Frente a la provocación como política de Estado, hay que tomar partido

El país se ha convertido en una avalancha de noticias, desde hace 17 años.

La estrategia

Sí, no se trata de una novedad de este momento. Recuerdo que cuando todo ésto comenzaba, lo señalábamos en los análisis que hacíamos en la Red de Veedores, como parte de la estrategia del gobierno para disipar fuerzas, dispersar las iniciativas de organización y protesta y, en consecuencia, debilitar todo esfuerzo por articular grupos que hicieran oposición al modelo que trataba de instalarse desde el gobierno.

Sin embargo, ahora, la sensación de bombardeo, con la consecuente asfixia asociada, es más fuerte. Todos nos sentimos más agobiados, porque las noticias se tornan cada vez más espantosas y dolorosas, por el efecto acumulativo que nos indica que no se trata de hechos fortuitos y pasajeros, sino que forman parte de nuestra cotidianidad; y también porque nos llegan mucho más cerca o nos tocan directamente.

Las reacciones

La desesperación lleva a algunos a paralizarse y deprimirse, mientras que otros se aferran a sus creencias y rezan; a otros les da por solo quejarse y también están los que les da por reaccionar peleándose con todo el mundo, así como los que deciden convertirse en jueces y sólo se enfocan en buscar culpables; por otra parte, encontramos a los que deprimidos o no, buscan nuevas opciones de vida y emigran, y los que, por el contrario, deciden quedarse; algunos se organizan para para actuar, mientras que otros actúan sin organizarse; pero también nos encontramos con aquellos que no se dejan llevar por la desesperación y se enfocan en construir, aunque entre ellos están los que lo hacen sólo para garantizar su bienestar, los que lo hacen poniendo el énfasis en el bienestar colectivo y también los que combinan ambos en su empeño.

Seguramente quien lea, podrá identificar su estado de ánimo y tipo de acción, entre estas categorías y reconocer en ellas las de muchas personas de su entorno. Incluso, podrán sentir que se identifican a veces con una y otras veces con otras, pero todos nos podemos sentir retratados en este rompecabezas de emociones y acciones en que se ha convertido actualmente Venezuela.

La estrategia y sus tácticas

Pero más allá de la categoría con la que cada quién se identifique, lo importante es entender que el bombardeo de temas de agenda, de noticias y de asuntos, es una estrategia política con la que hemos convivido durante 17 años y con la que aún, no hemos podido lidiar exitosamente, a pesar de algunos esfuerzos -así sea de una parte del liderazgo y a veces puntuales-, por enfocarnos en fijar y mantener un abanico específico de temas de agenda y una ruta de trabajo.

Pero dentro de esa estrategia, hay varias tácticas. Una es la mentira, el falseamiento de la realidad para hacer creer que los reclamos del otro son sin fundamento. Otra táctica es banalización de temas y situaciones, intentando hacerlos, para los que no son críticos o los desconocen, irrelevantes y lograr así el mismo efecto. Una tercera es el amedrentamiento que está dirigido a demostrar poderío, mientras se trata de generar temor y en consecuencia impotencia. Y una cuarta, es el ataque directo que también está dirigido a demostrar poderío, abusando de mecanismos legales o modificándolos para justificar la acción, con lo que además, de generar indefensión en la población, se construye una institucionalidad paralela que permite y justifica acciones y abuso de poder posteriores.

A veces las acciones son directas y frontales, pero otras, se realizan desde el mundo de la contrainformación, en forma de rumor.

Todas ellas constituyen formas de provocación que tienen como propósitos: sacar de foco al otro, convertir respuestas políticas en emocionales, generar miedo e indefensión, a la vez que ganar espacio en control y reconstrucción institucional.

¿Por qué sigue siendo exitosa?

Pero esta estrategia sigue siendo exitosa, en nuestro caso, por un par de características de la ciudadanía y el liderazgo, que aún están demasiado extendidas y que nos hacen una sociedad poco madura cívica y políticamente.

La primera de ellas es la tendencia a aferrarse a un salvador como única forma de mantener la esperanza de cambio. Esta tendencia es una de las formas en las que se manifiesta el locus de control externo. En nuestro caso, por salvador se debe entender a una variedad de figuras que incluyen las religiosas.

En efecto, ante la adversidad política, algunos apuestan por la intervención de Dios y la Virgen, en el mejor de los casos encarnada en líderes de la iglesia que incluyen al Papa; otros encarnan su esperanza en un líder político específico -aunque en la mayoría de los casos no tengan idea de sus propuestas políticas-, o en la figura popular de turno que, aunque no pertenezca al ámbito político, consideran que pudiera salvarnos; otros siguen esperando que los militares –preferiblemente “institucionales”- aparezcan; y otros le asignan ese poder superior a instancias como la Asamblea Nacional o a mecanismos como la Carta Democrática.

La otra característica, es la manía de poner la reconstrucción del país en “stand by” y en panorámica, como si en lo que nos hemos convertido como país, no fuera nuestro reflejo como personas y producto de la dinámica de nuestras acciones y omisiones, de nuestra conducta ciudadana cotidiana, la de todos, todos los días, por lo que pareciera que estamos esperando que las cosas cambien, para que llegue el momento de reconstruir al país, donde sí vamos a participar.

Cuando Venezuela cambie, por ejemplo:

  • dejaremos de mirar con asco y menosprecio a la gente que no nos gusta porque es pobre o rica o porque tiene costumbres diferentes, por tanto, se acabará el resentimiento como forma de relación entre los venezolanos;
  • dejaremos de ver como enemigo al que piensa diferente y ante un espacio de debate, en lugar de pelear sin escuchar, trataremos de escucharnos e identificando los naturales desacuerdos, construiremos en común a partir de los acuerdos;
  • dejaremos de desconfiar del otro porque consideraremos que todos los intereses, salvo que violen los derechos humanos, son legítimos y que el arte de la convivencia y de la política, está en lograr construir acuerdos incluyéndolos;
  • dejaremos de comernos los semáforos, colearnos, utilizar nuestras redes para saltar procedimientos y requisitos, de pagar soborno o matraca para evitar una multa, hacer un trámite más rápido o tener un privilegio o beneficio fuera de las normas o la ley;
  • dejaremos de hacernos la vista gorda ante las arbitrariedades gubernamentales, sea cual sea la tendencia política del gobernante, o de si circunstancialmente nos “beneficia” o nos “conviene”; pero también dejaremos de hacernos la vista gorda ante la violación de derechos de terceros, así como, ante la violación de las normas por terceros, pensando que “eso no es problema nuestro”;
  • cumpliremos con nuestros deberes ciudadanos y reclamaremos cuando se nos violen nuestros derechos y los de los otros.

Estos, son sólo algunos ejemplos de conductas, que, de asumirlas en la cotidianidad, nos ayudarían a tener desde ahora, una Venezuela diferente, porque el país lo reconstruimos todos, en cada acción ciudadana, y en cada minuto de cada día.

Cada acción ciudadana incide en el cambio institucional y político del país

Pero hay otro nivel de cambio también necesario que, aunque no lo parezca, se construye cada día y al que, como ciudadanos podemos contribuir en primer lugar comprendiéndolo y en segundo lugar, sumando acciones concretas para abonarlo.

Se trata del cambio institucional y político que garantice que el país también tendrá un gobierno diferente y de evitar que el que venga, en lugar de seguir destruyendo, reconstruya institucional, económica y políticamente a Venezuela.

Muchas de las acciones necesarias que están en nuestras manos, como ciudadanos, son las descritas arriba, pero ellas deben estar acompañadas, al menos de otra: tomar partido. Sí, aunque a muchos les suene extraño o les pueda parecer contradictorio con lo dicho hasta el momento, les invito a que piensen que sólo a partir de reconocer las diferencias, podemos trabajar tomando como base las coincidencias y para ello, tenemos que definir, como ciudadanos, cuál es la Venezuela que queremos.

¿Ya tomaste partido?

No se trata de enunciar un par de frases con lugares comunes o vacías, sino de pensar en qué tipo de sociedad queremos vivir. ¿Qué tanto Estado y cuánto libre juego o mercado? ¿Estado para qué? ¿Qué tantos impuestos? ¿Cómo y en qué se deberían invertir? ¿Quién debe decidir qué y cómo relacionarnos con los que toman las decisiones? ¿Qué tipo de educación obligatoria y común queremos como ciudadanos? ¿Cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes? ¿Hasta dónde llegan? (ésto por no hacer una larga lista)

Tomar partido nos permite saber qué queremos de nuestro liderazgo político y qué proyectos y prácticas son realmente compatibles y nos acercan a esa visión, y cuáles, por atractivas que nos parezcan en un momento, nos alejan de ella. Pero también, tomar partido nos permite identificar coincidencias y diferencias con nuestros familiares, vecinos y concuidadanos, para poder construir con ellos, a partir de acuerdos, una Venezuela en la que efectivamente nos veamos reflejados todos.

Pero, así como “salir de esto” o cambiar de gobierno, no son eventos mágicos o de efecto inmediato, tampoco lo son tomar partido, identificar acuerdos y diferencias con el otro, así como tampoco construir una Venezuela en la que efectivamente nos veamos reflejados todos.

Tomar partido es un evento personalísimo que requiere de la reflexión e investigación de cada quien, en el que puede ayudar conversar y discutir con otras personas para escuchar puntos de vista y aclarar y afinar ideas. También sirve acercarse a los partidos políticos existentes y aunque no se tenga como pretensión inscribirse en ellos para militar en sus filas (cosa que nos haría mucho bien al país, a los partidos y a los ciudadanos), puede ser de utilidad conocer a sus políticos y planteamientos para enriquecer las ideas propias y definirse.

Pero tomar partido, no es sinónimo de volvernos iluminados y portadores de la verdad, y como ya sabemos la Venezuela que queremos, y es fantástica, nos dedicaremos a convencer a los otros de que tenemos la razón. Es decir, tomar partido no significa que podamos cambiar la fórmula de “lograr el éxito por arte de magia”, por la imposición como forma de acción política y ciudadana. Eso, de lo que deberíamos estar cansados por las prácticas de estas últimas décadas, nos impediría pasar a construir con otros. Tampoco es sinónimo de desarrollar y presentar una excelente batería de argumentos que nos suenen convincentes para lograr el apoyo de otros.

Y construir viabilidad

La visión de construcción o reconstrucción política y ciudadana tiene que incluir la noción de viabilidad política que para muchos no es familiar y a otros tiende a sonarle a chanchullo.

Toda acción política debe ser viable para ser exitosa, toda estrategia y visión a largo plazo, también. Pero la viabilidad no es una propiedad de las acciones, estrategias o visiones, es una condición del momento y contexto en el que se plantea que se construye y que implica manejo del poder y entendimiento, y toma tiempo, depende de los actores y su capacidad de acción y de negociación, así como de su credibilidad y el apoyo con el que cuenten.

Analizar la viabilidad de nuestras propias acciones políticas, nos permite entender y diseñar estrategias para modificarlas, modificar la acción y las condiciones en las que se da para incrementar su viabilidad. Analizar las de otros actores, nos permite comprender y actuar en consecuencia.

Pero lo más importante, dejar de esperar al “salvador”, tomar partido y comenzar a actuar como nos imaginamos que lo haríamos en esa Venezuela en la que efectivamente nos veamos todos reflejados, nos aclara cómo analizar e incidir en la viabilidad política de las acciones de cambio que, como sociedad nos proponemos.

Entre gallos y fantasmas: ¡Estado de Excepción!

Como es costumbre “revolucionaria”, a última hora del viernes, entre gallos y fantasmas, Nicolás se encadena y anuncia un “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica“.

Con su cara muy lavada y sin pudor, declara:

“He decidido aprobar un nuevo Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que me dé el poder de derrotar la guerra económica y derrotar las amenazas internacionales y nacionales” (Para los que quieran leer la reseña completa, la cita la tomé de aquí)

Lo dice como si:

  • el desabastecimiento acompañado de las kilométricas colas para comprar alimentos;
  • el deterioro de los hospitales que incluye ausencia de insumos para la atención y contaminación de áreas clave;
  • la desaparición de medicamentos que afecta a la población en general, pero con mayor riesgo a los que padecen enfermedades crónicas o de medicación especial;
  • el racionamiento y la falta de agua reiterado en muchas partes del país combinado con el suministro de agua contaminada en otras;
  • los apagones, cortes programados y no programados por racionamiento eléctrico;
  • las suspensiones de clases en las escuelas por cortes de luz, por decreto de racionamiento, por inseguridad o por falta de alimentación y agua;
  • el desmantelamiento de las universidades y centros de investigación por los ataques reiterados y la falta de presupuesto, con la consecuente fuga de talentos y los intentos de sustituirmos con espacios dedicados a la “formación de cuadros”;
  • el descarado desfalco del presupuesto del país y las reservas internacionales por corruptos y tráfico de influencia, enchufados y empresas de maletín;
  • el incremento de bandas de delincuentes y mafias asociadas al narcotráfico que azotan a la población, convertiendo al país en una colcha de retazos formada por ghettos;
  • el desmantelamiento de aparato productivo, incluyendo la destrucción, quiebre y cierre de empresas nacionales y privadas, incautadas y expropiadas;
  • la transformación de las policías y la Guardia Nacional en grupos de choque, represión y de custodia de los civiles y los alimentos, y de la Fuerza Armada en un grupo beligerante y partidista al servicio de la “revolución”, acompañada por la designación de funcionarios militares en cargos de administración pública;
  • la desprofesionalización del ejercicio público en todos los ámbitos con la mediocridad y pésima gestión, como consecuencia directa;
  • la sumisión de los poderes públicos al caprichoso servicio del ejecutivo;
  • y el desmantelamiento institucional producto de la recurrente violación de la Constitución y las leyes,

no fueran el producto de estos 17 años de gestión, de la implantación de un modelo anarco-guerrillero-milico-militarista que no conoce sino la lógica de guerra y la sumisión como forma de relación gobierno-pueblo; con un equipo que no tiene idea, ni de gestión pública ni le interesó tenerla mientras gastaba los abundantes recursos de la renta petrolera.

Su declaración a esa hora y un viernes, como bien lo sabe, genera incertidumbre, inquietud y zozobra en la población. Lo sabe y lo hace, sin presentar el texto del decreto para el conocimiento de todos como parte de la estrategia, como la lógica de guerra lo indica, sembrar temor para intentar paralizar a la mayoría.

El anuncio, en esta oportunidad, le agrega un término a la denominación del decreto que incrementa las suspicacias. Ahora, en lugar de ser un “Decreto de Estado de Emergencia Económica” como fue el 2.184 del 14 de enero, prorrogado el 11 de marzo por el 2.270; se trata de un “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica“.

¿Estado de Excepción, en este momento y en este contexto?

Nicolás y algunos de sus ministros, en su estilo de comunicacional combinando cadenas con tuits, expusieron algunas razones y consecuencias que podemos encontrar en la prensa y en sus TL en twitter.

Sin embargo, como sus razones estaban plagadas de fantasmas en conspiración y como mi salud no me permitió salir a manifestar hoy (con las ganas que tengo de poder salir a manifestar), me puse a hacer una mi colección de hechos de estos tiempos y anuncios de ayer, que dibuja el panorama en el que se hace el anuncio.

El panorama, hasta el momento, me queda así:

1. Defensa ante supuestas amenazas externas: Uribe y USA, y prevención/proteccion ante la posibilidad de aplicación de la Carta Democrática.
2. Prevención ante avance de enjuiciamiento por corrupción a gobernantes de otros países, como Cristina y Dilma.
3. Amedrentamiento para paralizar a la crítica interna, en las filas de su partido, con despidos a funcionarios que firmaron el revocatorio.
4. Paralización de la oposición y descrédito a su liderazgo con anuncios del revocatorio en el 2017 y retraso del calendario.
5. Criminalización del liderazgo político y de defensores de DDHH, vinculando a los primeros con la promoción de violencia en la calle y a los segundos con conspiración y recepción de fondos de gobiernos extranjeros.
6. Neutralización de la Asamblea Nacional a través de saboteo directo con ataques a diputados, de ausencia del oficialismo en las sesiones, de criminalización por acusaciones a diputados e intento de destituir a la directiva por el TSJ.
7. Intimidación a la población con militarización de zonas populares e incremento de la presencia y el control militar en lugares de distribución de alimentos.
8. Continuación de la estrategia de OLP para intimidar a unos y atajar la guerra interna que tienen sus clanes y mafias.
9. Neutralización de las protestas con bloqueos a manifestaciones, no otorgar permisos, represión, ataques a manifestantes por parte de grupos violentos y organismos de seguridad, y detenciones arbitrarias.
10. Invalidación de los partidos opositores por supuesta falta de requisitos ante el CNE.
11. Incrementos de ataques contra medios y periodistas, incluyendo uso de la violencia contra periodistas en el ejercicio de sus funciones y decomiso y destrucción de equipos.
12. Importante aumento de precios de productos de la canasta básica.

Este es el panorama en el que Nicolás hace su anuncio.

Seguramente me faltaron hechos, amenazas y anuncios, pero con los colectados, hasta el momento, lo que me queda muy claro, es que el “decreto” persigue proteger al ejecutivo y su élite, mientras desarrolla una nueva fase en su estrategia de guerra que incluye profundizar el control del poder y continuar con la desinstitucionalización, corrupción y el abuso, apostando a la sumisión y paralización de la población, a la neutralización del liderazgo opositor -y también al liderazgo que se declara oficialista pero se considera alterno y crítico- e intenta inhibir las iniciativas de apoyo internacional.

¡Así es que un “revolucionario” gobierna!

¡Ésta es la guerra de Nicolás contra el país, contra el pueblo!

Ley De Inversión Educativa (otra para la #AN)

En la sección “El presupuesto educativo”, del artículo Una Agenda Educativa Para Diputados, publicado el 28 de noviembre en este blog, llamaba la atención sobre la poca rigurosidad y seriedad de la discusión y aprobación de las leyes de presupuesto, en la última década en la Asamblea Nacional. Ello ha tenido como lamentable consecuencia que, entre otros, el sector educativo no cuente con un presupuesto ajustado a sus necesidades, ni asociado a una planificación que permita garantizar, de forma progresiva, una educación de calidad para todos, poniendo especial énfasis en la ampliación de la cobertura y la calidad del sub-sistema de educación básica que tiene carácter obligatorio, de acuerdo a lo que establece la Constitución.

En dicho artículo mencioné unas propuestas de acción legislativa para abordar integralmente algunos de los problemas asociados a la elaboración, discusión, aprobación y ejecución del presupuesto del sector. En éste, quiero agregar una propuesta que ya hemos discutido con otros matices, en diversos escenarios y que apunta a atender las deficiencias que, en términos de infraestructura educativa, se mantienen en el sistema. Para efectos prácticos, la llamaré “Ley de Inversión Educativa”.

Tal como ha venido funcionando el sistema educativo, hay tres tipos de requerimientos que justifican la existencia de una “Ley de Inversión Educativa

  1. Ampliación de la oferta

Hablar de ampliación de la oferta en educación básica, es hablar de, por una parte, la construcción de nuevas escuelas en lugares en los que actualmente no hay oferta o es deficitaria, y por la otra, de tener suficientes planteles para que todas las escuelas puedan trabajar a turno completo, aspiración que tiene más de dos décadas en el país, que se propuso concretamente como política pública en los 90s, y que pretendió materializarse en 1999 con la adopción del modelo de “Escuelas Bolivarianas”. (Actualmente, a pesar de la intención inicial de ese modelo, la intención de constituir escuelas a turno completo, desapareció, por lo que se bautizaron como “Bolivarianas”, escuelas de medio turno en los diversos niveles, por lo que siguen existiendo múltiples infraestructuras en las que funcionan, con un esquema de tiempo parcial dos y hasta 3 escuelas).

En 1999, cuando se nombró el primer Coordinador de Escuelas Bolivarianas en el Ministerio de Educación, el Foro Educativo Venezuela, entregó un proyecto que permitía, con una “ley”, tipo presupuesto-programa de 10 años, asegurar la inversión en infraestructura, formación docente y alimentación escolar, para garantizar que todas las escuelas de país pudieran asimilarse al esquema de turno completo. Ese mismo proyecto fue entregado a los primeros 5 coordinadores de ese modelo y en todos los casos, no pasó de ser engavetado.

En ese momento, el Estado, a través de sus poderes ejecutivo y el legislativo, pudo haber elaborado y aprobado su propio proyecto, lo que hubiese permitido que, a esta fecha, el país tuviera 5 años contando con un modelo en el que todas las escuelas funcionaran a tiempo completo, con docentes suficientes y con alimentación para todos. En su lugar, el Ministerio se ha limitado a realizar algunas nuevas construcciones y muchísimas promesas.

Una “Ley de Inversión Educativa” debería tener como primer título, uno que permita saldar esta deuda con el país, en el que se defina y desarrolle un plan de inversión, a largo plazo, que se haga efectivo a través del mecanismo de “presupuesto-programa” (que permite asegurar la ejecución presupuestaria de varios años) y que contemple, tanto la construcción de nuevas escuelas para llevar la oferta educativa al alcance de todos, como la que corresponda a eliminar el uso compartido de la infraestructura escolar, permitiendo que todas las escuelas puedan pasar a ofrecer turno completo.

En este punto, es importante hacer énfasis en que la construcción de nuevas escuelas para ampliar la cobertura, no se resuelve, en todos los casos, con grandes construcciones en las capitales de los municipios y estados, o con una escuela por parroquia (como rezaba la última promesa del ministerio cuando dijo que buscaría recursos en China), sino con escuelas medianas o pequeñas que puedan localizarse donde está la población, para que los estudiantes no tengan que recorrer largos trayectos para poder asistir a clases o que, igualmente se queden fuera del sistema por la imposibilidad hacerlo o de mudarse al poblado en el que se localiza la escuela.

Este título, debe garantizar el acceso a la información y la transparencia del esfuerzo de ampliación de la oferta educativa y de la ejecución del presupuesto-programa, por lo que debe tener un capítulo que determine el mecanismo de presentación de proyectos y de selección de los contratistas, y otro que obligue al ejecutivo (en sus ámbitos nacional, estadal y municipal coordinados) a poner a disposición del país, un sistema de información abierto a la consulta de cualquier usuario, que incluya el cronograma de construcciones programado, los lapsos y requisitos para presentar proyectos, así como los criterios y resultados en el proceso de selección de contratistas; y el proyecto de construcción de cada escuela, con sus plazos de ejecución, los montos de inversión y el contratista seleccionado.

 

  1. Mantenimiento de la planta física, mobiliario y equipos

A pesar de que es obvio, el sistema parece olvidar que una escuela construida y en funcionamiento, no permanece, tal como fue entregada por el Ministerio, las Gobernaciones y las Alcaldías, a las comunidades, por arte de magia. El mantenimiento de las escuelas en óptimo estado, requiere de acciones preventivas y correctivas, menores, intermedias y mayores, integrales o parciales que deben ser planificadas, programadas y financiadas por el Estado. Ese debería ser el segundo título de una “Ley de Inversión Educativa”.

En efecto, la complejidad y la demanda de recursos de un sistema de mantenimiento, amerita planificación, programación y garantía de recursos. Un sistema escolar en óptimo estado, no se logra con esquemas sustentados en el trabajo voluntario de las comunidades, que, en forma de colaboración, apelan a una interpretación acomodaticia y errada del principio de corresponsabilidad, para transferir a la ciudadanía, responsabilidades que corresponden al Estado, transferencia que, en la mayoría de los casos, no está acompañada de los recursos económicos necesarios para asumirla. Pero tampoco se logra con esquemas que no responden a una programación a largo plazo.

Como ha quedado demostrado, esquemas como “una gota de amor para mi escuela” o “Jornada Voluntaria de Mantenimiento Preventivo” a ejecutarse en 335 escuelas del país, primero cada sábado, y después cada fin de semana, no han contribuido de forma efectiva con el mantenimiento de la infraestructura escolar. Incluso, la última versión de la política que tiene al respecto el ministerio, el denominado “Plan de Mantenimiento Preventivo”, no ha mostrado una programación completa y a largo plazo que permita atender, de forma planificada, las necesidades reales del sector.

Dada la complejidad y la demanda de recursos de un sistema de mantenimiento, y para ilustrar un poco cuál sería el contenido de este segundo título de la Ley, recordemos que en la escuela se debe programar, en primer lugar, el mantenimiento preventivo de la infraestructura, el mobiliario y los equipos, para garantizar su buen estado. Para ello, cada comunidad educativa debe contar con los recursos necesarios para sufragar los gastos asociados. Este podría ser el contenido del capítulo primero del segundo título de la “Ley de Inversión Educativa”: rubros de inversión, estimación de costos y mecanismos para la transferencia de los recursos a las escuelas, para las labores cotidianas y menores de mantenimiento preventivo.

Pero más allá del cuidado que tengan las comunidades sobre infraestructura, mobiliario y equipos, así como de las jornadas de mantenimiento preventivo que se realicen con apoyo del ente rector y de las otras instancias de gobierno de las que dependen las escuelas, el uso y la vida de equipos y mobiliario, es limitada. Es por ello, que un segundo capítulo a incluir en este título de la “Ley de Inversión Educativa“, debería establecer los mecanismos de acción y planes de reparación, así como los criterios para la asignación de recursos, de acuerdo a la naturaleza de cada caso, para el desarrollo de actividades de mantenimiento correctivo, cuando los equipos o el mobiliario, sufran daños específicos e inesperados, y mecanismos, presupuesto y planes para su sustitución, al término de su vida útil.

En este capítulo entraría todo el mobiliario y los equipos de las escuelas, incluyendo los usados en el Programa de Alimentación Escolar, que tienen unos requerimientos de mantenimiento y unas características técnicas específicas.

También deben existir mecanismos complementarios que permitan considerar la sustitución de mobiliarios y equipos derivados de cambios de tecnología, que ameriten la renovación de los mismos.

En cuanto a la infraestructura física, es importante considerar que el mantenimiento preventivo tiene diversos momentos y actividades, dependiendo del componente de la infraestructura, sus características y funcionamiento, así como de las condiciones físico-ambientales en las que se localiza la escuela.

Por ello, en un tercer capítulo en el segundo título de “Ley de Inversión Educativa“, se debería contemplar tanto el mantenimiento preventivo cotidiano, como el mantenimiento preventivo periódico, cuyas acciones dependen de las mencionadas características de la infraestructura. Dicho capítulo debería contener las pautas, estándares y criterios con los que, por poner un ejemplo ilustrativo, periódicamente, se deben revisar los sistemas eléctricos, de suministro de aguas, de aguas servidas, y las estructuras, entre otras, y con las que se deben programar y realizar las acciones de mantenimiento que eviten su deterioro, así como los recursos con los que cada escuela y el sistema contará para ello. Estas actividades no pueden, como hasta ahora, depender de operativos ocasionales, sino que deben tener un estricto cronograma de ejecución, para garantizar que sea efectivamente preventivo y oportuno.

Y finalmente, más allá del mantenimiento preventivo, existen acciones de mantenimiento correctivo, que tienen lugar cuando se produce, por diversas razones el deterioro de alguna parte de las instalaciones. En esta categoría, entran además de las reparaciones imprevistas, un tipo de mantenimiento que, en nuestro sistema educativo, se ha denominado siempre mantenimiento mayor y que, de acuerdo a algunos estándares, tiene actividades que deben realizarse en toda infraestructura cada 5 años. El mantenimiento mayor se refiere a actividades como sustitución de techos y paredes, impermeabilización y reparaciones mayores. Los criterios, estándares y procedimientos, así como la asignación de recursos para este tipo de mantenimiento pueden estar especificados en un cuarto capítulo de este título.

En todos los casos, o en un capítulo aparte, tal como se planteó en el punto sobre la ampliación de la cobertura del sistema, una “Ley de Inversión Educativa“, debe determinar los mecanismos de presentación de proyectos y de selección de los contratistas, con un sistema de información abierto a todos, en los que se especifique el cronograma a largo plazo para todo el sistema educativo, así como, la programación de este tipo de mantenimiento para cada una de las escuelas, incluyendo fecha, tiempo de ejecución, tipo de reparación e inversión estimada. Un cronograma así, permite también planificar, en caso de que el mantenimiento mayor implique la suspensión de clases por requerir un lapso de ejecución mayor al vacacional, la reubicación de los estudiantes para que no se afecten las clases durante el año escolar.

 

  1. Garantía de la gratuidad de la educación

De acuerdo a la Constitución vigente, la educación básica en Venezuela debe ser gratuita, específicamente, la que se ofrece en los planteles oficiales. Este fue el principio que justificó que el Estado, hace 14 años, decretara que se eliminara cualquier cobro o contribución en las escuelas nacionales, estadales y municipales. Sin embargo, la eliminación de ese aporte, que las familias o de las comunidades hacían para el funcionamiento de las escuelas, incluyendo compra de materiales que debían ser dotados por el ministerio o por el ente de adscripción de la escuela, no ha sido repuesto con los recursos presupuestarios permanentes y suficientes para evitar que las familias no tengan que sufragar todos los costos directos o indirectos que garantizan que los estudiantes puedan asistir a esas escuelas.

Cabe mencionar que las escuelas tampoco cuentan con los recursos necesarios para su funcionamiento, de forma que sus docentes o directivos, no tengan que asumir costos que le corresponden al Estado. Sin embargo, este segundo punto no correspondería a esta Ley, sino que estaría en el marco de la discusión de la elaboración, discusión y ejecución del presupuesto regular con el que se financian los gastos recurrentes del sistema educativo.

Volviendo a lo que significa educación gratuita, estamos hablando de los costos de la denominada “canasta educativa” que incluyen los relativos al pago de matrícula, pero también a la compra de uniformes, útiles escolares, la alimentación y el transporte desde y hacia la escuela.

Hasta ahora, esos costos han sido subsidiados o asumidos, de forma parcial, pero no regular ni permanente, por lo que no se puede hablar de gratuidad plena. Debido a ello, un tercer título de la “Ley de Inversión Educativa“, debe estar dirigido a resolver de forma definitiva, los problemas asociados al financiamiento de los costos de la “canasta educativa”.

Este título debe contener normas que permitan garantizar el suministro de uniformes y útiles escolares a todos los estudiantes del sistema, incorporando algunas normas específicas que permitan, por ejemplo:

  1. Incluir equipos como las computadoras portátiles en la canasta, pero que obliguen al Estado a garantizar la conexión a internet en las escuelas, a través de una Ley de Inversión complementaria, para que el uso de dispositivos de ese tipo tenga el alcance que brindan las nuevas tecnologías y no se queden funcionando como una mezcla entre máquinas de escribir y proyectores de videos y aplicaciones producidas e instaladas por el gobierno en ellos.
  2. Ampliar los recursos educativos y fuentes de información, eliminando las restricciones de calidad, los sesgos ideológicos y desarrollo de competencias que tiene la obligación de utilizar los textos de la Colección Bicentenario, como textos únicos en las escuelas.
  3. Establecer mecanismos de concurso público para el suministro de uniformes y útiles escolares.

En cuanto a los costos asociados al transporte, es importante decir, que salvo un par de gobiernos regionales y locales, no existe un programa de transporte escolar que garantice rutas de acceso de toda la población a las escuelas, por lo que es imprescindible que la “Ley de Inversión Educativa“, en ese título, cuente con un capítulo en el que se establezcan normas y procedimientos, así como recursos y plazos para proveerlo.

Y finalmente, en el tercer título de esta Ley, debe existir un capítulo dedicado al financiamiento del Programa de Alimentación Escolar, en el que se revise las restricciones para la transparencia y rendición de cuentas de la figura recientemente adoptada para su administración –la Corporación Nacional de Alimentación Escolar-, y que establezca estándares, procedimientos, plazos e inversión que permita contar con alimentación adecuada y de calidad en las escuelas.

Estas normas deberán estar coordinadas con las del título primero, con relación a la dotación y mantenimiento de equipos y mobiliario para las cocinas y los comedores escolares, y también deberán estar dirigidas a evitar todas las distorsiones asociadas al suministro de insumos, especialmente, en la contratación del transporte para llevarlos a las escuelas, cuyo costo, por descuido o una falla de diseño, tiene varios años recayendo en las comunidades que se ven obligadas a hacer una vaca, o a buscar mecanismos irregulares, para contratarlo, ya que el mismo no es suministrado por el sistema.

 

Una agenda educativa para diputados

Desde el poder legislativo se pueden hacer muchas cosas para contribuir con la garantía del derecho a la educación en Venezuela, y con la mejora del desempeño que el Estado ha tenido hasta el momento. Sin pretender agotar la agenda al respecto, tocaré 4 asuntos imprescindibles, que incluyen algunas deudas que el Estado tiene con el país.

I. La legislación pendiente

La promulgación de la Ley Orgánica de educación entre gallos y medianoche, en pleno período vacacional, en agosto del 2009, nos dejó un documento en términos generales mediocre, en el que, por citar algunas cosas, se dio al traste con la estructuración de un modelo de gestión descentralizado, al concentrar el poder en los ministerios de educación; y se desdibujaron los principios del sistema con una pésima y enredada redacción de artículos y temas fundamentales, en los que, en algunos casos, intentaron conjugar conceptos contrapuestos y excluyentes vaciando de significado y sentido la norma que pretendían desarrollar.

Ese documento, requiere una revisión que permita mejorar o modificar, cuando corresponda, la institucionalidad que pretende definir, así como aclarar y precisar aspectos y temas borrosos, pero sobre todo que permita limpiarla de elementos que están cercanos a la inconstitucionalidad. Sin embargo, esta no es la deuda más urgente.

Más urgente, tanto que debería formar parte de las primeras acciones que se esperaría de la próxima gestión legislativa, es la discusión y aprobación de las Leyes especiales de Educación Básica y de Educación Universitaria, así como de la Ley de Carrera Docente, que, de acuerdo a las disposiciones transitorias de la LOE, deberían tener más de 5 años aprobadas.

La ausencia de estos instrumentos normativos, ha dificultado la gestión de los dos subsistemas de educación y ha facilitado la instrumentación de medidas provisionales, con débil institucionalidad y en muchos casos con visos inconstitucionales, a través de resoluciones temporales que terminan convirtiéndose en permanentes. Ejemplo de ello, son las resoluciones que se han utilizado durante los últimos 8 años, para el ingreso y evaluación del personal docente de las escuelas; y la controversial Resolución 058 que sustituyó el régimen de comunidades educativas, por una figura engorrosa de difícil instrumentación, que, además de presentar problemas de inconstitucionalidad en algunos aspectos, incluye la “delegación de funciones” a comités en las escuelas, imposibles de cumplir porque no se les dota ni de capacidad de decisión, ni de recursos para ejercer efectivamente la gestión en temas tan delicados y estratégicos como el mantenimiento y la alimentación escolar, por ejemplo.

La discusión y aprobación de estas 3 leyes son deudas de la Asamblea Nacional con el país, que una próxima gestión deberá considerar urgentes.

En el marco de la discusión y aprobación de la Ley de Educación Básica, tendría que retomarse la discusión sobre la descentralización del sistema educativo iniciada en la década de los 90s y que tuvo como consecuencia el inicio de un proceso de transferencia de competencias y escuelas, que fue congelado y sufrió un lamentable retroceso en los últimos 17 años.

En cuanto a la Ley de Educación Universitaria, hay documentos que se han debatido y presentado ante la Asamblea Nacional, por lo que la discusión no partiría de cero, pero es imprescindible que en el debate se incluyan temas que permitan redefinir los modelos que se desarrollan en las diversas instituciones que hoy forman parte del sistema, pero sobre todo, corregir las desviaciones que hacen que muchas de las nuevas organizaciones denominadas “universidades”, no sean más que “liceos” grandes en los que se otorgan títulos que, en algunos casos, no cuentan con estándares mínimos que garanticen calidad en la formación profesional, ni con el aval del organismo encargado de dar el visto bueno a la oferta educativa en ese nivel.

Con relación a la Ley de Carrera Docente, hay un par de temas relacionados con las condiciones laborales de los docentes que, en algunos aspectos, pueden no resultar del agrado de parte de los gremios existentes, pero que deben ser discutidos con ellos con la profundidad y sinceridad que el país requiere. El primero de ellos es la naturaleza de los estándares que constituyen el sistema de evaluación para el ingreso y ascenso de los profesionales de la educación. El debate en este tema debe considerar, en primer lugar, la exclusión de todos los indicadores y elementos incluidos en las normas utilizadas en estos últimos años, que evalúan más la adscripción partidista de los docentes, que su formación o desempeño; y en segundo lugar, la incorporación de estándares que reflejen el desempeño profesional y los resultados en el aprendizaje de los estudiantes. Estos estándares deben ir más allá de las tradicionales verificaciones sobre el cumplimiento de aspectos administrativos (asistencia, puntualidad, elaboración de planificación, etc) y obviamente, deben constituir un sistema que permita e incentive el aprendizaje y la mejora permanente, pero también que premie a los profesionales que con esfuerzo y dedicación, logran el mejor desempeño y aprendizaje en los estudiantes.

El segundo tema, implica la discusión de un nuevo arreglo contractual que, no se mate de entrada citando derechos adquiridos, sino que permita negociar, con incremento en los beneficios sociales y económicos de los docentes, la cantidad de días hábiles de vacaciones al año, ya que, con los 60 días hábiles que corresponden al gremio, como beneficio adquirido, más los días feriados de cada año, se ha hecho imposible extender la duración del año escolar para contar con 200 días de clases. Y nos referimos a 200 días de clase, más los días necesarios para las demás actividades docentes, no, a la norma tibia contenida en el artículo 49 de la actual LOE que establece una duración del año escolar de 200 días hábiles que, como todos sabemos, incluyen los días de clases, más los períodos correspondientes de actividades administrativas con las que se inician y cierran los lapsos y el año escolar.

II. El presupuesto educativo

La discusión y aprobación de las leyes de presupuesto, se ha convertido en un acto simbólico en el que el ejecutivo presenta una propuesta, a todas luces, deficitaria en términos económicos, pero deficitaria también como propuesta de gestión de los órganos de la administración pública. Este segundo aspecto, es consecuencia de la forma y contenidos que han tomado los Planes Operativos del ejecutivo, en el caso de educación, de los ministerios rectores.

En este aspecto, la Asamblea Nacional como parte de sus funciones de control del gobierno y la administración pública, podría promover la definición de estándares que permitieran mejorar los planes operativos de los ministerios, así como su gestión y sus resultados; y en su función legislativa, debería exigir al ejecutivo que sincerara las solicitudes presupuestarias.

Pero en función de mejorar el financiamiento del sistema educativo, la Asamblea Nacional también, podría trabajar en la redefinición de algunas reglas de juego, específicamente, en la recuperación del mecanismo de la LOCTI que permitía a las universidades, junto con el sector productivo, diseñar y ejecutar proyectos de innovación e investigación con los recursos destinados para ello en dicho instrumento normativo. Este mecanismo fue secuestrado por el ejecutivo, privando a las universidades de financiamiento y al sector productivo de conocimientos e innovaciones, con el agravante de que, desde hace algún tiempo, se desconoce el destino los recursos recaudados por esa vía.

Además, el poder legislativo, podría estudiar y considerar la aplicación de nuevos esquemas, como el existente en Uruguay que permite el financiamiento de la educación primaria con un impuesto inmobiliario, cuya recaudación es asignada de forma directa al funcionamiento de las escuelas de este nivel.

III. Sistema de evaluación de la calidad de la educación

Como es del conocimiento de los actuales diputados de la Asamblea, y debe serlo de los actuales candidatos, en el texto de la recién aprobada Ley de Presupuesto, hay un proyecto del MPPE denominado “Creación del Observatorio del Sistema de Educación Básica”. La siguiente captura de pantalla contiene el enunciado de dicho proyecto, tal como está incluido en la Ley.

proyecto observatorio 1

En la presentación de inicial que se hace de los proyectos, en ese mismo capítulo, el MPPE incluye la siguiente y breve justificación:

proyecto observatorio 2

Al respecto, es importante recordar:

a) Que el sistema educativo contaba con el SINEA (Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes) a finales de la década de los 90s. El SINEA fue diseñado en el país y se comenzó a administrar en las escuelas que ofrecían educación primaria y secundaria. Ese sistema, era perfectible como todo mecanismo de evaluación en desarrollo, estaba constituido por una batería de pruebas e indicadores de contexto valiosos e interesantes. En sus primeras aplicaciones arrojó bajo desempeño de las escuelas y de los estudiantes y sus resultados pudieron utilizarse como insumos para reorientar la política educativa, pero, en su lugar, en el momento en el que los resultados indicaban que el modelo de Escuelas Bolivarianas tenía menor desempeño que el resto de los modelos de escuelas del sistema, el ministerio decidió dejar de aplicar las pruebas y suspenderlo indefinidamente sin justificación, ni evaluación que avalara esa decisión.

Con respecto a sistemas de evaluación similares que respondan a acuerdos internacionales suscritos por el país, también es importante resaltar, que Venezuela no ha participado en las cuatro ediciones del sistema instrumentado en América Latina por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de UNESCO, sistema en el que han participado casi todos los países de la región, incluyendo a Cuba, por cierto.

De la misma manera, y aunque no se encuentra en el marco de convenios suscritos por el país, Venezuela se ha negado a participar en pruebas internacionales como PISA, en las que también participan casi todos los países de la región y en la que de forma autónoma y con mucho trabajo para conseguir los recursos para su financiamiento, participó recientemente, la Gobernación del Estado Miranda.

En todo caso, con pruebas nacionales, internacionales o con una combinación de ambas, como se hace en múltiples países, es imprescindible que existan mecanismos que permitan evaluar periódicamente el desempeño de los estudiantes para poder corregir y reorientar el trabajo de enseñanza en las escuelas.

b) Que con la incorporación de los sistemas de información digitales, el ministerio contaba, a finales de la década de los 90s, con el SISE (Sistema de Información del Sistema Educativo) que, si bien no se encontraba disponible para el acceso público en internet en ese momento, podía ser solicitado y utilizado por cualquier ciudadano para analizar el estatus de la oferta educativa, consultando variables asociadas a las características de infraestructura y dotación de las escuelas, a la matrícula y proyectos desarrollados; incluso, en sus inicios se podía tener con precisión la nómina docente que trabajaba en el sistema escolar por escuela, independientemente de la dependencia de éstas.

Ese sistema evolucionó y se puso a disposición del país en internet. Pasó por varias denominaciones y, la última versión de acceso público, incluía dos mecanismos: uno de consulta, público para todos los ciudadanos que quisieran conocer las características de las escuelas, plantel por plantel, o hacer consultas por unidades territoriales o tipos de escuelas; y uno cerrado para el ingreso de los datos de cada plantel, al que los directivos encargados de cargar la data, accedían con una clave. Ese sistema, a partir del 2005, fue dejando progresivamente de ofrecer algunos datos y en el 2010 fue cerrado totalmente al público, como mecanismo de consulta y acceso a la información. Hasta hace pocos meses, al consultar la página, aparecía un mensaje notificando que el sistema estaba en mantenimiento -el mantenimiento más largo de la historia de los sistemas, desde que existe internet-. Actualmente, las páginas relacionadas con ese sistema dan error y lo único a lo que se tiene acceso, es a un mecanismo para que las escuelas puedan cargar la data, pero sin la posibilidad de realizar ningún tipo de consulta.

Si como dice el objetivo específico del proyecto, el ministerio quisiera contribuir con la democratización del acceso a la información, poniendo a disposición de la ciudadanía las estadísticas y los datos detallados que dice que ofrecerá con la constitución de ese observatorio, podría comenzar por colgar en internet los textos de las memorias y cuentas, incluyendo el capítulo de estadísticas y activar el mecanismo de consulta del sistema de información que desactivó en el 2010.

c) Más que un observatorio para suministrar datos que permitan sustentar la planificación educativa, tal como dice el texto de la justificación de este proyecto, -datos que dicho sea de paso, ya existen en el ministerio aunque no sean conocidos por la ciudadanía, ni tengan la calidad deseable- lo que el país necesita es un sistema de evaluación del desempeño del sistema educativo que tenga dos dimensiones: una que responda al enfoque de derecho y permita valorar que tan cerca estamos, como sociedad, de garantizar la realización del derecho a una educación de calidad para todos, y una que responda a las necesidades de formación que se desprendan de la Constitución y el Plan de la Nación, para verificar si los ciudadanos, al egresar de cada uno de los niveles del sistema, han logrado desarrollar las competencias y construir los aprendizajes que se ofrecen en ellos y que se estiman como deseables para la sociedad venezolana.

Ese observatorio debería, entre otras cosas, tener independencia del poder ejecutivo, es decir, ser autónomo como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) creado en México en el 2002, o como el INEED Uruguayo creado en el 2012. Además de su autonomía, y dado que la certificación de aprendizajes en Venezuela, la realiza de forma particular cada escuela (*), la institución que se cree, debería tener mecanismos de evaluación que permitan mejorar la gestión escolar en sus dimensiones administrativa y pedagógica, pero que también permitan conocer si las escuelas están logrando los objetivos educativos que se plantean y los que, en términos de formación de su ciudadanía, se plantea el país en general.

Vistas las carencias del sistema educativo en cuanto a la producción y acceso a la información y en cuanto a la evaluación de su desempeño, tanto en la garantía y realización del derecho a la educación, como en el logro de la educación deseada, una de las acciones que debería tomar la Asamblea Nacional, es la discusión y creación de un sistema de evaluación del desempeño, autónomo como los existentes en Uruguay o en México, que dé cuenta al país sobre la calidad de la educación que se ofrece y sirva de mecanismo de control del ejecutivo y de referencia al momento de diseñar las políticas públicas educativas.

IV. Consistencia de los planes nacionales con la Constitución

Finalmente, como parte la de su función legislativa, la Asamblea Nacional, tiene el deber de corregir el uso político-partidista que se ha hecho de los documentos aprobados como Planes de la Nación. Este es un aspecto que abarca a todos los sectores de la vida nacional, pero en el caso del sector educativo se relaciona con aspectos muy específicos que, en términos de contenidos y mandatos, no pueden formar parte de esos planes porque constituyen violaciones a los principios y definiciones establecidos en el texto constitucional, y son contrarios a lo consagrado en los acuerdos y pactos internacionales que definen el marco en el que debe garantizarse el derecho a la educación.

La próxima Asamblea Nacional debe devolverle el apego a la Constitución a los Planes de la Nación y debe promover la eliminación de los sesgos político-partidistas que afectan, entre otras, la política educativa y la naturaleza del derecho a la educación en Venezuela.

(*) Al respecto, es importante recordar que, aunque existen programas obligatorios, cada escuela y cada docente diseña su planificación y su evaluación, por lo no que hay parámetros que permitan afirmar con certeza, que dos bachilleres egresados de dos escuelas diferentes, que obtengan la misma calificación como resultado de sus evaluaciones, tengan una formación equivalente en logros y calidad, lo cual deja sin referentes de evaluación de resultados reales al sistema.

 

Tendencia Irreversible

Tendencia irreversible, como título, sin estar en época electoral, debe sonar un tanto extraño, pero en diciembre de 2013, fue aprobado y promulgado lo que debería ser -de acuerdo al artículo 187, numeral 8, de la Constitución- un plan de desarrollo económico y social de la nación.

Sin embargo, no fue eso lo que se aprobó, sino algo denominado “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”, que de acuerdo al decreto publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.118 del 4 de diciembre de 2013, tiene efecto jurídico, y es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional.

El texto aprobado, porque tuvo versiones previas en tiempo de campaña, ha sido mi lectura en estos días de Semana Santa. Decidí releerlo, ahora con más detenimiento y detalle, dada la “Consulta Educativa” que adelanta el Ministerio de Educación.

Tal como recordaba, a pesar de que en el cuarto considerando del decreto legislativo con el que se aprueba, dice que el plan “se fundamenta en los principios y valores de la Carta Magna”, hay dos cosas que resaltan en este texto: la primera, es una serie de objetivos que contravienen lo establecido en varios aspectos de la Constitución, por lo que atentan contra la ya precaria  institucionalidad que tenemos; y la segunda, totalmente consustancial con la primera, es que buena parte de este texto, no es más que un plan de trabajo del partido que está en el gobierno para consolidar un modelo político-cultural que pretende imponer a la sociedad.

Y es que como ya sabemos, el modelo de ejercicio de poder que tienen los que hoy están en el gobierno, establece un solapamiento entre Estado, gobierno, partido que hace que, entre muchas cosas, se utilicen tanto los recursos, como las instancias gubernamentales, para beneficio de la parcialidad política que ocupa los cargos públicos. Es la lógica de ejercicio de la hegemonía del Estado-gobierno-partido, sustentada en la legitimidad de origen del gobierno.

Sin embargo, la legitimidad de origen, que no es otra que la que se le confiere a un gobierno, por haber ganado unas elecciones -una o 19, a los efectos del modelo, es la misma cosa- no le da derecho a tomar por asalto el poder violando, de hecho y con cada hecho, lo establecido en la Constitución. Esa legitimidad no lo faculta para cambiar de facto la Constitución a través de leyes, ni de actos legislativos, judiciales y políticos de cualquier índole.

Dicho ésto, volvamos al texto del “plan”.

Desde el lenguaje presuntuoso y rimbombante, con el que este “plan” promete desde consolidar el proceso revolucionario en Venezuela hasta salvar el planeta y a través de sus 5 “objetivos históricos”, -desarrollados en 24 “objetivos nacionales” y éstos a su vez, en múltiples objetivos “estratégicos y generales”- se revela un modelo político-cultural basado, entre otras cosas, en un esquema de “guerra popular prolongada y asimétrica“.

La doctrina de seguridad y defensa nacional, la ética revolucionaria, el control efectivo del Estado, el desarrollo del “poder popular” consustanciado con las milicias, el empleo de las milicias en las funciones de apoyo al desarrollo nacional, el desdibujo de las organizaciones gremiales, la organización del pueblo para su participación en la defensa integral de la nación, la formación de cuadros, la modificación curricular para incluir estrategias de formación de valores socialistas y patrióticos, la irrupción de un “Nuevo Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia”, la construcción colectiva del nuevo Estado Socialista, bajo el principio de “mandar, obedeciendo”; son elementos que dibujan, a lo largo del texto, un modelo que se sustenta en un enfoque belicoso de relación entre ciudadanos. (Para los resabiados, advierto que también el texto habla de paz y convivencia, pero una paz y convivencia construidas a partir de la identificación con el modelo revolucionario y forjadas en la guerra popular prolongada).

Podría dedicarme a citar punto por punto los elementos que constituyen este modelo y que están expresados en el plan, pero este texto quedaría innecesariamente largo. Además, no hay nada como leerlo de primera mano y descubrirlo de forma progresiva. (*)

Apuesto que, a esta altura, más de uno y con razón, se preguntará ¿qué tiene que ver el título con el texto? ¿por qué hablo del modelo político-cultural que promueve este plan y lo asocio con una tendencia irreversible?

Lo hago, porque creo que, dado el tenor de los acontecimientos que hemos vivido en estos días, hay una peligrosa tendencia que pudiera estar convirtiéndose en irreversible: la muerte de la Política y el predominio de la lógica de guerra como sustento de la dinámica social y de las relaciones de poder entre las personas. Creo que sobre eso tenemos que reflexionar.

Veamos algunos ejemplos:

Un día, los paramilitares del gobierno se meten en una Asamblea en la Facultad de Arquitectura de la UCV y persiguen, amedrentan y vejan a los estudiantes. Días más tarde, los mismos u otros paramilitares más descarados y mejor organizados, se instalan dentro de la UCV a sabotear una manifestación estudiantil y desnudan y vejan a un estudiante, agreden y roban a reporteros, siembran el terror en la Tierra de Nadie.

Al poco tiempo, un grupo de personas obstinadas por la falta de seguridad en Montalbán, agarran, vejan y desnudan a un ladrón, para luego entregarlo a las autoridades. Y algo tan reciente como ayer, un grupo de manifestantes o vecinos o ciudadanos indignados ante el atropello de un borracho oficialista a una señora que manifestaba pacíficamente, deciden tomar la justicia en sus manos, propinarle unos golpes al agresor y destrozarle su camioneta.

Unos con más argumentos que otros, con más indignación que otros, más organizados que otros, más armados que otros, con apoyo del gobierno o sin él, con el beneficio que da la impunidad o con la amenaza de ir presos, en algunos casos protegidos por un escapulario o un rosario y en otros, bajo la protección de la corte malandra; agreden, vejan y toman la justicia, o la venganza en sus manos. Formas muy similares que toma esta guerra popular prolongada, en la que consciente o inconscientemente, hay muchos participando.

Veamos otro ejemplo:

Un día una conocida y querida amiga, sale de su casa y encuentra una barricada, se baja del carro para quitar los obstáculos que le impiden pasar, es agredida por sus vecinos sin mediar razón, porque ellos se sienten propietarios de la calle y asistidos por la verdad de los nobles objetivos de la lucha. Ella, tan opositora y activa como ellos, pero participante de otra estrategia de lucha, responde con igual indignación que sus vecinos, porque si ellos tienen derecho a obstaculizar, ella tiene derecho a pasar. En todo caso, no medió previamente ningún acuerdo, por tanto, a unos y otros parece asistirlos el derecho, a circular y a protestar, al mismo tiempo. Gritos, insultos, empujones y amenazas mediante, hemos visto y conocido escenas como esa en múltiples ocasiones. El fondo de este desencuentro, revela la poca disposición de unos y otros para debatir y coordinar acciones y el entendido, nos guste o no, de que si creemos que nos asiste la razón, tenemos el derecho de imponerle la misma y sus consecuencias a los otros.

Si seguimos escudriñando cómo afloran los matices de esas premisas y esa conducta y nos trasladamos un rato a las redes sociales, encontramos una de sus mayores y más floridas expresiones de ejemplos, que van desde el “despierta” y “sal de tu indiferencia”, que presume que quién no nos acompaña en las acciones que consideramos adecuadas, son indiferentes o están dormidos y no se enteran de lo que sucede en el país (estas agresiones son simultáneas, por cierto, al uso, con mucha frecuencia, de imágenes de jóvenes mujeres “guerreras” y de estudiantes encapuchados en plena “batalla”, para identificar la conducta heroica y a la calificación de todo aquel que emprende una acción para la que parece imprescindible tener coraje, como alguien que sí tiene bolas); pasando por el “colaboracionista” en múltiples tonos y volumen, por el que se supone que todo el que emprende una acción que otro considera que puede favorecer al gobierno, está actuando en complicidad con el mismo y para obtener beneficios personales; hasta llegar a las múltiples y diversas acusaciones de culpabilidad que explican por qué, después de 15 años, aún seguimos con este gobierno.

Y en esta última variante, hay una expresión que se basa en la defensa de unos, a los que se considera que se están atacando injustamente, mediante el ataque férreo a otros, que alguna vinculación tienen o se presume que tienen con los que consideramos que están atacando a quién defendemos. Parece un trabalenguas, ¿verdad?

Pero no, se trata, entre otras combinaciones posibles, de los que defienden a Capriles o a la MUD, atacando con furia a Leopoldo o a María Corina y viceversa. Ataques que van y vienen, como si alguien tuviera una especie de “legitimidad” otorgada por la “lucha” para desconocer el esfuerzo y sacrificio que todos, con sus errores, garrafales o menores, esporádicos o reiterados, le han dedicado al país hasta este momento.

A esta altura, si aún se mantienen leyendo, es posible que muchos estarán arrechos con mi postura, y se preguntarán cómo se me ocurre comparar una cosa con la otra y meter todo en el mismo saco, pero creo que así debemos verlo, que hemos perdido la capacidad para ver la violencia y la lógica de guerra en nosotros, y por eso nos resulta tan fácil y sin cuestionamiento, jugar el juego del gobierno, el mismo juego que adversamos, el de la “guerra popular prolongada y asimétrica”.

Y antes de que se vayan a arrechar más, no se trata de no reconocer el sacrificio de todos y las vidas que han dado estudiantes y manifestantes, así como tampoco, ignorar que en el país hace tiempo que no hay justicia, que los malandros siempre salen premiados y que si los llegan a agarrar, los sueltan, mientras que a nuestros manifestantes, los agarran, los meten presos, los torturan y hasta los violan; que no tienen miramientos con los médicos y los abogados que sólo hacen su trabajo; que cada día las cosas se ponen más difíciles y que la última medida es que, para evitar que se divulgue lo que aquí está pasando, la orden es quitar los celulares a quienes manifiestan o andan por la zona; que estos tipos violan la Constitución a diestra y siniestra, usan el ventajismo y la impunidad para violar nuestros derechos y para que sus grupos paramilitares y los órganos de seguridad del Estado puedan amedrentarnos.

Tampoco se trata de desconocer que nuestros líderes, dentro y fuera de los partidos, excluidos de la toma de decisión formal en la MUD, o incluidos y aprovechándose de ello, han abusado de la confianza de la gente, y que a falta de espacios de entendimiento, en este tiempo todos, sin ninguna excepción, han participado en una batalla de agendas en los medios y en la calle, porque creen, a la vieja usanza, que quién impone la agenda en la calle, logra imponer los temas y la conducción de la agenda. Unos apuestan a un discurso más racional y otros a una acción más “contundente”, pero todos usan el mismo mecanismo de guerra para dirimir la agenda opositora, para lograr imponer liderazgos y estrategias, pero el resultado es la exclusión, cuando deberíamos estar construyendo un liderazgo colectivo y una estrategia coordinada, que se ha demostrado, son nuestros mejores fuertes.

Teniendo claro de qué se trata y de qué no, tenemos que preguntarnos si en efecto y hasta qué punto, la lógica de guerra nos tiene invadidos, si vamos a avalar a quiénes emulan lo que adversan con sus acciones, si esa es nuestra única posible respuesta.

La lógica mediante la que se lucha y por la que se toma del poder se sustenta en el mismo modelo ético-político con el que se ejerce el poder cuando se tiene. Pensemos si eso es lo que queremos para Venezuela.

Mirémonos en el espejo de aumento que tenemos hoy en el gobierno. Muchos de ellos, hace 3 décadas hacían guerrilla urbana para tomar el poder y hoy, atacan con grupos paramilitares para mantenerse en él; otros conspiraban en los cuarteles para tomar el poder y hoy, reprimen brutalmente a todo el que manifiesta.

Pensemos que ese modelo político-cultural que declara enemigo a todo con el que no estoy de acuerdo, no es exclusivo de los que se encuentran ejerciendo el gobierno en este momento. El odio se expande del que piensa diferente y apoya al gobierno, al que piensa diferente pero apoya a otro dentro de la oposición, que no es al que yo apoyo. El odio se expande en la medida que crece y se internaliza la práctica del maniqueísmo, de dividirnos en buenos y malos.

Mientras tanto, la inseguridad y el desabastecimiento crecen, así como crecen las restricciones y las horas haciendo cola. Aparecen dos muertos en el Guaire desechados en bolsas negras. Cada día caen más estudiantes presos, más tiempo pasa para los presos políticos que tienen meses y años en la cárcel.

Deberíamos estar todos solicitando la nulidad del “plan” por inconstitucional, pero, en su lugar, pareciera que el comportamiento que se desprende del modelo político-cultural que lo sustenta, representa, para muchos, una tendencia irreversible.

(*) Si no se lo ha leído, o se leyó una versión previa a la aprobada, aquí lo tiene para que lo pueda revisar en detalle.

¡Menos mal, regresó la normalidad!

Leo algunos mensajes en twitter y facebook que advierten el peligro, o plantean el temor, de que la gente deje las calles y el país vuelva a la “normalidad“. También leo mensajes de algunos oficialistas que celebran, con la llamada “toma militar de Altamira“, el regreso a ella.

Quienes tienen ese temor, o esa satisfacción, dependiendo del caso, creo que no entienden que ésta, la dinámica de protestas y represión que vivimos, es la nueva normalidad” que tenemos y tendremos, es la única “normalidad” posible en la Venezuela “revolucionaria”, la única “normalidad” viable para garantizar la supervivencia de quién excluye y desconoce al que piensa diferente y sólo sobrevive cuando logra asfixiar, hasta desaparecer, toda disidencia.

Si cesaran las protestas o cediéramos la calle, lo que vendría no sería jamás una vuelta a una “normalidad” precedente. Ni a la pasada reciente que esperan algunos oficialistas, ni a la pasada remota que añoran y desean algunos opositores.

Lo que vendría sería una evolución de la “normalidad” que vivimos, que obviamente, representaría una involución mayor en nuestra vida republicana.

En esa “normalidad” seguiría profundizándose la crisis económica, las empresas seguirían quebrando, los anaqueles estarían más vacíos, las colas se harían más incómodas y recurrentes y la gente se pelearía por agarrar el pollo que le corresponde esa semana, de acuerdo a lo que dice su tarjeta de racionamiento.

Nuestros jóvenes seguirían emigrando, pero lo harían por tierra, ya que sería más difícil conseguir pasaje en los pocos vuelos que entren y salgan de Venezuela. Mientras tanto, los “enchufaos” de turno pasearían por el mundo con dólares preferenciales o haciendo derroche de recursos mal habidos.

La delincuencia seguiría desatada, pero sentiría el reimpulso de la impunidad renovada, que le daría haber sido protagonista y artífice del éxito oficialista, a puños y tiros, en algunas de las batallas de esta guerra que el gobierno tiene con el pueblo. La Guardia Nacional y la Policía Nacional seguirían en las calles, en las salidas de los metros, en las paradas de buses, en las puertas de las universidades y en las esquinas, “sembrando paz“, requisando a todo el que circula y susurrando temor a sus oídos para que no se le ocurra pensar diferente.

Las cárceles seguirían en franco deterioro y los presos, políticos y no políticos, hacinados y con sus derechos humanos violados, frente al descarado y creciente privilegio que seguirían teniendo los pranes y sus mafias.

Las escuelas seguirían, algunas en terribles condiciones y otras remachadas y retocadas, pero en todas los docentes se verían obligados a aprender y replicar la religión-política, que coloca a Hugo Chavez a la derecha de Dios Padre, o en su lugar, según sea la tendencia.

Los hospitales seguirían sin insumos y las colas de enfermos esperando tratamiento u operaciones, crecería en medida inversamente proporcional a sus esperanzas.

En su esfuerzo por apagar toda opinión libre y disonante, veríamos más intentos de borrar la presencia de las voces disidentes en la Asamblea, allanando la inmunidad parlamentaria de nuestros diputados e imputándoles cargos de traición a la patria por defender nuestros derechos; también seríamos testigos todos los días, de esfuerzos para anular la acción de las personas y organizaciones encargadas de defender los derechos humanos; seguiría la confiscación del poder de las instancias de gobierno de los Estados y Municipios donde no ganó el oficialismo, a través de la reducción de sus presupuestos y de la instrumentación de mecanismos inconstitucionales de “gobierno” paralelo; y continuaría la expansión del monopolio gubernamental de los medios de comunicación, aumentarían las horas de amenazas e insultos en cadena nacional y se incrementaría la mordaza que se impone a periodistas y medios que se atreven a contar al país o al mundo, algo de lo que aquí realmente sucede.

Los empleados públicos seguirían siendo obligados a bajar la cabeza, a vestirse de rojo y a profesar lealtad a la “revolución” apoyando sus actos públicos y privados; terminaríamos de entregar la soberanía y el petróleo a Cuba y tendríamos comisarios políticos y soplones, cubanos y venezolanos, por todos lados. Crecería el número de “beneficiados” por las misiones, pero, por falta de recursos, su instrumentación apelaría a un método de asignación intermitente que dejaría a todos con la esperanza de que su cheque o su beneficio, saliera efectivamente en la tanda siguiente.

En esa evolución de la “normalidad” revolucionaria, se seguiría tejiendo, con la práctica, una instrumentación de la Constitución a la medida, que terminaría violando toda letra que resultara incómoda a la “revolución“; la renovación de los poderes públicos se haría con la señal de costumbre, dejando en los cargos de confianza a los que corresponda, según lo largo del enroque, o a nuevos militantes, tan leales a la “revolución” o más, que sus ocupantes precedentes.

En ella, el odio y la división se profundizarían y el enfrentamiento sería convenientemente callado, por el terror de las armas.

Aparentemente, nada cambiaría, pero todo sería progresivamente diferente.

Así que con la normalidad que tenemos o con la que le seguiría, en la lógica “revolucionaria“, sería imposible volver a algo que se le pareciera a la “normalidad” que unos desean o la que otros recordamos, con o sin nostalgia, porque el pasado, es pasado y ya no vuelve y porque la única “normalidad” posible con esta “revolución” es una que esté alineada a sus ideas y alineada con la sumisión.

Sin embargo, si asumimos al presente y al pasado como oportunidades de aprendizaje, hay una “normalidad” diferente, que sería posible y que, entre todos, podemos construir y hacer viable.

Una “normalidad” en la que Venezuela sean en efecto una República, con ciudadanos responsables y gobernantes, eficaces, eficientes, probos y éticos; con una institucionalidad, en teoría y práctica democrática; un país productor, próspero y creativo, con un Estado que garantice los derechos de todos, sin distingo, que trabaje a fondo por eliminar las desigualdades y la división social y que se encargue de promover una elevada calidad de vida para todos.

Construir esa “normalidad” requiere tiempo, dedicación y esfuerzo, entrega y sacrificios; requiere mantener nuestra voz de protesta, y simultáneamente, reconocer, respetar y aceptar al otro, para iniciar un cambio profundo juntos; requiere, en la intimidad, revisarnos en detalle y dejar los viejos hábitos que constituyen la “viveza del venezolano“; requiere salir a la calle día tras día a ser y construir un país diferente.

Que tengamos una u otra “normalidad“, de nosotros depende.

¡Nos vemos en la calle!

PS: Tal como dicta la “normalidad” y por sugerencia de algunos lectores, hice unos cambios en la “vista” del blog, pero las limitaciones de las plantillas disponibles, no dieron los resultados esperados, así que seguiré buscando opciones y mientras, disculpen el grotesco tamaño del encabezado y de las letras.

Guerra asimétrica como política de Estado

Cuando dos grupos están en conflicto y uno de ellos utiliza estrategias de guerra para la confrontación, estamos en guerra.

En nuestro caso, aunque no queramos asumirlo, el gobierno nos tiene sumidos en una descarnada guerra, una salvaje guerra asimétrica: Paramilitares, GNB y PNB, contra ciudadanos en protesta pacífica.

Opositores al gobierno convocan una manifestación y el gobierno convoca otra. Los opositores anuncian que se trata de una marcha con un objetivo y una ruta determinada, el gobierno, haciendo alarde de su total abuso de poder, no sólo niega el permiso para transitar por esa ruta, sino que convoca su manifestación hacia el mismo punto, o hacia uno que resulte más emblemático para demostrar que sus partidarios tienen pase de cortesía hasta para Miraflores, mientras que todo el que se le oponga tendrá el paso restringido o bloqueado.

Para “neutralizar” la capacidad de movilización de la oposición, el gobierno anuncia la toma de espacios públicos y realización de conciertos, pero también dice, sin que medie pudor alguno, que para manifestar, un municipio caraqueño gobernado por un alcalde de su tolda política, es espacio vedado para la oposición.

Cuanto más restricciones se imponen desde el poder, más manifestaciones convocan y realizan los opositores. El gobierno, para completar su cerco, decide sin motivo, cerrar buena parte de las estaciones del metro para evitar el traslado “inconveniente” de quién quiere protestar en estos momentos.

Pero esta dimensión de la guerra asimétrica tiene otra terrible cara. En las manifestaciones pacíficas de los opositores, ante cualquier excusa y sin previo aviso, la GNB desata una lluvia de gases lacrimógenos de diverso tipo.

Si, ante la lluvia de gases, a los opositores no les da por salir corriendo, les salen también sus dosis de perdigones, aderezados con metras o a disparados a quemarropa.

Pero como la represión no es sólo labor de la GNB o de la PNB, es muy común que las manifestaciones sean agredidas por los grupos paramilitares afectos al gobierno, que hemos visto en innumerables oportunidades protegidos y escoltados por la GNB.

En los enfrentamientos resultantes de la represión a las manifestaciones, muchos periodistas son agredidos y su material es decomisado, para que ni el país ni el mundo se enteren, de primera mano y de buena fuente, lo que aquí ocurre. Algunos han sido detenidos y otros están amenazados por la violencia de los grupos paramilitares.

Estos periodistas, por cierto, como parte de esa guerra asimétrica, tienen restringida también su libertad para informar, ya que la mayoría de los medios de comunicación han pasado a estar controlados por el Gobierno, algunos de los que no están totalmente controlados, se aplican autocensura, y porque las restricciones, como la de no otorgar los dólares para la compra de papel con el que se imprimen los periódicos, ha hecho que varios medios hayan tenido que cerrar y otros, disminuir a su mínima expresión sus versiones impresas.

Pero como si eso no fuera poco, los medios también son acusados de conspiración por el gobierno, y en más de una oportunidad han tenido que enfrentar denuncias ante los tribunales.

Como colofón de la guerra asimétrica en su dimensión comunicacional, es importante recordar que mientras la oposición hace maromas para poder comunicar lo que aquí sucede, utilizando fundamentalmente, SMS, internet y las redes sociales, el gobierno, haciendo alarde de todo su poder y control, realiza interminables cadenas de radio y televisión en las que presenta, no sólo su lectura de la historia, sino su versión de lo que sucede en la cotidianidad, a modo de “historia contemporánea oficial“, aprovechando para insultar y amenazar, para no perder la costumbre, a todo el que ose manifestar o pensar diferente.

En las últimas semanas, tal como sucediera el 11 de abril de 2002, esas cadenas casualmente coinciden con una fuerte embestida de los grupos paramilitares o de la GNB y la PNB a algún grupo de manifestantes, de los que se mantienen a toda hora en las calle haciendo ejercicio de sus derechos políticos.

Esta guerra asimétrica, hasta la fecha, ha tenido cientos de heridos, más de dos decenas de muertos -varios de ellos por tiros en la cabeza-, y muchos detenidos, de los cuales, muchos también han sido torturados. Las cifras con detalle y precisión las llevan actualizadas las organizaciones de defensa de los derechos humanos que han hecho un magnífico y duro trabajo en estos difíciles años y especialmente en estas últimas semanas.

A los jóvenes que protagonizan las protestas, se les persigue, golpea y detiene.

Cuando cae la noche y hasta la madrugada, los grupos paramilitares y la GNB arremeten contra diversos espacios en los que los manifestantes se mantienen haciendo resistencia y como consecuencia del uso ilegal y desmedido de la fuerza, muchos niños y ancianos son afectados, así como todos los ciudadanos que se encuentran resguardados en sus hogares y no están participando de ninguna forma en la protesta. En estas arremetidas se practican allanamientos sin orden judicial, que son ilegales y también violan los derechos humanos de los ciudadanos.

Para rematar este dantesco panorama, ayer Nicolás Maduro, anunció que emplearía “medidas drásticas” para extinguir las protestas. Así el gobierno asume con firmeza su declaración de guerra a quién ose disentir y reclamar y como debe ser poco asimétrica a sus ojos esta guerra, promete darle mayor intensidad.

Pero es menester recordar que esta guerra asimétrica no comenzó el pasado 12 de febrero, ni el 2 o el 4, en respuesta a las manifestaciones de los estudiantes, esta guerra de los violentos contra el país, tiene ya varios años, ha evolucionado en intensidad y forma y se ha nutrido, por una parte, con el discurso incendiario y de odio que han empleado desde antes del inicio de esta etapa, sus voceros, comenzando por el ex-presidente Chavez que desde su campaña electoral, en 1998, profería amenazas contra los políticos del estatus quo; que posterior a su toma de posesión, desde la presidencia, se encargó de insultar y amenazar al sector con el que se planteara el conflicto de turno, incluyendo a la iglesia, para mantener la efervescencia de su mandato.

También se ha nutrido de la promoción del enfrentamiento permanente utilizado como táctica para fomentar la división nacional. Esta tuvo como uno de sus primeros eventos y seguramente ya olvidado por muchos, cuando por televisión, Chavez increpó a Elías Santana, como representante de las organizaciones de la Sociedad Civil en ese momento, a encontrarse, cada uno y frente a frente con su “Sociedad Civil” en una esquina y así medir sus dimensiones y fuerzas.

Pero uno de los alimentos más funestos de esta guerra, ha sido el visto bueno que el gobierno le dio a sus grupos de choque, de “liberación” o de guerrilla, y ahora autodenominados “colectivos”. A esos grupos, totalmente irregulares en la lógica institucional de un Estado, el gobierno, desde sus diversos frentes, los promovió, armó, apoyó y hasta les ha dado informalmente “competencias”, en cadena nacional, para “resguardar el orden”.

Estos grupos paramilitares, que tienen mucho tiempo operando y organizándose a la sombra y con el visto bueno del gobierno, tuvieron como precedente de anuencia para actuar en la calle, en contra de las manifestaciones opositoras, en el 2002, el día que los grupos armados dirigidos por Lina Ron se apostaron frente a una manifestación opositora que protestaba pacíficamente a las afueras de la sede del TSJ, y ante los ojos de la policía y la guardia, la atacaron para sacarla de allí.

Estos grupos paramilitares, se han convertido en el soporte del gobierno y, cada vez mejor armados y organizados, han sido protagonistas también del incremento de la inseguridad en el país y corresponsables de los más de 200.000 asesinatos que hemos tenido en los últimos 15 años. (*)

Estos grupos gozan de total impunidad, ante la mirada cada día menos incrédula de la población.

Impunidad para los paramilitares, como para los pistoleros de Puente Llaguno en el 2002, mientras quién disiente puede tener garantía de cárcel, a pesar de que no medie, para ello, un juicio justo o apegado a derecho. En algunos casos hemos visto con total indignación, como frente a un abuso de poder y violación de los derechos humanos de algún manifestante, el brazo judicial del gobierno en esta guerra asimétrica, termina incriminando a las víctimas y endilgándoles algún delito para garantizar su juicio y potencial condena.

La criminalización de la protesta es también una táctica empleada en esta guerra asimétrica del poder contra la población.

Actualmente, el brazo judicial del poder, tiene el descaro de ordenar a algunos Alcaldes el desmantelamiento de las barricadas ubicadas en sus municipios, omitiendo la que debería ser una orden, sino previa, simultánea, al gobierno nacional, de desarmar a los grupos paramilitares autodenominados colectivos.

Pero la asimetría de esta guerra, en la dimensión judicial, no se restringe a la impunidad de unos y la incriminación de otros, sino que se extiende al mundo de los privados de libertad.

Ya son conocidas por todos, las precarias condiciones en las que se encuentran las cárceles venezolanas y el terrible hacinamiento de los privados de libertad, pero, esta situación por una parte, contrasta con los privilegios que reciben los pranes que en ella habitan y a los que, en muchos casos, el gobierno ha cedido de hecho el control de las cárceles; y por la otra, se hace peligrosamente grave con el trato vejatorio e inhumano al que son sometidos algunos privados de libertad cuyos casos están vinculados con hechos políticos y que, han tenido como consecuencia el riesgo de la salud y hasta de la vida de los mismos. Esta situación en las prisiones, contraviene a todas luces, lo establecido en las convenciones sobre derechos humanos de los privados de libertad.

Pero la progresión de esta guerra asimétrica, tiene muchas otras dimensiones.

Una de ellas se manifiesta, específicamente en los momentos electorales. En esos casos y a lo largo de todo el proceso electoral, hemos estado en presencia de tácticas de guerra asimétrica en las que el gobierno hace uso descarado de los recursos públicos para garantizar la penetración de su campaña por todos los medios -inclusive utilizando regalos masivos de bienes e insumos con la pretensión de obtener votos- y la movilización de los votantes a los centros el día de las elecciones.

Esta movilización, por cierto, está acompañada de una logística previa y en el momento de la votación, que incluye la ubicación de personas, con nombre y apellido y lugar de residencia, el despliegue de una red de búsqueda y traslado a los centros de votación y el pase de asistencia, con firma del votante incluida en los kioskos denominados “puntos rojos” que se ubican en las cercanías de los centros electorales, y también, la vigilancia del votante en el momento de emitir el voto, para que no se “confunda” en su elección.

Estas tácticas electorales son complementadas con las amenazas de rigor, para que los funcionarios públicos y los beneficiarios de las misiones asistan a los actos de campaña organizados por el gobierno; para que, en el momento de la votación, no se quede ninguno de los de sus listas sin votar; y para los quienes tengan preferencia por opciones diferentes a las del gobierno, no puedan ejercer su voto libremente.

A lo largo del día, estas tácticas electorales son acompañadas por acciones de amedrentamiento protagonizadas por los grupos paramilitares del gobierno, que en sus motos recorren las ciudades y que, en horas de la noche, cuando no se han cerrado las mesas o se comienzan a realizar los escrutinios, se apostan afuera de los centros electorales para atemorizar a votantes, testigos y miembros de mesa.

Otra dimensión en la que se observa la progresión de esta guerra asimétrica, es en desarrollo institucional del Estado. En esta dimensión se conjugan múltiples tácticas que se entrelazan con otras dimensiones. Pero específicamente, es importante mencionar la violación permanente de lo establecido en la legislación que establece las bases y las reglas del juego institucional en Venezuela, comenzando por los convenios sobre derechos humanos y por lo establecido en la propia Constitución.

Si nos ponemos a enunciar las violaciones y distorsiones que hemos presenciado en estos 15 años, la lista sería larga. Pero quizá baste como ejemplo, con citar a una de las más ilustrativas de la distorsión institucional que se deriva de esta nefasta práctica, que es la aprobación de un plan de la nación que, en lugar de constituir un proyecto para un país que debe garantizar inclusión y pluralidad política, tal como se establece en la Constitución, se convierte en un instrumento para desarrollar un proyecto partidista específico, el proyecto del partido que se encuentra ejerciendo el gobierno.

Las violaciones registradas en este campo, son agravadas por una instrumentación recurrente del mecanismo habilitante para dejar en manos del poder ejecutivo la elaboración y modificación de los textos legales, desplazando del debate de los representantes del pueblo, electos en cada Estado, y traspasando al ejecutivo el poder para legislar. Y también por una distorsión de la dinámica natural de los espacios parlamentarios, cuando se trata de neutralizar el trabajo de los diputados de los grupos opositores y de todo diputado que disienta del poder establecido, con prácticas vejatorias y antidemocráticas que han incluido restricciones en el derecho de palabra, insultos, abucheos por parte del público presente en las sesiones de la Asamblea Nacional, amenazas y hasta agresiones violentas por parte de otros parlamentarios o de individuos ajenos al parlamento que entraron con la anuencia de la directiva de turno de ese poder.

En esta dimensión, por cierto, se han dado tácticas que se cruzan con la dimensión comunicacional de esta guerra, cuando se ha limitado la entrada a algunos medios y periodistas para cubrir las sesiones de discusión en la Asamblea Nacional.

Son 15 años de una instrumentación progresiva de tácticas y mecanismos que han terminado sumiendo a Venezuela en una terrible guerra asimétrica que tiende a agudizarse en estas últimas semanas con la salida permanente de la población a protestar en las calles y el empeño del gobierno de arremeter contra ellas, en lugar de buscar mecanismos para el entendimiento nacional y la solución a los múltiples problemas que dan origen y sustento a estas protestas.

Frente a eso, por cierto, algunos se preguntarán por la actuación de los otros poderes públicos en los que se debería sustentar la defensa del pueblo y la preparación de los casos en los que se deberían enjuiciar a quiénes comenten delitos y violan los derechos humanos de la población.

Bueno, nuestra historia en esa dimensión está marcada por notable inexistencia de división entre los poderes públicos que hace que la Fiscalía actúe como un instrumento del ejecutivo para dar forma a la criminalización de la protesta y de la disidencia y que la Defensoría pretenda actuar como Fiscalía en algunos casos, pero que termine actuando como Procuraduría en todos, pero en lugar de defender al Estado, se comporte como el abogado defensor del partido de gobierno y sus prácticas de abuso de poder. Para corroborar ésto, basta con escuchar la presentación reciente del informe de la Defensoría del Pueblo sobre las denuncias hechas por las organizaciones que defienden los derechos humanos y ver cómo dedicó gran parte de su intervención a presentar “la historia oficial” de los hechos, y no la información que sustenta los casos de violación de los derechos humanos de los ciudadanos.

Aún faltan por mencionar otras dimensiones en las que se desarrollan y se han desarrollado, durante estos 15 años las tácticas que han sustentado y nos han llevado a este estado de guerra asimétrica. Sin embargo, mencionarlas todas haría demasiado extenso este escrito.

No obstante, hay una dimensión en la que la asimetría de esta guerra, a pesar de estar en su contra, juega a favor de los opositores, esa es la dimensión de las acciones de calle, y aunque parezca paradójico viendo lo que sucede, juega a favor, cuando la ventaja se expresa en otras unidades, porque frente al poderío de las armas del gobierno, frente al constante abuso de poder y la impunidad de los grupos paramilitares, se yergue inteligencia y persistencia incansable de jóvenes estudiantes, liceístas y universitarios; la creatividad de artistas que ponen su grano de arena para promover la reflexión en las calles; la insistencia de los ciudadanos indignados y cansados del descalabro institucional, económico y político en al que se ha llevado el país y el empuje de un liderazgo político que se reconstruye en medio de este proceso, todos ellos, con sus errores y sus aciertos, con sus malas y buenas tácticas, dan un espacio de respiro a la esperanza.

Pero para que este espacio de respiro no se asfixie, requiere revisarse y emprender una ruta de encuentro, desde las bases y con total humildad y reconocimiento del otro, con quiénes, desde otras historias de vida y por razones totalmente valederas, se aproximan a la dinámica del país, desde otra perspectiva, con otras prioridades y otras tácticas.

#SOSVenezuela

(*) Aquí encontrarán una progresión de las cifras de fallecidos por año.

Politizando el asesinato de Mónica y Thomas

Hace un rato decía en FB y Twitter que desde que leí sobre el abominable asesinato de Mónica Spears y su esposo esta madrugada, no hago más que pensar en esa criatura de 5 años con una herida de bala en la pierna y los cuerpos sin vida de sus padres a su lado, abandonada a su suerte en una carretera… para ella, a partir de hoy, seguridad, Venezuela y vida serán vocablos con un muy diferente significado.

Sin embargo, ahora dedicaré estas líneas a contribuir con la “politización” del hecho.

Señores de los medios, hablen claro y dejen la autocensura pacata:

1. Mónica y Thomas fueron brutalmente asesinados y su hija sobrevivió a un terrible episodio de violencia protagonizado por unos antisociales.

2. Ustedes como todos, saben que las vías en Carabobo están en pésimo estado y cuando baja el sol se convierten en zonas altamente peligrosas en la que los delincuentes estilan lanzar objetos a los carros o colocar obstáculos, para obligarlos a parar y asaltarlos. Eso es demasiado frecuente como para no tener un reporte con estadísticas y que los organismos de seguridad tengan políticas para eliminar esos permanentes riesgos. Además, vendrían bien unos reportajes con fotos de las troneras y el reclamo de un plan de asfaltado general de esas vías.

Señores del gobierno, simpatizantes de los gobernantes y ciudadanos que le temen a la “politización”:

1. La vida y la seguridad son derechos humanos y como ciudadanos no sólo tenemos el derecho a que se nos garanticen, sino el deber de exigir que se garanticen para todos; mientras que el Estado, a través de los organismos competentes tiene el deber de garantizarlos a todos sin ningún tipo de discriminación. Así son las cosas con los derechos humanos, les gusten o no.

2. El derecho a la vida y a la seguridad son asuntos políticos, se desarrollan con legislaciones y políticas públicas. Como tales son asunto de todos y en nuestro caso, el artículo 62 de la Constitución consagra el derecho de todo ciudadano a participar en la definición y evaluación de dichas normas y políticas.

3. Lo que no se puede hacer ni con los derechos humanos, ni con el Estado, ni el gobierno, es partidizar su garantía o su gestión, como estamos cansados de verlo en estos 15 años. Tampoco está permitido utilizar los recursos del Estado y del gobierno para instigar a otros a violar las leyes o los derechos humanos, ni promover el uso de la violencia, con hechos y discursos desde el poder. Eso es contrario a los derechos humanos y a la institucionalidad democrática.

Así se llaman a las cosas por su nombre y se polítiza lo que se tiene que politizar.

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