 17 de esa misma ley, lo establecido en el 60 y el 141 no aplica a ese helicóptero por ser una aeronave del Estado y no estar explícita la aplicación de esa norma específica, a ese tipo de aeronave en el texto de la ley.

PS2: Esta mañana, después de publicar, leí esta noticia: Mujer de 90 años muere en Bello Monte tras inhalar gases lacrimógenos y la coloqué como PS2 señalando que era “una de las consecuencias de los efectos no controlables del uso indiscriminado de los gases lacrimógenos”. Esta noche leo, que la hija de la Sra fallecida, desmiente que la muerte esté relacionada a los efectos de los gases lacrimógenos. Pensé en quitar la noticia, para no confundir, pero creo que en el resto de la reseña, y también en el desmentido publicado en otro medio, hay suficiente evidencia de los efectos no controlables del uso indiscriminado de los gases lacrimógenos y de las razones para establecer responsabilidades legales, que vale la pena dejarla y agregar la otra, cuyo enlace, les dejo aquí: Desmienten muerte de anciana en Bello Monte por gases lacrimógenos.

(*) Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones

Frente a la provocación como política de Estado, hay que tomar partido

El país se ha convertido en una avalancha de noticias, desde hace 17 años.

La estrategia

Sí, no se trata de una novedad de este momento. Recuerdo que cuando todo ésto comenzaba, lo señalábamos en los análisis que hacíamos en la Red de Veedores, como parte de la estrategia del gobierno para disipar fuerzas, dispersar las iniciativas de organización y protesta y, en consecuencia, debilitar todo esfuerzo por articular grupos que hicieran oposición al modelo que trataba de instalarse desde el gobierno.

Sin embargo, ahora, la sensación de bombardeo, con la consecuente asfixia asociada, es más fuerte. Todos nos sentimos más agobiados, porque las noticias se tornan cada vez más espantosas y dolorosas, por el efecto acumulativo que nos indica que no se trata de hechos fortuitos y pasajeros, sino que forman parte de nuestra cotidianidad; y también porque nos llegan mucho más cerca o nos tocan directamente.

Las reacciones

La desesperación lleva a algunos a paralizarse y deprimirse, mientras que otros se aferran a sus creencias y rezan; a otros les da por solo quejarse y también están los que les da por reaccionar peleándose con todo el mundo, así como los que deciden convertirse en jueces y sólo se enfocan en buscar culpables; por otra parte, encontramos a los que deprimidos o no, buscan nuevas opciones de vida y emigran, y los que, por el contrario, deciden quedarse; algunos se organizan para para actuar, mientras que otros actúan sin organizarse; pero también nos encontramos con aquellos que no se dejan llevar por la desesperación y se enfocan en construir, aunque entre ellos están los que lo hacen sólo para garantizar su bienestar, los que lo hacen poniendo el énfasis en el bienestar colectivo y también los que combinan ambos en su empeño.

Seguramente quien lea, podrá identificar su estado de ánimo y tipo de acción, entre estas categorías y reconocer en ellas las de muchas personas de su entorno. Incluso, podrán sentir que se identifican a veces con una y otras veces con otras, pero todos nos podemos sentir retratados en este rompecabezas de emociones y acciones en que se ha convertido actualmente Venezuela.

La estrategia y sus tácticas

Pero más allá de la categoría con la que cada quién se identifique, lo importante es entender que el bombardeo de temas de agenda, de noticias y de asuntos, es una estrategia política con la que hemos convivido durante 17 años y con la que aún, no hemos podido lidiar exitosamente, a pesar de algunos esfuerzos -así sea de una parte del liderazgo y a veces puntuales-, por enfocarnos en fijar y mantener un abanico específico de temas de agenda y una ruta de trabajo.

Pero dentro de esa estrategia, hay varias tácticas. Una es la mentira, el falseamiento de la realidad para hacer creer que los reclamos del otro son sin fundamento. Otra táctica es banalización de temas y situaciones, intentando hacerlos, para los que no son críticos o los desconocen, irrelevantes y lograr así el mismo efecto. Una tercera es el amedrentamiento que está dirigido a demostrar poderío, mientras se trata de generar temor y en consecuencia impotencia. Y una cuarta, es el ataque directo que también está dirigido a demostrar poderío, abusando de mecanismos legales o modificándolos para justificar la acción, con lo que además, de generar indefensión en la población, se construye una institucionalidad paralela que permite y justifica acciones y abuso de poder posteriores.

A veces las acciones son directas y frontales, pero otras, se realizan desde el mundo de la contrainformación, en forma de rumor.

Todas ellas constituyen formas de provocación que tienen como propósitos: sacar de foco al otro, convertir respuestas políticas en emocionales, generar miedo e indefensión, a la vez que ganar espacio en control y reconstrucción institucional.

¿Por qué sigue siendo exitosa?

Pero esta estrategia sigue siendo exitosa, en nuestro caso, por un par de características de la ciudadanía y el liderazgo, que aún están demasiado extendidas y que nos hacen una sociedad poco madura cívica y políticamente.

La primera de ellas es la tendencia a aferrarse a un salvador como única forma de mantener la esperanza de cambio. Esta tendencia es una de las formas en las que se manifiesta el locus de control externo. En nuestro caso, por salvador se debe entender a una variedad de figuras que incluyen las religiosas.

En efecto, ante la adversidad política, algunos apuestan por la intervención de Dios y la Virgen, en el mejor de los casos encarnada en líderes de la iglesia que incluyen al Papa; otros encarnan su esperanza en un líder político específico -aunque en la mayoría de los casos no tengan idea de sus propuestas políticas-, o en la figura popular de turno que, aunque no pertenezca al ámbito político, consideran que pudiera salvarnos; otros siguen esperando que los militares –preferiblemente “institucionales”- aparezcan; y otros le asignan ese poder superior a instancias como la Asamblea Nacional o a mecanismos como la Carta Democrática.

La otra característica, es la manía de poner la reconstrucción del país en “stand by” y en panorámica, como si en lo que nos hemos convertido como país, no fuera nuestro reflejo como personas y producto de la dinámica de nuestras acciones y omisiones, de nuestra conducta ciudadana cotidiana, la de todos, todos los días, por lo que pareciera que estamos esperando que las cosas cambien, para que llegue el momento de reconstruir al país, donde sí vamos a participar.

Cuando Venezuela cambie, por ejemplo:

  • dejaremos de mirar con asco y menosprecio a la gente que no nos gusta porque es pobre o rica o porque tiene costumbres diferentes, por tanto, se acabará el resentimiento como forma de relación entre los venezolanos;
  • dejaremos de ver como enemigo al que piensa diferente y ante un espacio de debate, en lugar de pelear sin escuchar, trataremos de escucharnos e identificando los naturales desacuerdos, construiremos en común a partir de los acuerdos;
  • dejaremos de desconfiar del otro porque consideraremos que todos los intereses, salvo que violen los derechos humanos, son legítimos y que el arte de la convivencia y de la política, está en lograr construir acuerdos incluyéndolos;
  • dejaremos de comernos los semáforos, colearnos, utilizar nuestras redes para saltar procedimientos y requisitos, de pagar soborno o matraca para evitar una multa, hacer un trámite más rápido o tener un privilegio o beneficio fuera de las normas o la ley;
  • dejaremos de hacernos la vista gorda ante las arbitrariedades gubernamentales, sea cual sea la tendencia política del gobernante, o de si circunstancialmente nos “beneficia” o nos “conviene”; pero también dejaremos de hacernos la vista gorda ante la violación de derechos de terceros, así como, ante la violación de las normas por terceros, pensando que “eso no es problema nuestro”;
  • cumpliremos con nuestros deberes ciudadanos y reclamaremos cuando se nos violen nuestros derechos y los de los otros.

Estos, son sólo algunos ejemplos de conductas, que, de asumirlas en la cotidianidad, nos ayudarían a tener desde ahora, una Venezuela diferente, porque el país lo reconstruimos todos, en cada acción ciudadana, y en cada minuto de cada día.

Cada acción ciudadana incide en el cambio institucional y político del país

Pero hay otro nivel de cambio también necesario que, aunque no lo parezca, se construye cada día y al que, como ciudadanos podemos contribuir en primer lugar comprendiéndolo y en segundo lugar, sumando acciones concretas para abonarlo.

Se trata del cambio institucional y político que garantice que el país también tendrá un gobierno diferente y de evitar que el que venga, en lugar de seguir destruyendo, reconstruya institucional, económica y políticamente a Venezuela.

Muchas de las acciones necesarias que están en nuestras manos, como ciudadanos, son las descritas arriba, pero ellas deben estar acompañadas, al menos de otra: tomar partido. Sí, aunque a muchos les suene extraño o les pueda parecer contradictorio con lo dicho hasta el momento, les invito a que piensen que sólo a partir de reconocer las diferencias, podemos trabajar tomando como base las coincidencias y para ello, tenemos que definir, como ciudadanos, cuál es la Venezuela que queremos.

¿Ya tomaste partido?

No se trata de enunciar un par de frases con lugares comunes o vacías, sino de pensar en qué tipo de sociedad queremos vivir. ¿Qué tanto Estado y cuánto libre juego o mercado? ¿Estado para qué? ¿Qué tantos impuestos? ¿Cómo y en qué se deberían invertir? ¿Quién debe decidir qué y cómo relacionarnos con los que toman las decisiones? ¿Qué tipo de educación obligatoria y común queremos como ciudadanos? ¿Cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes? ¿Hasta dónde llegan? (ésto por no hacer una larga lista)

Tomar partido nos permite saber qué queremos de nuestro liderazgo político y qué proyectos y prácticas son realmente compatibles y nos acercan a esa visión, y cuáles, por atractivas que nos parezcan en un momento, nos alejan de ella. Pero también, tomar partido nos permite identificar coincidencias y diferencias con nuestros familiares, vecinos y concuidadanos, para poder construir con ellos, a partir de acuerdos, una Venezuela en la que efectivamente nos veamos reflejados todos.

Pero, así como “salir de esto” o cambiar de gobierno, no son eventos mágicos o de efecto inmediato, tampoco lo son tomar partido, identificar acuerdos y diferencias con el otro, así como tampoco construir una Venezuela en la que efectivamente nos veamos reflejados todos.

Tomar partido es un evento personalísimo que requiere de la reflexión e investigación de cada quien, en el que puede ayudar conversar y discutir con otras personas para escuchar puntos de vista y aclarar y afinar ideas. También sirve acercarse a los partidos políticos existentes y aunque no se tenga como pretensión inscribirse en ellos para militar en sus filas (cosa que nos haría mucho bien al país, a los partidos y a los ciudadanos), puede ser de utilidad conocer a sus políticos y planteamientos para enriquecer las ideas propias y definirse.

Pero tomar partido, no es sinónimo de volvernos iluminados y portadores de la verdad, y como ya sabemos la Venezuela que queremos, y es fantástica, nos dedicaremos a convencer a los otros de que tenemos la razón. Es decir, tomar partido no significa que podamos cambiar la fórmula de “lograr el éxito por arte de magia”, por la imposición como forma de acción política y ciudadana. Eso, de lo que deberíamos estar cansados por las prácticas de estas últimas décadas, nos impediría pasar a construir con otros. Tampoco es sinónimo de desarrollar y presentar una excelente batería de argumentos que nos suenen convincentes para lograr el apoyo de otros.

Y construir viabilidad

La visión de construcción o reconstrucción política y ciudadana tiene que incluir la noción de viabilidad política que para muchos no es familiar y a otros tiende a sonarle a chanchullo.

Toda acción política debe ser viable para ser exitosa, toda estrategia y visión a largo plazo, también. Pero la viabilidad no es una propiedad de las acciones, estrategias o visiones, es una condición del momento y contexto en el que se plantea que se construye y que implica manejo del poder y entendimiento, y toma tiempo, depende de los actores y su capacidad de acción y de negociación, así como de su credibilidad y el apoyo con el que cuenten.

Analizar la viabilidad de nuestras propias acciones políticas, nos permite entender y diseñar estrategias para modificarlas, modificar la acción y las condiciones en las que se da para incrementar su viabilidad. Analizar las de otros actores, nos permite comprender y actuar en consecuencia.

Pero lo más importante, dejar de esperar al “salvador”, tomar partido y comenzar a actuar como nos imaginamos que lo haríamos en esa Venezuela en la que efectivamente nos veamos todos reflejados, nos aclara cómo analizar e incidir en la viabilidad política de las acciones de cambio que, como sociedad nos proponemos.

Entre gallos y fantasmas: ¡Estado de Excepción!

Como es costumbre “revolucionaria”, a última hora del viernes, entre gallos y fantasmas, Nicolás se encadena y anuncia un “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica“.

Con su cara muy lavada y sin pudor, declara:

“He decidido aprobar un nuevo Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que me dé el poder de derrotar la guerra económica y derrotar las amenazas internacionales y nacionales” (Para los que quieran leer la reseña completa, la cita la tomé de aquí)

Lo dice como si:

  • el desabastecimiento acompañado de las kilométricas colas para comprar alimentos;
  • el deterioro de los hospitales que incluye ausencia de insumos para la atención y contaminación de áreas clave;
  • la desaparición de medicamentos que afecta a la población en general, pero con mayor riesgo a los que padecen enfermedades crónicas o de medicación especial;
  • el racionamiento y la falta de agua reiterado en muchas partes del país combinado con el suministro de agua contaminada en otras;
  • los apagones, cortes programados y no programados por racionamiento eléctrico;
  • las suspensiones de clases en las escuelas por cortes de luz, por decreto de racionamiento, por inseguridad o por falta de alimentación y agua;
  • el desmantelamiento de las universidades y centros de investigación por los ataques reiterados y la falta de presupuesto, con la consecuente fuga de talentos y los intentos de sustituirmos con espacios dedicados a la “formación de cuadros”;
  • el descarado desfalco del presupuesto del país y las reservas internacionales por corruptos y tráfico de influencia, enchufados y empresas de maletín;
  • el incremento de bandas de delincuentes y mafias asociadas al narcotráfico que azotan a la población, convertiendo al país en una colcha de retazos formada por ghettos;
  • el desmantelamiento de aparato productivo, incluyendo la destrucción, quiebre y cierre de empresas nacionales y privadas, incautadas y expropiadas;
  • la transformación de las policías y la Guardia Nacional en grupos de choque, represión y de custodia de los civiles y los alimentos, y de la Fuerza Armada en un grupo beligerante y partidista al servicio de la “revolución”, acompañada por la designación de funcionarios militares en cargos de administración pública;
  • la desprofesionalización del ejercicio público en todos los ámbitos con la mediocridad y pésima gestión, como consecuencia directa;
  • la sumisión de los poderes públicos al caprichoso servicio del ejecutivo;
  • y el desmantelamiento institucional producto de la recurrente violación de la Constitución y las leyes,

no fueran el producto de estos 17 años de gestión, de la implantación de un modelo anarco-guerrillero-milico-militarista que no conoce sino la lógica de guerra y la sumisión como forma de relación gobierno-pueblo; con un equipo que no tiene idea, ni de gestión pública ni le interesó tenerla mientras gastaba los abundantes recursos de la renta petrolera.

Su declaración a esa hora y un viernes, como bien lo sabe, genera incertidumbre, inquietud y zozobra en la población. Lo sabe y lo hace, sin presentar el texto del decreto para el conocimiento de todos como parte de la estrategia, como la lógica de guerra lo indica, sembrar temor para intentar paralizar a la mayoría.

El anuncio, en esta oportunidad, le agrega un término a la denominación del decreto que incrementa las suspicacias. Ahora, en lugar de ser un “Decreto de Estado de Emergencia Económica” como fue el 2.184 del 14 de enero, prorrogado el 11 de marzo por el 2.270; se trata de un “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica“.

¿Estado de Excepción, en este momento y en este contexto?

Nicolás y algunos de sus ministros, en su estilo de comunicacional combinando cadenas con tuits, expusieron algunas razones y consecuencias que podemos encontrar en la prensa y en sus TL en twitter.

Sin embargo, como sus razones estaban plagadas de fantasmas en conspiración y como mi salud no me permitió salir a manifestar hoy (con las ganas que tengo de poder salir a manifestar), me puse a hacer una mi colección de hechos de estos tiempos y anuncios de ayer, que dibuja el panorama en el que se hace el anuncio.

El panorama, hasta el momento, me queda así:

1. Defensa ante supuestas amenazas externas: Uribe y USA, y prevención/proteccion ante la posibilidad de aplicación de la Carta Democrática.
2. Prevención ante avance de enjuiciamiento por corrupción a gobernantes de otros países, como Cristina y Dilma.
3. Amedrentamiento para paralizar a la crítica interna, en las filas de su partido, con despidos a funcionarios que firmaron el revocatorio.
4. Paralización de la oposición y descrédito a su liderazgo con anuncios del revocatorio en el 2017 y retraso del calendario.
5. Criminalización del liderazgo político y de defensores de DDHH, vinculando a los primeros con la promoción de violencia en la calle y a los segundos con conspiración y recepción de fondos de gobiernos extranjeros.
6. Neutralización de la Asamblea Nacional a través de saboteo directo con ataques a diputados, de ausencia del oficialismo en las sesiones, de criminalización por acusaciones a diputados e intento de destituir a la directiva por el TSJ.
7. Intimidación a la población con militarización de zonas populares e incremento de la presencia y el control militar en lugares de distribución de alimentos.
8. Continuación de la estrategia de OLP para intimidar a unos y atajar la guerra interna que tienen sus clanes y mafias.
9. Neutralización de las protestas con bloqueos a manifestaciones, no otorgar permisos, represión, ataques a manifestantes por parte de grupos violentos y organismos de seguridad, y detenciones arbitrarias.
10. Invalidación de los partidos opositores por supuesta falta de requisitos ante el CNE.
11. Incrementos de ataques contra medios y periodistas, incluyendo uso de la violencia contra periodistas en el ejercicio de sus funciones y decomiso y destrucción de equipos.
12. Importante aumento de precios de productos de la canasta básica.

Este es el panorama en el que Nicolás hace su anuncio.

Seguramente me faltaron hechos, amenazas y anuncios, pero con los colectados, hasta el momento, lo que me queda muy claro, es que el “decreto” persigue proteger al ejecutivo y su élite, mientras desarrolla una nueva fase en su estrategia de guerra que incluye profundizar el control del poder y continuar con la desinstitucionalización, corrupción y el abuso, apostando a la sumisión y paralización de la población, a la neutralización del liderazgo opositor -y también al liderazgo que se declara oficialista pero se considera alterno y crítico- e intenta inhibir las iniciativas de apoyo internacional.

¡Así es que un “revolucionario” gobierna!

¡Ésta es la guerra de Nicolás contra el país, contra el pueblo!

Ley De Inversión Educativa (otra para la #AN)

En la sección “El presupuesto educativo”, del artículo Una Agenda Educativa Para Diputados, publicado el 28 de noviembre en este blog, llamaba la atención sobre la poca rigurosidad y seriedad de la discusión y aprobación de las leyes de presupuesto, en la última década en la Asamblea Nacional. Ello ha tenido como lamentable consecuencia que, entre otros, el sector educativo no cuente con un presupuesto ajustado a sus necesidades, ni asociado a una planificación que permita garantizar, de forma progresiva, una educación de calidad para todos, poniendo especial énfasis en la ampliación de la cobertura y la calidad del sub-sistema de educación básica que tiene carácter obligatorio, de acuerdo a lo que establece la Constitución.

En dicho artículo mencioné unas propuestas de acción legislativa para abordar integralmente algunos de los problemas asociados a la elaboración, discusión, aprobación y ejecución del presupuesto del sector. En éste, quiero agregar una propuesta que ya hemos discutido con otros matices, en diversos escenarios y que apunta a atender las deficiencias que, en términos de infraestructura educativa, se mantienen en el sistema. Para efectos prácticos, la llamaré “Ley de Inversión Educativa”.

Tal como ha venido funcionando el sistema educativo, hay tres tipos de requerimientos que justifican la existencia de una “Ley de Inversión Educativa

  1. Ampliación de la oferta

Hablar de ampliación de la oferta en educación básica, es hablar de, por una parte, la construcción de nuevas escuelas en lugares en los que actualmente no hay oferta o es deficitaria, y por la otra, de tener suficientes planteles para que todas las escuelas puedan trabajar a turno completo, aspiración que tiene más de dos décadas en el país, que se propuso concretamente como política pública en los 90s, y que pretendió materializarse en 1999 con la adopción del modelo de “Escuelas Bolivarianas”. (Actualmente, a pesar de la intención inicial de ese modelo, la intención de constituir escuelas a turno completo, desapareció, por lo que se bautizaron como “Bolivarianas”, escuelas de medio turno en los diversos niveles, por lo que siguen existiendo múltiples infraestructuras en las que funcionan, con un esquema de tiempo parcial dos y hasta 3 escuelas).

En 1999, cuando se nombró el primer Coordinador de Escuelas Bolivarianas en el Ministerio de Educación, el Foro Educativo Venezuela, entregó un proyecto que permitía, con una “ley”, tipo presupuesto-programa de 10 años, asegurar la inversión en infraestructura, formación docente y alimentación escolar, para garantizar que todas las escuelas de país pudieran asimilarse al esquema de turno completo. Ese mismo proyecto fue entregado a los primeros 5 coordinadores de ese modelo y en todos los casos, no pasó de ser engavetado.

En ese momento, el Estado, a través de sus poderes ejecutivo y el legislativo, pudo haber elaborado y aprobado su propio proyecto, lo que hubiese permitido que, a esta fecha, el país tuviera 5 años contando con un modelo en el que todas las escuelas funcionaran a tiempo completo, con docentes suficientes y con alimentación para todos. En su lugar, el Ministerio se ha limitado a realizar algunas nuevas construcciones y muchísimas promesas.

Una “Ley de Inversión Educativa” debería tener como primer título, uno que permita saldar esta deuda con el país, en el que se defina y desarrolle un plan de inversión, a largo plazo, que se haga efectivo a través del mecanismo de “presupuesto-programa” (que permite asegurar la ejecución presupuestaria de varios años) y que contemple, tanto la construcción de nuevas escuelas para llevar la oferta educativa al alcance de todos, como la que corresponda a eliminar el uso compartido de la infraestructura escolar, permitiendo que todas las escuelas puedan pasar a ofrecer turno completo.

En este punto, es importante hacer énfasis en que la construcción de nuevas escuelas para ampliar la cobertura, no se resuelve, en todos los casos, con grandes construcciones en las capitales de los municipios y estados, o con una escuela por parroquia (como rezaba la última promesa del ministerio cuando dijo que buscaría recursos en China), sino con escuelas medianas o pequeñas que puedan localizarse donde está la población, para que los estudiantes no tengan que recorrer largos trayectos para poder asistir a clases o que, igualmente se queden fuera del sistema por la imposibilidad hacerlo o de mudarse al poblado en el que se localiza la escuela.

Este título, debe garantizar el acceso a la información y la transparencia del esfuerzo de ampliación de la oferta educativa y de la ejecución del presupuesto-programa, por lo que debe tener un capítulo que determine el mecanismo de presentación de proyectos y de selección de los contratistas, y otro que obligue al ejecutivo (en sus ámbitos nacional, estadal y municipal coordinados) a poner a disposición del país, un sistema de información abierto a la consulta de cualquier usuario, que incluya el cronograma de construcciones programado, los lapsos y requisitos para presentar proyectos, así como los criterios y resultados en el proceso de selección de contratistas; y el proyecto de construcción de cada escuela, con sus plazos de ejecución, los montos de inversión y el contratista seleccionado.

 

  1. Mantenimiento de la planta física, mobiliario y equipos

A pesar de que es obvio, el sistema parece olvidar que una escuela construida y en funcionamiento, no permanece, tal como fue entregada por el Ministerio, las Gobernaciones y las Alcaldías, a las comunidades, por arte de magia. El mantenimiento de las escuelas en óptimo estado, requiere de acciones preventivas y correctivas, menores, intermedias y mayores, integrales o parciales que deben ser planificadas, programadas y financiadas por el Estado. Ese debería ser el segundo título de una “Ley de Inversión Educativa”.

En efecto, la complejidad y la demanda de recursos de un sistema de mantenimiento, amerita planificación, programación y garantía de recursos. Un sistema escolar en óptimo estado, no se logra con esquemas sustentados en el trabajo voluntario de las comunidades, que, en forma de colaboración, apelan a una interpretación acomodaticia y errada del principio de corresponsabilidad, para transferir a la ciudadanía, responsabilidades que corresponden al Estado, transferencia que, en la mayoría de los casos, no está acompañada de los recursos económicos necesarios para asumirla. Pero tampoco se logra con esquemas que no responden a una programación a largo plazo.

Como ha quedado demostrado, esquemas como “una gota de amor para mi escuela” o “Jornada Voluntaria de Mantenimiento Preventivo” a ejecutarse en 335 escuelas del país, primero cada sábado, y después cada fin de semana, no han contribuido de forma efectiva con el mantenimiento de la infraestructura escolar. Incluso, la última versión de la política que tiene al respecto el ministerio, el denominado “Plan de Mantenimiento Preventivo”, no ha mostrado una programación completa y a largo plazo que permita atender, de forma planificada, las necesidades reales del sector.

Dada la complejidad y la demanda de recursos de un sistema de mantenimiento, y para ilustrar un poco cuál sería el contenido de este segundo título de la Ley, recordemos que en la escuela se debe programar, en primer lugar, el mantenimiento preventivo de la infraestructura, el mobiliario y los equipos, para garantizar su buen estado. Para ello, cada comunidad educativa debe contar con los recursos necesarios para sufragar los gastos asociados. Este podría ser el contenido del capítulo primero del segundo título de la “Ley de Inversión Educativa”: rubros de inversión, estimación de costos y mecanismos para la transferencia de los recursos a las escuelas, para las labores cotidianas y menores de mantenimiento preventivo.

Pero más allá del cuidado que tengan las comunidades sobre infraestructura, mobiliario y equipos, así como de las jornadas de mantenimiento preventivo que se realicen con apoyo del ente rector y de las otras instancias de gobierno de las que dependen las escuelas, el uso y la vida de equipos y mobiliario, es limitada. Es por ello, que un segundo capítulo a incluir en este título de la “Ley de Inversión Educativa“, debería establecer los mecanismos de acción y planes de reparación, así como los criterios para la asignación de recursos, de acuerdo a la naturaleza de cada caso, para el desarrollo de actividades de mantenimiento correctivo, cuando los equipos o el mobiliario, sufran daños específicos e inesperados, y mecanismos, presupuesto y planes para su sustitución, al término de su vida útil.

En este capítulo entraría todo el mobiliario y los equipos de las escuelas, incluyendo los usados en el Programa de Alimentación Escolar, que tienen unos requerimientos de mantenimiento y unas características técnicas específicas.

También deben existir mecanismos complementarios que permitan considerar la sustitución de mobiliarios y equipos derivados de cambios de tecnología, que ameriten la renovación de los mismos.

En cuanto a la infraestructura física, es importante considerar que el mantenimiento preventivo tiene diversos momentos y actividades, dependiendo del componente de la infraestructura, sus características y funcionamiento, así como de las condiciones físico-ambientales en las que se localiza la escuela.

Por ello, en un tercer capítulo en el segundo título de “Ley de Inversión Educativa“, se debería contemplar tanto el mantenimiento preventivo cotidiano, como el mantenimiento preventivo periódico, cuyas acciones dependen de las mencionadas características de la infraestructura. Dicho capítulo debería contener las pautas, estándares y criterios con los que, por poner un ejemplo ilustrativo, periódicamente, se deben revisar los sistemas eléctricos, de suministro de aguas, de aguas servidas, y las estructuras, entre otras, y con las que se deben programar y realizar las acciones de mantenimiento que eviten su deterioro, así como los recursos con los que cada escuela y el sistema contará para ello. Estas actividades no pueden, como hasta ahora, depender de operativos ocasionales, sino que deben tener un estricto cronograma de ejecución, para garantizar que sea efectivamente preventivo y oportuno.

Y finalmente, más allá del mantenimiento preventivo, existen acciones de mantenimiento correctivo, que tienen lugar cuando se produce, por diversas razones el deterioro de alguna parte de las instalaciones. En esta categoría, entran además de las reparaciones imprevistas, un tipo de mantenimiento que, en nuestro sistema educativo, se ha denominado siempre mantenimiento mayor y que, de acuerdo a algunos estándares, tiene actividades que deben realizarse en toda infraestructura cada 5 años. El mantenimiento mayor se refiere a actividades como sustitución de techos y paredes, impermeabilización y reparaciones mayores. Los criterios, estándares y procedimientos, así como la asignación de recursos para este tipo de mantenimiento pueden estar especificados en un cuarto capítulo de este título.

En todos los casos, o en un capítulo aparte, tal como se planteó en el punto sobre la ampliación de la cobertura del sistema, una “Ley de Inversión Educativa“, debe determinar los mecanismos de presentación de proyectos y de selección de los contratistas, con un sistema de información abierto a todos, en los que se especifique el cronograma a largo plazo para todo el sistema educativo, así como, la programación de este tipo de mantenimiento para cada una de las escuelas, incluyendo fecha, tiempo de ejecución, tipo de reparación e inversión estimada. Un cronograma así, permite también planificar, en caso de que el mantenimiento mayor implique la suspensión de clases por requerir un lapso de ejecución mayor al vacacional, la reubicación de los estudiantes para que no se afecten las clases durante el año escolar.

 

  1. Garantía de la gratuidad de la educación

De acuerdo a la Constitución vigente, la educación básica en Venezuela debe ser gratuita, específicamente, la que se ofrece en los planteles oficiales. Este fue el principio que justificó que el Estado, hace 14 años, decretara que se eliminara cualquier cobro o contribución en las escuelas nacionales, estadales y municipales. Sin embargo, la eliminación de ese aporte, que las familias o de las comunidades hacían para el funcionamiento de las escuelas, incluyendo compra de materiales que debían ser dotados por el ministerio o por el ente de adscripción de la escuela, no ha sido repuesto con los recursos presupuestarios permanentes y suficientes para evitar que las familias no tengan que sufragar todos los costos directos o indirectos que garantizan que los estudiantes puedan asistir a esas escuelas.

Cabe mencionar que las escuelas tampoco cuentan con los recursos necesarios para su funcionamiento, de forma que sus docentes o directivos, no tengan que asumir costos que le corresponden al Estado. Sin embargo, este segundo punto no correspondería a esta Ley, sino que estaría en el marco de la discusión de la elaboración, discusión y ejecución del presupuesto regular con el que se financian los gastos recurrentes del sistema educativo.

Volviendo a lo que significa educación gratuita, estamos hablando de los costos de la denominada “canasta educativa” que incluyen los relativos al pago de matrícula, pero también a la compra de uniformes, útiles escolares, la alimentación y el transporte desde y hacia la escuela.

Hasta ahora, esos costos han sido subsidiados o asumidos, de forma parcial, pero no regular ni permanente, por lo que no se puede hablar de gratuidad plena. Debido a ello, un tercer título de la “Ley de Inversión Educativa“, debe estar dirigido a resolver de forma definitiva, los problemas asociados al financiamiento de los costos de la “canasta educativa”.

Este título debe contener normas que permitan garantizar el suministro de uniformes y útiles escolares a todos los estudiantes del sistema, incorporando algunas normas específicas que permitan, por ejemplo:

  1. Incluir equipos como las computadoras portátiles en la canasta, pero que obliguen al Estado a garantizar la conexión a internet en las escuelas, a través de una Ley de Inversión complementaria, para que el uso de dispositivos de ese tipo tenga el alcance que brindan las nuevas tecnologías y no se queden funcionando como una mezcla entre máquinas de escribir y proyectores de videos y aplicaciones producidas e instaladas por el gobierno en ellos.
  2. Ampliar los recursos educativos y fuentes de información, eliminando las restricciones de calidad, los sesgos ideológicos y desarrollo de competencias que tiene la obligación de utilizar los textos de la Colección Bicentenario, como textos únicos en las escuelas.
  3. Establecer mecanismos de concurso público para el suministro de uniformes y útiles escolares.

En cuanto a los costos asociados al transporte, es importante decir, que salvo un par de gobiernos regionales y locales, no existe un programa de transporte escolar que garantice rutas de acceso de toda la población a las escuelas, por lo que es imprescindible que la “Ley de Inversión Educativa“, en ese título, cuente con un capítulo en el que se establezcan normas y procedimientos, así como recursos y plazos para proveerlo.

Y finalmente, en el tercer título de esta Ley, debe existir un capítulo dedicado al financiamiento del Programa de Alimentación Escolar, en el que se revise las restricciones para la transparencia y rendición de cuentas de la figura recientemente adoptada para su administración –la Corporación Nacional de Alimentación Escolar-, y que establezca estándares, procedimientos, plazos e inversión que permita contar con alimentación adecuada y de calidad en las escuelas.

Estas normas deberán estar coordinadas con las del título primero, con relación a la dotación y mantenimiento de equipos y mobiliario para las cocinas y los comedores escolares, y también deberán estar dirigidas a evitar todas las distorsiones asociadas al suministro de insumos, especialmente, en la contratación del transporte para llevarlos a las escuelas, cuyo costo, por descuido o una falla de diseño, tiene varios años recayendo en las comunidades que se ven obligadas a hacer una vaca, o a buscar mecanismos irregulares, para contratarlo, ya que el mismo no es suministrado por el sistema.

 

Dejar de volar ¿vértigo o comodidad?

Viendo cantar a Nina, mejor dicho, viendo como Nina se vacilaba la canción, la energía y significado que con cada frase expresaba y quería comunicar y como asomaba reiteradamente esa sonrisa irreverente y retadora; no podía dejar de recordar a San Feliz ayer, lo sucedido y las diversas explicaciones y pronósticos asociados, recordar las miles de quejas y llamados a la acción y reacción de otros de todos los días, los innumerables mensajes en torno al tema de moda en nuestra “apropiada” dinámica de polarización “¿es más valiente o responsable o patriota o útil, el que se va o el que se queda?”

Veía a Nina, recordaba que vivimos todo eso sobre una cama de horas de colas, de miradas de desconfianza, de caras de terror y paranoia y de llantos de desesperación y muertes, y me preguntaba:

¿en verdad, como país y como ciudadanos, queremos ser libres, o es demasiada la responsabilidad de asumir las riendas de nuestras vidas, de producir para afrontar nuestros gastos, de elegir probidad a la viveza?

¿Querremos descubrir que podemos volar y hacerlo, sin esperar que alguien nos cuente como se ve el mar desde el cielo o mueva las alas por nostros, para garantizar que no nos vayamos a pique?

Volar alto puede dar vértigo, pero a veces no se deja de volar por vértigo, sino por comodidad.

Vean a Nina Simone…

(Tomado en préstamo del muro de Kelly)