Derecho a la Paz en #12AccionesPorLaPaz

Ayer, con la coordinación del Centro de Justicia y Paz, Cepaz, se iniciaron unas jornadas de activismo por la paz y los derechos humanos. 
Éstas se estarán desarrollando entre el 21 de septiembre, que se conmemora el Día Internacional de la Paz, y el 2 de octubre, que es el Día Internacional de la No Violencia.
La idea que impulsa a CEPAZ para organizar estas jornadas, es promover la paz en el país, para fomentar la tolerancia y el respeto a las diferencias, con la premisa: “pequeñas acciones ciudadanas hacen posible cambiar la manera en que nos relacionamos con los demás, y que si estas se replican durante varios días, terminan convirtiéndose en un poderoso agente de cambio”.
Aquí les dejo el video de presentación de esas jornadas:


Así, en la #PlazaFrancia de #Altamira, diversas organizaciones y personas estuvimos dándole vida a #PasaTuGrulla, doblamos grullas con la orientación de los voluntarios de CEPAZ, pero especialmente, con la sapiencia de las queridas Lidia Coronado (@lidiaorigami en instagram) y Giannina Provenzali (@laprovenzalita)
Y también hablamos sobre los 12 derechos.
Aquí les dejo, ordenadas y redactadas, parte de las ideas, que compartí sobre el Derecho a la Paz.

En términos llanos y sin pretensión de hacer referencia a teorías, podemos decir que la Paz es un estado y un propósito, social y personal, pero también es un derecho humano.
La Paz se experienta internamente y se desarrolla en un contexto que la determina.
Como estado y como propósito, es dinámica, por ello, las sociedades y las personas, estamos en una búsqueda y reconstrucción permanente, interior y de las condiciones de contexto, que nos permitan experimentarla y mantenerla.
Como estado, en las sociedades y las personas, se experimenta como equilibrio, estabilidad y tranquilidad, y para las sociedades, se traduce en convivencia.
Como propósito, la búsqueda incluye que cesen la guerra y la confrontación y se superen la ira, el odio y el resentimiento. 
Como derecho humano, la Paz es un derecho complejo que, para realizarse, depende de la garantía de muchos otros derechos.
Entre los derechos relacionados con el derecho a la Paz, de acuerdo al sistema de Naciones Unidas, tenemos el derecho a la participación, política y en los asuntos públicos, lo que implica que se garanticen y se ejerzan los derechos a la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión.
Tenemos el derecho a la justicia en todas sus dimensiones que incluyen el derecho a la verdad y a la reparación en casos de violaciones de derechos humanos; el derecho a la seguridad también en todas sus dimensiones, incluyendo el derecho a exigir el desarme completo, pero también, el derecho a vivir en un ambiente sano.
Enlazados con ellos y en consecuencia, se requieren garantizar el derecho a la objeción de conciencia, a la resistencia y a la desobediencia civil, especialmente en contextos en los que la Paz esté amenazada y en los que el régimen viole los derechos humanos; así como el derecho a emigrar y al refugio.
Y finalmente, se relacionan y determinan la garantía y posibilidad de realización del derecho a la Paz, derecho al desarrollo y a tener un medio ambiente sostenible, pero muy especialmente, un derecho que como el derecho a la Paz es transversal y complejo, el derecho a la educación, que en este caso, se enfoca en ser educado en y para la paz.
Como se trata de un derecho humano, es importante señalar que los ciudadanos, todos y sin discriminación, somo titulares del mismo y el Estado, tiene la obligación de garantizarlo de forma adecuada y oportuna.
Obviamente, las personas tenemos responsabilidad en la construcción de la Paz. Esa responsabilidad se expresa en el reconocimiento y respeto al otro y en la construcción y mantenimiento de la convivencia, fortaleciendo la institucionalidad y respetando las normas que, como sociedad formalmente, nos damos. De igual manera, se expresa en el ejercicio de nuestro deber como ciudadanos, a exigir al Estado que garantice la Paz para todos. 
En esa exigencia, que es la forma que toma lo que se denomina actualmente, corresponsabilidad, es importante que los ciudadanos seamos especialmente activos exigiendo a los organismos del Estado, la garantía del derecho a la Paz y todos los derechos que la hacen efectiva, y recordando que no se puede restaurar un derecho, o la inclusión de sectores en una sociedad, apalancándose en la violación de los derechos, o en la exclusión, de otros. No se puede incluir, a través de la generación de nuevas o diferentes formas de exclusión.
Y en el plano social y personal, es importante recordar que no se puede construir la Paz, cultivando el resentimiento.

Como era de esperarse, la 4.000 estuvo presente. 


Foto de Ana María Ramírez (@amramirezy) Gracias Ana, por la idea y la foto.

Anuncios

Mar de fondo

Ayer Nicolás Maduro hizo varios anuncios y declaraciones solapadas en medio de una simulación-caricatura de asamblea popular.

Al grito de ¿quieren que congele los precios? la gente respondía con consignas afirmativas, y Maduro decía “aprobado”. Esa fantochada la hemos visto muchas veces, no es ninguna novedad.

Tampoco es novedoso, de hecho, cada vez es más frecuente, que Maduro le pida a la gente que salga a defender sus decisiones en la calle. Sin embargo, ayer esa solicitud iba acompañada de la advertencia de que sus decisiones y políticas no podían ejecutarse sin el concurso de la gente defendiendo su ejecución en la calle.

Luego, volvió a invocar la inconstitucional condición de la “unión cívico-militar” como soporte de las acciones de “defensa” que debía hacer el pueblo en la calle.

Ese conjunto de declaraciones, lo hemos visto muchísimas veces, con distinto orden y variadas intensidades en los más diversos contextos desde hace tiempo.

Esta vez, llama la atención su combinación, la intensidad y el significado de lo que plantea. Maduro llamó a sus partidarios a la confrontación en la calle, mentando la Paz, antes, durante y después, pero ese fue el llamado.
También anunció una inaceptable “constituyente”, cuya presentación tiene tantas irregularidades como provocaciones, pero con la que pretende decretar la muerte de la República y que hizo que el país centrara la atención en ella. Un paso más en el golpe de estado continuado que su gobierno tiene años dando.

Ante ese anuncio, entiendo que lo natural es que la gente centre su atención en la “constituyente”, pero Nicolás Maduro anunció el paquete completo.

“Constituyente” ilegal y chimba y congelación de precios, no tienen vida sin la confrontación en la calle. La dictadura lo sabe y su jugada, ante la presión internacional y el incremento de las protestas, fue escalar el conflicto, pero poniéndolo en manos de la gente. Delegando en las personas el control de la pretendida y sobrevenida “institucionalidad”.

Esa jugada, se apoya en la necesidad de la gente y busca que sus partidarios, aquellos que estaban volteándose por cansancio y desesperación, vuelvan al “redil” y se conviertan en los protagonistas de la confrontación.

El gobierno sabe que cuenta con la FANB, la GNB, la PNB y la mayoría de las policías estadales y municipales, pero además, sabe que tiene a su servicio a todos los grupos paramilitares y parapoliciales que ha creado, financia y protege, y también tiene a los inconstitucionales milicianos. Los hemos visto actuando conjuntamente.

El gobierno sabe que cuenta con las armas, ante un país, desarmado pero en protesta. El gobierno actúa con la petulancia del que sabe que no tiene la razón, pero que opta por la sumisión del contrario porque tiene el poder del fuego, los recursos y las mafias.

El gobierno llama a sus partidarios a la confrontación, que no es más que la declaración de una guerra civil, con esquema de guerrilla y disfrazada.

Eso, como la ilegalidad de la “constituyente”, debe saberlo el mundo y nosotros debemos tenerlo muy claro.

Hoy vimos las primeras muestras de cómo se puede desarrollar esa confrontación en la calle.

Escribo ésto, luego de regresar de la tranca en la Trinidad, y de leer en las noticias que unos paramilitares, de los que acompaña y protege siempre la GNB, hicieron un boquete en un muro de un edificio residencial en una zona de Caracas, que ardían dos apartamentos incendiados -no se sabe si por acción de unas lacrimógenas que lanzó la guardia o por acción de los paramilitares-, que hay varios sitios donde se mantiene la represión y que hay un grupo de oficialistas lanzando cohetes y piedras al Palacio Legislativo y amenazando con tomarlo.

Creo que debemos meter también esta dimensión de los anuncios de Maduro ayer, de lo que sucede, en nuestros análisis y escenarios de decisión y que debemos hacer la denuncia internacional, apoyándonos en la transmisión que se hizo de su discurso, desde la concentración oficialista.

Una toma de la tranca en la Trinidad, hoy 2 de mayo, 2:20 pm

_DSC5677 (2)

Para terminar, les dejo este fragmento de lo que acabo de vivir, para pensar:

En el camino de ida a ver cómo estaba la tranca esta tarde, me crucé con mucha gente tratando de llegar a un lugar en el que pudieran agarrar un bus o una camionetica. Nunca me había cruzado con tantos chavistas en esa zona. Todos estaban arrechos porque no podían ir a sus casas.

Supe que eran chavistas porque cuando pasaban decían bajito “viva Chavez” para que lo escuchara la persona con la que se cruzaban, o hacían algún comentario crítico a la tranca.

Uno de los que habló un poco menos bajo, dijo: ¿vieron, esa es la gente que quieren que los gobierne?

Hablaba desde la impotencia de quién se sabe perdido, de quién siente que le están arrebatando el país. Hablaba desde el resentimiento, pero con la convicción de que para ellos, el final del conflicto implica exclusión.

Ese, el resentimiento, fue el alimento de Chavez al inicio y es algo que arrastramos desde nuestra historia de sociedad dividida, que no hemos podido resolver.

El resentimiento y la exclusión es lo que hace que la #DictaduraEnVenezuela siga teniendo apoyo de alguna gente.

_DSC5682 (2)

Así actúa la #DictaduraEnVenezuela

Anoche cuando se me estaba acabando el saldo del teléfono por quinta o sexta vez esta semana, escuché unas detonaciones a lo lejos. Parecían tiros y eran demasiados como para pensar que era la policía frustrando un robo.

 
Como tenía muy poco saldo, en lugar de revisar en Twitter lo que pasaba, seguí intentando recargar por la app del teléfono. 

 
Al rato, entró un mensaje de mi hermana preguntando cómo estaba todo, minutos mas tarde, el de una amiga que vive relativamente cerca que decía solamente: ¿Estás bien?

 
Obviamente, algo pasaba cerca. Ella me contó que por su zona, a esa hora, se había prendido un cacerolazo, en rechazo a la acción de un grupo de paramilitares(*) que estaban atacando en una zona muy cerca. 

 
A esa hora había reseñas de protestas de opositores, pero también violencia y saqueos por parte de los paramilitares financiados, sostenidos y apoyados por la #DictaduraEnVenezuela. Circulaba mucha información basura, pero también información seria y de fuentes confiables. 

 
Al rato, otra ráfaga de detonaciones a la misma distancia.

 
Luego, otra amiga que emigró, y con la que había tenido un intercambio 4 horas antes, me escribe: Hola, ¿Esta todo bien por tu casa? Chateando con ella, volvieron a sonar disparos. 

 
Pensaba, ahora los disparos suenan lejos, pero pronto podría pasar como a la gente de El Valle, por poner un ejemplo, y sonar al otro lado de la puerta de tu casa.

 
En ese momento, recordé parte de lo que le había escrito 4 horas antes, como respuesta a la recurrente pregunta ¿cómo ves todo? que nos hacemos a diario los venezolanos. 

 
Aquí les dejo como lo veo. Es un texto sencillo, escrito #ModoChat y bastante simple. Está copiado casi idéntico, aunque tiene unos detalles añadidos hace un rato, cuando lo compartía con otro amigo, que también emigró, pero hace mucho tiempo.

 
Así veo a la #DictaduraEnVenezuela: 



¿El gobierno está escalando el conflicto, está buscando la violencia máxima? ¿Cómo los ayuda eso?

Violencia = caos + pérdida de legitimidad de opositores => chavismo se mantiene en el poder con esquema dictatorial.

 

La violencia es promovida por ellos en acción y en discurso. 

 
En acción con restricciones a la AN, abuso de poder en el ejecutivo, represión y uso desmedido e ilegal de la fuerza por parte de organismos de seguridad, detenciones arbitrarias, confiscación de bienes, saqueos y violencia por sus grupos paramilitares y para policiales. 

 
En discurso por amenazas, amedrentamiento, criminalización de opositores, generación de caos, angustia y desesperanza a través de rumores y tergiversación de los hechos.

 
¿Hay otras opciones?



Otras opciones = Restablecer el Estado de derecho (reconocer que no hay separación de poderes (permitir remoción de magistrados del TSJ y nombramiento de unos que cumplan los requisitos)) o llamar a elecciones con CNE institucional o respetar la Constitución => chavismo pierde el poder



Al perder el poder pierden acceso a recursos y esquema de impunidad = no tienen como financiar a sus paramilitares + no pueden usar a los militares + se pueden desarticular mafias y pranatos + pueden ir presos aquí y en el exterior + pérdida de capitales producto de corrupción por repatración.



Conclusión, pierden demasiado por lo que harán todo lo que puedan por no salir del poder. 



El problema con ellos es que está tan extendidas las violaciones a la institucionalidad y los derechos humanos, la corrupción y las mafias que, dentro de ellos, no hay prácticamente de quién agarrarse para impulsar un cambio.

 
Mientras copiaba el texto ordenado para publicarlo aquí y escribía el relato introductorio, pensaba en que quedaría mejor con un final que muestre un resquicio de salida o de esperanzas, pero no puedo decir nada optimista o diferente a que como se ven las cosas, si el oficialismo insiste en escalar el conflicto y aumentar la violencia, al resto sólo nos sale seguir resistiendo, protestando, organizándonos y haciendo escuchar nuestra voz adentro y afuera.

(*) Ella dijo “colectivos” pero insisto en que a las cosas hay que denominarlas como son y esos son grupos irregulares, paramilitares o parapoliciales. 

Tácticas de Guerra

Estamos tan acostumbrados al verbo incendiario de los altos funcionarios del gobierno y a las actuaciones desproporcionadas de los organismos de seguridad del Estado, que parece que no terminamos de asimilar y tener consciencia de que estamos viviendo una dinámica de guerra.

Para describir en lo que se ha convertido en nuestra cotidianidad, podría comenzar diciendo:

  • Que el país está dividido en parcelas y guetos. Hay lugares impenetrables, lugares a los que no puede ingresar cualquier ciudadano. En algunos, no pueden entrar tampoco los organismos de seguridad.
  • Que nos hemos convertido en el país de las cadenas, la propaganda, la censura a los medios y el ataque a los periodistas, como política comunicacional del Estado; y de las confiscaciones, del desconocimiento al derecho a la propiedad y del quiebre indiscriminado de empresas, como “política económica”.
  • Que conseguir alimentos y medicinas se ha convertido en un vía crucis para todos los ciudadanos, para algunos mediatizado por el clientelismo disfrazado de política social, atentando contra los derechos a la alimentación y a la salud y contra la dignidad humana, descaradamente.
  • Que si un opositor, ciudadano de a pié o dirigente, hace una crítica o un llamado a manifestar pacíficamente, es criminalizado y en no pocos casos, acusado de traición a la patria y privado de libertad sin debido proceso. Pero se puede ver, con frecuencia a los altos dirigentes del oficialismo haciendo apología del delito, amenazando con agarrar fusiles y con levantar a las masas para no soltar nunca el poder; instigan al odio y a la violencia, criminalizan a los opositores y no pasa nada.
  • Que ante las denuncias de las organizaciones no gubernamentales y de defensores, por las recurrentes violaciones y falta de garantía de los derechos humanos por parte del Estado, el oficialismo responde con una organización muy gubernamental o con un evento, en el que el gobierno hace falsa propaganda para demostrar que ellos sí respetan o garantizan, los derechos humanos.
  • Que el derecho a la vida, que no ser robado, asaltado ni secuestrado, se considera más producto de la buena suerte, que de la existencia de un sistema que garantice realmente la seguridad ciudadana.
  • Que como ya sabemos, nosotros y en buena parte del mundo, en Venezuela no existe separación de poderes y que recientemente se ha dado un paso más en el golpe institucional continuado que vivimos desde hace casi dos décadas, con la acción ilegal del TSJ, agravada por la “solución” concertada con el ejecutivo y “avalada” en declaraciones por el “poder moral” a través de la defensoría.

Podría continuar y con seguridad tendríamos una larga lista de violaciones a la institucionalidad -contenida en los tratados internacionales suscritos, en la Constitución y en buena parte de las leyes-, de aberraciones en la dinámica social y política nacional, de violaciones a los derechos humanos más elementales.

Pero hoy quiero llamar la atención sobre una dimensión de la realidad venezolana, la relacionada con el ejercicio de los derechos políticos, específicamente, del derecho a la manifestación y el uso por parte del Estado de tácticas de guerra para impedirlo, en lugar de garantizarlo.

Sí, me refiero a tácticas de guerra, porque:

  1. Las parcelas y guetos en los que se encuentra dividido el país, también tienen su versión relacionada con la participación política. Hay sitios en los que está vetada la protesta crítica al gobierno, a los que la población que no es partidaria del gobierno, no puede llegar en manifestación. Sin embargo, en esos lugares, los simpatizantes del oficialismo, pueden hacer manifestaciones y fiestas sin ningún problema, actividades que, casi en su totalidad, son promovidas y financiadas por funcionarios e instancias del Estado, haciendo uso doloso de los recursos públicos.
  2. Cada vez que se convoca a una protesta opositora, el oficialismo monta su contra-marcha o contra-concentración, con recursos del Estado e instando a los funcionarios públicos a participar bajo amenaza. La lógica es la confrontación, como si las instancias gubernamentales no tuvieran la responsabilidad de atender y escuchar a todos.
  3. Si una manifestación de la oposición trata de llegar a la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, o a la Asamblea Nacional, para hacer escuchar su voz, desde la noche anterior se despliegan contingentes de la GNB y de la PNB para ubicarse en lugares estratégicos y, sin ningún argumento válido, bloquear el paso, en su momento, violando el derecho a la manifestación.
  4. Las manifestaciones opositoras pueden ser atacadas en diversos momentos por los grupos paramilitares o parapoliciales, mal llamados “colectivos”, que desde hace también casi dos décadas, se promueven, financian y protegen desde el gobierno, y a los que, en algunos casos, se les han asignado informal, pero públicamente, labores de control de la “seguridad ciudadana” en los sectores populares, pero siempre se han autodenominados como “defensores” de la “revolución”.
  5. Si ante un bloqueo en la ruta, los manifestantes se mantienen en la zona o insisten en pasar, los organismos de “seguridad” responden, sin mediación previa, violando lo establecido en el artículo 15 de la resolución Resolución 8610 del MPPD (*), con uso excesivo de fuerza.

articulo 15La presencia de mediadores y el espacio de diálogo para la resolución de conflictos antes de la acción de los organismos de seguridad del Estado, ha existido solamente en el texto de esa norma, en la mayoría de los casos, de una vez se pasa a la represión y siempre de proporciones desmedidas y para nada acordes a la situación que se dice que se quiere controlar, como lo establecen los artículos del 20 al 25 de la misma resolución.

En efecto, si vemos la escala que regula el uso progresivo de la fuerza, tanto en la acción de la Fuerza Armada, como en la acción policial, de acuerdo al siguiente gráfico, hay 5 peldaños que escalar, antes de utilizar las armas intermedias o no letales, es decir, antes de apelar al uso de los gases lacrimógenos, por lo que cabría preguntarnos, ¿cómo es que se llega siempre tan rápido al sexto peldaño, según la GNB y la PNB, en las manifestaciones y protestas opositoras? Claro, que esa escalera se sube más rápido sin la mediación mencionada en el artículo 15.

la escala

Este gráfico es tomado del artículo 2 de las “Normas y principios para el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial por parte de los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos político territoriales” porque está más claro que en la GO de la Resolución 8610 y es casi idéntico en su diseño. En la Res 8610 se encuentra en el artículo 21 y la descripción de las acciones correspondientes a cada peldaño de la escala, se encuentran en el artículo 3 de las normas policiales y en el 22 de las normas de las Fuerzas Armadas.

La represión a la que parece que nos estamos acostumbrando, incluye persecusión y correteo de los manifestantes, acorralamiento en lugares cerrados, con ingreso y persecusión arbitraria de manifestantes y no manifestantes, en espacios públicos y centros comerciales; disparo de gases lacrimógenos hacia edificaciones de uso comercial y residencial, y también directamente hacia los manifestantes, y uso de perdigones y maltrato físico a los manifestantes. Esas acciones se han utilizado en múltiples oportunidades, unas con mayor recurrencia e intensidad que otras, algunas desde hace más de una década y otras de data más reciente. Todas ellas, acompañadas, como ya sabemos, por detenciones arbitrarias.

Pero si ya nos estábamos acostumbrando a que esas violaciones e irregularidades formaran parte la cotidianidad en los intentos por ejercer nuestro derecho a manifestar, y para que no perdamos nuestra capacidad de asombro, el Estado decide innovar con dos nuevas acciones en su táctica de guerra: lanzar lacrimógenas en las inmediaciones de dos centros de salud y lanzarlas desde un helicóptero.

El lanzamiento de gases lacrimógenos en las inmediaciones de dos centros de salud en las Mercedes, es una acción inédita por parte de la GNB. De ella existen varias reseñas con fotos y videos y incluidos. De las personas que reseñaron, resaltan el Doctor Daniel Belleli, que tomó un video desde el exterior de uno de los centros de salud y la Diputada Delsa Solorzano (@delsasolorzano ) que se encontraba recibiendo atención médica, precisamente por haber sufrido el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho durante la manifestación.  (Por cierto, el uso de disparos directos de gases lacrimógenos a los manifestantes, implica un riesgo de lesión que es penado por la ley y que constituye una violación al numeral 3 del mencionado artículo 15. Esa acción, además de la lesión que llevó a la diputada Solorzano a la clínica, le produjo una fractura en la tibia al Periodista Román Camacho (@RCamachoVzla), así como heridas en la cabeza a un par de manifestantes ayer).

Aquí les dejo los enlaces con los videos en cuestión.

Video del Doctor Daniel Belleli:

Video de la Diputada Delsa Solorzano:

Esta acción, además de escandalizarnos a todos por lo descabellada y de haber tenido consecuencias en la salud y bienestar de las personas que se encontraban en los centros de salud en ese momento, incluyendo a un bebé, viola el numeral 3 del artículo 15, citado anteriormente, tal como se aprecia a continuación:

articulo 15 numeral 3

En este marco, es importante resaltar que sobre el uso de los gases lacrimógenos hay muchas cosas que valdría la pena agregar, especialmente por el desconocimiento que se tiene sobre su toxicidad y efectos a largo plazo en la salud de las personas que son sujetas a exposiciones intensas y por largos períodos, pero eso requeriría todo un texto aparte que, seguramente, se basaría en el trabajo que, sobre el tema han hecho algunos químicos universitarios, como la profesora Mónica Krauter (@mkrauterusb).

Sin embargo, es importante comentar que, el sábado pasado (8 de abril) se generó un gran revuelo por el uso de bombas de humo de color rojo, conjuntamente con las lacrimógenas, lo cual constituye una acción para intimidar y confundir a los manifestantes, por parte de los organismos del Estado. Pero ese tipo de acción no es inédita. Tiene antecedentes, entre otras, en las manifestaciones de inicio del 2014, de las cuales, por cierto, también hay algunas pocas reseñas gráficas.

Por otra parte, el lanzamiento de bombas lacrimógenas desde un helicóptero, es una terrible novedad en la táctica de guerra del gobierno, que comenzó justamente en la manifestación del pasado jueves 6 de abril, se repitió en la manifestación del sábado 8, tal como consta en diversas menciones del hecho por usuarios de twitter, aunque, en esos dos momentos, imaginamos que por la sorpresa, no se tomaron reseñas gráficas como en la manifestación de ayer.

lacri dia 6

lacri dia 8

Ayer, la acción criminal fue reseñada en un video tomado por el Diputado Juan Andrés Mejía (@JuanAndresMejia ), dejando clara evidencia de lo sucedido.

Al respecto, es imprescindible decir que el uso de gases siempre se ha considerado una acción muy delicada, porque la naturaleza del gas, conjuntamente con las condiciones climáticas, hacen muy poco controlable y direccionable su aplicación y especialmente, su confinamiento a un área determinada; lo que, además de afectar a la población que se encuentra manifestando, extiende sus efectos a toda la población que se encuentre en el entorno, pero, si además de ello, se lanza desde un helicóptero hacia un área extensa en la que hay edificaciones y personas involucradas y no involucradas con la manifestación, se tiene mucho menos control.

A esa situación debe sumarse el factor sorpresa y el que el lanzamiento se hace desde el aire, incrementando el riesgo de producir lesiones letales en las personas que se encuentren en la zona. Eso, constituye un agravante en la violación a los derechos humanos que se hace por no observar lo establecido en la Resolución 8610 y por la que los funcionarios que dispararon las lacrimógenas desde el helicóptero, pero también los que lo hicieron directo a los manifestantes y en las inmediaciones de dos centros de salud, tendrán que asumir las consecuencias legales correspondientes. Ellos y los superiores que han ordenado ese tipo de actuación.

Y para los que aún no crean que se trata de tácticas de guerra, aquí les dejo este tuit muy claro publicado por José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW), quien es director para las Américas de la ONG Human Rights Watch.

vivanco


PS: ayer se mencionó en diversos medios que el lanzamiento de lacrimógenas desde el helicóptero estaba penado por lo establecido en los artículos 60 y 141 de la Ley de aeronáutica civil, sin embargo, de acuerdo al texto de los artículos 1 y 17 de esa misma ley, lo establecido en el 60 y el 141 no aplica a ese helicóptero por ser una aeronave del Estado y no estar explícita la aplicación de esa norma específica, a ese tipo de aeronave en el texto de la ley.

PS2: Esta mañana, después de publicar, leí esta noticia: Mujer de 90 años muere en Bello Monte tras inhalar gases lacrimógenos y la coloqué como PS2 señalando que era “una de las consecuencias de los efectos no controlables del uso indiscriminado de los gases lacrimógenos”. Esta noche leo, que la hija de la Sra fallecida, desmiente que la muerte esté relacionada a los efectos de los gases lacrimógenos. Pensé en quitar la noticia, para no confundir, pero creo que en el resto de la reseña, y también en el desmentido publicado en otro medio, hay suficiente evidencia de los efectos no controlables del uso indiscriminado de los gases lacrimógenos y de las razones para establecer responsabilidades legales, que vale la pena dejarla y agregar la otra, cuyo enlace, les dejo aquí: Desmienten muerte de anciana en Bello Monte por gases lacrimógenos.

(*) Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones

Entre gallos y fantasmas: ¡Estado de Excepción!

Como es costumbre “revolucionaria”, a última hora del viernes, entre gallos y fantasmas, Nicolás se encadena y anuncia un “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica“.

Con su cara muy lavada y sin pudor, declara:

“He decidido aprobar un nuevo Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que me dé el poder de derrotar la guerra económica y derrotar las amenazas internacionales y nacionales” (Para los que quieran leer la reseña completa, la cita la tomé de aquí)

Lo dice como si:

  • el desabastecimiento acompañado de las kilométricas colas para comprar alimentos;
  • el deterioro de los hospitales que incluye ausencia de insumos para la atención y contaminación de áreas clave;
  • la desaparición de medicamentos que afecta a la población en general, pero con mayor riesgo a los que padecen enfermedades crónicas o de medicación especial;
  • el racionamiento y la falta de agua reiterado en muchas partes del país combinado con el suministro de agua contaminada en otras;
  • los apagones, cortes programados y no programados por racionamiento eléctrico;
  • las suspensiones de clases en las escuelas por cortes de luz, por decreto de racionamiento, por inseguridad o por falta de alimentación y agua;
  • el desmantelamiento de las universidades y centros de investigación por los ataques reiterados y la falta de presupuesto, con la consecuente fuga de talentos y los intentos de sustituirmos con espacios dedicados a la “formación de cuadros”;
  • el descarado desfalco del presupuesto del país y las reservas internacionales por corruptos y tráfico de influencia, enchufados y empresas de maletín;
  • el incremento de bandas de delincuentes y mafias asociadas al narcotráfico que azotan a la población, convertiendo al país en una colcha de retazos formada por ghettos;
  • el desmantelamiento de aparato productivo, incluyendo la destrucción, quiebre y cierre de empresas nacionales y privadas, incautadas y expropiadas;
  • la transformación de las policías y la Guardia Nacional en grupos de choque, represión y de custodia de los civiles y los alimentos, y de la Fuerza Armada en un grupo beligerante y partidista al servicio de la “revolución”, acompañada por la designación de funcionarios militares en cargos de administración pública;
  • la desprofesionalización del ejercicio público en todos los ámbitos con la mediocridad y pésima gestión, como consecuencia directa;
  • la sumisión de los poderes públicos al caprichoso servicio del ejecutivo;
  • y el desmantelamiento institucional producto de la recurrente violación de la Constitución y las leyes,

no fueran el producto de estos 17 años de gestión, de la implantación de un modelo anarco-guerrillero-milico-militarista que no conoce sino la lógica de guerra y la sumisión como forma de relación gobierno-pueblo; con un equipo que no tiene idea, ni de gestión pública ni le interesó tenerla mientras gastaba los abundantes recursos de la renta petrolera.

Su declaración a esa hora y un viernes, como bien lo sabe, genera incertidumbre, inquietud y zozobra en la población. Lo sabe y lo hace, sin presentar el texto del decreto para el conocimiento de todos como parte de la estrategia, como la lógica de guerra lo indica, sembrar temor para intentar paralizar a la mayoría.

El anuncio, en esta oportunidad, le agrega un término a la denominación del decreto que incrementa las suspicacias. Ahora, en lugar de ser un “Decreto de Estado de Emergencia Económica” como fue el 2.184 del 14 de enero, prorrogado el 11 de marzo por el 2.270; se trata de un “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica“.

¿Estado de Excepción, en este momento y en este contexto?

Nicolás y algunos de sus ministros, en su estilo de comunicacional combinando cadenas con tuits, expusieron algunas razones y consecuencias que podemos encontrar en la prensa y en sus TL en twitter.

Sin embargo, como sus razones estaban plagadas de fantasmas en conspiración y como mi salud no me permitió salir a manifestar hoy (con las ganas que tengo de poder salir a manifestar), me puse a hacer una mi colección de hechos de estos tiempos y anuncios de ayer, que dibuja el panorama en el que se hace el anuncio.

El panorama, hasta el momento, me queda así:

1. Defensa ante supuestas amenazas externas: Uribe y USA, y prevención/proteccion ante la posibilidad de aplicación de la Carta Democrática.
2. Prevención ante avance de enjuiciamiento por corrupción a gobernantes de otros países, como Cristina y Dilma.
3. Amedrentamiento para paralizar a la crítica interna, en las filas de su partido, con despidos a funcionarios que firmaron el revocatorio.
4. Paralización de la oposición y descrédito a su liderazgo con anuncios del revocatorio en el 2017 y retraso del calendario.
5. Criminalización del liderazgo político y de defensores de DDHH, vinculando a los primeros con la promoción de violencia en la calle y a los segundos con conspiración y recepción de fondos de gobiernos extranjeros.
6. Neutralización de la Asamblea Nacional a través de saboteo directo con ataques a diputados, de ausencia del oficialismo en las sesiones, de criminalización por acusaciones a diputados e intento de destituir a la directiva por el TSJ.
7. Intimidación a la población con militarización de zonas populares e incremento de la presencia y el control militar en lugares de distribución de alimentos.
8. Continuación de la estrategia de OLP para intimidar a unos y atajar la guerra interna que tienen sus clanes y mafias.
9. Neutralización de las protestas con bloqueos a manifestaciones, no otorgar permisos, represión, ataques a manifestantes por parte de grupos violentos y organismos de seguridad, y detenciones arbitrarias.
10. Invalidación de los partidos opositores por supuesta falta de requisitos ante el CNE.
11. Incrementos de ataques contra medios y periodistas, incluyendo uso de la violencia contra periodistas en el ejercicio de sus funciones y decomiso y destrucción de equipos.
12. Importante aumento de precios de productos de la canasta básica.

Este es el panorama en el que Nicolás hace su anuncio.

Seguramente me faltaron hechos, amenazas y anuncios, pero con los colectados, hasta el momento, lo que me queda muy claro, es que el “decreto” persigue proteger al ejecutivo y su élite, mientras desarrolla una nueva fase en su estrategia de guerra que incluye profundizar el control del poder y continuar con la desinstitucionalización, corrupción y el abuso, apostando a la sumisión y paralización de la población, a la neutralización del liderazgo opositor -y también al liderazgo que se declara oficialista pero se considera alterno y crítico- e intenta inhibir las iniciativas de apoyo internacional.

¡Así es que un “revolucionario” gobierna!

¡Ésta es la guerra de Nicolás contra el país, contra el pueblo!

Ley De Inversión Educativa (otra para la #AN)

En la sección “El presupuesto educativo”, del artículo Una Agenda Educativa Para Diputados, publicado el 28 de noviembre en este blog, llamaba la atención sobre la poca rigurosidad y seriedad de la discusión y aprobación de las leyes de presupuesto, en la última década en la Asamblea Nacional. Ello ha tenido como lamentable consecuencia que, entre otros, el sector educativo no cuente con un presupuesto ajustado a sus necesidades, ni asociado a una planificación que permita garantizar, de forma progresiva, una educación de calidad para todos, poniendo especial énfasis en la ampliación de la cobertura y la calidad del sub-sistema de educación básica que tiene carácter obligatorio, de acuerdo a lo que establece la Constitución.

En dicho artículo mencioné unas propuestas de acción legislativa para abordar integralmente algunos de los problemas asociados a la elaboración, discusión, aprobación y ejecución del presupuesto del sector. En éste, quiero agregar una propuesta que ya hemos discutido con otros matices, en diversos escenarios y que apunta a atender las deficiencias que, en términos de infraestructura educativa, se mantienen en el sistema. Para efectos prácticos, la llamaré “Ley de Inversión Educativa”.

Tal como ha venido funcionando el sistema educativo, hay tres tipos de requerimientos que justifican la existencia de una “Ley de Inversión Educativa

  1. Ampliación de la oferta

Hablar de ampliación de la oferta en educación básica, es hablar de, por una parte, la construcción de nuevas escuelas en lugares en los que actualmente no hay oferta o es deficitaria, y por la otra, de tener suficientes planteles para que todas las escuelas puedan trabajar a turno completo, aspiración que tiene más de dos décadas en el país, que se propuso concretamente como política pública en los 90s, y que pretendió materializarse en 1999 con la adopción del modelo de “Escuelas Bolivarianas”. (Actualmente, a pesar de la intención inicial de ese modelo, la intención de constituir escuelas a turno completo, desapareció, por lo que se bautizaron como “Bolivarianas”, escuelas de medio turno en los diversos niveles, por lo que siguen existiendo múltiples infraestructuras en las que funcionan, con un esquema de tiempo parcial dos y hasta 3 escuelas).

En 1999, cuando se nombró el primer Coordinador de Escuelas Bolivarianas en el Ministerio de Educación, el Foro Educativo Venezuela, entregó un proyecto que permitía, con una “ley”, tipo presupuesto-programa de 10 años, asegurar la inversión en infraestructura, formación docente y alimentación escolar, para garantizar que todas las escuelas de país pudieran asimilarse al esquema de turno completo. Ese mismo proyecto fue entregado a los primeros 5 coordinadores de ese modelo y en todos los casos, no pasó de ser engavetado.

En ese momento, el Estado, a través de sus poderes ejecutivo y el legislativo, pudo haber elaborado y aprobado su propio proyecto, lo que hubiese permitido que, a esta fecha, el país tuviera 5 años contando con un modelo en el que todas las escuelas funcionaran a tiempo completo, con docentes suficientes y con alimentación para todos. En su lugar, el Ministerio se ha limitado a realizar algunas nuevas construcciones y muchísimas promesas.

Una “Ley de Inversión Educativa” debería tener como primer título, uno que permita saldar esta deuda con el país, en el que se defina y desarrolle un plan de inversión, a largo plazo, que se haga efectivo a través del mecanismo de “presupuesto-programa” (que permite asegurar la ejecución presupuestaria de varios años) y que contemple, tanto la construcción de nuevas escuelas para llevar la oferta educativa al alcance de todos, como la que corresponda a eliminar el uso compartido de la infraestructura escolar, permitiendo que todas las escuelas puedan pasar a ofrecer turno completo.

En este punto, es importante hacer énfasis en que la construcción de nuevas escuelas para ampliar la cobertura, no se resuelve, en todos los casos, con grandes construcciones en las capitales de los municipios y estados, o con una escuela por parroquia (como rezaba la última promesa del ministerio cuando dijo que buscaría recursos en China), sino con escuelas medianas o pequeñas que puedan localizarse donde está la población, para que los estudiantes no tengan que recorrer largos trayectos para poder asistir a clases o que, igualmente se queden fuera del sistema por la imposibilidad hacerlo o de mudarse al poblado en el que se localiza la escuela.

Este título, debe garantizar el acceso a la información y la transparencia del esfuerzo de ampliación de la oferta educativa y de la ejecución del presupuesto-programa, por lo que debe tener un capítulo que determine el mecanismo de presentación de proyectos y de selección de los contratistas, y otro que obligue al ejecutivo (en sus ámbitos nacional, estadal y municipal coordinados) a poner a disposición del país, un sistema de información abierto a la consulta de cualquier usuario, que incluya el cronograma de construcciones programado, los lapsos y requisitos para presentar proyectos, así como los criterios y resultados en el proceso de selección de contratistas; y el proyecto de construcción de cada escuela, con sus plazos de ejecución, los montos de inversión y el contratista seleccionado.

 

  1. Mantenimiento de la planta física, mobiliario y equipos

A pesar de que es obvio, el sistema parece olvidar que una escuela construida y en funcionamiento, no permanece, tal como fue entregada por el Ministerio, las Gobernaciones y las Alcaldías, a las comunidades, por arte de magia. El mantenimiento de las escuelas en óptimo estado, requiere de acciones preventivas y correctivas, menores, intermedias y mayores, integrales o parciales que deben ser planificadas, programadas y financiadas por el Estado. Ese debería ser el segundo título de una “Ley de Inversión Educativa”.

En efecto, la complejidad y la demanda de recursos de un sistema de mantenimiento, amerita planificación, programación y garantía de recursos. Un sistema escolar en óptimo estado, no se logra con esquemas sustentados en el trabajo voluntario de las comunidades, que, en forma de colaboración, apelan a una interpretación acomodaticia y errada del principio de corresponsabilidad, para transferir a la ciudadanía, responsabilidades que corresponden al Estado, transferencia que, en la mayoría de los casos, no está acompañada de los recursos económicos necesarios para asumirla. Pero tampoco se logra con esquemas que no responden a una programación a largo plazo.

Como ha quedado demostrado, esquemas como “una gota de amor para mi escuela” o “Jornada Voluntaria de Mantenimiento Preventivo” a ejecutarse en 335 escuelas del país, primero cada sábado, y después cada fin de semana, no han contribuido de forma efectiva con el mantenimiento de la infraestructura escolar. Incluso, la última versión de la política que tiene al respecto el ministerio, el denominado “Plan de Mantenimiento Preventivo”, no ha mostrado una programación completa y a largo plazo que permita atender, de forma planificada, las necesidades reales del sector.

Dada la complejidad y la demanda de recursos de un sistema de mantenimiento, y para ilustrar un poco cuál sería el contenido de este segundo título de la Ley, recordemos que en la escuela se debe programar, en primer lugar, el mantenimiento preventivo de la infraestructura, el mobiliario y los equipos, para garantizar su buen estado. Para ello, cada comunidad educativa debe contar con los recursos necesarios para sufragar los gastos asociados. Este podría ser el contenido del capítulo primero del segundo título de la “Ley de Inversión Educativa”: rubros de inversión, estimación de costos y mecanismos para la transferencia de los recursos a las escuelas, para las labores cotidianas y menores de mantenimiento preventivo.

Pero más allá del cuidado que tengan las comunidades sobre infraestructura, mobiliario y equipos, así como de las jornadas de mantenimiento preventivo que se realicen con apoyo del ente rector y de las otras instancias de gobierno de las que dependen las escuelas, el uso y la vida de equipos y mobiliario, es limitada. Es por ello, que un segundo capítulo a incluir en este título de la “Ley de Inversión Educativa“, debería establecer los mecanismos de acción y planes de reparación, así como los criterios para la asignación de recursos, de acuerdo a la naturaleza de cada caso, para el desarrollo de actividades de mantenimiento correctivo, cuando los equipos o el mobiliario, sufran daños específicos e inesperados, y mecanismos, presupuesto y planes para su sustitución, al término de su vida útil.

En este capítulo entraría todo el mobiliario y los equipos de las escuelas, incluyendo los usados en el Programa de Alimentación Escolar, que tienen unos requerimientos de mantenimiento y unas características técnicas específicas.

También deben existir mecanismos complementarios que permitan considerar la sustitución de mobiliarios y equipos derivados de cambios de tecnología, que ameriten la renovación de los mismos.

En cuanto a la infraestructura física, es importante considerar que el mantenimiento preventivo tiene diversos momentos y actividades, dependiendo del componente de la infraestructura, sus características y funcionamiento, así como de las condiciones físico-ambientales en las que se localiza la escuela.

Por ello, en un tercer capítulo en el segundo título de “Ley de Inversión Educativa“, se debería contemplar tanto el mantenimiento preventivo cotidiano, como el mantenimiento preventivo periódico, cuyas acciones dependen de las mencionadas características de la infraestructura. Dicho capítulo debería contener las pautas, estándares y criterios con los que, por poner un ejemplo ilustrativo, periódicamente, se deben revisar los sistemas eléctricos, de suministro de aguas, de aguas servidas, y las estructuras, entre otras, y con las que se deben programar y realizar las acciones de mantenimiento que eviten su deterioro, así como los recursos con los que cada escuela y el sistema contará para ello. Estas actividades no pueden, como hasta ahora, depender de operativos ocasionales, sino que deben tener un estricto cronograma de ejecución, para garantizar que sea efectivamente preventivo y oportuno.

Y finalmente, más allá del mantenimiento preventivo, existen acciones de mantenimiento correctivo, que tienen lugar cuando se produce, por diversas razones el deterioro de alguna parte de las instalaciones. En esta categoría, entran además de las reparaciones imprevistas, un tipo de mantenimiento que, en nuestro sistema educativo, se ha denominado siempre mantenimiento mayor y que, de acuerdo a algunos estándares, tiene actividades que deben realizarse en toda infraestructura cada 5 años. El mantenimiento mayor se refiere a actividades como sustitución de techos y paredes, impermeabilización y reparaciones mayores. Los criterios, estándares y procedimientos, así como la asignación de recursos para este tipo de mantenimiento pueden estar especificados en un cuarto capítulo de este título.

En todos los casos, o en un capítulo aparte, tal como se planteó en el punto sobre la ampliación de la cobertura del sistema, una “Ley de Inversión Educativa“, debe determinar los mecanismos de presentación de proyectos y de selección de los contratistas, con un sistema de información abierto a todos, en los que se especifique el cronograma a largo plazo para todo el sistema educativo, así como, la programación de este tipo de mantenimiento para cada una de las escuelas, incluyendo fecha, tiempo de ejecución, tipo de reparación e inversión estimada. Un cronograma así, permite también planificar, en caso de que el mantenimiento mayor implique la suspensión de clases por requerir un lapso de ejecución mayor al vacacional, la reubicación de los estudiantes para que no se afecten las clases durante el año escolar.

 

  1. Garantía de la gratuidad de la educación

De acuerdo a la Constitución vigente, la educación básica en Venezuela debe ser gratuita, específicamente, la que se ofrece en los planteles oficiales. Este fue el principio que justificó que el Estado, hace 14 años, decretara que se eliminara cualquier cobro o contribución en las escuelas nacionales, estadales y municipales. Sin embargo, la eliminación de ese aporte, que las familias o de las comunidades hacían para el funcionamiento de las escuelas, incluyendo compra de materiales que debían ser dotados por el ministerio o por el ente de adscripción de la escuela, no ha sido repuesto con los recursos presupuestarios permanentes y suficientes para evitar que las familias no tengan que sufragar todos los costos directos o indirectos que garantizan que los estudiantes puedan asistir a esas escuelas.

Cabe mencionar que las escuelas tampoco cuentan con los recursos necesarios para su funcionamiento, de forma que sus docentes o directivos, no tengan que asumir costos que le corresponden al Estado. Sin embargo, este segundo punto no correspondería a esta Ley, sino que estaría en el marco de la discusión de la elaboración, discusión y ejecución del presupuesto regular con el que se financian los gastos recurrentes del sistema educativo.

Volviendo a lo que significa educación gratuita, estamos hablando de los costos de la denominada “canasta educativa” que incluyen los relativos al pago de matrícula, pero también a la compra de uniformes, útiles escolares, la alimentación y el transporte desde y hacia la escuela.

Hasta ahora, esos costos han sido subsidiados o asumidos, de forma parcial, pero no regular ni permanente, por lo que no se puede hablar de gratuidad plena. Debido a ello, un tercer título de la “Ley de Inversión Educativa“, debe estar dirigido a resolver de forma definitiva, los problemas asociados al financiamiento de los costos de la “canasta educativa”.

Este título debe contener normas que permitan garantizar el suministro de uniformes y útiles escolares a todos los estudiantes del sistema, incorporando algunas normas específicas que permitan, por ejemplo:

  1. Incluir equipos como las computadoras portátiles en la canasta, pero que obliguen al Estado a garantizar la conexión a internet en las escuelas, a través de una Ley de Inversión complementaria, para que el uso de dispositivos de ese tipo tenga el alcance que brindan las nuevas tecnologías y no se queden funcionando como una mezcla entre máquinas de escribir y proyectores de videos y aplicaciones producidas e instaladas por el gobierno en ellos.
  2. Ampliar los recursos educativos y fuentes de información, eliminando las restricciones de calidad, los sesgos ideológicos y desarrollo de competencias que tiene la obligación de utilizar los textos de la Colección Bicentenario, como textos únicos en las escuelas.
  3. Establecer mecanismos de concurso público para el suministro de uniformes y útiles escolares.

En cuanto a los costos asociados al transporte, es importante decir, que salvo un par de gobiernos regionales y locales, no existe un programa de transporte escolar que garantice rutas de acceso de toda la población a las escuelas, por lo que es imprescindible que la “Ley de Inversión Educativa“, en ese título, cuente con un capítulo en el que se establezcan normas y procedimientos, así como recursos y plazos para proveerlo.

Y finalmente, en el tercer título de esta Ley, debe existir un capítulo dedicado al financiamiento del Programa de Alimentación Escolar, en el que se revise las restricciones para la transparencia y rendición de cuentas de la figura recientemente adoptada para su administración –la Corporación Nacional de Alimentación Escolar-, y que establezca estándares, procedimientos, plazos e inversión que permita contar con alimentación adecuada y de calidad en las escuelas.

Estas normas deberán estar coordinadas con las del título primero, con relación a la dotación y mantenimiento de equipos y mobiliario para las cocinas y los comedores escolares, y también deberán estar dirigidas a evitar todas las distorsiones asociadas al suministro de insumos, especialmente, en la contratación del transporte para llevarlos a las escuelas, cuyo costo, por descuido o una falla de diseño, tiene varios años recayendo en las comunidades que se ven obligadas a hacer una vaca, o a buscar mecanismos irregulares, para contratarlo, ya que el mismo no es suministrado por el sistema.

 

Una agenda educativa para diputados

Desde el poder legislativo se pueden hacer muchas cosas para contribuir con la garantía del derecho a la educación en Venezuela, y con la mejora del desempeño que el Estado ha tenido hasta el momento. Sin pretender agotar la agenda al respecto, tocaré 4 asuntos imprescindibles, que incluyen algunas deudas que el Estado tiene con el país.

I. La legislación pendiente

La promulgación de la Ley Orgánica de educación entre gallos y medianoche, en pleno período vacacional, en agosto del 2009, nos dejó un documento en términos generales mediocre, en el que, por citar algunas cosas, se dio al traste con la estructuración de un modelo de gestión descentralizado, al concentrar el poder en los ministerios de educación; y se desdibujaron los principios del sistema con una pésima y enredada redacción de artículos y temas fundamentales, en los que, en algunos casos, intentaron conjugar conceptos contrapuestos y excluyentes vaciando de significado y sentido la norma que pretendían desarrollar.

Ese documento, requiere una revisión que permita mejorar o modificar, cuando corresponda, la institucionalidad que pretende definir, así como aclarar y precisar aspectos y temas borrosos, pero sobre todo que permita limpiarla de elementos que están cercanos a la inconstitucionalidad. Sin embargo, esta no es la deuda más urgente.

Más urgente, tanto que debería formar parte de las primeras acciones que se esperaría de la próxima gestión legislativa, es la discusión y aprobación de las Leyes especiales de Educación Básica y de Educación Universitaria, así como de la Ley de Carrera Docente, que, de acuerdo a las disposiciones transitorias de la LOE, deberían tener más de 5 años aprobadas.

La ausencia de estos instrumentos normativos, ha dificultado la gestión de los dos subsistemas de educación y ha facilitado la instrumentación de medidas provisionales, con débil institucionalidad y en muchos casos con visos inconstitucionales, a través de resoluciones temporales que terminan convirtiéndose en permanentes. Ejemplo de ello, son las resoluciones que se han utilizado durante los últimos 8 años, para el ingreso y evaluación del personal docente de las escuelas; y la controversial Resolución 058 que sustituyó el régimen de comunidades educativas, por una figura engorrosa de difícil instrumentación, que, además de presentar problemas de inconstitucionalidad en algunos aspectos, incluye la “delegación de funciones” a comités en las escuelas, imposibles de cumplir porque no se les dota ni de capacidad de decisión, ni de recursos para ejercer efectivamente la gestión en temas tan delicados y estratégicos como el mantenimiento y la alimentación escolar, por ejemplo.

La discusión y aprobación de estas 3 leyes son deudas de la Asamblea Nacional con el país, que una próxima gestión deberá considerar urgentes.

En el marco de la discusión y aprobación de la Ley de Educación Básica, tendría que retomarse la discusión sobre la descentralización del sistema educativo iniciada en la década de los 90s y que tuvo como consecuencia el inicio de un proceso de transferencia de competencias y escuelas, que fue congelado y sufrió un lamentable retroceso en los últimos 17 años.

En cuanto a la Ley de Educación Universitaria, hay documentos que se han debatido y presentado ante la Asamblea Nacional, por lo que la discusión no partiría de cero, pero es imprescindible que en el debate se incluyan temas que permitan redefinir los modelos que se desarrollan en las diversas instituciones que hoy forman parte del sistema, pero sobre todo, corregir las desviaciones que hacen que muchas de las nuevas organizaciones denominadas “universidades”, no sean más que “liceos” grandes en los que se otorgan títulos que, en algunos casos, no cuentan con estándares mínimos que garanticen calidad en la formación profesional, ni con el aval del organismo encargado de dar el visto bueno a la oferta educativa en ese nivel.

Con relación a la Ley de Carrera Docente, hay un par de temas relacionados con las condiciones laborales de los docentes que, en algunos aspectos, pueden no resultar del agrado de parte de los gremios existentes, pero que deben ser discutidos con ellos con la profundidad y sinceridad que el país requiere. El primero de ellos es la naturaleza de los estándares que constituyen el sistema de evaluación para el ingreso y ascenso de los profesionales de la educación. El debate en este tema debe considerar, en primer lugar, la exclusión de todos los indicadores y elementos incluidos en las normas utilizadas en estos últimos años, que evalúan más la adscripción partidista de los docentes, que su formación o desempeño; y en segundo lugar, la incorporación de estándares que reflejen el desempeño profesional y los resultados en el aprendizaje de los estudiantes. Estos estándares deben ir más allá de las tradicionales verificaciones sobre el cumplimiento de aspectos administrativos (asistencia, puntualidad, elaboración de planificación, etc) y obviamente, deben constituir un sistema que permita e incentive el aprendizaje y la mejora permanente, pero también que premie a los profesionales que con esfuerzo y dedicación, logran el mejor desempeño y aprendizaje en los estudiantes.

El segundo tema, implica la discusión de un nuevo arreglo contractual que, no se mate de entrada citando derechos adquiridos, sino que permita negociar, con incremento en los beneficios sociales y económicos de los docentes, la cantidad de días hábiles de vacaciones al año, ya que, con los 60 días hábiles que corresponden al gremio, como beneficio adquirido, más los días feriados de cada año, se ha hecho imposible extender la duración del año escolar para contar con 200 días de clases. Y nos referimos a 200 días de clase, más los días necesarios para las demás actividades docentes, no, a la norma tibia contenida en el artículo 49 de la actual LOE que establece una duración del año escolar de 200 días hábiles que, como todos sabemos, incluyen los días de clases, más los períodos correspondientes de actividades administrativas con las que se inician y cierran los lapsos y el año escolar.

II. El presupuesto educativo

La discusión y aprobación de las leyes de presupuesto, se ha convertido en un acto simbólico en el que el ejecutivo presenta una propuesta, a todas luces, deficitaria en términos económicos, pero deficitaria también como propuesta de gestión de los órganos de la administración pública. Este segundo aspecto, es consecuencia de la forma y contenidos que han tomado los Planes Operativos del ejecutivo, en el caso de educación, de los ministerios rectores.

En este aspecto, la Asamblea Nacional como parte de sus funciones de control del gobierno y la administración pública, podría promover la definición de estándares que permitieran mejorar los planes operativos de los ministerios, así como su gestión y sus resultados; y en su función legislativa, debería exigir al ejecutivo que sincerara las solicitudes presupuestarias.

Pero en función de mejorar el financiamiento del sistema educativo, la Asamblea Nacional también, podría trabajar en la redefinición de algunas reglas de juego, específicamente, en la recuperación del mecanismo de la LOCTI que permitía a las universidades, junto con el sector productivo, diseñar y ejecutar proyectos de innovación e investigación con los recursos destinados para ello en dicho instrumento normativo. Este mecanismo fue secuestrado por el ejecutivo, privando a las universidades de financiamiento y al sector productivo de conocimientos e innovaciones, con el agravante de que, desde hace algún tiempo, se desconoce el destino los recursos recaudados por esa vía.

Además, el poder legislativo, podría estudiar y considerar la aplicación de nuevos esquemas, como el existente en Uruguay que permite el financiamiento de la educación primaria con un impuesto inmobiliario, cuya recaudación es asignada de forma directa al funcionamiento de las escuelas de este nivel.

III. Sistema de evaluación de la calidad de la educación

Como es del conocimiento de los actuales diputados de la Asamblea, y debe serlo de los actuales candidatos, en el texto de la recién aprobada Ley de Presupuesto, hay un proyecto del MPPE denominado “Creación del Observatorio del Sistema de Educación Básica”. La siguiente captura de pantalla contiene el enunciado de dicho proyecto, tal como está incluido en la Ley.

proyecto observatorio 1

En la presentación de inicial que se hace de los proyectos, en ese mismo capítulo, el MPPE incluye la siguiente y breve justificación:

proyecto observatorio 2

Al respecto, es importante recordar:

a) Que el sistema educativo contaba con el SINEA (Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes) a finales de la década de los 90s. El SINEA fue diseñado en el país y se comenzó a administrar en las escuelas que ofrecían educación primaria y secundaria. Ese sistema, era perfectible como todo mecanismo de evaluación en desarrollo, estaba constituido por una batería de pruebas e indicadores de contexto valiosos e interesantes. En sus primeras aplicaciones arrojó bajo desempeño de las escuelas y de los estudiantes y sus resultados pudieron utilizarse como insumos para reorientar la política educativa, pero, en su lugar, en el momento en el que los resultados indicaban que el modelo de Escuelas Bolivarianas tenía menor desempeño que el resto de los modelos de escuelas del sistema, el ministerio decidió dejar de aplicar las pruebas y suspenderlo indefinidamente sin justificación, ni evaluación que avalara esa decisión.

Con respecto a sistemas de evaluación similares que respondan a acuerdos internacionales suscritos por el país, también es importante resaltar, que Venezuela no ha participado en las cuatro ediciones del sistema instrumentado en América Latina por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de UNESCO, sistema en el que han participado casi todos los países de la región, incluyendo a Cuba, por cierto.

De la misma manera, y aunque no se encuentra en el marco de convenios suscritos por el país, Venezuela se ha negado a participar en pruebas internacionales como PISA, en las que también participan casi todos los países de la región y en la que de forma autónoma y con mucho trabajo para conseguir los recursos para su financiamiento, participó recientemente, la Gobernación del Estado Miranda.

En todo caso, con pruebas nacionales, internacionales o con una combinación de ambas, como se hace en múltiples países, es imprescindible que existan mecanismos que permitan evaluar periódicamente el desempeño de los estudiantes para poder corregir y reorientar el trabajo de enseñanza en las escuelas.

b) Que con la incorporación de los sistemas de información digitales, el ministerio contaba, a finales de la década de los 90s, con el SISE (Sistema de Información del Sistema Educativo) que, si bien no se encontraba disponible para el acceso público en internet en ese momento, podía ser solicitado y utilizado por cualquier ciudadano para analizar el estatus de la oferta educativa, consultando variables asociadas a las características de infraestructura y dotación de las escuelas, a la matrícula y proyectos desarrollados; incluso, en sus inicios se podía tener con precisión la nómina docente que trabajaba en el sistema escolar por escuela, independientemente de la dependencia de éstas.

Ese sistema evolucionó y se puso a disposición del país en internet. Pasó por varias denominaciones y, la última versión de acceso público, incluía dos mecanismos: uno de consulta, público para todos los ciudadanos que quisieran conocer las características de las escuelas, plantel por plantel, o hacer consultas por unidades territoriales o tipos de escuelas; y uno cerrado para el ingreso de los datos de cada plantel, al que los directivos encargados de cargar la data, accedían con una clave. Ese sistema, a partir del 2005, fue dejando progresivamente de ofrecer algunos datos y en el 2010 fue cerrado totalmente al público, como mecanismo de consulta y acceso a la información. Hasta hace pocos meses, al consultar la página, aparecía un mensaje notificando que el sistema estaba en mantenimiento -el mantenimiento más largo de la historia de los sistemas, desde que existe internet-. Actualmente, las páginas relacionadas con ese sistema dan error y lo único a lo que se tiene acceso, es a un mecanismo para que las escuelas puedan cargar la data, pero sin la posibilidad de realizar ningún tipo de consulta.

Si como dice el objetivo específico del proyecto, el ministerio quisiera contribuir con la democratización del acceso a la información, poniendo a disposición de la ciudadanía las estadísticas y los datos detallados que dice que ofrecerá con la constitución de ese observatorio, podría comenzar por colgar en internet los textos de las memorias y cuentas, incluyendo el capítulo de estadísticas y activar el mecanismo de consulta del sistema de información que desactivó en el 2010.

c) Más que un observatorio para suministrar datos que permitan sustentar la planificación educativa, tal como dice el texto de la justificación de este proyecto, -datos que dicho sea de paso, ya existen en el ministerio aunque no sean conocidos por la ciudadanía, ni tengan la calidad deseable- lo que el país necesita es un sistema de evaluación del desempeño del sistema educativo que tenga dos dimensiones: una que responda al enfoque de derecho y permita valorar que tan cerca estamos, como sociedad, de garantizar la realización del derecho a una educación de calidad para todos, y una que responda a las necesidades de formación que se desprendan de la Constitución y el Plan de la Nación, para verificar si los ciudadanos, al egresar de cada uno de los niveles del sistema, han logrado desarrollar las competencias y construir los aprendizajes que se ofrecen en ellos y que se estiman como deseables para la sociedad venezolana.

Ese observatorio debería, entre otras cosas, tener independencia del poder ejecutivo, es decir, ser autónomo como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) creado en México en el 2002, o como el INEED Uruguayo creado en el 2012. Además de su autonomía, y dado que la certificación de aprendizajes en Venezuela, la realiza de forma particular cada escuela (*), la institución que se cree, debería tener mecanismos de evaluación que permitan mejorar la gestión escolar en sus dimensiones administrativa y pedagógica, pero que también permitan conocer si las escuelas están logrando los objetivos educativos que se plantean y los que, en términos de formación de su ciudadanía, se plantea el país en general.

Vistas las carencias del sistema educativo en cuanto a la producción y acceso a la información y en cuanto a la evaluación de su desempeño, tanto en la garantía y realización del derecho a la educación, como en el logro de la educación deseada, una de las acciones que debería tomar la Asamblea Nacional, es la discusión y creación de un sistema de evaluación del desempeño, autónomo como los existentes en Uruguay o en México, que dé cuenta al país sobre la calidad de la educación que se ofrece y sirva de mecanismo de control del ejecutivo y de referencia al momento de diseñar las políticas públicas educativas.

IV. Consistencia de los planes nacionales con la Constitución

Finalmente, como parte la de su función legislativa, la Asamblea Nacional, tiene el deber de corregir el uso político-partidista que se ha hecho de los documentos aprobados como Planes de la Nación. Este es un aspecto que abarca a todos los sectores de la vida nacional, pero en el caso del sector educativo se relaciona con aspectos muy específicos que, en términos de contenidos y mandatos, no pueden formar parte de esos planes porque constituyen violaciones a los principios y definiciones establecidos en el texto constitucional, y son contrarios a lo consagrado en los acuerdos y pactos internacionales que definen el marco en el que debe garantizarse el derecho a la educación.

La próxima Asamblea Nacional debe devolverle el apego a la Constitución a los Planes de la Nación y debe promover la eliminación de los sesgos político-partidistas que afectan, entre otras, la política educativa y la naturaleza del derecho a la educación en Venezuela.

(*) Al respecto, es importante recordar que, aunque existen programas obligatorios, cada escuela y cada docente diseña su planificación y su evaluación, por lo no que hay parámetros que permitan afirmar con certeza, que dos bachilleres egresados de dos escuelas diferentes, que obtengan la misma calificación como resultado de sus evaluaciones, tengan una formación equivalente en logros y calidad, lo cual deja sin referentes de evaluación de resultados reales al sistema.

 

¡Fuego! …no es juego! #AyudaGalipan

(con cariño para los héroes anónimos de Galipán)

Ayer, la población de Galipán, vivió horas de terrible angustia por la cercanía del incendio que desde el jueves se desarrolla en el Parque Nacional Waraira Repano (El Ávila para los que no recuerden que le cambiaron el nombre en 2011). No era el único incendio en el entorno del Área Metropolitana de Caracas. Al otro lado de la ciudad, se registraba, al menos, otro incendio en la zona conocida como Tazón. (En el Parque hubo otro incendio a la altura de La Siria en Guatire)

Notas de geografía (Entre Galipán y Tazón …Caracas)

Una de las cosas que me llamó la atención del intenso intercambio que presencié en las redes sociales, fue la confusión en algunas personas entre el Parque Nacional y Tazón. Para ellos, parecía que combatir ambos incendios era lo mismo y no que se trataba de zonas tan distantes que era imposible compartir recursos, incluyendo helicópteros. Para quienes no tengan muy claro donde queda cada zona, dejo esta imagen: (mapa y vista satelital construidas usando GoogleMaps)

Si había camiones y bomberos apagando el incendio de Tazón, incluso, si se usaron helicópteros para combatir el fuego, como reportaron algunos funcionarios por twitter pasadas las 9 am del viernes, eso no quería decir que sucediera lo mismo en Galipán que queda en la cara norte del Ávila. De hecho, desde temprano, los habitantes de los diversos centros que conforman Galipán estaban solicitando ayuda y reportaban que habían muy pocos bomberos (inicialmente 15 y sin agua), que no veían helicópteros y que las personas que estaban combatiendo el fuego no tenían recursos. También solicitaron a las autoridades competentes que cerraran el Parque para evitar riesgos. En ésto no fueron escuchados.

Héroes Anónimos

A falta de respuesta a sus llamados de auxilio, los habitantes de Galipán, se organizaron, evacuaron a los niños, abrieron un cortafuegos, y también combatieron el fuego directamente con sus pocos recursos (no tenían mangueras ni camiones con agua, trasladaban el agua en tobos), evitando así que el fuego llegara a algunas casas. Después de una larga y angustiosa jornada, los héroes anónimos de Galipán, veían como el incendio seguía hacia Lagunazo.

Aquí les dejo unas vistas de Galipán ayer, cortesía de una gran amiga galipanera, Galid Pérez ()

Un par de vistas del incendio, temprano

Así se vivió el humo…

Así se veía desde Galipán al caer la tarde

 

¡Pásame una foto ahí!

La mayoría de las fotos que mostraban el trabajo de los helicópteros, fueron publicadas a finales de la mañana del 1 de mayo. Algunas parecen corresponder a imágenes tomadas en el momento, pero en otros casos, se trataba de imágenes tomadas en otro contexto. Entre ellas resalta una publicada por la GNB, en la que se ve claramente que no fue tomada durante las labores de extinción de ayer, sino que es de una práctica con el equipo:

Aquí se ve el tuit en el que la publica la GNB en su cuenta de twitter, _

Pero en cuanto al uso de fotos que no corresponden con lo que reportan, el premio se lo lleva la foto de un helicóptero en labores de extinción, publicada por varios usuarios de twitter, incluyendo algunos medios, que fue tomada de una reseña del 2013. Aquí les dejo la captura de pantalla con la noticia de ese año. ¿Reconoce la foto? ¿La vio ayer en twitter o en algún medio? Yo la vi en varios, incluyendo un medio oficial…

En otras publicaciones, ciudadanos, medios y funcionarios, utilizaron fotos fuera de contexto. Lo más común fue el uso de algunas fotos de Tazón, diciendo que eran de Galipán. El problema en este caso, es que por no ajustarse a la realidad, quién viera las fotos podría pensar que los llamados de los galipaneros eran, en el mejor de los casos, exagerados. Pero, en todo caso, la difusión de esas fotos, no ayudaba a resolver el problema que era bastante grave. Y aunque pudiera sonar reiterativo, sobre la difusión de información hay que decir:

– Amigos ciudadanos, lo de siempre: verifiquen la fuente antes de retuitear o de postear alguna información. Ahora, con la herramienta de Google para buscar imágenes, es mucho lo que se puede hacer.

– Amigos de los medios, a ustedes lo que sale es un ¿qué les pasa?, verificar la fuente de información es parte de su trabajo.

– Señores funcionarios: Ustedes tienen la responsabilidad tanto de difundir información veraz, como de garantizar la seguridad de las personas en situaciones como éstas. En lugar de utilizar información fuera de contexto, con el motivo o por la razón que sea, asuman su responsabilidad e informen como debe ser. Eso salva muchas más vidas que un engaño. Siempre recuerden Vargas. Y si no hay suficientes recursos, para labores de este tipo en circunstancias como éstas, díganlo, porque esa es también su responsabilidad.

A esta hora

Sabemos que los habitantes de Galipán amanecieron más tranquilos, a pesar del humo y de que podían ver que el fuego seguía afectando zonas del Parque. Reportaron que hoy si vieron, al menos un helicóptero cerca de la zona. Aquí les dejo una captura de pantalla del tuit que colocó  en su cuenta esta mañana:

La presencia de helicópteros esta mañana, coincide con el reporte hecho por autoridades de Vargas ( ), una hora más tarde. Ellos reportaron el inicio de sus operaciones así:

El Comandante de la Zona No. 43 de la Guardia Nacional Bolivariana (Dtto. Capital), reportó, al mediodía por su cuenta de twitter (), la cantidad de descargas aéreas utilizadas en el combate de todos los incendios, en el Parque y en Autopista Regional del Centro, que incluye Tazón. Por cierto, es imprescindible y serio que, posteriormente, se presentara un informe completo al país, con los recursos totales empleados, pero desglosado por día y por incendio, que, especialmente en el caso del Parque, incluyera la cantidad de hectáreas afectadas por el fuego.

Para cerrar, les dejo una foto posteada por Galid, que nos muestra como se veía el Parque, desde un sector de Galipán, a la 1 pm. En ella se aprecia que el incendio ha cedido, pero aún está lejos de terminar…

“Accidentes naturales de la guerra” o “le metí dos tiros en el culo por maricón”

Después de una mañana de trabajo, interesante y productiva, nada como echarle una “ojeada” al twitter y al facebook para ver en que andan el país, la familia y los amigos. 

Una de las primeras cosas que me encontré fue un mensaje de la querida Rebeca Alemán (@rebecaaleman), recordando que hoy es el Día Internacional Contra la Homofobia (#DíaInternacionalContraLaHomofobia). 

Su tuit dice:

Hoy 17 de Mayo #DíaInternacionalContraLaHomofobia. Respeto, tolerancia e igualdad, de eso se trata vivir“.

Por cierto, ¿saben por qué se celebra este día?

Se celebra el 17 de mayo desde el año 2004, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió decretar esta fecha como Día Internacional de Lucha contra la Homofobia. Esa decisión de la ONU se tomó para recordar que el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de las enfermedades mentales. Es decir, hasta 1990, se clasificaba a las personas homosexuales con la etiqueta de enfermo mental, de acuerdo a lo establecido en la OMS.

Bueno, todavía, hay muchos grupos sociales y personas que consideran a la homosexualidad como una aberración o como una enfermedad, así que nos falta mucho camino por recorrer como sociedad para que sea común pensar como decía Rebeca en su tuit “Respeto, tolerancia e igualdad, de eso se trata vivir”.

Y pensando en las dificultades que aún existen por todo el camino que nos falta recorrer, recordé que mi último post en Imaginario Cotidiano, lo escribí el año pasado, el día que se conmemoraba la muerte de uno de mis poetas favoritos: Federico García Lorca. Así que, como un aporte a la celebración del  #DíaInternacionalContraLaHomofobia y porque creo que lo dicho en ese post sigue cada día más vigente, les copio el texto titulado: 

 

lorca2“Accidentes naturales de la guerra” o “le metí dos tiros en el culo por maricón” (19 de agosto de 2013) 

Con interesantes paralelismos se escriben las historias: tal día como hoy, hace 77 años, a las 4:45 am, fue fusilado, en Granada, Federico García Lorca. Lo fusiló el franquismo, el fascismo en ejercicio del momento en España.

En el blog del Teatro del Norte (*), en un post firmado por Boni Ortiz (**) se lee: “Juan Luis Trescastro falangista, fanfarrón, putero y microcéfalo, alardeaba en un bar granadino a mediados de agosto de 1936: “Acabamos de matar a Federico García Lorca. Yo le metí dos tiros en el culo por maricón“”

También el site del Atrio, en un post que data del 20 de Agosto de 2010 (***), dice: “Ramón “Ruiz Alonso se atribuyó en su día el crimen orgulloso diciendo “no era más que un intelectual rojo, amigo de rojos y además marica”.”

El abuso de poder, estigmatizar al otro, la aniquilación política y física del que piensa y es diferente, son manifestaciones típicas del fascismo. Como también lo son las excusas inaceptables como la que dio Franco cuando fue interpelado al respecto en su momento. De acuerdo a las reseñas de los propios, Franco dijo que “ese escritor murió mezclado con los revoltosos; son los accidentes naturales de la guerra” (****)

Acciones y justificaciones que tejen historias, que se repiten y que, lamentablemente, no nos suenan tan ajenas, hemos de tenerlas frescas y presentes.

Federico, que como ya todos saben, es mi poeta favorito, dejó una extensa obra, poesía, canciones, teatro, relatos. De ella, para esta oportunidad, seleccioné dos poemas, el primero publicado en vida, en su poemario “Juegos” (Canciones 1921-1924) y el otro, publicado en 1984, como parte de su poemario “Sonetos del amor oscuro”, dos momentos de vida, dos ángulos, pero la misma historia. 

Vaya a ti, Federico, nuevamente mi homenaje:

 

Canción del Mariquita

El mariquita se peina
en su peinador de seda.

Los vecinos se sonríen
en sus ventanas postreras.

El mariquita organiza
los bucles de su cabeza.

Por los patios gritan loros,
surtidores y planetas.

El mariquita se adorna
con un jazmín sinvergüenza.

La tarde se pone extraña
de peines y enredaderas.

El escándalo temblaba
rayado como una cebra.

¡Los mariquitas del Sur,
cantan en las azoteas!

El amor duerme en el pecho del poeta

Tú nunca entenderás lo que te quiero
porque duermes en mí y estás dormido.
Yo te oculto llorando perseguido
por una voz de penetrante acero.

Norma que agita igual carne y lucero
traspasa ya mi pecho dolorido
y las turbias palabras han mordido
las alas de tu espíritu severo.

Grupo de gente salta en los jardines
esperando tu cuerpo y mi agonía
en caballos de luz y verdes crines.

Pero sigue durmiendo, vida mía.
¡Oye mi sangre rota en los violines!
¡Mira que nos acechan todavía!

firma garc°a lorca

(*) El post completo se puede leer en el siguiente enlace: Post del Teatro del Norte

(**) José Bonifacio Ortiz Cabello, crítico e investigador teatral español

(***) El post del Atrio se puede leer en el siguiente enlace: Post del Atrio

(****) Reseña publicada, foto mediante, por Emilio Silva Barrera (@EmilioSilva1965), en su cuenta de twitter el 19 de agosto del 2012