Mar de fondo

Ayer Nicolás Maduro hizo varios anuncios y declaraciones solapadas en medio de una simulación-caricatura de asamblea popular.

Al grito de ¿quieren que congele los precios? la gente respondía con consignas afirmativas, y Maduro decía “aprobado”. Esa fantochada la hemos visto muchas veces, no es ninguna novedad.

Tampoco es novedoso, de hecho, cada vez es más frecuente, que Maduro le pida a la gente que salga a defender sus decisiones en la calle. Sin embargo, ayer esa solicitud iba acompañada de la advertencia de que sus decisiones y políticas no podían ejecutarse sin el concurso de la gente defendiendo su ejecución en la calle.

Luego, volvió a invocar la inconstitucional condición de la “unión cívico-militar” como soporte de las acciones de “defensa” que debía hacer el pueblo en la calle.

Ese conjunto de declaraciones, lo hemos visto muchísimas veces, con distinto orden y variadas intensidades en los más diversos contextos desde hace tiempo.

Esta vez, llama la atención su combinación, la intensidad y el significado de lo que plantea. Maduro llamó a sus partidarios a la confrontación en la calle, mentando la Paz, antes, durante y después, pero ese fue el llamado.
También anunció una inaceptable “constituyente”, cuya presentación tiene tantas irregularidades como provocaciones, pero con la que pretende decretar la muerte de la República y que hizo que el país centrara la atención en ella. Un paso más en el golpe de estado continuado que su gobierno tiene años dando.

Ante ese anuncio, entiendo que lo natural es que la gente centre su atención en la “constituyente”, pero Nicolás Maduro anunció el paquete completo.

“Constituyente” ilegal y chimba y congelación de precios, no tienen vida sin la confrontación en la calle. La dictadura lo sabe y su jugada, ante la presión internacional y el incremento de las protestas, fue escalar el conflicto, pero poniéndolo en manos de la gente. Delegando en las personas el control de la pretendida y sobrevenida “institucionalidad”.

Esa jugada, se apoya en la necesidad de la gente y busca que sus partidarios, aquellos que estaban volteándose por cansancio y desesperación, vuelvan al “redil” y se conviertan en los protagonistas de la confrontación.

El gobierno sabe que cuenta con la FANB, la GNB, la PNB y la mayoría de las policías estadales y municipales, pero además, sabe que tiene a su servicio a todos los grupos paramilitares y parapoliciales que ha creado, financia y protege, y también tiene a los inconstitucionales milicianos. Los hemos visto actuando conjuntamente.

El gobierno sabe que cuenta con las armas, ante un país, desarmado pero en protesta. El gobierno actúa con la petulancia del que sabe que no tiene la razón, pero que opta por la sumisión del contrario porque tiene el poder del fuego, los recursos y las mafias.

El gobierno llama a sus partidarios a la confrontación, que no es más que la declaración de una guerra civil, con esquema de guerrilla y disfrazada.

Eso, como la ilegalidad de la “constituyente”, debe saberlo el mundo y nosotros debemos tenerlo muy claro.

Hoy vimos las primeras muestras de cómo se puede desarrollar esa confrontación en la calle.

Escribo ésto, luego de regresar de la tranca en la Trinidad, y de leer en las noticias que unos paramilitares, de los que acompaña y protege siempre la GNB, hicieron un boquete en un muro de un edificio residencial en una zona de Caracas, que ardían dos apartamentos incendiados -no se sabe si por acción de unas lacrimógenas que lanzó la guardia o por acción de los paramilitares-, que hay varios sitios donde se mantiene la represión y que hay un grupo de oficialistas lanzando cohetes y piedras al Palacio Legislativo y amenazando con tomarlo.

Creo que debemos meter también esta dimensión de los anuncios de Maduro ayer, de lo que sucede, en nuestros análisis y escenarios de decisión y que debemos hacer la denuncia internacional, apoyándonos en la transmisión que se hizo de su discurso, desde la concentración oficialista.

Una toma de la tranca en la Trinidad, hoy 2 de mayo, 2:20 pm

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Para terminar, les dejo este fragmento de lo que acabo de vivir, para pensar:

En el camino de ida a ver cómo estaba la tranca esta tarde, me crucé con mucha gente tratando de llegar a un lugar en el que pudieran agarrar un bus o una camionetica. Nunca me había cruzado con tantos chavistas en esa zona. Todos estaban arrechos porque no podían ir a sus casas.

Supe que eran chavistas porque cuando pasaban decían bajito “viva Chavez” para que lo escuchara la persona con la que se cruzaban, o hacían algún comentario crítico a la tranca.

Uno de los que habló un poco menos bajo, dijo: ¿vieron, esa es la gente que quieren que los gobierne?

Hablaba desde la impotencia de quién se sabe perdido, de quién siente que le están arrebatando el país. Hablaba desde el resentimiento, pero con la convicción de que para ellos, el final del conflicto implica exclusión.

Ese, el resentimiento, fue el alimento de Chavez al inicio y es algo que arrastramos desde nuestra historia de sociedad dividida, que no hemos podido resolver.

El resentimiento y la exclusión es lo que hace que la #DictaduraEnVenezuela siga teniendo apoyo de alguna gente.

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Tácticas de Guerra

Estamos tan acostumbrados al verbo incendiario de los altos funcionarios del gobierno y a las actuaciones desproporcionadas de los organismos de seguridad del Estado, que parece que no terminamos de asimilar y tener consciencia de que estamos viviendo una dinámica de guerra.

Para describir en lo que se ha convertido en nuestra cotidianidad, podría comenzar diciendo:

  • Que el país está dividido en parcelas y guetos. Hay lugares impenetrables, lugares a los que no puede ingresar cualquier ciudadano. En algunos, no pueden entrar tampoco los organismos de seguridad.
  • Que nos hemos convertido en el país de las cadenas, la propaganda, la censura a los medios y el ataque a los periodistas, como política comunicacional del Estado; y de las confiscaciones, del desconocimiento al derecho a la propiedad y del quiebre indiscriminado de empresas, como “política económica”.
  • Que conseguir alimentos y medicinas se ha convertido en un vía crucis para todos los ciudadanos, para algunos mediatizado por el clientelismo disfrazado de política social, atentando contra los derechos a la alimentación y a la salud y contra la dignidad humana, descaradamente.
  • Que si un opositor, ciudadano de a pié o dirigente, hace una crítica o un llamado a manifestar pacíficamente, es criminalizado y en no pocos casos, acusado de traición a la patria y privado de libertad sin debido proceso. Pero se puede ver, con frecuencia a los altos dirigentes del oficialismo haciendo apología del delito, amenazando con agarrar fusiles y con levantar a las masas para no soltar nunca el poder; instigan al odio y a la violencia, criminalizan a los opositores y no pasa nada.
  • Que ante las denuncias de las organizaciones no gubernamentales y de defensores, por las recurrentes violaciones y falta de garantía de los derechos humanos por parte del Estado, el oficialismo responde con una organización muy gubernamental o con un evento, en el que el gobierno hace falsa propaganda para demostrar que ellos sí respetan o garantizan, los derechos humanos.
  • Que el derecho a la vida, que no ser robado, asaltado ni secuestrado, se considera más producto de la buena suerte, que de la existencia de un sistema que garantice realmente la seguridad ciudadana.
  • Que como ya sabemos, nosotros y en buena parte del mundo, en Venezuela no existe separación de poderes y que recientemente se ha dado un paso más en el golpe institucional continuado que vivimos desde hace casi dos décadas, con la acción ilegal del TSJ, agravada por la “solución” concertada con el ejecutivo y “avalada” en declaraciones por el “poder moral” a través de la defensoría.

Podría continuar y con seguridad tendríamos una larga lista de violaciones a la institucionalidad -contenida en los tratados internacionales suscritos, en la Constitución y en buena parte de las leyes-, de aberraciones en la dinámica social y política nacional, de violaciones a los derechos humanos más elementales.

Pero hoy quiero llamar la atención sobre una dimensión de la realidad venezolana, la relacionada con el ejercicio de los derechos políticos, específicamente, del derecho a la manifestación y el uso por parte del Estado de tácticas de guerra para impedirlo, en lugar de garantizarlo.

Sí, me refiero a tácticas de guerra, porque:

  1. Las parcelas y guetos en los que se encuentra dividido el país, también tienen su versión relacionada con la participación política. Hay sitios en los que está vetada la protesta crítica al gobierno, a los que la población que no es partidaria del gobierno, no puede llegar en manifestación. Sin embargo, en esos lugares, los simpatizantes del oficialismo, pueden hacer manifestaciones y fiestas sin ningún problema, actividades que, casi en su totalidad, son promovidas y financiadas por funcionarios e instancias del Estado, haciendo uso doloso de los recursos públicos.
  2. Cada vez que se convoca a una protesta opositora, el oficialismo monta su contra-marcha o contra-concentración, con recursos del Estado e instando a los funcionarios públicos a participar bajo amenaza. La lógica es la confrontación, como si las instancias gubernamentales no tuvieran la responsabilidad de atender y escuchar a todos.
  3. Si una manifestación de la oposición trata de llegar a la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, o a la Asamblea Nacional, para hacer escuchar su voz, desde la noche anterior se despliegan contingentes de la GNB y de la PNB para ubicarse en lugares estratégicos y, sin ningún argumento válido, bloquear el paso, en su momento, violando el derecho a la manifestación.
  4. Las manifestaciones opositoras pueden ser atacadas en diversos momentos por los grupos paramilitares o parapoliciales, mal llamados “colectivos”, que desde hace también casi dos décadas, se promueven, financian y protegen desde el gobierno, y a los que, en algunos casos, se les han asignado informal, pero públicamente, labores de control de la “seguridad ciudadana” en los sectores populares, pero siempre se han autodenominados como “defensores” de la “revolución”.
  5. Si ante un bloqueo en la ruta, los manifestantes se mantienen en la zona o insisten en pasar, los organismos de “seguridad” responden, sin mediación previa, violando lo establecido en el artículo 15 de la resolución Resolución 8610 del MPPD (*), con uso excesivo de fuerza.

articulo 15La presencia de mediadores y el espacio de diálogo para la resolución de conflictos antes de la acción de los organismos de seguridad del Estado, ha existido solamente en el texto de esa norma, en la mayoría de los casos, de una vez se pasa a la represión y siempre de proporciones desmedidas y para nada acordes a la situación que se dice que se quiere controlar, como lo establecen los artículos del 20 al 25 de la misma resolución.

En efecto, si vemos la escala que regula el uso progresivo de la fuerza, tanto en la acción de la Fuerza Armada, como en la acción policial, de acuerdo al siguiente gráfico, hay 5 peldaños que escalar, antes de utilizar las armas intermedias o no letales, es decir, antes de apelar al uso de los gases lacrimógenos, por lo que cabría preguntarnos, ¿cómo es que se llega siempre tan rápido al sexto peldaño, según la GNB y la PNB, en las manifestaciones y protestas opositoras? Claro, que esa escalera se sube más rápido sin la mediación mencionada en el artículo 15.

la escala

Este gráfico es tomado del artículo 2 de las “Normas y principios para el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial por parte de los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos político territoriales” porque está más claro que en la GO de la Resolución 8610 y es casi idéntico en su diseño. En la Res 8610 se encuentra en el artículo 21 y la descripción de las acciones correspondientes a cada peldaño de la escala, se encuentran en el artículo 3 de las normas policiales y en el 22 de las normas de las Fuerzas Armadas.

La represión a la que parece que nos estamos acostumbrando, incluye persecusión y correteo de los manifestantes, acorralamiento en lugares cerrados, con ingreso y persecusión arbitraria de manifestantes y no manifestantes, en espacios públicos y centros comerciales; disparo de gases lacrimógenos hacia edificaciones de uso comercial y residencial, y también directamente hacia los manifestantes, y uso de perdigones y maltrato físico a los manifestantes. Esas acciones se han utilizado en múltiples oportunidades, unas con mayor recurrencia e intensidad que otras, algunas desde hace más de una década y otras de data más reciente. Todas ellas, acompañadas, como ya sabemos, por detenciones arbitrarias.

Pero si ya nos estábamos acostumbrando a que esas violaciones e irregularidades formaran parte la cotidianidad en los intentos por ejercer nuestro derecho a manifestar, y para que no perdamos nuestra capacidad de asombro, el Estado decide innovar con dos nuevas acciones en su táctica de guerra: lanzar lacrimógenas en las inmediaciones de dos centros de salud y lanzarlas desde un helicóptero.

El lanzamiento de gases lacrimógenos en las inmediaciones de dos centros de salud en las Mercedes, es una acción inédita por parte de la GNB. De ella existen varias reseñas con fotos y videos y incluidos. De las personas que reseñaron, resaltan el Doctor Daniel Belleli, que tomó un video desde el exterior de uno de los centros de salud y la Diputada Delsa Solorzano (@delsasolorzano ) que se encontraba recibiendo atención médica, precisamente por haber sufrido el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho durante la manifestación.  (Por cierto, el uso de disparos directos de gases lacrimógenos a los manifestantes, implica un riesgo de lesión que es penado por la ley y que constituye una violación al numeral 3 del mencionado artículo 15. Esa acción, además de la lesión que llevó a la diputada Solorzano a la clínica, le produjo una fractura en la tibia al Periodista Román Camacho (@RCamachoVzla), así como heridas en la cabeza a un par de manifestantes ayer).

Aquí les dejo los enlaces con los videos en cuestión.

Video del Doctor Daniel Belleli:

Video de la Diputada Delsa Solorzano:

Esta acción, además de escandalizarnos a todos por lo descabellada y de haber tenido consecuencias en la salud y bienestar de las personas que se encontraban en los centros de salud en ese momento, incluyendo a un bebé, viola el numeral 3 del artículo 15, citado anteriormente, tal como se aprecia a continuación:

articulo 15 numeral 3

En este marco, es importante resaltar que sobre el uso de los gases lacrimógenos hay muchas cosas que valdría la pena agregar, especialmente por el desconocimiento que se tiene sobre su toxicidad y efectos a largo plazo en la salud de las personas que son sujetas a exposiciones intensas y por largos períodos, pero eso requeriría todo un texto aparte que, seguramente, se basaría en el trabajo que, sobre el tema han hecho algunos químicos universitarios, como la profesora Mónica Krauter (@mkrauterusb).

Sin embargo, es importante comentar que, el sábado pasado (8 de abril) se generó un gran revuelo por el uso de bombas de humo de color rojo, conjuntamente con las lacrimógenas, lo cual constituye una acción para intimidar y confundir a los manifestantes, por parte de los organismos del Estado. Pero ese tipo de acción no es inédita. Tiene antecedentes, entre otras, en las manifestaciones de inicio del 2014, de las cuales, por cierto, también hay algunas pocas reseñas gráficas.

Por otra parte, el lanzamiento de bombas lacrimógenas desde un helicóptero, es una terrible novedad en la táctica de guerra del gobierno, que comenzó justamente en la manifestación del pasado jueves 6 de abril, se repitió en la manifestación del sábado 8, tal como consta en diversas menciones del hecho por usuarios de twitter, aunque, en esos dos momentos, imaginamos que por la sorpresa, no se tomaron reseñas gráficas como en la manifestación de ayer.

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lacri dia 8

Ayer, la acción criminal fue reseñada en un video tomado por el Diputado Juan Andrés Mejía (@JuanAndresMejia ), dejando clara evidencia de lo sucedido.

Al respecto, es imprescindible decir que el uso de gases siempre se ha considerado una acción muy delicada, porque la naturaleza del gas, conjuntamente con las condiciones climáticas, hacen muy poco controlable y direccionable su aplicación y especialmente, su confinamiento a un área determinada; lo que, además de afectar a la población que se encuentra manifestando, extiende sus efectos a toda la población que se encuentre en el entorno, pero, si además de ello, se lanza desde un helicóptero hacia un área extensa en la que hay edificaciones y personas involucradas y no involucradas con la manifestación, se tiene mucho menos control.

A esa situación debe sumarse el factor sorpresa y el que el lanzamiento se hace desde el aire, incrementando el riesgo de producir lesiones letales en las personas que se encuentren en la zona. Eso, constituye un agravante en la violación a los derechos humanos que se hace por no observar lo establecido en la Resolución 8610 y por la que los funcionarios que dispararon las lacrimógenas desde el helicóptero, pero también los que lo hicieron directo a los manifestantes y en las inmediaciones de dos centros de salud, tendrán que asumir las consecuencias legales correspondientes. Ellos y los superiores que han ordenado ese tipo de actuación.

Y para los que aún no crean que se trata de tácticas de guerra, aquí les dejo este tuit muy claro publicado por José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW), quien es director para las Américas de la ONG Human Rights Watch.

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PS: ayer se mencionó en diversos medios que el lanzamiento de lacrimógenas desde el helicóptero estaba penado por lo establecido en los artículos 60 y 141 de la Ley de aeronáutica civil, sin embargo, de acuerdo al texto de los artículos 1 y 17 de esa misma ley, lo establecido en el 60 y el 141 no aplica a ese helicóptero por ser una aeronave del Estado y no estar explícita la aplicación de esa norma específica, a ese tipo de aeronave en el texto de la ley.

PS2: Esta mañana, después de publicar, leí esta noticia: Mujer de 90 años muere en Bello Monte tras inhalar gases lacrimógenos y la coloqué como PS2 señalando que era “una de las consecuencias de los efectos no controlables del uso indiscriminado de los gases lacrimógenos”. Esta noche leo, que la hija de la Sra fallecida, desmiente que la muerte esté relacionada a los efectos de los gases lacrimógenos. Pensé en quitar la noticia, para no confundir, pero creo que en el resto de la reseña, y también en el desmentido publicado en otro medio, hay suficiente evidencia de los efectos no controlables del uso indiscriminado de los gases lacrimógenos y de las razones para establecer responsabilidades legales, que vale la pena dejarla y agregar la otra, cuyo enlace, les dejo aquí: Desmienten muerte de anciana en Bello Monte por gases lacrimógenos.

(*) Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones