Un domingo “electoral”

Quienes me conocen, saben muy bien que, por vocación democrática, he votado en todos los procesos electorales, incluyendo el del año 2005, cuando algunos decidieron y sin consulta impusieron, que no había que votar.

También saben que, desde el nacimiento de la Red de Veedores, hace casi dos décadas, formal o informalmente, hago observación electoral.

Hoy no podía ser diferente: apegada a mis principios democráticos decidí no participar como votante, es decir, no votar, porque éste es un proceso viciado de nulidad, al ser convocado por la Asamblea Constituyente, un ente ilegítimo que usurpa funciones a los organismos del Estado.

Y digo “no participar como votante“, porque, dada la ilegitimidad del proceso, decir que decidí “no ejercer mi derecho al voto” sería muy contradictorio con mi posición.

Lo expreso en estos términos, porque ayer, conversando con unos amigos, cuando expresé mi posición, uno de ellos, dijo: ah, “es una posición principista“, como si actuar en apego a los principios, le restara valor a una acción política.

Obviamente, también decidí hacer una vuelta de observación, pero muy informal, para verificar, de primera mano, lo que los medios y algunos amigos, estaban contando que veían en los centros.

Pero antes de contarles el resultado de mi recorrido, quiero agregar algo más al comentario de mi amigo sobre el motivo de mi decisión.

El país que tenemos

En el país, en este momento, la sociedad está más fracturada y entrópica que nunca. El liderazgo en todos los grupos está dividido y enfrentado. Las pugnas por el control del poder y del no poder (o de la ilusión de poder), son múltiples y simultáneas. Todos, en el gobierno y en la oposición, están jugando al control de sus espacios, cada quién como puede y como su ética política le dicta que debe o puede hacer.

En el oficialismo, se dan algunas batallas y pugnas internas que parecen favorecer los espacios de incidencia de la oposición, y en la oposición, se mantienen las pugnas por el poder de influir en las decisiones sobre la estrategia y las tácticas, que facilitan el control de los espacios por parte del gobierno.

La situación es inédita y muy complicada. Quien crea que tiene “la solución” a lo que estamos viviendo y que, por su método puede convencer o forzar al resto de reconocerla o asumirla, parece que no ha evolucionado desde 1999, ni en los términos de análisis, ni en la comprensión de lo que estamos viviendo.

También están los que descubrieron el análisis de los procesos similares en otros países, como fuente o insumo para la comprensión y la toma de decisiones en Venezuela, pero no entienden que lo nuestro es inédito, por lo que los aprendizajes de las otras experiencias pueden ser valiosos, pero relativos, así que tomar otras experiencias, al pie de la letra, no garantiza que lo que hicieron en ellas, funcione.

Otro elemento que influye en la entropía en la que nos hemos convertido como sociedad, es la adopción mejorada y generalizada de dos prácticas nefastas para el funcionamiento de sociedades democráticas: el clientelismo político, heredado de las prácticas de Acción Democrática en sus gobiernos y repotenciado por la magnitud y su combinación con el miedo, por el chavismo; y la “operación política” que es una especie de “componenda-macolla forzada” en la que eran muy duchos, históricamente, los masistas, pero que ahora se ha convertido en una práctica recurrente de muchos grupos políticos. La operación política, fuerza “acuerdos” sin debate de argumentos, en operaciones de “incidencia” en la toma de decisiones, construyendo falsas “mayorías”, al momento de decidir.

Es más que evidente que, dicho ésto, no voy a decir que yo si tengo la solución o si sé cuál es la ruta a la salida de lo que estamos viviendo, porque sería contradictorio y ridículo.

Lo que sí voy y quiero decir, es que para que podamos aspirar a tener una Venezuela diferente, requerimos transformar unos elementos de fondo, Algunos de ellos, asociados al comportamiento de la dirigencia política, y otros, asociados a la ciudadanía.

Requerimos una ciudadanía consistente entre el discurso y la práctica, que sea capaz de involucrarse, más allá de las manifestaciones, en las acciones políticas y ciudadanas necesarias para construir un cambio de fondo. Pero también, una ciudadanía que se distancie de las prácticas disfrazadas de “conveniencia”, que asuma una ética ciudadana basada en el respeto al otro y a las normas, que se expresa en cosas tan elementales y sencillas,  como seguir los procedimientos y no comerse los semáforos. Una práctica en la que las acciones de desobediencia, sean eso y no en la que el esquivar las normas sólo contribuya a la entropía magnificada y vacía de contenido. Una ciudadanía que no esté esperando que aparezca un nuevo “mesías” a resolver sus problemas y que tampoco espere que, ante este adversario, las estrategias y tácticas políticas, se debatan abiertamente en los medios o en las redes sociales.

Y requerimos una dirigencia que asuma con humildad la complejidad y lo inédito de nuestra situación y que por tanto, no se erija como el nuevo portador de “la solución”, con la prepotencia del un “salvador” pre-claro. Sino entienda que puede tener razón en lo que aprecia y lo que dice, pero que la complejidad de lo que sucede amerita construir con otros, una visión más completa y acordar una estrategia que se desprenda de allí. Que entienda que es posible equivocarse, porque no estamos jugando solos y en muchos casos, estamos jugando temporalmente, desfasados, por lo que analizar el potencial error en la táctica es lo normal y conveniente, y el error no enviste de “sabiduría” y en consecuencia de “poder” al que alertó sobre su posibilidad de ocurrencia, en un momento específico.

Pero, lo más importante, es que requerimos que, sin asumir que eso signifique ingenuidad en el análisis o la acción, esa dirigencia construya una ética política diferente, en la que cualquier forma de clientelismo y de operación política sea desterrada. Si no logramos eso, siempre volveremos a tener una especie de “más de lo mismo”.

Actuar con base a principios no puede ser entendido, ni como una camisa de fuerza que hay que evitar, ni como una posición excelsa e infalible. Es imprescidible construir una ética política que permita flexibilidad en la acción, pero que no se convierta en tramoya y macolla, evadiendo los principios para lograr el control del poder a toda costa.

Comentario político-electoral

Antes de salir a mi paseo por el domingo “electoral”, intercambiando con unos amigos y escuchando los reportes del “Servicio de Información” (un valioso resumen de noticias que me llega por WhastApp en notas de voz), supe que un par de candidatos en la “contienda” estaban haciendo intensas denuncias sobre irregularidades en el proceso, que incluían la presencia de puntos rojos en las cercanías de los centros electorales y el voto “asistido” (diría mejor, amedrentado) y que decían tener documentación que las respaldaban.

En ese momento, recordé unos de los grandes vacíos que sentí durante el período de campaña: las denuncias de las irregularidades provenientes de los comandos de campaña de los candidatos. Varias organizaciones de derechos humanos y voceros políticos, de organizaciones e independientes, que no estaban participando en la contienda, hicieron denuncias, algunas documentadas y otras no, pero todas ponían en evidencia los delitos electorales recurrentemente cometidos por el oficialismo, que hizo gala de su abuso de poder, antes y durante la campaña.

En ese contexto, se apreciaron unas tímidas y pocas menciones a dichos abusos, por las organizaciones y personas participando directamente en el proceso, pero ni suficientes para el tenor del abuso y la violación de las normas, pero tampoco con la intensidad de hoy.

A beneficio de inventario, habrá que analizar este comportamiento y meterlo, como dato en el análisis de algún potencial escenario electoral.

Mi paseo por el domingo “electoral”

Como se trató de una pequeña vuelta de observación y sin credencial, no entré en los centros y me remití ver el comportamiento de la gente en las afueras de los centros, en la zona donde tengo años ejerciendo mi derecho al voto.

Mi centro electoral y los más cercanos en la zona, 6 en total, estaban totalmente vacíos. En 4 de ellos, pude pasar por las entradas y me llamó la atención que dos de ellos, estaban custodiados, como de costumbre por un par de Guardias Nacionales del Plan República, pero los otros dos tenían la puerta entrecerrada y del otro lado de la reja había mujeres milicianas. En las inmediaciones de esos 4 centros, había unos pocos carros, unos 2 o 3 en los custodiados por las milicianas. En mi centro, había 6 y en el otro centro, ninguno.

En los dos centros a los que no pude pasar, tenían cerradas las calles, en un caso con las mesas de un aula de la escuela y en el otro, con una cinta. En ninguno de los dos se veía cola en la entrada. Bueno, ni cola, ni gente esperando en la calle o curioseando como es costumbre en estos procesos, pero en ambos casos había un punto rojo muy cerca de la entrada del centro. Uno de los puntos rojos tenía tres mesas para el escaneo del “carnet de la patria” (eso decía un papel pegado al borde de la mesa) y había un par de personas paradas debajo del toldo, aunque ninguna de ellas parecía estar en el proceso de “escaneo”. El otro punto rojo tenía una sola mesa, había unas 4 personas sobre ella (y una saliendo), por lo que parecía que estaban en plena acción de “escaneo”. Como no tenía credencial, no me acerqué tampoco a conversar con ellos.

La diferencia en la dinámica social entre las zonas, sí fue notable. En la primera zona que incluye dos urbanizaciones de la zona de la Trinidad, no había casi personas en las calles. En la segunda, que es el pueblo de Baruta, había mucha gente en la calle. En la mayoría de los casos, especialmente en el casco, la gente estaba haciendo compras y actividades que no parecían tener relación ni con el centro electoral, ni con el punto rojo. Saliendo del casco, en la principal de Baruta, había mucha gente en colas esperando transporte público. Pero en las inmediaciones del otro centro electoral de Baruta, no había casi gente, y la mayoría de la poca que pude ver, estaba en el punto rojo.

Por cierto, mientras estaba dando la vuelta para salir de esa calle, porque estaba cerrado el paso, como les comenté, pude ver a un motorizado que creo que estaba en las mismas que yo, porque se paró miró el centro y el punto rojo, pero en su caso, llamó por teléfono, quizás para hacer un reporte. (Comentario de especulación pura)

Otra cosa que llamó mi atención, fue que, aproximadamente a la 1 pm, un grupo de entre 12 y 14 motorizados, sin identificación visible, pero en grupo, pasaron por la zona, atravesando la principal de la Trinidad y devolviéndose en el semáforo de la Procter (haciendo un cruce ilegal, por cierto), rumbo a la autopista.

El uso político-partidista del sistema educativo

Antes de cerrarles el recuento sobre mi paseo por el domingo “electoral”, debo comentarles que he recibido mensajes que han circulado por los chats de dos zonas educativas, los chats oficiales, los que usan los supervisores y el jefe de zona para comunicarse con los directores de las escuelas. En ambos casos, el tema de hoy es el mismo: preguntar si habían cumplido con su voto y su cuota de votantes.

En uno de los casos, la solicitud estuvo acompañada con un regaño-amenaza, el propio jefe de zona dijo en un audio, que al mediodía, la mayoría de los directores de ese Estado no había reportado, ni siquiera su propio voto, y que eso no era posible porque el “presidente Maduro” les había dado un “bono de compensación”, por la labor que ejercen.

De acuerdo a lo dicho por el jefe de zona, parece que el bono no estaba relacionado con su labor como directores de escuela, sino como militantes de una opción política, porque, con la frase “amor con amor se paga”, continuó el regaño y la solicitud de que los directores informaran a sus salas situacionales -sí, las del sistema educativo- y a los acompañantes circuitales, cuántos de ellos y cuántos de sus trabajadores “chavistas” han ido a votar.

El audio continuó con la amenaza. Sí, el jefe de zona dijo: “tenemos mecanismos para saber cuando ustedes votan”.

Luego expresó su preocupación por saber lo que estaba pasando y por saber “dónde están” las asambleas patrióticas de maestros y maestras, así como, la organización que tienen en las escuelas.

Y finalizó con el engaño siguiente: “necesitamos amarrar todos los votos, ningún voto está de más” (…) “vamos a triunfar, pero ese triunfo tiene que ser con contundencia”.

Como verán, toda una colección de delitos electorales y al ejercicio de la administración pública en un solo audio.

De vuelta al paseo

Ahora sí, para cerrar mi paseo por el domingo “electoral”, les dejo estas 3 fotos. No tomé más, porque no estaba en labores de observación formal.

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Centro electoral en la Unidad Educativa Monseñor Lucas Castillo, en Baruta, frente al Cementerio

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Punto rojo en las inmediaciones del centro electoral que está en la Unidad Educativa Monseñor Lucas Castillo, frente al Cementerio de Baruta

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Centro electoral ubicado en el Instituto Arturo Michelena en La Trinidad.

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#1S sólo será un paso más en el foso

Hoy me llegó, por un DM en Twitter, este mensaje: “El #1S COMIENZA EL FINAL https://t.co/78DL6xSEqU

Les dejo aquí mi respuesta ampliada:

El #1S no comienza el final de nada. 

El final del país comenzó en los 90s con el desmoronamiento de los partidos, el auge del clientelismo, el inicio de la corrupción, el aumento de la prepotencia ciudadana que pensó que podía vivir sin los partidos, la continuación de la prepotencia militar que siempre ha creído que los gobiernos civiles son una concesión temporal a un sector de la sociedad que no tiene con que gobernar, y con la consolidación de la alianza entre partidos de izquierda radical con la guerrilla -y sus infiltrados en la FA- que le dio fuerza a la idea de tomar el poder por las armas, en lugar de acceder a él por la vía democrática.

Evitar que el país termine de morir de mengua y reconstruirlo, requiere más que una toma, la realización de un referendo y un cambio de gobierno. 

Sacar a Venezuela de este foso implica un trabajo largo y arduo que incluye reconstrucción institucional y reconciliación nacional.

Reconciliación nacional, reconocernos como iguales más allá de la diversidad y las diferencias, iguales en derechos y en deberes y más que “tolerar” la presencia del otro en el territorio nacional, aceptarla y hacer esfuerzos sinceros de integración y convivencia.

Reconstrucción institucional, es decir, la reconstrucción de las reglas que estructuran el funcionamiento de la sociedad y la depuración de las organizaciones que las implementan y controlan, y comienza con un cambio de actitud en ciudadanos, dirigentes políticos y militares, sobre su responsabilidad en lo que sucede cotidianamente en el país y como se relaciona eso con su conducta diaria. 

Ese cambio de actitud pasa, por cierto, porque se dejen de vender ilusiones para romper con la desesperanza de la gente y lograr que participe masivamente en manifestaciones, recolección de firmas, referendos o elecciones.

Vender ilusiones como “El #1S COMIENZA EL FINAL” o como que una vez revocado Maduro Venezuela despegará y estará boyante en un año, sólo alimenta el imediatismo que tanto nos caracteriza, y nos hace daño, como sociedad.

Si marcho el #1S, será para exigir al #CNE que cumpla con la ley y deje de sabotear el Revocatorio, pero también, por el cambio de actitud que Venezuela necesita en todos sus militares, políticos y ciudadanos. 

Sin ese cambio de actitud, el #1S sólo será un paso más en el foso, en el que ya caímos y nos estamos hundiendo.

Frente a la provocación como política de Estado, hay que tomar partido

El país se ha convertido en una avalancha de noticias, desde hace 17 años.

La estrategia

Sí, no se trata de una novedad de este momento. Recuerdo que cuando todo ésto comenzaba, lo señalábamos en los análisis que hacíamos en la Red de Veedores, como parte de la estrategia del gobierno para disipar fuerzas, dispersar las iniciativas de organización y protesta y, en consecuencia, debilitar todo esfuerzo por articular grupos que hicieran oposición al modelo que trataba de instalarse desde el gobierno.

Sin embargo, ahora, la sensación de bombardeo, con la consecuente asfixia asociada, es más fuerte. Todos nos sentimos más agobiados, porque las noticias se tornan cada vez más espantosas y dolorosas, por el efecto acumulativo que nos indica que no se trata de hechos fortuitos y pasajeros, sino que forman parte de nuestra cotidianidad; y también porque nos llegan mucho más cerca o nos tocan directamente.

Las reacciones

La desesperación lleva a algunos a paralizarse y deprimirse, mientras que otros se aferran a sus creencias y rezan; a otros les da por solo quejarse y también están los que les da por reaccionar peleándose con todo el mundo, así como los que deciden convertirse en jueces y sólo se enfocan en buscar culpables; por otra parte, encontramos a los que deprimidos o no, buscan nuevas opciones de vida y emigran, y los que, por el contrario, deciden quedarse; algunos se organizan para para actuar, mientras que otros actúan sin organizarse; pero también nos encontramos con aquellos que no se dejan llevar por la desesperación y se enfocan en construir, aunque entre ellos están los que lo hacen sólo para garantizar su bienestar, los que lo hacen poniendo el énfasis en el bienestar colectivo y también los que combinan ambos en su empeño.

Seguramente quien lea, podrá identificar su estado de ánimo y tipo de acción, entre estas categorías y reconocer en ellas las de muchas personas de su entorno. Incluso, podrán sentir que se identifican a veces con una y otras veces con otras, pero todos nos podemos sentir retratados en este rompecabezas de emociones y acciones en que se ha convertido actualmente Venezuela.

La estrategia y sus tácticas

Pero más allá de la categoría con la que cada quién se identifique, lo importante es entender que el bombardeo de temas de agenda, de noticias y de asuntos, es una estrategia política con la que hemos convivido durante 17 años y con la que aún, no hemos podido lidiar exitosamente, a pesar de algunos esfuerzos -así sea de una parte del liderazgo y a veces puntuales-, por enfocarnos en fijar y mantener un abanico específico de temas de agenda y una ruta de trabajo.

Pero dentro de esa estrategia, hay varias tácticas. Una es la mentira, el falseamiento de la realidad para hacer creer que los reclamos del otro son sin fundamento. Otra táctica es banalización de temas y situaciones, intentando hacerlos, para los que no son críticos o los desconocen, irrelevantes y lograr así el mismo efecto. Una tercera es el amedrentamiento que está dirigido a demostrar poderío, mientras se trata de generar temor y en consecuencia impotencia. Y una cuarta, es el ataque directo que también está dirigido a demostrar poderío, abusando de mecanismos legales o modificándolos para justificar la acción, con lo que además, de generar indefensión en la población, se construye una institucionalidad paralela que permite y justifica acciones y abuso de poder posteriores.

A veces las acciones son directas y frontales, pero otras, se realizan desde el mundo de la contrainformación, en forma de rumor.

Todas ellas constituyen formas de provocación que tienen como propósitos: sacar de foco al otro, convertir respuestas políticas en emocionales, generar miedo e indefensión, a la vez que ganar espacio en control y reconstrucción institucional.

¿Por qué sigue siendo exitosa?

Pero esta estrategia sigue siendo exitosa, en nuestro caso, por un par de características de la ciudadanía y el liderazgo, que aún están demasiado extendidas y que nos hacen una sociedad poco madura cívica y políticamente.

La primera de ellas es la tendencia a aferrarse a un salvador como única forma de mantener la esperanza de cambio. Esta tendencia es una de las formas en las que se manifiesta el locus de control externo. En nuestro caso, por salvador se debe entender a una variedad de figuras que incluyen las religiosas.

En efecto, ante la adversidad política, algunos apuestan por la intervención de Dios y la Virgen, en el mejor de los casos encarnada en líderes de la iglesia que incluyen al Papa; otros encarnan su esperanza en un líder político específico -aunque en la mayoría de los casos no tengan idea de sus propuestas políticas-, o en la figura popular de turno que, aunque no pertenezca al ámbito político, consideran que pudiera salvarnos; otros siguen esperando que los militares –preferiblemente “institucionales”- aparezcan; y otros le asignan ese poder superior a instancias como la Asamblea Nacional o a mecanismos como la Carta Democrática.

La otra característica, es la manía de poner la reconstrucción del país en “stand by” y en panorámica, como si en lo que nos hemos convertido como país, no fuera nuestro reflejo como personas y producto de la dinámica de nuestras acciones y omisiones, de nuestra conducta ciudadana cotidiana, la de todos, todos los días, por lo que pareciera que estamos esperando que las cosas cambien, para que llegue el momento de reconstruir al país, donde sí vamos a participar.

Cuando Venezuela cambie, por ejemplo:

  • dejaremos de mirar con asco y menosprecio a la gente que no nos gusta porque es pobre o rica o porque tiene costumbres diferentes, por tanto, se acabará el resentimiento como forma de relación entre los venezolanos;
  • dejaremos de ver como enemigo al que piensa diferente y ante un espacio de debate, en lugar de pelear sin escuchar, trataremos de escucharnos e identificando los naturales desacuerdos, construiremos en común a partir de los acuerdos;
  • dejaremos de desconfiar del otro porque consideraremos que todos los intereses, salvo que violen los derechos humanos, son legítimos y que el arte de la convivencia y de la política, está en lograr construir acuerdos incluyéndolos;
  • dejaremos de comernos los semáforos, colearnos, utilizar nuestras redes para saltar procedimientos y requisitos, de pagar soborno o matraca para evitar una multa, hacer un trámite más rápido o tener un privilegio o beneficio fuera de las normas o la ley;
  • dejaremos de hacernos la vista gorda ante las arbitrariedades gubernamentales, sea cual sea la tendencia política del gobernante, o de si circunstancialmente nos “beneficia” o nos “conviene”; pero también dejaremos de hacernos la vista gorda ante la violación de derechos de terceros, así como, ante la violación de las normas por terceros, pensando que “eso no es problema nuestro”;
  • cumpliremos con nuestros deberes ciudadanos y reclamaremos cuando se nos violen nuestros derechos y los de los otros.

Estos, son sólo algunos ejemplos de conductas, que, de asumirlas en la cotidianidad, nos ayudarían a tener desde ahora, una Venezuela diferente, porque el país lo reconstruimos todos, en cada acción ciudadana, y en cada minuto de cada día.

Cada acción ciudadana incide en el cambio institucional y político del país

Pero hay otro nivel de cambio también necesario que, aunque no lo parezca, se construye cada día y al que, como ciudadanos podemos contribuir en primer lugar comprendiéndolo y en segundo lugar, sumando acciones concretas para abonarlo.

Se trata del cambio institucional y político que garantice que el país también tendrá un gobierno diferente y de evitar que el que venga, en lugar de seguir destruyendo, reconstruya institucional, económica y políticamente a Venezuela.

Muchas de las acciones necesarias que están en nuestras manos, como ciudadanos, son las descritas arriba, pero ellas deben estar acompañadas, al menos de otra: tomar partido. Sí, aunque a muchos les suene extraño o les pueda parecer contradictorio con lo dicho hasta el momento, les invito a que piensen que sólo a partir de reconocer las diferencias, podemos trabajar tomando como base las coincidencias y para ello, tenemos que definir, como ciudadanos, cuál es la Venezuela que queremos.

¿Ya tomaste partido?

No se trata de enunciar un par de frases con lugares comunes o vacías, sino de pensar en qué tipo de sociedad queremos vivir. ¿Qué tanto Estado y cuánto libre juego o mercado? ¿Estado para qué? ¿Qué tantos impuestos? ¿Cómo y en qué se deberían invertir? ¿Quién debe decidir qué y cómo relacionarnos con los que toman las decisiones? ¿Qué tipo de educación obligatoria y común queremos como ciudadanos? ¿Cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes? ¿Hasta dónde llegan? (ésto por no hacer una larga lista)

Tomar partido nos permite saber qué queremos de nuestro liderazgo político y qué proyectos y prácticas son realmente compatibles y nos acercan a esa visión, y cuáles, por atractivas que nos parezcan en un momento, nos alejan de ella. Pero también, tomar partido nos permite identificar coincidencias y diferencias con nuestros familiares, vecinos y concuidadanos, para poder construir con ellos, a partir de acuerdos, una Venezuela en la que efectivamente nos veamos reflejados todos.

Pero, así como “salir de esto” o cambiar de gobierno, no son eventos mágicos o de efecto inmediato, tampoco lo son tomar partido, identificar acuerdos y diferencias con el otro, así como tampoco construir una Venezuela en la que efectivamente nos veamos reflejados todos.

Tomar partido es un evento personalísimo que requiere de la reflexión e investigación de cada quien, en el que puede ayudar conversar y discutir con otras personas para escuchar puntos de vista y aclarar y afinar ideas. También sirve acercarse a los partidos políticos existentes y aunque no se tenga como pretensión inscribirse en ellos para militar en sus filas (cosa que nos haría mucho bien al país, a los partidos y a los ciudadanos), puede ser de utilidad conocer a sus políticos y planteamientos para enriquecer las ideas propias y definirse.

Pero tomar partido, no es sinónimo de volvernos iluminados y portadores de la verdad, y como ya sabemos la Venezuela que queremos, y es fantástica, nos dedicaremos a convencer a los otros de que tenemos la razón. Es decir, tomar partido no significa que podamos cambiar la fórmula de “lograr el éxito por arte de magia”, por la imposición como forma de acción política y ciudadana. Eso, de lo que deberíamos estar cansados por las prácticas de estas últimas décadas, nos impediría pasar a construir con otros. Tampoco es sinónimo de desarrollar y presentar una excelente batería de argumentos que nos suenen convincentes para lograr el apoyo de otros.

Y construir viabilidad

La visión de construcción o reconstrucción política y ciudadana tiene que incluir la noción de viabilidad política que para muchos no es familiar y a otros tiende a sonarle a chanchullo.

Toda acción política debe ser viable para ser exitosa, toda estrategia y visión a largo plazo, también. Pero la viabilidad no es una propiedad de las acciones, estrategias o visiones, es una condición del momento y contexto en el que se plantea que se construye y que implica manejo del poder y entendimiento, y toma tiempo, depende de los actores y su capacidad de acción y de negociación, así como de su credibilidad y el apoyo con el que cuenten.

Analizar la viabilidad de nuestras propias acciones políticas, nos permite entender y diseñar estrategias para modificarlas, modificar la acción y las condiciones en las que se da para incrementar su viabilidad. Analizar las de otros actores, nos permite comprender y actuar en consecuencia.

Pero lo más importante, dejar de esperar al “salvador”, tomar partido y comenzar a actuar como nos imaginamos que lo haríamos en esa Venezuela en la que efectivamente nos veamos todos reflejados, nos aclara cómo analizar e incidir en la viabilidad política de las acciones de cambio que, como sociedad nos proponemos.

Entre gallos y fantasmas: ¡Estado de Excepción!

Como es costumbre “revolucionaria”, a última hora del viernes, entre gallos y fantasmas, Nicolás se encadena y anuncia un “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica“.

Con su cara muy lavada y sin pudor, declara:

“He decidido aprobar un nuevo Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que me dé el poder de derrotar la guerra económica y derrotar las amenazas internacionales y nacionales” (Para los que quieran leer la reseña completa, la cita la tomé de aquí)

Lo dice como si:

  • el desabastecimiento acompañado de las kilométricas colas para comprar alimentos;
  • el deterioro de los hospitales que incluye ausencia de insumos para la atención y contaminación de áreas clave;
  • la desaparición de medicamentos que afecta a la población en general, pero con mayor riesgo a los que padecen enfermedades crónicas o de medicación especial;
  • el racionamiento y la falta de agua reiterado en muchas partes del país combinado con el suministro de agua contaminada en otras;
  • los apagones, cortes programados y no programados por racionamiento eléctrico;
  • las suspensiones de clases en las escuelas por cortes de luz, por decreto de racionamiento, por inseguridad o por falta de alimentación y agua;
  • el desmantelamiento de las universidades y centros de investigación por los ataques reiterados y la falta de presupuesto, con la consecuente fuga de talentos y los intentos de sustituirmos con espacios dedicados a la “formación de cuadros”;
  • el descarado desfalco del presupuesto del país y las reservas internacionales por corruptos y tráfico de influencia, enchufados y empresas de maletín;
  • el incremento de bandas de delincuentes y mafias asociadas al narcotráfico que azotan a la población, convertiendo al país en una colcha de retazos formada por ghettos;
  • el desmantelamiento de aparato productivo, incluyendo la destrucción, quiebre y cierre de empresas nacionales y privadas, incautadas y expropiadas;
  • la transformación de las policías y la Guardia Nacional en grupos de choque, represión y de custodia de los civiles y los alimentos, y de la Fuerza Armada en un grupo beligerante y partidista al servicio de la “revolución”, acompañada por la designación de funcionarios militares en cargos de administración pública;
  • la desprofesionalización del ejercicio público en todos los ámbitos con la mediocridad y pésima gestión, como consecuencia directa;
  • la sumisión de los poderes públicos al caprichoso servicio del ejecutivo;
  • y el desmantelamiento institucional producto de la recurrente violación de la Constitución y las leyes,

no fueran el producto de estos 17 años de gestión, de la implantación de un modelo anarco-guerrillero-milico-militarista que no conoce sino la lógica de guerra y la sumisión como forma de relación gobierno-pueblo; con un equipo que no tiene idea, ni de gestión pública ni le interesó tenerla mientras gastaba los abundantes recursos de la renta petrolera.

Su declaración a esa hora y un viernes, como bien lo sabe, genera incertidumbre, inquietud y zozobra en la población. Lo sabe y lo hace, sin presentar el texto del decreto para el conocimiento de todos como parte de la estrategia, como la lógica de guerra lo indica, sembrar temor para intentar paralizar a la mayoría.

El anuncio, en esta oportunidad, le agrega un término a la denominación del decreto que incrementa las suspicacias. Ahora, en lugar de ser un “Decreto de Estado de Emergencia Económica” como fue el 2.184 del 14 de enero, prorrogado el 11 de marzo por el 2.270; se trata de un “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica“.

¿Estado de Excepción, en este momento y en este contexto?

Nicolás y algunos de sus ministros, en su estilo de comunicacional combinando cadenas con tuits, expusieron algunas razones y consecuencias que podemos encontrar en la prensa y en sus TL en twitter.

Sin embargo, como sus razones estaban plagadas de fantasmas en conspiración y como mi salud no me permitió salir a manifestar hoy (con las ganas que tengo de poder salir a manifestar), me puse a hacer una mi colección de hechos de estos tiempos y anuncios de ayer, que dibuja el panorama en el que se hace el anuncio.

El panorama, hasta el momento, me queda así:

1. Defensa ante supuestas amenazas externas: Uribe y USA, y prevención/proteccion ante la posibilidad de aplicación de la Carta Democrática.
2. Prevención ante avance de enjuiciamiento por corrupción a gobernantes de otros países, como Cristina y Dilma.
3. Amedrentamiento para paralizar a la crítica interna, en las filas de su partido, con despidos a funcionarios que firmaron el revocatorio.
4. Paralización de la oposición y descrédito a su liderazgo con anuncios del revocatorio en el 2017 y retraso del calendario.
5. Criminalización del liderazgo político y de defensores de DDHH, vinculando a los primeros con la promoción de violencia en la calle y a los segundos con conspiración y recepción de fondos de gobiernos extranjeros.
6. Neutralización de la Asamblea Nacional a través de saboteo directo con ataques a diputados, de ausencia del oficialismo en las sesiones, de criminalización por acusaciones a diputados e intento de destituir a la directiva por el TSJ.
7. Intimidación a la población con militarización de zonas populares e incremento de la presencia y el control militar en lugares de distribución de alimentos.
8. Continuación de la estrategia de OLP para intimidar a unos y atajar la guerra interna que tienen sus clanes y mafias.
9. Neutralización de las protestas con bloqueos a manifestaciones, no otorgar permisos, represión, ataques a manifestantes por parte de grupos violentos y organismos de seguridad, y detenciones arbitrarias.
10. Invalidación de los partidos opositores por supuesta falta de requisitos ante el CNE.
11. Incrementos de ataques contra medios y periodistas, incluyendo uso de la violencia contra periodistas en el ejercicio de sus funciones y decomiso y destrucción de equipos.
12. Importante aumento de precios de productos de la canasta básica.

Este es el panorama en el que Nicolás hace su anuncio.

Seguramente me faltaron hechos, amenazas y anuncios, pero con los colectados, hasta el momento, lo que me queda muy claro, es que el “decreto” persigue proteger al ejecutivo y su élite, mientras desarrolla una nueva fase en su estrategia de guerra que incluye profundizar el control del poder y continuar con la desinstitucionalización, corrupción y el abuso, apostando a la sumisión y paralización de la población, a la neutralización del liderazgo opositor -y también al liderazgo que se declara oficialista pero se considera alterno y crítico- e intenta inhibir las iniciativas de apoyo internacional.

¡Así es que un “revolucionario” gobierna!

¡Ésta es la guerra de Nicolás contra el país, contra el pueblo!

Una agenda educativa para diputados

Desde el poder legislativo se pueden hacer muchas cosas para contribuir con la garantía del derecho a la educación en Venezuela, y con la mejora del desempeño que el Estado ha tenido hasta el momento. Sin pretender agotar la agenda al respecto, tocaré 4 asuntos imprescindibles, que incluyen algunas deudas que el Estado tiene con el país.

I. La legislación pendiente

La promulgación de la Ley Orgánica de educación entre gallos y medianoche, en pleno período vacacional, en agosto del 2009, nos dejó un documento en términos generales mediocre, en el que, por citar algunas cosas, se dio al traste con la estructuración de un modelo de gestión descentralizado, al concentrar el poder en los ministerios de educación; y se desdibujaron los principios del sistema con una pésima y enredada redacción de artículos y temas fundamentales, en los que, en algunos casos, intentaron conjugar conceptos contrapuestos y excluyentes vaciando de significado y sentido la norma que pretendían desarrollar.

Ese documento, requiere una revisión que permita mejorar o modificar, cuando corresponda, la institucionalidad que pretende definir, así como aclarar y precisar aspectos y temas borrosos, pero sobre todo que permita limpiarla de elementos que están cercanos a la inconstitucionalidad. Sin embargo, esta no es la deuda más urgente.

Más urgente, tanto que debería formar parte de las primeras acciones que se esperaría de la próxima gestión legislativa, es la discusión y aprobación de las Leyes especiales de Educación Básica y de Educación Universitaria, así como de la Ley de Carrera Docente, que, de acuerdo a las disposiciones transitorias de la LOE, deberían tener más de 5 años aprobadas.

La ausencia de estos instrumentos normativos, ha dificultado la gestión de los dos subsistemas de educación y ha facilitado la instrumentación de medidas provisionales, con débil institucionalidad y en muchos casos con visos inconstitucionales, a través de resoluciones temporales que terminan convirtiéndose en permanentes. Ejemplo de ello, son las resoluciones que se han utilizado durante los últimos 8 años, para el ingreso y evaluación del personal docente de las escuelas; y la controversial Resolución 058 que sustituyó el régimen de comunidades educativas, por una figura engorrosa de difícil instrumentación, que, además de presentar problemas de inconstitucionalidad en algunos aspectos, incluye la “delegación de funciones” a comités en las escuelas, imposibles de cumplir porque no se les dota ni de capacidad de decisión, ni de recursos para ejercer efectivamente la gestión en temas tan delicados y estratégicos como el mantenimiento y la alimentación escolar, por ejemplo.

La discusión y aprobación de estas 3 leyes son deudas de la Asamblea Nacional con el país, que una próxima gestión deberá considerar urgentes.

En el marco de la discusión y aprobación de la Ley de Educación Básica, tendría que retomarse la discusión sobre la descentralización del sistema educativo iniciada en la década de los 90s y que tuvo como consecuencia el inicio de un proceso de transferencia de competencias y escuelas, que fue congelado y sufrió un lamentable retroceso en los últimos 17 años.

En cuanto a la Ley de Educación Universitaria, hay documentos que se han debatido y presentado ante la Asamblea Nacional, por lo que la discusión no partiría de cero, pero es imprescindible que en el debate se incluyan temas que permitan redefinir los modelos que se desarrollan en las diversas instituciones que hoy forman parte del sistema, pero sobre todo, corregir las desviaciones que hacen que muchas de las nuevas organizaciones denominadas “universidades”, no sean más que “liceos” grandes en los que se otorgan títulos que, en algunos casos, no cuentan con estándares mínimos que garanticen calidad en la formación profesional, ni con el aval del organismo encargado de dar el visto bueno a la oferta educativa en ese nivel.

Con relación a la Ley de Carrera Docente, hay un par de temas relacionados con las condiciones laborales de los docentes que, en algunos aspectos, pueden no resultar del agrado de parte de los gremios existentes, pero que deben ser discutidos con ellos con la profundidad y sinceridad que el país requiere. El primero de ellos es la naturaleza de los estándares que constituyen el sistema de evaluación para el ingreso y ascenso de los profesionales de la educación. El debate en este tema debe considerar, en primer lugar, la exclusión de todos los indicadores y elementos incluidos en las normas utilizadas en estos últimos años, que evalúan más la adscripción partidista de los docentes, que su formación o desempeño; y en segundo lugar, la incorporación de estándares que reflejen el desempeño profesional y los resultados en el aprendizaje de los estudiantes. Estos estándares deben ir más allá de las tradicionales verificaciones sobre el cumplimiento de aspectos administrativos (asistencia, puntualidad, elaboración de planificación, etc) y obviamente, deben constituir un sistema que permita e incentive el aprendizaje y la mejora permanente, pero también que premie a los profesionales que con esfuerzo y dedicación, logran el mejor desempeño y aprendizaje en los estudiantes.

El segundo tema, implica la discusión de un nuevo arreglo contractual que, no se mate de entrada citando derechos adquiridos, sino que permita negociar, con incremento en los beneficios sociales y económicos de los docentes, la cantidad de días hábiles de vacaciones al año, ya que, con los 60 días hábiles que corresponden al gremio, como beneficio adquirido, más los días feriados de cada año, se ha hecho imposible extender la duración del año escolar para contar con 200 días de clases. Y nos referimos a 200 días de clase, más los días necesarios para las demás actividades docentes, no, a la norma tibia contenida en el artículo 49 de la actual LOE que establece una duración del año escolar de 200 días hábiles que, como todos sabemos, incluyen los días de clases, más los períodos correspondientes de actividades administrativas con las que se inician y cierran los lapsos y el año escolar.

II. El presupuesto educativo

La discusión y aprobación de las leyes de presupuesto, se ha convertido en un acto simbólico en el que el ejecutivo presenta una propuesta, a todas luces, deficitaria en términos económicos, pero deficitaria también como propuesta de gestión de los órganos de la administración pública. Este segundo aspecto, es consecuencia de la forma y contenidos que han tomado los Planes Operativos del ejecutivo, en el caso de educación, de los ministerios rectores.

En este aspecto, la Asamblea Nacional como parte de sus funciones de control del gobierno y la administración pública, podría promover la definición de estándares que permitieran mejorar los planes operativos de los ministerios, así como su gestión y sus resultados; y en su función legislativa, debería exigir al ejecutivo que sincerara las solicitudes presupuestarias.

Pero en función de mejorar el financiamiento del sistema educativo, la Asamblea Nacional también, podría trabajar en la redefinición de algunas reglas de juego, específicamente, en la recuperación del mecanismo de la LOCTI que permitía a las universidades, junto con el sector productivo, diseñar y ejecutar proyectos de innovación e investigación con los recursos destinados para ello en dicho instrumento normativo. Este mecanismo fue secuestrado por el ejecutivo, privando a las universidades de financiamiento y al sector productivo de conocimientos e innovaciones, con el agravante de que, desde hace algún tiempo, se desconoce el destino los recursos recaudados por esa vía.

Además, el poder legislativo, podría estudiar y considerar la aplicación de nuevos esquemas, como el existente en Uruguay que permite el financiamiento de la educación primaria con un impuesto inmobiliario, cuya recaudación es asignada de forma directa al funcionamiento de las escuelas de este nivel.

III. Sistema de evaluación de la calidad de la educación

Como es del conocimiento de los actuales diputados de la Asamblea, y debe serlo de los actuales candidatos, en el texto de la recién aprobada Ley de Presupuesto, hay un proyecto del MPPE denominado “Creación del Observatorio del Sistema de Educación Básica”. La siguiente captura de pantalla contiene el enunciado de dicho proyecto, tal como está incluido en la Ley.

proyecto observatorio 1

En la presentación de inicial que se hace de los proyectos, en ese mismo capítulo, el MPPE incluye la siguiente y breve justificación:

proyecto observatorio 2

Al respecto, es importante recordar:

a) Que el sistema educativo contaba con el SINEA (Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizajes) a finales de la década de los 90s. El SINEA fue diseñado en el país y se comenzó a administrar en las escuelas que ofrecían educación primaria y secundaria. Ese sistema, era perfectible como todo mecanismo de evaluación en desarrollo, estaba constituido por una batería de pruebas e indicadores de contexto valiosos e interesantes. En sus primeras aplicaciones arrojó bajo desempeño de las escuelas y de los estudiantes y sus resultados pudieron utilizarse como insumos para reorientar la política educativa, pero, en su lugar, en el momento en el que los resultados indicaban que el modelo de Escuelas Bolivarianas tenía menor desempeño que el resto de los modelos de escuelas del sistema, el ministerio decidió dejar de aplicar las pruebas y suspenderlo indefinidamente sin justificación, ni evaluación que avalara esa decisión.

Con respecto a sistemas de evaluación similares que respondan a acuerdos internacionales suscritos por el país, también es importante resaltar, que Venezuela no ha participado en las cuatro ediciones del sistema instrumentado en América Latina por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de UNESCO, sistema en el que han participado casi todos los países de la región, incluyendo a Cuba, por cierto.

De la misma manera, y aunque no se encuentra en el marco de convenios suscritos por el país, Venezuela se ha negado a participar en pruebas internacionales como PISA, en las que también participan casi todos los países de la región y en la que de forma autónoma y con mucho trabajo para conseguir los recursos para su financiamiento, participó recientemente, la Gobernación del Estado Miranda.

En todo caso, con pruebas nacionales, internacionales o con una combinación de ambas, como se hace en múltiples países, es imprescindible que existan mecanismos que permitan evaluar periódicamente el desempeño de los estudiantes para poder corregir y reorientar el trabajo de enseñanza en las escuelas.

b) Que con la incorporación de los sistemas de información digitales, el ministerio contaba, a finales de la década de los 90s, con el SISE (Sistema de Información del Sistema Educativo) que, si bien no se encontraba disponible para el acceso público en internet en ese momento, podía ser solicitado y utilizado por cualquier ciudadano para analizar el estatus de la oferta educativa, consultando variables asociadas a las características de infraestructura y dotación de las escuelas, a la matrícula y proyectos desarrollados; incluso, en sus inicios se podía tener con precisión la nómina docente que trabajaba en el sistema escolar por escuela, independientemente de la dependencia de éstas.

Ese sistema evolucionó y se puso a disposición del país en internet. Pasó por varias denominaciones y, la última versión de acceso público, incluía dos mecanismos: uno de consulta, público para todos los ciudadanos que quisieran conocer las características de las escuelas, plantel por plantel, o hacer consultas por unidades territoriales o tipos de escuelas; y uno cerrado para el ingreso de los datos de cada plantel, al que los directivos encargados de cargar la data, accedían con una clave. Ese sistema, a partir del 2005, fue dejando progresivamente de ofrecer algunos datos y en el 2010 fue cerrado totalmente al público, como mecanismo de consulta y acceso a la información. Hasta hace pocos meses, al consultar la página, aparecía un mensaje notificando que el sistema estaba en mantenimiento -el mantenimiento más largo de la historia de los sistemas, desde que existe internet-. Actualmente, las páginas relacionadas con ese sistema dan error y lo único a lo que se tiene acceso, es a un mecanismo para que las escuelas puedan cargar la data, pero sin la posibilidad de realizar ningún tipo de consulta.

Si como dice el objetivo específico del proyecto, el ministerio quisiera contribuir con la democratización del acceso a la información, poniendo a disposición de la ciudadanía las estadísticas y los datos detallados que dice que ofrecerá con la constitución de ese observatorio, podría comenzar por colgar en internet los textos de las memorias y cuentas, incluyendo el capítulo de estadísticas y activar el mecanismo de consulta del sistema de información que desactivó en el 2010.

c) Más que un observatorio para suministrar datos que permitan sustentar la planificación educativa, tal como dice el texto de la justificación de este proyecto, -datos que dicho sea de paso, ya existen en el ministerio aunque no sean conocidos por la ciudadanía, ni tengan la calidad deseable- lo que el país necesita es un sistema de evaluación del desempeño del sistema educativo que tenga dos dimensiones: una que responda al enfoque de derecho y permita valorar que tan cerca estamos, como sociedad, de garantizar la realización del derecho a una educación de calidad para todos, y una que responda a las necesidades de formación que se desprendan de la Constitución y el Plan de la Nación, para verificar si los ciudadanos, al egresar de cada uno de los niveles del sistema, han logrado desarrollar las competencias y construir los aprendizajes que se ofrecen en ellos y que se estiman como deseables para la sociedad venezolana.

Ese observatorio debería, entre otras cosas, tener independencia del poder ejecutivo, es decir, ser autónomo como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) creado en México en el 2002, o como el INEED Uruguayo creado en el 2012. Además de su autonomía, y dado que la certificación de aprendizajes en Venezuela, la realiza de forma particular cada escuela (*), la institución que se cree, debería tener mecanismos de evaluación que permitan mejorar la gestión escolar en sus dimensiones administrativa y pedagógica, pero que también permitan conocer si las escuelas están logrando los objetivos educativos que se plantean y los que, en términos de formación de su ciudadanía, se plantea el país en general.

Vistas las carencias del sistema educativo en cuanto a la producción y acceso a la información y en cuanto a la evaluación de su desempeño, tanto en la garantía y realización del derecho a la educación, como en el logro de la educación deseada, una de las acciones que debería tomar la Asamblea Nacional, es la discusión y creación de un sistema de evaluación del desempeño, autónomo como los existentes en Uruguay o en México, que dé cuenta al país sobre la calidad de la educación que se ofrece y sirva de mecanismo de control del ejecutivo y de referencia al momento de diseñar las políticas públicas educativas.

IV. Consistencia de los planes nacionales con la Constitución

Finalmente, como parte la de su función legislativa, la Asamblea Nacional, tiene el deber de corregir el uso político-partidista que se ha hecho de los documentos aprobados como Planes de la Nación. Este es un aspecto que abarca a todos los sectores de la vida nacional, pero en el caso del sector educativo se relaciona con aspectos muy específicos que, en términos de contenidos y mandatos, no pueden formar parte de esos planes porque constituyen violaciones a los principios y definiciones establecidos en el texto constitucional, y son contrarios a lo consagrado en los acuerdos y pactos internacionales que definen el marco en el que debe garantizarse el derecho a la educación.

La próxima Asamblea Nacional debe devolverle el apego a la Constitución a los Planes de la Nación y debe promover la eliminación de los sesgos político-partidistas que afectan, entre otras, la política educativa y la naturaleza del derecho a la educación en Venezuela.

(*) Al respecto, es importante recordar que, aunque existen programas obligatorios, cada escuela y cada docente diseña su planificación y su evaluación, por lo no que hay parámetros que permitan afirmar con certeza, que dos bachilleres egresados de dos escuelas diferentes, que obtengan la misma calificación como resultado de sus evaluaciones, tengan una formación equivalente en logros y calidad, lo cual deja sin referentes de evaluación de resultados reales al sistema.

 

Dejar de volar ¿vértigo o comodidad?

Viendo cantar a Nina, mejor dicho, viendo como Nina se vacilaba la canción, la energía y significado que con cada frase expresaba y quería comunicar y como asomaba reiteradamente esa sonrisa irreverente y retadora; no podía dejar de recordar a San Feliz ayer, lo sucedido y las diversas explicaciones y pronósticos asociados, recordar las miles de quejas y llamados a la acción y reacción de otros de todos los días, los innumerables mensajes en torno al tema de moda en nuestra “apropiada” dinámica de polarización “¿es más valiente o responsable o patriota o útil, el que se va o el que se queda?”

Veía a Nina, recordaba que vivimos todo eso sobre una cama de horas de colas, de miradas de desconfianza, de caras de terror y paranoia y de llantos de desesperación y muertes, y me preguntaba:

¿en verdad, como país y como ciudadanos, queremos ser libres, o es demasiada la responsabilidad de asumir las riendas de nuestras vidas, de producir para afrontar nuestros gastos, de elegir probidad a la viveza?

¿Querremos descubrir que podemos volar y hacerlo, sin esperar que alguien nos cuente como se ve el mar desde el cielo o mueva las alas por nostros, para garantizar que no nos vayamos a pique?

Volar alto puede dar vértigo, pero a veces no se deja de volar por vértigo, sino por comodidad.

Vean a Nina Simone…

(Tomado en préstamo del muro de Kelly)

Tendencia Irreversible

Tendencia irreversible, como título, sin estar en época electoral, debe sonar un tanto extraño, pero en diciembre de 2013, fue aprobado y promulgado lo que debería ser -de acuerdo al artículo 187, numeral 8, de la Constitución- un plan de desarrollo económico y social de la nación.

Sin embargo, no fue eso lo que se aprobó, sino algo denominado “Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”, que de acuerdo al decreto publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.118 del 4 de diciembre de 2013, tiene efecto jurídico, y es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional.

El texto aprobado, porque tuvo versiones previas en tiempo de campaña, ha sido mi lectura en estos días de Semana Santa. Decidí releerlo, ahora con más detenimiento y detalle, dada la “Consulta Educativa” que adelanta el Ministerio de Educación.

Tal como recordaba, a pesar de que en el cuarto considerando del decreto legislativo con el que se aprueba, dice que el plan “se fundamenta en los principios y valores de la Carta Magna”, hay dos cosas que resaltan en este texto: la primera, es una serie de objetivos que contravienen lo establecido en varios aspectos de la Constitución, por lo que atentan contra la ya precaria  institucionalidad que tenemos; y la segunda, totalmente consustancial con la primera, es que buena parte de este texto, no es más que un plan de trabajo del partido que está en el gobierno para consolidar un modelo político-cultural que pretende imponer a la sociedad.

Y es que como ya sabemos, el modelo de ejercicio de poder que tienen los que hoy están en el gobierno, establece un solapamiento entre Estado, gobierno, partido que hace que, entre muchas cosas, se utilicen tanto los recursos, como las instancias gubernamentales, para beneficio de la parcialidad política que ocupa los cargos públicos. Es la lógica de ejercicio de la hegemonía del Estado-gobierno-partido, sustentada en la legitimidad de origen del gobierno.

Sin embargo, la legitimidad de origen, que no es otra que la que se le confiere a un gobierno, por haber ganado unas elecciones -una o 19, a los efectos del modelo, es la misma cosa- no le da derecho a tomar por asalto el poder violando, de hecho y con cada hecho, lo establecido en la Constitución. Esa legitimidad no lo faculta para cambiar de facto la Constitución a través de leyes, ni de actos legislativos, judiciales y políticos de cualquier índole.

Dicho ésto, volvamos al texto del “plan”.

Desde el lenguaje presuntuoso y rimbombante, con el que este “plan” promete desde consolidar el proceso revolucionario en Venezuela hasta salvar el planeta y a través de sus 5 “objetivos históricos”, -desarrollados en 24 “objetivos nacionales” y éstos a su vez, en múltiples objetivos “estratégicos y generales”- se revela un modelo político-cultural basado, entre otras cosas, en un esquema de “guerra popular prolongada y asimétrica“.

La doctrina de seguridad y defensa nacional, la ética revolucionaria, el control efectivo del Estado, el desarrollo del “poder popular” consustanciado con las milicias, el empleo de las milicias en las funciones de apoyo al desarrollo nacional, el desdibujo de las organizaciones gremiales, la organización del pueblo para su participación en la defensa integral de la nación, la formación de cuadros, la modificación curricular para incluir estrategias de formación de valores socialistas y patrióticos, la irrupción de un “Nuevo Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia”, la construcción colectiva del nuevo Estado Socialista, bajo el principio de “mandar, obedeciendo”; son elementos que dibujan, a lo largo del texto, un modelo que se sustenta en un enfoque belicoso de relación entre ciudadanos. (Para los resabiados, advierto que también el texto habla de paz y convivencia, pero una paz y convivencia construidas a partir de la identificación con el modelo revolucionario y forjadas en la guerra popular prolongada).

Podría dedicarme a citar punto por punto los elementos que constituyen este modelo y que están expresados en el plan, pero este texto quedaría innecesariamente largo. Además, no hay nada como leerlo de primera mano y descubrirlo de forma progresiva. (*)

Apuesto que, a esta altura, más de uno y con razón, se preguntará ¿qué tiene que ver el título con el texto? ¿por qué hablo del modelo político-cultural que promueve este plan y lo asocio con una tendencia irreversible?

Lo hago, porque creo que, dado el tenor de los acontecimientos que hemos vivido en estos días, hay una peligrosa tendencia que pudiera estar convirtiéndose en irreversible: la muerte de la Política y el predominio de la lógica de guerra como sustento de la dinámica social y de las relaciones de poder entre las personas. Creo que sobre eso tenemos que reflexionar.

Veamos algunos ejemplos:

Un día, los paramilitares del gobierno se meten en una Asamblea en la Facultad de Arquitectura de la UCV y persiguen, amedrentan y vejan a los estudiantes. Días más tarde, los mismos u otros paramilitares más descarados y mejor organizados, se instalan dentro de la UCV a sabotear una manifestación estudiantil y desnudan y vejan a un estudiante, agreden y roban a reporteros, siembran el terror en la Tierra de Nadie.

Al poco tiempo, un grupo de personas obstinadas por la falta de seguridad en Montalbán, agarran, vejan y desnudan a un ladrón, para luego entregarlo a las autoridades. Y algo tan reciente como ayer, un grupo de manifestantes o vecinos o ciudadanos indignados ante el atropello de un borracho oficialista a una señora que manifestaba pacíficamente, deciden tomar la justicia en sus manos, propinarle unos golpes al agresor y destrozarle su camioneta.

Unos con más argumentos que otros, con más indignación que otros, más organizados que otros, más armados que otros, con apoyo del gobierno o sin él, con el beneficio que da la impunidad o con la amenaza de ir presos, en algunos casos protegidos por un escapulario o un rosario y en otros, bajo la protección de la corte malandra; agreden, vejan y toman la justicia, o la venganza en sus manos. Formas muy similares que toma esta guerra popular prolongada, en la que consciente o inconscientemente, hay muchos participando.

Veamos otro ejemplo:

Un día una conocida y querida amiga, sale de su casa y encuentra una barricada, se baja del carro para quitar los obstáculos que le impiden pasar, es agredida por sus vecinos sin mediar razón, porque ellos se sienten propietarios de la calle y asistidos por la verdad de los nobles objetivos de la lucha. Ella, tan opositora y activa como ellos, pero participante de otra estrategia de lucha, responde con igual indignación que sus vecinos, porque si ellos tienen derecho a obstaculizar, ella tiene derecho a pasar. En todo caso, no medió previamente ningún acuerdo, por tanto, a unos y otros parece asistirlos el derecho, a circular y a protestar, al mismo tiempo. Gritos, insultos, empujones y amenazas mediante, hemos visto y conocido escenas como esa en múltiples ocasiones. El fondo de este desencuentro, revela la poca disposición de unos y otros para debatir y coordinar acciones y el entendido, nos guste o no, de que si creemos que nos asiste la razón, tenemos el derecho de imponerle la misma y sus consecuencias a los otros.

Si seguimos escudriñando cómo afloran los matices de esas premisas y esa conducta y nos trasladamos un rato a las redes sociales, encontramos una de sus mayores y más floridas expresiones de ejemplos, que van desde el “despierta” y “sal de tu indiferencia”, que presume que quién no nos acompaña en las acciones que consideramos adecuadas, son indiferentes o están dormidos y no se enteran de lo que sucede en el país (estas agresiones son simultáneas, por cierto, al uso, con mucha frecuencia, de imágenes de jóvenes mujeres “guerreras” y de estudiantes encapuchados en plena “batalla”, para identificar la conducta heroica y a la calificación de todo aquel que emprende una acción para la que parece imprescindible tener coraje, como alguien que sí tiene bolas); pasando por el “colaboracionista” en múltiples tonos y volumen, por el que se supone que todo el que emprende una acción que otro considera que puede favorecer al gobierno, está actuando en complicidad con el mismo y para obtener beneficios personales; hasta llegar a las múltiples y diversas acusaciones de culpabilidad que explican por qué, después de 15 años, aún seguimos con este gobierno.

Y en esta última variante, hay una expresión que se basa en la defensa de unos, a los que se considera que se están atacando injustamente, mediante el ataque férreo a otros, que alguna vinculación tienen o se presume que tienen con los que consideramos que están atacando a quién defendemos. Parece un trabalenguas, ¿verdad?

Pero no, se trata, entre otras combinaciones posibles, de los que defienden a Capriles o a la MUD, atacando con furia a Leopoldo o a María Corina y viceversa. Ataques que van y vienen, como si alguien tuviera una especie de “legitimidad” otorgada por la “lucha” para desconocer el esfuerzo y sacrificio que todos, con sus errores, garrafales o menores, esporádicos o reiterados, le han dedicado al país hasta este momento.

A esta altura, si aún se mantienen leyendo, es posible que muchos estarán arrechos con mi postura, y se preguntarán cómo se me ocurre comparar una cosa con la otra y meter todo en el mismo saco, pero creo que así debemos verlo, que hemos perdido la capacidad para ver la violencia y la lógica de guerra en nosotros, y por eso nos resulta tan fácil y sin cuestionamiento, jugar el juego del gobierno, el mismo juego que adversamos, el de la “guerra popular prolongada y asimétrica”.

Y antes de que se vayan a arrechar más, no se trata de no reconocer el sacrificio de todos y las vidas que han dado estudiantes y manifestantes, así como tampoco, ignorar que en el país hace tiempo que no hay justicia, que los malandros siempre salen premiados y que si los llegan a agarrar, los sueltan, mientras que a nuestros manifestantes, los agarran, los meten presos, los torturan y hasta los violan; que no tienen miramientos con los médicos y los abogados que sólo hacen su trabajo; que cada día las cosas se ponen más difíciles y que la última medida es que, para evitar que se divulgue lo que aquí está pasando, la orden es quitar los celulares a quienes manifiestan o andan por la zona; que estos tipos violan la Constitución a diestra y siniestra, usan el ventajismo y la impunidad para violar nuestros derechos y para que sus grupos paramilitares y los órganos de seguridad del Estado puedan amedrentarnos.

Tampoco se trata de desconocer que nuestros líderes, dentro y fuera de los partidos, excluidos de la toma de decisión formal en la MUD, o incluidos y aprovechándose de ello, han abusado de la confianza de la gente, y que a falta de espacios de entendimiento, en este tiempo todos, sin ninguna excepción, han participado en una batalla de agendas en los medios y en la calle, porque creen, a la vieja usanza, que quién impone la agenda en la calle, logra imponer los temas y la conducción de la agenda. Unos apuestan a un discurso más racional y otros a una acción más “contundente”, pero todos usan el mismo mecanismo de guerra para dirimir la agenda opositora, para lograr imponer liderazgos y estrategias, pero el resultado es la exclusión, cuando deberíamos estar construyendo un liderazgo colectivo y una estrategia coordinada, que se ha demostrado, son nuestros mejores fuertes.

Teniendo claro de qué se trata y de qué no, tenemos que preguntarnos si en efecto y hasta qué punto, la lógica de guerra nos tiene invadidos, si vamos a avalar a quiénes emulan lo que adversan con sus acciones, si esa es nuestra única posible respuesta.

La lógica mediante la que se lucha y por la que se toma del poder se sustenta en el mismo modelo ético-político con el que se ejerce el poder cuando se tiene. Pensemos si eso es lo que queremos para Venezuela.

Mirémonos en el espejo de aumento que tenemos hoy en el gobierno. Muchos de ellos, hace 3 décadas hacían guerrilla urbana para tomar el poder y hoy, atacan con grupos paramilitares para mantenerse en él; otros conspiraban en los cuarteles para tomar el poder y hoy, reprimen brutalmente a todo el que manifiesta.

Pensemos que ese modelo político-cultural que declara enemigo a todo con el que no estoy de acuerdo, no es exclusivo de los que se encuentran ejerciendo el gobierno en este momento. El odio se expande del que piensa diferente y apoya al gobierno, al que piensa diferente pero apoya a otro dentro de la oposición, que no es al que yo apoyo. El odio se expande en la medida que crece y se internaliza la práctica del maniqueísmo, de dividirnos en buenos y malos.

Mientras tanto, la inseguridad y el desabastecimiento crecen, así como crecen las restricciones y las horas haciendo cola. Aparecen dos muertos en el Guaire desechados en bolsas negras. Cada día caen más estudiantes presos, más tiempo pasa para los presos políticos que tienen meses y años en la cárcel.

Deberíamos estar todos solicitando la nulidad del “plan” por inconstitucional, pero, en su lugar, pareciera que el comportamiento que se desprende del modelo político-cultural que lo sustenta, representa, para muchos, una tendencia irreversible.

(*) Si no se lo ha leído, o se leyó una versión previa a la aprobada, aquí lo tiene para que lo pueda revisar en detalle.