Frente a la provocación como política de Estado, hay que tomar partido

El país se ha convertido en una avalancha de noticias, desde hace 17 años.

La estrategia

Sí, no se trata de una novedad de este momento. Recuerdo que cuando todo ésto comenzaba, lo señalábamos en los análisis que hacíamos en la Red de Veedores, como parte de la estrategia del gobierno para disipar fuerzas, dispersar las iniciativas de organización y protesta y, en consecuencia, debilitar todo esfuerzo por articular grupos que hicieran oposición al modelo que trataba de instalarse desde el gobierno.

Sin embargo, ahora, la sensación de bombardeo, con la consecuente asfixia asociada, es más fuerte. Todos nos sentimos más agobiados, porque las noticias se tornan cada vez más espantosas y dolorosas, por el efecto acumulativo que nos indica que no se trata de hechos fortuitos y pasajeros, sino que forman parte de nuestra cotidianidad; y también porque nos llegan mucho más cerca o nos tocan directamente.

Las reacciones

La desesperación lleva a algunos a paralizarse y deprimirse, mientras que otros se aferran a sus creencias y rezan; a otros les da por solo quejarse y también están los que les da por reaccionar peleándose con todo el mundo, así como los que deciden convertirse en jueces y sólo se enfocan en buscar culpables; por otra parte, encontramos a los que deprimidos o no, buscan nuevas opciones de vida y emigran, y los que, por el contrario, deciden quedarse; algunos se organizan para para actuar, mientras que otros actúan sin organizarse; pero también nos encontramos con aquellos que no se dejan llevar por la desesperación y se enfocan en construir, aunque entre ellos están los que lo hacen sólo para garantizar su bienestar, los que lo hacen poniendo el énfasis en el bienestar colectivo y también los que combinan ambos en su empeño.

Seguramente quien lea, podrá identificar su estado de ánimo y tipo de acción, entre estas categorías y reconocer en ellas las de muchas personas de su entorno. Incluso, podrán sentir que se identifican a veces con una y otras veces con otras, pero todos nos podemos sentir retratados en este rompecabezas de emociones y acciones en que se ha convertido actualmente Venezuela.

La estrategia y sus tácticas

Pero más allá de la categoría con la que cada quién se identifique, lo importante es entender que el bombardeo de temas de agenda, de noticias y de asuntos, es una estrategia política con la que hemos convivido durante 17 años y con la que aún, no hemos podido lidiar exitosamente, a pesar de algunos esfuerzos -así sea de una parte del liderazgo y a veces puntuales-, por enfocarnos en fijar y mantener un abanico específico de temas de agenda y una ruta de trabajo.

Pero dentro de esa estrategia, hay varias tácticas. Una es la mentira, el falseamiento de la realidad para hacer creer que los reclamos del otro son sin fundamento. Otra táctica es banalización de temas y situaciones, intentando hacerlos, para los que no son críticos o los desconocen, irrelevantes y lograr así el mismo efecto. Una tercera es el amedrentamiento que está dirigido a demostrar poderío, mientras se trata de generar temor y en consecuencia impotencia. Y una cuarta, es el ataque directo que también está dirigido a demostrar poderío, abusando de mecanismos legales o modificándolos para justificar la acción, con lo que además, de generar indefensión en la población, se construye una institucionalidad paralela que permite y justifica acciones y abuso de poder posteriores.

A veces las acciones son directas y frontales, pero otras, se realizan desde el mundo de la contrainformación, en forma de rumor.

Todas ellas constituyen formas de provocación que tienen como propósitos: sacar de foco al otro, convertir respuestas políticas en emocionales, generar miedo e indefensión, a la vez que ganar espacio en control y reconstrucción institucional.

¿Por qué sigue siendo exitosa?

Pero esta estrategia sigue siendo exitosa, en nuestro caso, por un par de características de la ciudadanía y el liderazgo, que aún están demasiado extendidas y que nos hacen una sociedad poco madura cívica y políticamente.

La primera de ellas es la tendencia a aferrarse a un salvador como única forma de mantener la esperanza de cambio. Esta tendencia es una de las formas en las que se manifiesta el locus de control externo. En nuestro caso, por salvador se debe entender a una variedad de figuras que incluyen las religiosas.

En efecto, ante la adversidad política, algunos apuestan por la intervención de Dios y la Virgen, en el mejor de los casos encarnada en líderes de la iglesia que incluyen al Papa; otros encarnan su esperanza en un líder político específico -aunque en la mayoría de los casos no tengan idea de sus propuestas políticas-, o en la figura popular de turno que, aunque no pertenezca al ámbito político, consideran que pudiera salvarnos; otros siguen esperando que los militares –preferiblemente “institucionales”- aparezcan; y otros le asignan ese poder superior a instancias como la Asamblea Nacional o a mecanismos como la Carta Democrática.

La otra característica, es la manía de poner la reconstrucción del país en “stand by” y en panorámica, como si en lo que nos hemos convertido como país, no fuera nuestro reflejo como personas y producto de la dinámica de nuestras acciones y omisiones, de nuestra conducta ciudadana cotidiana, la de todos, todos los días, por lo que pareciera que estamos esperando que las cosas cambien, para que llegue el momento de reconstruir al país, donde sí vamos a participar.

Cuando Venezuela cambie, por ejemplo:

  • dejaremos de mirar con asco y menosprecio a la gente que no nos gusta porque es pobre o rica o porque tiene costumbres diferentes, por tanto, se acabará el resentimiento como forma de relación entre los venezolanos;
  • dejaremos de ver como enemigo al que piensa diferente y ante un espacio de debate, en lugar de pelear sin escuchar, trataremos de escucharnos e identificando los naturales desacuerdos, construiremos en común a partir de los acuerdos;
  • dejaremos de desconfiar del otro porque consideraremos que todos los intereses, salvo que violen los derechos humanos, son legítimos y que el arte de la convivencia y de la política, está en lograr construir acuerdos incluyéndolos;
  • dejaremos de comernos los semáforos, colearnos, utilizar nuestras redes para saltar procedimientos y requisitos, de pagar soborno o matraca para evitar una multa, hacer un trámite más rápido o tener un privilegio o beneficio fuera de las normas o la ley;
  • dejaremos de hacernos la vista gorda ante las arbitrariedades gubernamentales, sea cual sea la tendencia política del gobernante, o de si circunstancialmente nos “beneficia” o nos “conviene”; pero también dejaremos de hacernos la vista gorda ante la violación de derechos de terceros, así como, ante la violación de las normas por terceros, pensando que “eso no es problema nuestro”;
  • cumpliremos con nuestros deberes ciudadanos y reclamaremos cuando se nos violen nuestros derechos y los de los otros.

Estos, son sólo algunos ejemplos de conductas, que, de asumirlas en la cotidianidad, nos ayudarían a tener desde ahora, una Venezuela diferente, porque el país lo reconstruimos todos, en cada acción ciudadana, y en cada minuto de cada día.

Cada acción ciudadana incide en el cambio institucional y político del país

Pero hay otro nivel de cambio también necesario que, aunque no lo parezca, se construye cada día y al que, como ciudadanos podemos contribuir en primer lugar comprendiéndolo y en segundo lugar, sumando acciones concretas para abonarlo.

Se trata del cambio institucional y político que garantice que el país también tendrá un gobierno diferente y de evitar que el que venga, en lugar de seguir destruyendo, reconstruya institucional, económica y políticamente a Venezuela.

Muchas de las acciones necesarias que están en nuestras manos, como ciudadanos, son las descritas arriba, pero ellas deben estar acompañadas, al menos de otra: tomar partido. Sí, aunque a muchos les suene extraño o les pueda parecer contradictorio con lo dicho hasta el momento, les invito a que piensen que sólo a partir de reconocer las diferencias, podemos trabajar tomando como base las coincidencias y para ello, tenemos que definir, como ciudadanos, cuál es la Venezuela que queremos.

¿Ya tomaste partido?

No se trata de enunciar un par de frases con lugares comunes o vacías, sino de pensar en qué tipo de sociedad queremos vivir. ¿Qué tanto Estado y cuánto libre juego o mercado? ¿Estado para qué? ¿Qué tantos impuestos? ¿Cómo y en qué se deberían invertir? ¿Quién debe decidir qué y cómo relacionarnos con los que toman las decisiones? ¿Qué tipo de educación obligatoria y común queremos como ciudadanos? ¿Cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes? ¿Hasta dónde llegan? (ésto por no hacer una larga lista)

Tomar partido nos permite saber qué queremos de nuestro liderazgo político y qué proyectos y prácticas son realmente compatibles y nos acercan a esa visión, y cuáles, por atractivas que nos parezcan en un momento, nos alejan de ella. Pero también, tomar partido nos permite identificar coincidencias y diferencias con nuestros familiares, vecinos y concuidadanos, para poder construir con ellos, a partir de acuerdos, una Venezuela en la que efectivamente nos veamos reflejados todos.

Pero, así como “salir de esto” o cambiar de gobierno, no son eventos mágicos o de efecto inmediato, tampoco lo son tomar partido, identificar acuerdos y diferencias con el otro, así como tampoco construir una Venezuela en la que efectivamente nos veamos reflejados todos.

Tomar partido es un evento personalísimo que requiere de la reflexión e investigación de cada quien, en el que puede ayudar conversar y discutir con otras personas para escuchar puntos de vista y aclarar y afinar ideas. También sirve acercarse a los partidos políticos existentes y aunque no se tenga como pretensión inscribirse en ellos para militar en sus filas (cosa que nos haría mucho bien al país, a los partidos y a los ciudadanos), puede ser de utilidad conocer a sus políticos y planteamientos para enriquecer las ideas propias y definirse.

Pero tomar partido, no es sinónimo de volvernos iluminados y portadores de la verdad, y como ya sabemos la Venezuela que queremos, y es fantástica, nos dedicaremos a convencer a los otros de que tenemos la razón. Es decir, tomar partido no significa que podamos cambiar la fórmula de “lograr el éxito por arte de magia”, por la imposición como forma de acción política y ciudadana. Eso, de lo que deberíamos estar cansados por las prácticas de estas últimas décadas, nos impediría pasar a construir con otros. Tampoco es sinónimo de desarrollar y presentar una excelente batería de argumentos que nos suenen convincentes para lograr el apoyo de otros.

Y construir viabilidad

La visión de construcción o reconstrucción política y ciudadana tiene que incluir la noción de viabilidad política que para muchos no es familiar y a otros tiende a sonarle a chanchullo.

Toda acción política debe ser viable para ser exitosa, toda estrategia y visión a largo plazo, también. Pero la viabilidad no es una propiedad de las acciones, estrategias o visiones, es una condición del momento y contexto en el que se plantea que se construye y que implica manejo del poder y entendimiento, y toma tiempo, depende de los actores y su capacidad de acción y de negociación, así como de su credibilidad y el apoyo con el que cuenten.

Analizar la viabilidad de nuestras propias acciones políticas, nos permite entender y diseñar estrategias para modificarlas, modificar la acción y las condiciones en las que se da para incrementar su viabilidad. Analizar las de otros actores, nos permite comprender y actuar en consecuencia.

Pero lo más importante, dejar de esperar al “salvador”, tomar partido y comenzar a actuar como nos imaginamos que lo haríamos en esa Venezuela en la que efectivamente nos veamos todos reflejados, nos aclara cómo analizar e incidir en la viabilidad política de las acciones de cambio que, como sociedad nos proponemos.

Entre gallos y fantasmas: ¡Estado de Excepción!

Como es costumbre “revolucionaria”, a última hora del viernes, entre gallos y fantasmas, Nicolás se encadena y anuncia un “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica“.

Con su cara muy lavada y sin pudor, declara:

“He decidido aprobar un nuevo Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que me dé el poder de derrotar la guerra económica y derrotar las amenazas internacionales y nacionales” (Para los que quieran leer la reseña completa, la cita la tomé de aquí)

Lo dice como si:

  • el desabastecimiento acompañado de las kilométricas colas para comprar alimentos;
  • el deterioro de los hospitales que incluye ausencia de insumos para la atención y contaminación de áreas clave;
  • la desaparición de medicamentos que afecta a la población en general, pero con mayor riesgo a los que padecen enfermedades crónicas o de medicación especial;
  • el racionamiento y la falta de agua reiterado en muchas partes del país combinado con el suministro de agua contaminada en otras;
  • los apagones, cortes programados y no programados por racionamiento eléctrico;
  • las suspensiones de clases en las escuelas por cortes de luz, por decreto de racionamiento, por inseguridad o por falta de alimentación y agua;
  • el desmantelamiento de las universidades y centros de investigación por los ataques reiterados y la falta de presupuesto, con la consecuente fuga de talentos y los intentos de sustituirmos con espacios dedicados a la “formación de cuadros”;
  • el descarado desfalco del presupuesto del país y las reservas internacionales por corruptos y tráfico de influencia, enchufados y empresas de maletín;
  • el incremento de bandas de delincuentes y mafias asociadas al narcotráfico que azotan a la población, convertiendo al país en una colcha de retazos formada por ghettos;
  • el desmantelamiento de aparato productivo, incluyendo la destrucción, quiebre y cierre de empresas nacionales y privadas, incautadas y expropiadas;
  • la transformación de las policías y la Guardia Nacional en grupos de choque, represión y de custodia de los civiles y los alimentos, y de la Fuerza Armada en un grupo beligerante y partidista al servicio de la “revolución”, acompañada por la designación de funcionarios militares en cargos de administración pública;
  • la desprofesionalización del ejercicio público en todos los ámbitos con la mediocridad y pésima gestión, como consecuencia directa;
  • la sumisión de los poderes públicos al caprichoso servicio del ejecutivo;
  • y el desmantelamiento institucional producto de la recurrente violación de la Constitución y las leyes,

no fueran el producto de estos 17 años de gestión, de la implantación de un modelo anarco-guerrillero-milico-militarista que no conoce sino la lógica de guerra y la sumisión como forma de relación gobierno-pueblo; con un equipo que no tiene idea, ni de gestión pública ni le interesó tenerla mientras gastaba los abundantes recursos de la renta petrolera.

Su declaración a esa hora y un viernes, como bien lo sabe, genera incertidumbre, inquietud y zozobra en la población. Lo sabe y lo hace, sin presentar el texto del decreto para el conocimiento de todos como parte de la estrategia, como la lógica de guerra lo indica, sembrar temor para intentar paralizar a la mayoría.

El anuncio, en esta oportunidad, le agrega un término a la denominación del decreto que incrementa las suspicacias. Ahora, en lugar de ser un “Decreto de Estado de Emergencia Económica” como fue el 2.184 del 14 de enero, prorrogado el 11 de marzo por el 2.270; se trata de un “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica“.

¿Estado de Excepción, en este momento y en este contexto?

Nicolás y algunos de sus ministros, en su estilo de comunicacional combinando cadenas con tuits, expusieron algunas razones y consecuencias que podemos encontrar en la prensa y en sus TL en twitter.

Sin embargo, como sus razones estaban plagadas de fantasmas en conspiración y como mi salud no me permitió salir a manifestar hoy (con las ganas que tengo de poder salir a manifestar), me puse a hacer una mi colección de hechos de estos tiempos y anuncios de ayer, que dibuja el panorama en el que se hace el anuncio.

El panorama, hasta el momento, me queda así:

1. Defensa ante supuestas amenazas externas: Uribe y USA, y prevención/proteccion ante la posibilidad de aplicación de la Carta Democrática.
2. Prevención ante avance de enjuiciamiento por corrupción a gobernantes de otros países, como Cristina y Dilma.
3. Amedrentamiento para paralizar a la crítica interna, en las filas de su partido, con despidos a funcionarios que firmaron el revocatorio.
4. Paralización de la oposición y descrédito a su liderazgo con anuncios del revocatorio en el 2017 y retraso del calendario.
5. Criminalización del liderazgo político y de defensores de DDHH, vinculando a los primeros con la promoción de violencia en la calle y a los segundos con conspiración y recepción de fondos de gobiernos extranjeros.
6. Neutralización de la Asamblea Nacional a través de saboteo directo con ataques a diputados, de ausencia del oficialismo en las sesiones, de criminalización por acusaciones a diputados e intento de destituir a la directiva por el TSJ.
7. Intimidación a la población con militarización de zonas populares e incremento de la presencia y el control militar en lugares de distribución de alimentos.
8. Continuación de la estrategia de OLP para intimidar a unos y atajar la guerra interna que tienen sus clanes y mafias.
9. Neutralización de las protestas con bloqueos a manifestaciones, no otorgar permisos, represión, ataques a manifestantes por parte de grupos violentos y organismos de seguridad, y detenciones arbitrarias.
10. Invalidación de los partidos opositores por supuesta falta de requisitos ante el CNE.
11. Incrementos de ataques contra medios y periodistas, incluyendo uso de la violencia contra periodistas en el ejercicio de sus funciones y decomiso y destrucción de equipos.
12. Importante aumento de precios de productos de la canasta básica.

Este es el panorama en el que Nicolás hace su anuncio.

Seguramente me faltaron hechos, amenazas y anuncios, pero con los colectados, hasta el momento, lo que me queda muy claro, es que el “decreto” persigue proteger al ejecutivo y su élite, mientras desarrolla una nueva fase en su estrategia de guerra que incluye profundizar el control del poder y continuar con la desinstitucionalización, corrupción y el abuso, apostando a la sumisión y paralización de la población, a la neutralización del liderazgo opositor -y también al liderazgo que se declara oficialista pero se considera alterno y crítico- e intenta inhibir las iniciativas de apoyo internacional.

¡Así es que un “revolucionario” gobierna!

¡Ésta es la guerra de Nicolás contra el país, contra el pueblo!

Lógica “económico-revolucionaria”

Pasamos 17 años sin hacer planificación, mantenimiento ni renovación del sistema eléctrico, sin mantener ni construir nuevas represas, sin cuidar los bosques ni reforestar y sin explorar ni emplear nuevas tecnologías para producir energía eléctrica, ni crear incentivos para que los empresarios en algunas áreas se autoabastezcan.

Cuando se necesita racionamiento, se reduce el horario de suministro a los centros comerciales que son consumidores de un bajo porcentaje de electricidad en las ciudades, pero que albergan a muchos comerciantes, especialmente medianos y pequeños que son buenas fuentes de empleo, y grandes comercios del sector alimentación,  que proveen a pesar de la escasez producida por la “política económica” revolucionaria.

Con horario reducido de suministro, los centros comerciales y los comercios que albergan, se ven obligados a reducir la jornada laboral y a aumentar inversión en vigilancia, dada la galopante inseguridad que tenemos y la ineficacia de los cuerpos de seguridad.

La disminución de los ingresos forzada por ésto, es el peor incentivo para lograr la inversión en fuentes de energía para autoabastecerse.

En su lugar, se quiebran comercios, se produce más desempleo y se reducen las opciones para comprar productos escasos.

La “causa revolucionaria” será que los empresarios no se autoabastecen de electricidad.

Lectura deseada: Dar luz a los centros comerciales para evitar estas consecuencias, sería quitar la luz a los pobres para dársela a los ricos.

Ley De Inversión Educativa (otra para la #AN)

En la sección “El presupuesto educativo”, del artículo Una Agenda Educativa Para Diputados, publicado el 28 de noviembre en este blog, llamaba la atención sobre la poca rigurosidad y seriedad de la discusión y aprobación de las leyes de presupuesto, en la última década en la Asamblea Nacional. Ello ha tenido como lamentable consecuencia que, entre otros, el sector educativo no cuente con un presupuesto ajustado a sus necesidades, ni asociado a una planificación que permita garantizar, de forma progresiva, una educación de calidad para todos, poniendo especial énfasis en la ampliación de la cobertura y la calidad del sub-sistema de educación básica que tiene carácter obligatorio, de acuerdo a lo que establece la Constitución.

En dicho artículo mencioné unas propuestas de acción legislativa para abordar integralmente algunos de los problemas asociados a la elaboración, discusión, aprobación y ejecución del presupuesto del sector. En éste, quiero agregar una propuesta que ya hemos discutido con otros matices, en diversos escenarios y que apunta a atender las deficiencias que, en términos de infraestructura educativa, se mantienen en el sistema. Para efectos prácticos, la llamaré “Ley de Inversión Educativa”.

Tal como ha venido funcionando el sistema educativo, hay tres tipos de requerimientos que justifican la existencia de una “Ley de Inversión Educativa

  1. Ampliación de la oferta

Hablar de ampliación de la oferta en educación básica, es hablar de, por una parte, la construcción de nuevas escuelas en lugares en los que actualmente no hay oferta o es deficitaria, y por la otra, de tener suficientes planteles para que todas las escuelas puedan trabajar a turno completo, aspiración que tiene más de dos décadas en el país, que se propuso concretamente como política pública en los 90s, y que pretendió materializarse en 1999 con la adopción del modelo de “Escuelas Bolivarianas”. (Actualmente, a pesar de la intención inicial de ese modelo, la intención de constituir escuelas a turno completo, desapareció, por lo que se bautizaron como “Bolivarianas”, escuelas de medio turno en los diversos niveles, por lo que siguen existiendo múltiples infraestructuras en las que funcionan, con un esquema de tiempo parcial dos y hasta 3 escuelas).

En 1999, cuando se nombró el primer Coordinador de Escuelas Bolivarianas en el Ministerio de Educación, el Foro Educativo Venezuela, entregó un proyecto que permitía, con una “ley”, tipo presupuesto-programa de 10 años, asegurar la inversión en infraestructura, formación docente y alimentación escolar, para garantizar que todas las escuelas de país pudieran asimilarse al esquema de turno completo. Ese mismo proyecto fue entregado a los primeros 5 coordinadores de ese modelo y en todos los casos, no pasó de ser engavetado.

En ese momento, el Estado, a través de sus poderes ejecutivo y el legislativo, pudo haber elaborado y aprobado su propio proyecto, lo que hubiese permitido que, a esta fecha, el país tuviera 5 años contando con un modelo en el que todas las escuelas funcionaran a tiempo completo, con docentes suficientes y con alimentación para todos. En su lugar, el Ministerio se ha limitado a realizar algunas nuevas construcciones y muchísimas promesas.

Una “Ley de Inversión Educativa” debería tener como primer título, uno que permita saldar esta deuda con el país, en el que se defina y desarrolle un plan de inversión, a largo plazo, que se haga efectivo a través del mecanismo de “presupuesto-programa” (que permite asegurar la ejecución presupuestaria de varios años) y que contemple, tanto la construcción de nuevas escuelas para llevar la oferta educativa al alcance de todos, como la que corresponda a eliminar el uso compartido de la infraestructura escolar, permitiendo que todas las escuelas puedan pasar a ofrecer turno completo.

En este punto, es importante hacer énfasis en que la construcción de nuevas escuelas para ampliar la cobertura, no se resuelve, en todos los casos, con grandes construcciones en las capitales de los municipios y estados, o con una escuela por parroquia (como rezaba la última promesa del ministerio cuando dijo que buscaría recursos en China), sino con escuelas medianas o pequeñas que puedan localizarse donde está la población, para que los estudiantes no tengan que recorrer largos trayectos para poder asistir a clases o que, igualmente se queden fuera del sistema por la imposibilidad hacerlo o de mudarse al poblado en el que se localiza la escuela.

Este título, debe garantizar el acceso a la información y la transparencia del esfuerzo de ampliación de la oferta educativa y de la ejecución del presupuesto-programa, por lo que debe tener un capítulo que determine el mecanismo de presentación de proyectos y de selección de los contratistas, y otro que obligue al ejecutivo (en sus ámbitos nacional, estadal y municipal coordinados) a poner a disposición del país, un sistema de información abierto a la consulta de cualquier usuario, que incluya el cronograma de construcciones programado, los lapsos y requisitos para presentar proyectos, así como los criterios y resultados en el proceso de selección de contratistas; y el proyecto de construcción de cada escuela, con sus plazos de ejecución, los montos de inversión y el contratista seleccionado.

 

  1. Mantenimiento de la planta física, mobiliario y equipos

A pesar de que es obvio, el sistema parece olvidar que una escuela construida y en funcionamiento, no permanece, tal como fue entregada por el Ministerio, las Gobernaciones y las Alcaldías, a las comunidades, por arte de magia. El mantenimiento de las escuelas en óptimo estado, requiere de acciones preventivas y correctivas, menores, intermedias y mayores, integrales o parciales que deben ser planificadas, programadas y financiadas por el Estado. Ese debería ser el segundo título de una “Ley de Inversión Educativa”.

En efecto, la complejidad y la demanda de recursos de un sistema de mantenimiento, amerita planificación, programación y garantía de recursos. Un sistema escolar en óptimo estado, no se logra con esquemas sustentados en el trabajo voluntario de las comunidades, que, en forma de colaboración, apelan a una interpretación acomodaticia y errada del principio de corresponsabilidad, para transferir a la ciudadanía, responsabilidades que corresponden al Estado, transferencia que, en la mayoría de los casos, no está acompañada de los recursos económicos necesarios para asumirla. Pero tampoco se logra con esquemas que no responden a una programación a largo plazo.

Como ha quedado demostrado, esquemas como “una gota de amor para mi escuela” o “Jornada Voluntaria de Mantenimiento Preventivo” a ejecutarse en 335 escuelas del país, primero cada sábado, y después cada fin de semana, no han contribuido de forma efectiva con el mantenimiento de la infraestructura escolar. Incluso, la última versión de la política que tiene al respecto el ministerio, el denominado “Plan de Mantenimiento Preventivo”, no ha mostrado una programación completa y a largo plazo que permita atender, de forma planificada, las necesidades reales del sector.

Dada la complejidad y la demanda de recursos de un sistema de mantenimiento, y para ilustrar un poco cuál sería el contenido de este segundo título de la Ley, recordemos que en la escuela se debe programar, en primer lugar, el mantenimiento preventivo de la infraestructura, el mobiliario y los equipos, para garantizar su buen estado. Para ello, cada comunidad educativa debe contar con los recursos necesarios para sufragar los gastos asociados. Este podría ser el contenido del capítulo primero del segundo título de la “Ley de Inversión Educativa”: rubros de inversión, estimación de costos y mecanismos para la transferencia de los recursos a las escuelas, para las labores cotidianas y menores de mantenimiento preventivo.

Pero más allá del cuidado que tengan las comunidades sobre infraestructura, mobiliario y equipos, así como de las jornadas de mantenimiento preventivo que se realicen con apoyo del ente rector y de las otras instancias de gobierno de las que dependen las escuelas, el uso y la vida de equipos y mobiliario, es limitada. Es por ello, que un segundo capítulo a incluir en este título de la “Ley de Inversión Educativa“, debería establecer los mecanismos de acción y planes de reparación, así como los criterios para la asignación de recursos, de acuerdo a la naturaleza de cada caso, para el desarrollo de actividades de mantenimiento correctivo, cuando los equipos o el mobiliario, sufran daños específicos e inesperados, y mecanismos, presupuesto y planes para su sustitución, al término de su vida útil.

En este capítulo entraría todo el mobiliario y los equipos de las escuelas, incluyendo los usados en el Programa de Alimentación Escolar, que tienen unos requerimientos de mantenimiento y unas características técnicas específicas.

También deben existir mecanismos complementarios que permitan considerar la sustitución de mobiliarios y equipos derivados de cambios de tecnología, que ameriten la renovación de los mismos.

En cuanto a la infraestructura física, es importante considerar que el mantenimiento preventivo tiene diversos momentos y actividades, dependiendo del componente de la infraestructura, sus características y funcionamiento, así como de las condiciones físico-ambientales en las que se localiza la escuela.

Por ello, en un tercer capítulo en el segundo título de “Ley de Inversión Educativa“, se debería contemplar tanto el mantenimiento preventivo cotidiano, como el mantenimiento preventivo periódico, cuyas acciones dependen de las mencionadas características de la infraestructura. Dicho capítulo debería contener las pautas, estándares y criterios con los que, por poner un ejemplo ilustrativo, periódicamente, se deben revisar los sistemas eléctricos, de suministro de aguas, de aguas servidas, y las estructuras, entre otras, y con las que se deben programar y realizar las acciones de mantenimiento que eviten su deterioro, así como los recursos con los que cada escuela y el sistema contará para ello. Estas actividades no pueden, como hasta ahora, depender de operativos ocasionales, sino que deben tener un estricto cronograma de ejecución, para garantizar que sea efectivamente preventivo y oportuno.

Y finalmente, más allá del mantenimiento preventivo, existen acciones de mantenimiento correctivo, que tienen lugar cuando se produce, por diversas razones el deterioro de alguna parte de las instalaciones. En esta categoría, entran además de las reparaciones imprevistas, un tipo de mantenimiento que, en nuestro sistema educativo, se ha denominado siempre mantenimiento mayor y que, de acuerdo a algunos estándares, tiene actividades que deben realizarse en toda infraestructura cada 5 años. El mantenimiento mayor se refiere a actividades como sustitución de techos y paredes, impermeabilización y reparaciones mayores. Los criterios, estándares y procedimientos, así como la asignación de recursos para este tipo de mantenimiento pueden estar especificados en un cuarto capítulo de este título.

En todos los casos, o en un capítulo aparte, tal como se planteó en el punto sobre la ampliación de la cobertura del sistema, una “Ley de Inversión Educativa“, debe determinar los mecanismos de presentación de proyectos y de selección de los contratistas, con un sistema de información abierto a todos, en los que se especifique el cronograma a largo plazo para todo el sistema educativo, así como, la programación de este tipo de mantenimiento para cada una de las escuelas, incluyendo fecha, tiempo de ejecución, tipo de reparación e inversión estimada. Un cronograma así, permite también planificar, en caso de que el mantenimiento mayor implique la suspensión de clases por requerir un lapso de ejecución mayor al vacacional, la reubicación de los estudiantes para que no se afecten las clases durante el año escolar.

 

  1. Garantía de la gratuidad de la educación

De acuerdo a la Constitución vigente, la educación básica en Venezuela debe ser gratuita, específicamente, la que se ofrece en los planteles oficiales. Este fue el principio que justificó que el Estado, hace 14 años, decretara que se eliminara cualquier cobro o contribución en las escuelas nacionales, estadales y municipales. Sin embargo, la eliminación de ese aporte, que las familias o de las comunidades hacían para el funcionamiento de las escuelas, incluyendo compra de materiales que debían ser dotados por el ministerio o por el ente de adscripción de la escuela, no ha sido repuesto con los recursos presupuestarios permanentes y suficientes para evitar que las familias no tengan que sufragar todos los costos directos o indirectos que garantizan que los estudiantes puedan asistir a esas escuelas.

Cabe mencionar que las escuelas tampoco cuentan con los recursos necesarios para su funcionamiento, de forma que sus docentes o directivos, no tengan que asumir costos que le corresponden al Estado. Sin embargo, este segundo punto no correspondería a esta Ley, sino que estaría en el marco de la discusión de la elaboración, discusión y ejecución del presupuesto regular con el que se financian los gastos recurrentes del sistema educativo.

Volviendo a lo que significa educación gratuita, estamos hablando de los costos de la denominada “canasta educativa” que incluyen los relativos al pago de matrícula, pero también a la compra de uniformes, útiles escolares, la alimentación y el transporte desde y hacia la escuela.

Hasta ahora, esos costos han sido subsidiados o asumidos, de forma parcial, pero no regular ni permanente, por lo que no se puede hablar de gratuidad plena. Debido a ello, un tercer título de la “Ley de Inversión Educativa“, debe estar dirigido a resolver de forma definitiva, los problemas asociados al financiamiento de los costos de la “canasta educativa”.

Este título debe contener normas que permitan garantizar el suministro de uniformes y útiles escolares a todos los estudiantes del sistema, incorporando algunas normas específicas que permitan, por ejemplo:

  1. Incluir equipos como las computadoras portátiles en la canasta, pero que obliguen al Estado a garantizar la conexión a internet en las escuelas, a través de una Ley de Inversión complementaria, para que el uso de dispositivos de ese tipo tenga el alcance que brindan las nuevas tecnologías y no se queden funcionando como una mezcla entre máquinas de escribir y proyectores de videos y aplicaciones producidas e instaladas por el gobierno en ellos.
  2. Ampliar los recursos educativos y fuentes de información, eliminando las restricciones de calidad, los sesgos ideológicos y desarrollo de competencias que tiene la obligación de utilizar los textos de la Colección Bicentenario, como textos únicos en las escuelas.
  3. Establecer mecanismos de concurso público para el suministro de uniformes y útiles escolares.

En cuanto a los costos asociados al transporte, es importante decir, que salvo un par de gobiernos regionales y locales, no existe un programa de transporte escolar que garantice rutas de acceso de toda la población a las escuelas, por lo que es imprescindible que la “Ley de Inversión Educativa“, en ese título, cuente con un capítulo en el que se establezcan normas y procedimientos, así como recursos y plazos para proveerlo.

Y finalmente, en el tercer título de esta Ley, debe existir un capítulo dedicado al financiamiento del Programa de Alimentación Escolar, en el que se revise las restricciones para la transparencia y rendición de cuentas de la figura recientemente adoptada para su administración –la Corporación Nacional de Alimentación Escolar-, y que establezca estándares, procedimientos, plazos e inversión que permita contar con alimentación adecuada y de calidad en las escuelas.

Estas normas deberán estar coordinadas con las del título primero, con relación a la dotación y mantenimiento de equipos y mobiliario para las cocinas y los comedores escolares, y también deberán estar dirigidas a evitar todas las distorsiones asociadas al suministro de insumos, especialmente, en la contratación del transporte para llevarlos a las escuelas, cuyo costo, por descuido o una falla de diseño, tiene varios años recayendo en las comunidades que se ven obligadas a hacer una vaca, o a buscar mecanismos irregulares, para contratarlo, ya que el mismo no es suministrado por el sistema.

 

Dejar de volar ¿vértigo o comodidad?

Viendo cantar a Nina, mejor dicho, viendo como Nina se vacilaba la canción, la energía y significado que con cada frase expresaba y quería comunicar y como asomaba reiteradamente esa sonrisa irreverente y retadora; no podía dejar de recordar a San Feliz ayer, lo sucedido y las diversas explicaciones y pronósticos asociados, recordar las miles de quejas y llamados a la acción y reacción de otros de todos los días, los innumerables mensajes en torno al tema de moda en nuestra “apropiada” dinámica de polarización “¿es más valiente o responsable o patriota o útil, el que se va o el que se queda?”

Veía a Nina, recordaba que vivimos todo eso sobre una cama de horas de colas, de miradas de desconfianza, de caras de terror y paranoia y de llantos de desesperación y muertes, y me preguntaba:

¿en verdad, como país y como ciudadanos, queremos ser libres, o es demasiada la responsabilidad de asumir las riendas de nuestras vidas, de producir para afrontar nuestros gastos, de elegir probidad a la viveza?

¿Querremos descubrir que podemos volar y hacerlo, sin esperar que alguien nos cuente como se ve el mar desde el cielo o mueva las alas por nostros, para garantizar que no nos vayamos a pique?

Volar alto puede dar vértigo, pero a veces no se deja de volar por vértigo, sino por comodidad.

Vean a Nina Simone…

(Tomado en préstamo del muro de Kelly)

¡Menos mal, regresó la normalidad!

Leo algunos mensajes en twitter y facebook que advierten el peligro, o plantean el temor, de que la gente deje las calles y el país vuelva a la “normalidad“. También leo mensajes de algunos oficialistas que celebran, con la llamada “toma militar de Altamira“, el regreso a ella.

Quienes tienen ese temor, o esa satisfacción, dependiendo del caso, creo que no entienden que ésta, la dinámica de protestas y represión que vivimos, es la nueva normalidad” que tenemos y tendremos, es la única “normalidad” posible en la Venezuela “revolucionaria”, la única “normalidad” viable para garantizar la supervivencia de quién excluye y desconoce al que piensa diferente y sólo sobrevive cuando logra asfixiar, hasta desaparecer, toda disidencia.

Si cesaran las protestas o cediéramos la calle, lo que vendría no sería jamás una vuelta a una “normalidad” precedente. Ni a la pasada reciente que esperan algunos oficialistas, ni a la pasada remota que añoran y desean algunos opositores.

Lo que vendría sería una evolución de la “normalidad” que vivimos, que obviamente, representaría una involución mayor en nuestra vida republicana.

En esa “normalidad” seguiría profundizándose la crisis económica, las empresas seguirían quebrando, los anaqueles estarían más vacíos, las colas se harían más incómodas y recurrentes y la gente se pelearía por agarrar el pollo que le corresponde esa semana, de acuerdo a lo que dice su tarjeta de racionamiento.

Nuestros jóvenes seguirían emigrando, pero lo harían por tierra, ya que sería más difícil conseguir pasaje en los pocos vuelos que entren y salgan de Venezuela. Mientras tanto, los “enchufaos” de turno pasearían por el mundo con dólares preferenciales o haciendo derroche de recursos mal habidos.

La delincuencia seguiría desatada, pero sentiría el reimpulso de la impunidad renovada, que le daría haber sido protagonista y artífice del éxito oficialista, a puños y tiros, en algunas de las batallas de esta guerra que el gobierno tiene con el pueblo. La Guardia Nacional y la Policía Nacional seguirían en las calles, en las salidas de los metros, en las paradas de buses, en las puertas de las universidades y en las esquinas, “sembrando paz“, requisando a todo el que circula y susurrando temor a sus oídos para que no se le ocurra pensar diferente.

Las cárceles seguirían en franco deterioro y los presos, políticos y no políticos, hacinados y con sus derechos humanos violados, frente al descarado y creciente privilegio que seguirían teniendo los pranes y sus mafias.

Las escuelas seguirían, algunas en terribles condiciones y otras remachadas y retocadas, pero en todas los docentes se verían obligados a aprender y replicar la religión-política, que coloca a Hugo Chavez a la derecha de Dios Padre, o en su lugar, según sea la tendencia.

Los hospitales seguirían sin insumos y las colas de enfermos esperando tratamiento u operaciones, crecería en medida inversamente proporcional a sus esperanzas.

En su esfuerzo por apagar toda opinión libre y disonante, veríamos más intentos de borrar la presencia de las voces disidentes en la Asamblea, allanando la inmunidad parlamentaria de nuestros diputados e imputándoles cargos de traición a la patria por defender nuestros derechos; también seríamos testigos todos los días, de esfuerzos para anular la acción de las personas y organizaciones encargadas de defender los derechos humanos; seguiría la confiscación del poder de las instancias de gobierno de los Estados y Municipios donde no ganó el oficialismo, a través de la reducción de sus presupuestos y de la instrumentación de mecanismos inconstitucionales de “gobierno” paralelo; y continuaría la expansión del monopolio gubernamental de los medios de comunicación, aumentarían las horas de amenazas e insultos en cadena nacional y se incrementaría la mordaza que se impone a periodistas y medios que se atreven a contar al país o al mundo, algo de lo que aquí realmente sucede.

Los empleados públicos seguirían siendo obligados a bajar la cabeza, a vestirse de rojo y a profesar lealtad a la “revolución” apoyando sus actos públicos y privados; terminaríamos de entregar la soberanía y el petróleo a Cuba y tendríamos comisarios políticos y soplones, cubanos y venezolanos, por todos lados. Crecería el número de “beneficiados” por las misiones, pero, por falta de recursos, su instrumentación apelaría a un método de asignación intermitente que dejaría a todos con la esperanza de que su cheque o su beneficio, saliera efectivamente en la tanda siguiente.

En esa evolución de la “normalidad” revolucionaria, se seguiría tejiendo, con la práctica, una instrumentación de la Constitución a la medida, que terminaría violando toda letra que resultara incómoda a la “revolución“; la renovación de los poderes públicos se haría con la señal de costumbre, dejando en los cargos de confianza a los que corresponda, según lo largo del enroque, o a nuevos militantes, tan leales a la “revolución” o más, que sus ocupantes precedentes.

En ella, el odio y la división se profundizarían y el enfrentamiento sería convenientemente callado, por el terror de las armas.

Aparentemente, nada cambiaría, pero todo sería progresivamente diferente.

Así que con la normalidad que tenemos o con la que le seguiría, en la lógica “revolucionaria“, sería imposible volver a algo que se le pareciera a la “normalidad” que unos desean o la que otros recordamos, con o sin nostalgia, porque el pasado, es pasado y ya no vuelve y porque la única “normalidad” posible con esta “revolución” es una que esté alineada a sus ideas y alineada con la sumisión.

Sin embargo, si asumimos al presente y al pasado como oportunidades de aprendizaje, hay una “normalidad” diferente, que sería posible y que, entre todos, podemos construir y hacer viable.

Una “normalidad” en la que Venezuela sean en efecto una República, con ciudadanos responsables y gobernantes, eficaces, eficientes, probos y éticos; con una institucionalidad, en teoría y práctica democrática; un país productor, próspero y creativo, con un Estado que garantice los derechos de todos, sin distingo, que trabaje a fondo por eliminar las desigualdades y la división social y que se encargue de promover una elevada calidad de vida para todos.

Construir esa “normalidad” requiere tiempo, dedicación y esfuerzo, entrega y sacrificios; requiere mantener nuestra voz de protesta, y simultáneamente, reconocer, respetar y aceptar al otro, para iniciar un cambio profundo juntos; requiere, en la intimidad, revisarnos en detalle y dejar los viejos hábitos que constituyen la “viveza del venezolano“; requiere salir a la calle día tras día a ser y construir un país diferente.

Que tengamos una u otra “normalidad“, de nosotros depende.

¡Nos vemos en la calle!

PS: Tal como dicta la “normalidad” y por sugerencia de algunos lectores, hice unos cambios en la “vista” del blog, pero las limitaciones de las plantillas disponibles, no dieron los resultados esperados, así que seguiré buscando opciones y mientras, disculpen el grotesco tamaño del encabezado y de las letras.

Politizando el asesinato de Mónica y Thomas

Hace un rato decía en FB y Twitter que desde que leí sobre el abominable asesinato de Mónica Spears y su esposo esta madrugada, no hago más que pensar en esa criatura de 5 años con una herida de bala en la pierna y los cuerpos sin vida de sus padres a su lado, abandonada a su suerte en una carretera… para ella, a partir de hoy, seguridad, Venezuela y vida serán vocablos con un muy diferente significado.

Sin embargo, ahora dedicaré estas líneas a contribuir con la “politización” del hecho.

Señores de los medios, hablen claro y dejen la autocensura pacata:

1. Mónica y Thomas fueron brutalmente asesinados y su hija sobrevivió a un terrible episodio de violencia protagonizado por unos antisociales.

2. Ustedes como todos, saben que las vías en Carabobo están en pésimo estado y cuando baja el sol se convierten en zonas altamente peligrosas en la que los delincuentes estilan lanzar objetos a los carros o colocar obstáculos, para obligarlos a parar y asaltarlos. Eso es demasiado frecuente como para no tener un reporte con estadísticas y que los organismos de seguridad tengan políticas para eliminar esos permanentes riesgos. Además, vendrían bien unos reportajes con fotos de las troneras y el reclamo de un plan de asfaltado general de esas vías.

Señores del gobierno, simpatizantes de los gobernantes y ciudadanos que le temen a la “politización”:

1. La vida y la seguridad son derechos humanos y como ciudadanos no sólo tenemos el derecho a que se nos garanticen, sino el deber de exigir que se garanticen para todos; mientras que el Estado, a través de los organismos competentes tiene el deber de garantizarlos a todos sin ningún tipo de discriminación. Así son las cosas con los derechos humanos, les gusten o no.

2. El derecho a la vida y a la seguridad son asuntos políticos, se desarrollan con legislaciones y políticas públicas. Como tales son asunto de todos y en nuestro caso, el artículo 62 de la Constitución consagra el derecho de todo ciudadano a participar en la definición y evaluación de dichas normas y políticas.

3. Lo que no se puede hacer ni con los derechos humanos, ni con el Estado, ni el gobierno, es partidizar su garantía o su gestión, como estamos cansados de verlo en estos 15 años. Tampoco está permitido utilizar los recursos del Estado y del gobierno para instigar a otros a violar las leyes o los derechos humanos, ni promover el uso de la violencia, con hechos y discursos desde el poder. Eso es contrario a los derechos humanos y a la institucionalidad democrática.

Así se llaman a las cosas por su nombre y se polítiza lo que se tiene que politizar.

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¡Las cartas están echadas!

Cuando, como ahora, las bajas pasiones y nuestros demonios personales y sociales se exhiben, tendemos naturalmente a sentirnos ajenos a lo que sucede y a perder la esperanza.

Sin embargo, eso que puede resultarnos decepcionante, vergonzoso y desesperanzador, es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque aunque lo rechacemos, nos resulte ajeno y lo veamos contrario a nuestra naturaleza ciudadana y social, eso, lamentablemente también es parte de la Venezuela que somos. Es nuestra cara oculta, nuestra configuración oscura. Una configuración que, hasta ahora, estaba visible sólo en algunos, pero que,  obviamente, estaba latente en muchos otros. Esa, en estas circunstancias, afloró y lo hizo en magnitudes preocupantes.

Digo que es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque las sociedades, esencialmente, muestran su naturaleza de forma engañosa. Manifestan unas creencias, exhiben una cualidades y simultáneamente, ocultan otras. Las que se exhiben forman parte de los rasgos predominantes y socialmente aceptados. Pero a veces, hay unas para las que, la forma en la que se exhiben puede también resultar engañosa, haciendo que sean socialmente aceptadas conductas que encierran o se sustentan en rasgos socialmente cuestionados, por lo que, cuando aflora su naturaleza y se expresan de la forma más burda, resulta altamente esclarecedor sobre lo que tenemos y queremos como sociedad.

Es como la utilidad de los “espejos de aumento”: en ellos se ve magnificado lo que nos gusta y queremos ser y también lo que rechazamos y no queremos en nuestras vidas.

En nuestro caso hay rasgos que siempre estuvieron ahí, lo que sabemos incluso por el uso de algunas costumbres y refranes, que ahora están mostrándose en su peor manifestación.

¿Ejemplos?

“Se acata pero no se cumple” por mencionar el más nombrado, que, a la vez, es el más utilizado por la mayoría, independientemente del color político, cuando se está frente a un desacuerdo. O entre las prácticas, la “viveza del venezolano”, utilizado por muchos también.

Pero ¿qué cosas podemos identificar en lo que nos está sucediendo? Desde mi punto de vista, creo que las más relevantes serían:

1. Falta de probidad.

2. Locus de control externo.

3. Baja estima y desconfianza.

4. Falta de pertenencia.

5. Menosprecio al conocimiento – superficialidad.

6. Menosprecio al trabajo y a la impecabilidad.

Éstas dan origen, entre otras, a la baja cohesión social, al desconocimiento y falta de reconocimiento del otro; a la baja productividad; a la desesperanza aprendida; a la prepotencia y la chapucería; y a esa mezcla de oportunismo, facilismo, miedo, anomia y sumisión que se ha expresado con mucha fuerza últimamente.

Ésta Venezuela que vemos que también somos y que ahora podemos reconocer claramente que no queremos ser, nos da todas las pistas de la tarea pendiente si de verdad apostamos por una Venezuela con la que nos sintamos identificados y en la que queramos vivir.

Y ahora te pregunto:

1. ¿Cuál de los rasgos que rechazas, sientes que puede estar presente o que ha formado parte de tus prácticas ciudadanas en el pasado o en el presente?

2. ¿Crees que Venezuela somos todos? Si es así, ¿Qué crees que tenemos que hacer para constituirnos en una Nación?

3. ¿Crees que para que el país cambie los otros, los que actúan como no te gusta, son ellos, sólo ellos los que deben cambiar?

4. ¿Crees que una Venezuela diferente se construye sólo cambiando de gobernantes? Si no lo crees, ¿con cuáles cambios estás dispuesto a contribuir como ciudadano?

5. ¿Cuánto tiempo crees que nos tomará tener una Venezuela unida, proba, responsable, comprometida y productiva?

6. ¿Ya metiste la acción ciudadana para reconstruir a Venezuela como parte de tu agenda? ¿Cuántas horas pretendes dedicarle y en que piensas emplearlas?

7. ¿Cuántas personas que piensan y actúan diferente forman parte de tu familia y de tu círculo de amigos? ¿Cómo piensas hacer para reconstruir tus relaciones con ellos y para ampliar ese círculo? ¿Cómo piensas hacer para dejar de pelear con ellos y encontrar espacios en los que se pueda restablecer la confianza, el afecto y dónde se puedan comenzar a construir algunos acuerdos?

Hay diferentes dimensiones y niveles en la reconstrucción de Venezuela, pero el cambio no será posible, ni duradero, si no trabajamos la dimensión humana y social cotidianamente, nosotros mismos.

Esa es nuestra responsabilidad.

¡Yo la asumí!

¿Tú estás dispuesto a asumirla?