Tácticas de Guerra

Estamos tan acostumbrados al verbo incendiario de los altos funcionarios del gobierno y a las actuaciones desproporcionadas de los organismos de seguridad del Estado, que parece que no terminamos de asimilar y tener consciencia de que estamos viviendo una dinámica de guerra.

Para describir en lo que se ha convertido en nuestra cotidianidad, podría comenzar diciendo:

  • Que el país está dividido en parcelas y guetos. Hay lugares impenetrables, lugares a los que no puede ingresar cualquier ciudadano. En algunos, no pueden entrar tampoco los organismos de seguridad.
  • Que nos hemos convertido en el país de las cadenas, la propaganda, la censura a los medios y el ataque a los periodistas, como política comunicacional del Estado; y de las confiscaciones, del desconocimiento al derecho a la propiedad y del quiebre indiscriminado de empresas, como “política económica”.
  • Que conseguir alimentos y medicinas se ha convertido en un vía crucis para todos los ciudadanos, para algunos mediatizado por el clientelismo disfrazado de política social, atentando contra los derechos a la alimentación y a la salud y contra la dignidad humana, descaradamente.
  • Que si un opositor, ciudadano de a pié o dirigente, hace una crítica o un llamado a manifestar pacíficamente, es criminalizado y en no pocos casos, acusado de traición a la patria y privado de libertad sin debido proceso. Pero se puede ver, con frecuencia a los altos dirigentes del oficialismo haciendo apología del delito, amenazando con agarrar fusiles y con levantar a las masas para no soltar nunca el poder; instigan al odio y a la violencia, criminalizan a los opositores y no pasa nada.
  • Que ante las denuncias de las organizaciones no gubernamentales y de defensores, por las recurrentes violaciones y falta de garantía de los derechos humanos por parte del Estado, el oficialismo responde con una organización muy gubernamental o con un evento, en el que el gobierno hace falsa propaganda para demostrar que ellos sí respetan o garantizan, los derechos humanos.
  • Que el derecho a la vida, que no ser robado, asaltado ni secuestrado, se considera más producto de la buena suerte, que de la existencia de un sistema que garantice realmente la seguridad ciudadana.
  • Que como ya sabemos, nosotros y en buena parte del mundo, en Venezuela no existe separación de poderes y que recientemente se ha dado un paso más en el golpe institucional continuado que vivimos desde hace casi dos décadas, con la acción ilegal del TSJ, agravada por la “solución” concertada con el ejecutivo y “avalada” en declaraciones por el “poder moral” a través de la defensoría.

Podría continuar y con seguridad tendríamos una larga lista de violaciones a la institucionalidad -contenida en los tratados internacionales suscritos, en la Constitución y en buena parte de las leyes-, de aberraciones en la dinámica social y política nacional, de violaciones a los derechos humanos más elementales.

Pero hoy quiero llamar la atención sobre una dimensión de la realidad venezolana, la relacionada con el ejercicio de los derechos políticos, específicamente, del derecho a la manifestación y el uso por parte del Estado de tácticas de guerra para impedirlo, en lugar de garantizarlo.

Sí, me refiero a tácticas de guerra, porque:

  1. Las parcelas y guetos en los que se encuentra dividido el país, también tienen su versión relacionada con la participación política. Hay sitios en los que está vetada la protesta crítica al gobierno, a los que la población que no es partidaria del gobierno, no puede llegar en manifestación. Sin embargo, en esos lugares, los simpatizantes del oficialismo, pueden hacer manifestaciones y fiestas sin ningún problema, actividades que, casi en su totalidad, son promovidas y financiadas por funcionarios e instancias del Estado, haciendo uso doloso de los recursos públicos.
  2. Cada vez que se convoca a una protesta opositora, el oficialismo monta su contra-marcha o contra-concentración, con recursos del Estado e instando a los funcionarios públicos a participar bajo amenaza. La lógica es la confrontación, como si las instancias gubernamentales no tuvieran la responsabilidad de atender y escuchar a todos.
  3. Si una manifestación de la oposición trata de llegar a la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, o a la Asamblea Nacional, para hacer escuchar su voz, desde la noche anterior se despliegan contingentes de la GNB y de la PNB para ubicarse en lugares estratégicos y, sin ningún argumento válido, bloquear el paso, en su momento, violando el derecho a la manifestación.
  4. Las manifestaciones opositoras pueden ser atacadas en diversos momentos por los grupos paramilitares o parapoliciales, mal llamados “colectivos”, que desde hace también casi dos décadas, se promueven, financian y protegen desde el gobierno, y a los que, en algunos casos, se les han asignado informal, pero públicamente, labores de control de la “seguridad ciudadana” en los sectores populares, pero siempre se han autodenominados como “defensores” de la “revolución”.
  5. Si ante un bloqueo en la ruta, los manifestantes se mantienen en la zona o insisten en pasar, los organismos de “seguridad” responden, sin mediación previa, violando lo establecido en el artículo 15 de la resolución Resolución 8610 del MPPD (*), con uso excesivo de fuerza.

articulo 15La presencia de mediadores y el espacio de diálogo para la resolución de conflictos antes de la acción de los organismos de seguridad del Estado, ha existido solamente en el texto de esa norma, en la mayoría de los casos, de una vez se pasa a la represión y siempre de proporciones desmedidas y para nada acordes a la situación que se dice que se quiere controlar, como lo establecen los artículos del 20 al 25 de la misma resolución.

En efecto, si vemos la escala que regula el uso progresivo de la fuerza, tanto en la acción de la Fuerza Armada, como en la acción policial, de acuerdo al siguiente gráfico, hay 5 peldaños que escalar, antes de utilizar las armas intermedias o no letales, es decir, antes de apelar al uso de los gases lacrimógenos, por lo que cabría preguntarnos, ¿cómo es que se llega siempre tan rápido al sexto peldaño, según la GNB y la PNB, en las manifestaciones y protestas opositoras? Claro, que esa escalera se sube más rápido sin la mediación mencionada en el artículo 15.

la escala

Este gráfico es tomado del artículo 2 de las “Normas y principios para el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial por parte de los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos político territoriales” porque está más claro que en la GO de la Resolución 8610 y es casi idéntico en su diseño. En la Res 8610 se encuentra en el artículo 21 y la descripción de las acciones correspondientes a cada peldaño de la escala, se encuentran en el artículo 3 de las normas policiales y en el 22 de las normas de las Fuerzas Armadas.

La represión a la que parece que nos estamos acostumbrando, incluye persecusión y correteo de los manifestantes, acorralamiento en lugares cerrados, con ingreso y persecusión arbitraria de manifestantes y no manifestantes, en espacios públicos y centros comerciales; disparo de gases lacrimógenos hacia edificaciones de uso comercial y residencial, y también directamente hacia los manifestantes, y uso de perdigones y maltrato físico a los manifestantes. Esas acciones se han utilizado en múltiples oportunidades, unas con mayor recurrencia e intensidad que otras, algunas desde hace más de una década y otras de data más reciente. Todas ellas, acompañadas, como ya sabemos, por detenciones arbitrarias.

Pero si ya nos estábamos acostumbrando a que esas violaciones e irregularidades formaran parte la cotidianidad en los intentos por ejercer nuestro derecho a manifestar, y para que no perdamos nuestra capacidad de asombro, el Estado decide innovar con dos nuevas acciones en su táctica de guerra: lanzar lacrimógenas en las inmediaciones de dos centros de salud y lanzarlas desde un helicóptero.

El lanzamiento de gases lacrimógenos en las inmediaciones de dos centros de salud en las Mercedes, es una acción inédita por parte de la GNB. De ella existen varias reseñas con fotos y videos y incluidos. De las personas que reseñaron, resaltan el Doctor Daniel Belleli, que tomó un video desde el exterior de uno de los centros de salud y la Diputada Delsa Solorzano (@delsasolorzano ) que se encontraba recibiendo atención médica, precisamente por haber sufrido el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho durante la manifestación.  (Por cierto, el uso de disparos directos de gases lacrimógenos a los manifestantes, implica un riesgo de lesión que es penado por la ley y que constituye una violación al numeral 3 del mencionado artículo 15. Esa acción, además de la lesión que llevó a la diputada Solorzano a la clínica, le produjo una fractura en la tibia al Periodista Román Camacho (@RCamachoVzla), así como heridas en la cabeza a un par de manifestantes ayer).

Aquí les dejo los enlaces con los videos en cuestión.

Video del Doctor Daniel Belleli:

Video de la Diputada Delsa Solorzano:

Esta acción, además de escandalizarnos a todos por lo descabellada y de haber tenido consecuencias en la salud y bienestar de las personas que se encontraban en los centros de salud en ese momento, incluyendo a un bebé, viola el numeral 3 del artículo 15, citado anteriormente, tal como se aprecia a continuación:

articulo 15 numeral 3

En este marco, es importante resaltar que sobre el uso de los gases lacrimógenos hay muchas cosas que valdría la pena agregar, especialmente por el desconocimiento que se tiene sobre su toxicidad y efectos a largo plazo en la salud de las personas que son sujetas a exposiciones intensas y por largos períodos, pero eso requeriría todo un texto aparte que, seguramente, se basaría en el trabajo que, sobre el tema han hecho algunos químicos universitarios, como la profesora Mónica Krauter (@mkrauterusb).

Sin embargo, es importante comentar que, el sábado pasado (8 de abril) se generó un gran revuelo por el uso de bombas de humo de color rojo, conjuntamente con las lacrimógenas, lo cual constituye una acción para intimidar y confundir a los manifestantes, por parte de los organismos del Estado. Pero ese tipo de acción no es inédita. Tiene antecedentes, entre otras, en las manifestaciones de inicio del 2014, de las cuales, por cierto, también hay algunas pocas reseñas gráficas.

Por otra parte, el lanzamiento de bombas lacrimógenas desde un helicóptero, es una terrible novedad en la táctica de guerra del gobierno, que comenzó justamente en la manifestación del pasado jueves 6 de abril, se repitió en la manifestación del sábado 8, tal como consta en diversas menciones del hecho por usuarios de twitter, aunque, en esos dos momentos, imaginamos que por la sorpresa, no se tomaron reseñas gráficas como en la manifestación de ayer.

lacri dia 6

lacri dia 8

Ayer, la acción criminal fue reseñada en un video tomado por el Diputado Juan Andrés Mejía (@JuanAndresMejia ), dejando clara evidencia de lo sucedido.

Al respecto, es imprescindible decir que el uso de gases siempre se ha considerado una acción muy delicada, porque la naturaleza del gas, conjuntamente con las condiciones climáticas, hacen muy poco controlable y direccionable su aplicación y especialmente, su confinamiento a un área determinada; lo que, además de afectar a la población que se encuentra manifestando, extiende sus efectos a toda la población que se encuentre en el entorno, pero, si además de ello, se lanza desde un helicóptero hacia un área extensa en la que hay edificaciones y personas involucradas y no involucradas con la manifestación, se tiene mucho menos control.

A esa situación debe sumarse el factor sorpresa y el que el lanzamiento se hace desde el aire, incrementando el riesgo de producir lesiones letales en las personas que se encuentren en la zona. Eso, constituye un agravante en la violación a los derechos humanos que se hace por no observar lo establecido en la Resolución 8610 y por la que los funcionarios que dispararon las lacrimógenas desde el helicóptero, pero también los que lo hicieron directo a los manifestantes y en las inmediaciones de dos centros de salud, tendrán que asumir las consecuencias legales correspondientes. Ellos y los superiores que han ordenado ese tipo de actuación.

Y para los que aún no crean que se trata de tácticas de guerra, aquí les dejo este tuit muy claro publicado por José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW), quien es director para las Américas de la ONG Human Rights Watch.

vivanco


PS: ayer se mencionó en diversos medios que el lanzamiento de lacrimógenas desde el helicóptero estaba penado por lo establecido en los artículos 60 y 141 de la Ley de aeronáutica civil, sin embargo, de acuerdo al texto de los artículos 1 y 17 de esa misma ley, lo establecido en el 60 y el 141 no aplica a ese helicóptero por ser una aeronave del Estado y no estar explícita la aplicación de esa norma específica, a ese tipo de aeronave en el texto de la ley.

PS2: Esta mañana, después de publicar, leí esta noticia: Mujer de 90 años muere en Bello Monte tras inhalar gases lacrimógenos y la coloqué como PS2 señalando que era “una de las consecuencias de los efectos no controlables del uso indiscriminado de los gases lacrimógenos”. Esta noche leo, que la hija de la Sra fallecida, desmiente que la muerte esté relacionada a los efectos de los gases lacrimógenos. Pensé en quitar la noticia, para no confundir, pero creo que en el resto de la reseña, y también en el desmentido publicado en otro medio, hay suficiente evidencia de los efectos no controlables del uso indiscriminado de los gases lacrimógenos y de las razones para establecer responsabilidades legales, que vale la pena dejarla y agregar la otra, cuyo enlace, les dejo aquí: Desmienten muerte de anciana en Bello Monte por gases lacrimógenos.

(*) Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones

Entre gallos y fantasmas: ¡Estado de Excepción!

Como es costumbre “revolucionaria”, a última hora del viernes, entre gallos y fantasmas, Nicolás se encadena y anuncia un “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica“.

Con su cara muy lavada y sin pudor, declara:

“He decidido aprobar un nuevo Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que me dé el poder de derrotar la guerra económica y derrotar las amenazas internacionales y nacionales” (Para los que quieran leer la reseña completa, la cita la tomé de aquí)

Lo dice como si:

  • el desabastecimiento acompañado de las kilométricas colas para comprar alimentos;
  • el deterioro de los hospitales que incluye ausencia de insumos para la atención y contaminación de áreas clave;
  • la desaparición de medicamentos que afecta a la población en general, pero con mayor riesgo a los que padecen enfermedades crónicas o de medicación especial;
  • el racionamiento y la falta de agua reiterado en muchas partes del país combinado con el suministro de agua contaminada en otras;
  • los apagones, cortes programados y no programados por racionamiento eléctrico;
  • las suspensiones de clases en las escuelas por cortes de luz, por decreto de racionamiento, por inseguridad o por falta de alimentación y agua;
  • el desmantelamiento de las universidades y centros de investigación por los ataques reiterados y la falta de presupuesto, con la consecuente fuga de talentos y los intentos de sustituirmos con espacios dedicados a la “formación de cuadros”;
  • el descarado desfalco del presupuesto del país y las reservas internacionales por corruptos y tráfico de influencia, enchufados y empresas de maletín;
  • el incremento de bandas de delincuentes y mafias asociadas al narcotráfico que azotan a la población, convertiendo al país en una colcha de retazos formada por ghettos;
  • el desmantelamiento de aparato productivo, incluyendo la destrucción, quiebre y cierre de empresas nacionales y privadas, incautadas y expropiadas;
  • la transformación de las policías y la Guardia Nacional en grupos de choque, represión y de custodia de los civiles y los alimentos, y de la Fuerza Armada en un grupo beligerante y partidista al servicio de la “revolución”, acompañada por la designación de funcionarios militares en cargos de administración pública;
  • la desprofesionalización del ejercicio público en todos los ámbitos con la mediocridad y pésima gestión, como consecuencia directa;
  • la sumisión de los poderes públicos al caprichoso servicio del ejecutivo;
  • y el desmantelamiento institucional producto de la recurrente violación de la Constitución y las leyes,

no fueran el producto de estos 17 años de gestión, de la implantación de un modelo anarco-guerrillero-milico-militarista que no conoce sino la lógica de guerra y la sumisión como forma de relación gobierno-pueblo; con un equipo que no tiene idea, ni de gestión pública ni le interesó tenerla mientras gastaba los abundantes recursos de la renta petrolera.

Su declaración a esa hora y un viernes, como bien lo sabe, genera incertidumbre, inquietud y zozobra en la población. Lo sabe y lo hace, sin presentar el texto del decreto para el conocimiento de todos como parte de la estrategia, como la lógica de guerra lo indica, sembrar temor para intentar paralizar a la mayoría.

El anuncio, en esta oportunidad, le agrega un término a la denominación del decreto que incrementa las suspicacias. Ahora, en lugar de ser un “Decreto de Estado de Emergencia Económica” como fue el 2.184 del 14 de enero, prorrogado el 11 de marzo por el 2.270; se trata de un “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica“.

¿Estado de Excepción, en este momento y en este contexto?

Nicolás y algunos de sus ministros, en su estilo de comunicacional combinando cadenas con tuits, expusieron algunas razones y consecuencias que podemos encontrar en la prensa y en sus TL en twitter.

Sin embargo, como sus razones estaban plagadas de fantasmas en conspiración y como mi salud no me permitió salir a manifestar hoy (con las ganas que tengo de poder salir a manifestar), me puse a hacer una mi colección de hechos de estos tiempos y anuncios de ayer, que dibuja el panorama en el que se hace el anuncio.

El panorama, hasta el momento, me queda así:

1. Defensa ante supuestas amenazas externas: Uribe y USA, y prevención/proteccion ante la posibilidad de aplicación de la Carta Democrática.
2. Prevención ante avance de enjuiciamiento por corrupción a gobernantes de otros países, como Cristina y Dilma.
3. Amedrentamiento para paralizar a la crítica interna, en las filas de su partido, con despidos a funcionarios que firmaron el revocatorio.
4. Paralización de la oposición y descrédito a su liderazgo con anuncios del revocatorio en el 2017 y retraso del calendario.
5. Criminalización del liderazgo político y de defensores de DDHH, vinculando a los primeros con la promoción de violencia en la calle y a los segundos con conspiración y recepción de fondos de gobiernos extranjeros.
6. Neutralización de la Asamblea Nacional a través de saboteo directo con ataques a diputados, de ausencia del oficialismo en las sesiones, de criminalización por acusaciones a diputados e intento de destituir a la directiva por el TSJ.
7. Intimidación a la población con militarización de zonas populares e incremento de la presencia y el control militar en lugares de distribución de alimentos.
8. Continuación de la estrategia de OLP para intimidar a unos y atajar la guerra interna que tienen sus clanes y mafias.
9. Neutralización de las protestas con bloqueos a manifestaciones, no otorgar permisos, represión, ataques a manifestantes por parte de grupos violentos y organismos de seguridad, y detenciones arbitrarias.
10. Invalidación de los partidos opositores por supuesta falta de requisitos ante el CNE.
11. Incrementos de ataques contra medios y periodistas, incluyendo uso de la violencia contra periodistas en el ejercicio de sus funciones y decomiso y destrucción de equipos.
12. Importante aumento de precios de productos de la canasta básica.

Este es el panorama en el que Nicolás hace su anuncio.

Seguramente me faltaron hechos, amenazas y anuncios, pero con los colectados, hasta el momento, lo que me queda muy claro, es que el “decreto” persigue proteger al ejecutivo y su élite, mientras desarrolla una nueva fase en su estrategia de guerra que incluye profundizar el control del poder y continuar con la desinstitucionalización, corrupción y el abuso, apostando a la sumisión y paralización de la población, a la neutralización del liderazgo opositor -y también al liderazgo que se declara oficialista pero se considera alterno y crítico- e intenta inhibir las iniciativas de apoyo internacional.

¡Así es que un “revolucionario” gobierna!

¡Ésta es la guerra de Nicolás contra el país, contra el pueblo!

¡Menos mal, regresó la normalidad!

Leo algunos mensajes en twitter y facebook que advierten el peligro, o plantean el temor, de que la gente deje las calles y el país vuelva a la “normalidad“. También leo mensajes de algunos oficialistas que celebran, con la llamada “toma militar de Altamira“, el regreso a ella.

Quienes tienen ese temor, o esa satisfacción, dependiendo del caso, creo que no entienden que ésta, la dinámica de protestas y represión que vivimos, es la nueva normalidad” que tenemos y tendremos, es la única “normalidad” posible en la Venezuela “revolucionaria”, la única “normalidad” viable para garantizar la supervivencia de quién excluye y desconoce al que piensa diferente y sólo sobrevive cuando logra asfixiar, hasta desaparecer, toda disidencia.

Si cesaran las protestas o cediéramos la calle, lo que vendría no sería jamás una vuelta a una “normalidad” precedente. Ni a la pasada reciente que esperan algunos oficialistas, ni a la pasada remota que añoran y desean algunos opositores.

Lo que vendría sería una evolución de la “normalidad” que vivimos, que obviamente, representaría una involución mayor en nuestra vida republicana.

En esa “normalidad” seguiría profundizándose la crisis económica, las empresas seguirían quebrando, los anaqueles estarían más vacíos, las colas se harían más incómodas y recurrentes y la gente se pelearía por agarrar el pollo que le corresponde esa semana, de acuerdo a lo que dice su tarjeta de racionamiento.

Nuestros jóvenes seguirían emigrando, pero lo harían por tierra, ya que sería más difícil conseguir pasaje en los pocos vuelos que entren y salgan de Venezuela. Mientras tanto, los “enchufaos” de turno pasearían por el mundo con dólares preferenciales o haciendo derroche de recursos mal habidos.

La delincuencia seguiría desatada, pero sentiría el reimpulso de la impunidad renovada, que le daría haber sido protagonista y artífice del éxito oficialista, a puños y tiros, en algunas de las batallas de esta guerra que el gobierno tiene con el pueblo. La Guardia Nacional y la Policía Nacional seguirían en las calles, en las salidas de los metros, en las paradas de buses, en las puertas de las universidades y en las esquinas, “sembrando paz“, requisando a todo el que circula y susurrando temor a sus oídos para que no se le ocurra pensar diferente.

Las cárceles seguirían en franco deterioro y los presos, políticos y no políticos, hacinados y con sus derechos humanos violados, frente al descarado y creciente privilegio que seguirían teniendo los pranes y sus mafias.

Las escuelas seguirían, algunas en terribles condiciones y otras remachadas y retocadas, pero en todas los docentes se verían obligados a aprender y replicar la religión-política, que coloca a Hugo Chavez a la derecha de Dios Padre, o en su lugar, según sea la tendencia.

Los hospitales seguirían sin insumos y las colas de enfermos esperando tratamiento u operaciones, crecería en medida inversamente proporcional a sus esperanzas.

En su esfuerzo por apagar toda opinión libre y disonante, veríamos más intentos de borrar la presencia de las voces disidentes en la Asamblea, allanando la inmunidad parlamentaria de nuestros diputados e imputándoles cargos de traición a la patria por defender nuestros derechos; también seríamos testigos todos los días, de esfuerzos para anular la acción de las personas y organizaciones encargadas de defender los derechos humanos; seguiría la confiscación del poder de las instancias de gobierno de los Estados y Municipios donde no ganó el oficialismo, a través de la reducción de sus presupuestos y de la instrumentación de mecanismos inconstitucionales de “gobierno” paralelo; y continuaría la expansión del monopolio gubernamental de los medios de comunicación, aumentarían las horas de amenazas e insultos en cadena nacional y se incrementaría la mordaza que se impone a periodistas y medios que se atreven a contar al país o al mundo, algo de lo que aquí realmente sucede.

Los empleados públicos seguirían siendo obligados a bajar la cabeza, a vestirse de rojo y a profesar lealtad a la “revolución” apoyando sus actos públicos y privados; terminaríamos de entregar la soberanía y el petróleo a Cuba y tendríamos comisarios políticos y soplones, cubanos y venezolanos, por todos lados. Crecería el número de “beneficiados” por las misiones, pero, por falta de recursos, su instrumentación apelaría a un método de asignación intermitente que dejaría a todos con la esperanza de que su cheque o su beneficio, saliera efectivamente en la tanda siguiente.

En esa evolución de la “normalidad” revolucionaria, se seguiría tejiendo, con la práctica, una instrumentación de la Constitución a la medida, que terminaría violando toda letra que resultara incómoda a la “revolución“; la renovación de los poderes públicos se haría con la señal de costumbre, dejando en los cargos de confianza a los que corresponda, según lo largo del enroque, o a nuevos militantes, tan leales a la “revolución” o más, que sus ocupantes precedentes.

En ella, el odio y la división se profundizarían y el enfrentamiento sería convenientemente callado, por el terror de las armas.

Aparentemente, nada cambiaría, pero todo sería progresivamente diferente.

Así que con la normalidad que tenemos o con la que le seguiría, en la lógica “revolucionaria“, sería imposible volver a algo que se le pareciera a la “normalidad” que unos desean o la que otros recordamos, con o sin nostalgia, porque el pasado, es pasado y ya no vuelve y porque la única “normalidad” posible con esta “revolución” es una que esté alineada a sus ideas y alineada con la sumisión.

Sin embargo, si asumimos al presente y al pasado como oportunidades de aprendizaje, hay una “normalidad” diferente, que sería posible y que, entre todos, podemos construir y hacer viable.

Una “normalidad” en la que Venezuela sean en efecto una República, con ciudadanos responsables y gobernantes, eficaces, eficientes, probos y éticos; con una institucionalidad, en teoría y práctica democrática; un país productor, próspero y creativo, con un Estado que garantice los derechos de todos, sin distingo, que trabaje a fondo por eliminar las desigualdades y la división social y que se encargue de promover una elevada calidad de vida para todos.

Construir esa “normalidad” requiere tiempo, dedicación y esfuerzo, entrega y sacrificios; requiere mantener nuestra voz de protesta, y simultáneamente, reconocer, respetar y aceptar al otro, para iniciar un cambio profundo juntos; requiere, en la intimidad, revisarnos en detalle y dejar los viejos hábitos que constituyen la “viveza del venezolano“; requiere salir a la calle día tras día a ser y construir un país diferente.

Que tengamos una u otra “normalidad“, de nosotros depende.

¡Nos vemos en la calle!

PS: Tal como dicta la “normalidad” y por sugerencia de algunos lectores, hice unos cambios en la “vista” del blog, pero las limitaciones de las plantillas disponibles, no dieron los resultados esperados, así que seguiré buscando opciones y mientras, disculpen el grotesco tamaño del encabezado y de las letras.

Al que no le guste, que se vaya!

Hoy tuve el placer de escuchar una maravillosa tertulia, con la excusa del libro Armando el rompecabezas de un paísde @EdicionesBVzla, entre Cesar Miguel Rondón @cmrondon, Colette Capriles @cocap y Alberto Barrera Tyszka @Barreratyszka.

Como una buena tertulia puso a danzar varias ideas al ritmo de la necesidad de comprensión y profundidad. Tuvimos mucha suerte los que allí nos citamos, pero espero que alguien la haya grabado formalmente –además de un par de chicas que lo hacían con sus celulares-, la transcriba y la ponga a disposición de todos, para que muchos más tengan la oportunidad de pasearse por esas reflexiones y permitan que les orienten las propias.

En mi caso, hay un par de hipótesis que tengo y que quiero comentar.

1. No podemos confundir polarización política con identidad nacional fracturada

La polarización política, en este momento, ha cobrado la forma de dos grandes opciones electorales, dos grupos casi iguales de electores, en magnitud. Esta expresión es el producto, por una parte, de la evolución del proyecto personal de Chavez y por la otra, del esfuerzo por concretar una alternativa de gobierno fraguada desde la mesa de la unidad. La primera con una cohesión que se ha puesto en alto riesgo a partir de la desaparición física de Chavez y la segunda, con una cohesión en consolidación, a partir de la emergencia de un liderazgo claro y reconocido encarnado en el candidato presidencial y los principales voceros de la unidad.

Hablo de opciones electorales y no de visiones de país, porque creo que, a pesar de que ahora está mejor dibujada la unidad opositora en términos de la visión nacional que persigue, aún no se trata de un proyecto de país, claro, sólido y compartido por todos, por una parte; y porque, por la otra, dentro de las filas del oficialismo, con la desaparición física de Chavez, se perdió la cohesión en torno a un grupo de ideas que por muy desestructurado y contradictorio que haya resultado durante estos 14 años, constituía un proyecto político, personalísimo, pero que dibujaba algunos rasgos de un país deseado.

Hasta aquí podemos decir que tenemos dos grupos electorales en pugna por el poder, con visiones de país en construcción o en destrucción, según el caso.

En términos de visiones de país, la opción opositora construye su cuerpo de ideas en un espacio de debate signado por el pluralismo político. Esta construcción, dada la diversidad ideológica presente, no ha resultado muy fácil, pero se ha identificado un grupo de ideas base. En ésta, los millones de electores que la forman, aún no tienen unidad sobre las ideas identificadas. Sin embargo, el liderazgo emergente de su candidato presidencial y de sus principales voceros, ha marcado algunas importantes pautas. La cohesión está dada por la existencia de un liderazgo claro y reconocido.

Por su parte, la opción oficialista, que hasta hace poco derivaba su cuerpo de ideas de lo dicho por su líder máximo, ahora, en ausencia de una plataforma pluralista que reconozca y legitime sus facciones, se revuelve en pugnas internas, que formalmente, no hace aguas, mientras la necesidad de defender su permanencia en el poder los obliga a mantenerse cohesionados en contra de los opositores. En este grupo, las ideas de país en sus bases, se mantienen alineadas con las promesas, incumplidas, pero idealizadas del proyecto vendido por quién fuera su líder máximo. La fuente de cohesión se perdió y ahora se trata de mantener, a duras penas, por la fuerza.

Está claro entonces que existe polarización y fuerte fractura política, sin embargo, en términos de identidad nacional, la cosa es de otro tenor.

2. Vivimos un esfuerzo de imposición de una nueva narrativa

Al respecto voy a comenzar diciendo que concuerdo con Colette cuando afirma que vivimos la intención de imponer, por parte del grupo que detenta el poder, una nueva identidad nacional que desconoce y excluye todo lo que le resulta diferente e inconveniente.

Sin embargo, particularmente pienso, que este esfuerzo más que intentar construir e imponer nuevos rasgos de una identidad nacional, plantea la imposición de una nueva narrativa sustentada en una re-lectura o una lectura fabricada nuestra historia y de los rasgos constitutivos de nuestra cultura, que no recoge aspectos muy relevantes de lo que somos, porque solamente está dirigida a sustentar la polarización política y no tanto a producir una real transformación social, a partir del reconocimiento e inclusión en nuestra identidad de rasgos y fragmentos integrantes de la venezolanidad que también definen lo que somos, pero que han sido recurrentemente excluidos.

Esta narrativa, está concebida como una nueva interpretación de nuestra estructura y dinámica social que, por su afán polarizador, está constituida por la confrontación de dos facciones, fabricadas para sustentar la polarización y la división política, los pobres excluidos contra los traidores a la patria vendidos al imperialismo.

Esta narrativa no asoma, ni por equivocación, la complejidad de nuestra estructura socio-cultural, producto, entre muchas otras cosas, de nuestra larga tradición de migraciones, ni nuestra intrincada dinámica social y política, signada por un toque de adolescencia en nuestro nivel de madurez republicano-ciudadana. No las asoma, y mucho menos las refiere como base necesaria para comprendernos y a partir de ellas y de otras, reconstruir la idea de venezolanidad.

Pero insisto, es más una narrativa a la que, recientemente se le ha respondido con otra narrativa mucho más consistente con la lectura de nuestra dinámica social y política cotidiana, que una identidad nacional nueva, aunque en dicha narrativa se apele a algunos ingredientes que podrían formar parte de un referente de identidad.

3. La anti-identidad como identidad nacional

Como dije antes, el asunto de la identidad nacional, es de un tenor diferente tanto al de la polarización política, como al de la narrativa que pretende sustentarla. De hecho, el tema de la identidad nacional es tan complejo que sería pretencioso tratar de plasmar su problemática en pocas líneas. Por ello, sólo voy a esbozar un par de ideas que creo debemos considerar en el debate.

La primera es que, después de mucho tiempo y de haber tenido unos claros rasgos con los que orgullosamente la mayoría de los venezolanos nos identificábamos, actualmente, una de nuestras mayores coincidencias, en términos de identidad, es que nos sentimos extranjeros en nuestra patria, ya sea que nos sentimos extranjeros gran parte del tiempo o que nos sentimos así en parte importante de su territorio. Es decir, nos define la “no pertenencia” como cualidad de vinculación con el territorio y su gente.

Esta “no pertenencia” es propia de la estructura de guetos que experimentamos de forma generalizada durante los últimos años y que, a pesar de que una parte de la población que se encontraba excluida podía haberla experimentado desde hace muchos más años, se convirtió en un rasgo generalizado, bajo el impulso de la polarización política. Esta, que, en un primer momento, hacía que nos sintiéramos extranjeros en partes específicas del territorio, con el tiempo, se ha magnificado y hemos terminado sintiéndonos ajenos al país.

Este rasgo es más importante en algunos grupos sociales que en otros, pero todos sufrimos una especie de desarraigo de la patria, porque, en este momento, no se parece a la que ninguno de nosotros soñó. Ese desarraigo, constituye un nivel de escisión de la identidad muy profundo y personal porque no está construido por grupos de personas cohesionados que se identifican entre sí, pero que no se reconocen en grupos distintos, sino que se desprende de una ruptura de cada persona con su sueño de país que, a falta de proyectos compartidos, se produce desde la intimidad del ser.

La segunda es que, a esa sensación de no pertenencia nueva para algunos y de vieja data para otros, se une el vacío por la inexistencia de una “idea” compartida que nos dé un nuevo sentido de identidad nacional, esa especie de engrudo que nos permite tener cohesión como país, a pesar de la diversidad y las diferencias. Pero la inexistencia de una “idea” compartida, buena parte de ese vacío que sentimos, creo que es más el producto del empeño en desconocer y menospreciar al otro que de la real ausencia de elementos que puedan constituirse en esa “idea” de nos compartida; empeño que, por cierto, a pesar de que ya existía como un rasgo latente en nuestra idiosincrasia, se ha exacerbado, extendido y arraigado como una más de las consecuencias de la polarización política.

Así tenemos como identidad un sentimiento de no pertenencia, unido a un rechazo al otro al que soy incapaz de reconocerle virtudes aunque tenga las mismas que yo me reconozco y de paso, le achaco todos los males y le endilgo todos mis defectos sin reconocerme reflejado en ellos; es decir, “ni pertenezco” “ni me identifico” se perfilan contradictoriamente, como dos de los rasgos comunes de identidad que tenemos actualmente los venezolanos.

No obstante, si pudiéramos mapear socio-cultural y geográficamente a nuestra sociedad, podríamos dibujar un mapa de grupos con rasgos culturales diversos, distribuidos en guetos a nivel espacial, que no se reconocen mutuamente, pero en los que podemos identificar superpuesta una red de valores y de creencias compartidas y cruzadas. Obviamente, aun cuando en términos espaciales están bastante claros los bordes, en términos socio-culturales, no podríamos identificarlos con tanta claridad, porque la superposición los permea y los trasciende, como también los traspasa la sensación de no pertenencia.

Finalmente, la tercera idea, es que a pesar de que no nos gustan y de que no las queremos reconocer como propias, en este momento hay una serie de creencias que son en las que coincidimos con mayor fuerza y las que, de hecho, podemos reconocer como parte de nuestra identidad. Creencias como: “Las reglas del juego están hechas para ser violadas cuando no me convengan, pero si las viola otro, y eso me afecta, lo considero una afrenta y reclamo su no cumplimiento”; y “Venezuela es un territorio en disputa, el que gane se queda y el que pierda, se asimila y si no le gusta, se va”; son creencias que están de diversa manera y con distintos niveles arraigadas en nuestro pensamiento, que se manifiestan, más de lo que aceptamos, cotidianamente y muchas veces en acciones que pasan desapercibidas porque no nos resultan relevantes. Pero son creencias que están ahí y si ponemos atención podremos sentir su presencia abrumadora.

La “no pertenencia”, la “no identificación” y nuestro “lado oscuro”, lamentablemente, son ideas comunes que actualmente, aunque no queramos, nos identifican y sobre ellas tenemos que actuar, comenzando por reconocer su existencia, para poner la reconstrucción de la identidad nacional en otro plano y poder comenzar efectivamente a trabajar sobre ella.

Del pensamiento único al pluralismo político

En estos días, vivimos un pico en la tensión política del país muy pocas veces, o nunca, experimentado. Esa tensión, como es obvio y normal que suceda, nos está forzando a poner el foco de nuestra atención en la polarización y el conflicto, haciendo que se desvíe de aspectos que son fundamentales para salir de esta crisis y para comprender la naturaleza de lo que nos está sucediendo.

Esto es obvio, porque el candidato del oficialismo, juramentado como presidente de forma apresurada en estos días, ha asumido la misma estrategia que utilizaba con mucha frecuencia Chavez, apelar a la “paz” insultando y amenazando, colocando en “el otro bando” y señalando de “traición y conspiración” a todo el que piense diferente. Y como en algunas de las más tristes épocas de nuestra historia contemporánea, el discurso es aderezado con una “cacería de brujas” que busca identificar y excluir a aquellos que han pasado agachados en su expresión política pública, pero que han manifestado su desacuerdo político mediante el voto. Pésima estrategia en un país cada vez más claramente fracturado en dos mitades prácticamente iguales y peor aún siendo la estrategia de quién debería encabezar, urgentemente, un gran esfuerzo de reconciliación y reconstrucción de espacios de convivencia entre los venezolanos.

Hay muchas cosas que explican esa conducta. Pero de ellas, quiero llamar la atención sobre una en particular.

El pluralismo político que forma parte de nuestra tradición republicana y que es una de las características reconocidas de nuestra república en la Constitución aprobada en 1999, en este momento, no es más que una cualidad emergente del sistema. Es decir, tal como se entendería en el pensamiento complejo o en la teoría de la complejidad, se trata de una cualidad que no se aprecia en las partes que constituyen al sistema, pero que emerge, como cualidad del mismo, cuando se le trata como un todo. Si lo vemos con ojos republicanos, el sistema no reconoce, en la práctica, la existencia del pluralismo político como una expresión natural de los ciudadanos, organizados y no organizados, y de su pensamiento político, a la vez que las instituciones del sistema expresan polarización a ultranza adoptando una de las variantes de la misma; pero el espíritu ciudadano está impregnado de pluralismo a tal punto, que cada vez es mucho más una cualidad que se aprecia en diversos elementos del comportamiento del sistema.

El opacamiento del pluralismo como cualidad del sistema, sucedió a pesar de nuestra idiosincrasia y tradición porque, por una parte, los oficialistas nunca entendieron que la preferencia electoral por un candidato, incluso el apoyo reiterado y el reconocimiento de un liderazgo, no es nunca igual a la construcción de una alternativa única ni en términos de preferencia electoral, ni en términos de organización política y mucho menos en términos de pensamiento político. Muchos esfuerzos han realizado para aglutinar a su gente y para hacerlo de forma organizada desde el nacimiento del MBR, su paso por el MVR y la constitución de los círculos bolivarianos, hasta la actual selección del PSUV como opción electoral del oficialismo y la pretensión de utilizar a las milicias, las comunas y otras figuras de organización de base, como expresión organizada de la población a favor del movimiento oficialista.

Por su parte, el aglutinamiento de los “anti” forjó diversos esfuerzos de unidad que se iniciaron con la Coordinadora Democrática y que hoy se expresan en la MUD. En ese ámbito fueron muchos los que tampoco entendieron la naturaleza del pluralismo a la primera y hay aún muchos que aún no la comprenden, a pesar de que fue justamente ese espíritu es el que orientó la conformación de sus estructuras. En el movimiento opositor, esa falta de comprensión se ha expresado y aún se expresa en algunos casos, en dos tipos de conductas, aquellas de los que pretenden capitalizar los esfuerzos de la unidad a favor de una organización específica y aquellas de los que quieren la anulación de todos, en discurso y propuesta, en favor de un discurso específico y único, que casualmente es el suyo.

En ambos casos, la visión que impera en ellos, oficialistas y opositores, es la que ve a la sociedad expresada como la lucha de un pensamiento-cultura-poder hegemónico versus uno contrahegemónico, una visión anacrónica que nos acompaña hasta nuestros días.

La buena noticia en este caso, es que a pesar de que quiénes están en el liderazgo del oficialismo mantienen esta visión anacrónica, no es el caso de lo que se fragua en la alternativa democrática. Lo vemos en la conducta de quiénes encabezan la vocería de la MUD y de muchas de sus organizaciones y en el discurso y conducta de quién asumió su liderazgo como candidato. Pero también se expresa en la conducta de la ciudadanía como electorado que claramente ha ido evolucionando en la expresión de sus preferencias, tal como se aprecia en esta infografía.

Infografía construida con los mapas de El Universal que están elaborados con datos del CNE y lo pueden ver en http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2013/130411/mapa-de-resultados-electorales

Infografía construida con los mapas de El Universal que están elaborados con datos del CNE y lo pueden ver en http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/elecciones-2013/130411/mapa-de-resultados-electorales

Todavía, sin completar la auditoría solicitada, podemos ratificar que el pluralismo político definitivamente se está convirtiendo en una cualidad emergente del sistema, así lo expresan, entre muchas otras cosas, el voto de cientos de miles de ciudadanos que en 2012 dieron apoyaban al oficialismo y que el 14 de abril cambiaron su preferencia, porque el nuevo candidato ya no los convencía o sencillamente porque quería darle la oportunidad a una alternativa en el poder, dado lo malo que ha sido el actual oficialismo en el gobierno. Una alternativa justamente caracterizada por la diversidad, por ser una alianza entre diversos y diferentes.

Creo que una de las cosas en las que debemos poner nuestro foco de atención es en que, a pesar de todos los esfuerzos sostenidos fieramente y con abuso de recursos durante estos 14 años, los venezolanos somos diversos por naturaleza; nuestras organizaciones políticas están constituidas por gente que coincide en algunas cosas y diverge en muchas otras.

Dada esa naturaleza, nuestro punto, nuestro reto, en primer lugar es la reconciliación y el reencuentro y, en segundo lugar, es cómo hacer para construir, más allá del discurso y de estas primeras prácticas, una alternativa política viable, una opción real de poder que se fragüe en torno a las coincidencias y que sea capaz de incorporar las diferencias y propiciar dicho reencuentro; como lograr que ese espíritu, que es el que orientó la conformación de la MUD y se expresa claramente en el discurso de los máximos exponentes del liderazgo de la alternativa democrática, permee para que su expresión llegue realmente hasta las bases y pueda estructurarse en reglas de convivencia claras que nos permitan impulsar el reencuentro y la reconstrucción del país desde ya y también, para que se constituya en cimientos, a la hora de ejercer el poder y ser gobierno.

Tanto va el cántaro a la fuente… (R058 y hierbas derivadas) / Olga Ramos (TPyC)

Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo.
Carlos Marx y Federico Engels

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Hoy es domingo de fotografía… Bueno era…

Para quiénes hacemos ciudadanía, incluso antes de que se hiciera popular el término, porque pensamos que el ejercicio de la ciudadanía es un asunto serio -tan serio como lo es la construcción de un país- no es extraño dejar el placer de salir a tomar fotos un domingo para escribir una nota que se consideraba innecesaria hasta esta mañana.

Porque, en efecto, cada opinión que se emite, cada acto que se promueve o en el que se participa, cada acción política, incluso, cada omisión, tienen consecuencias más temprano que tarde, en nuestras vidas como habitantes de un país. En otras palabras, lo que contribuimos a que pase, por acción, o lo que dejamos que pase, por omisión, determina la dinámica en la que se va a desarrollar nuestra vida, a pesar de que hay mucha gente que no se siente responsable de lo que sucede en su entorno.

De hecho, muchísima gente parece que da la construcción del país por sentada, pareciera creer que el país que tenemos existe independientemente de nosotros, que es un contexto de vida en el que tuvieron la suerte o la mala suerte de vivir y no la resultante de sus acciones y omisiones que tienen tanto poder constructivo, o destructivo, como las acciones.

Es por eso porque, como reza el dicho, tanto va el cántaro a la fuente, hasta que se rompe, que decido interrumpir mi salida a tomar fotografías para escribir estas líneas.

Desde que comenzaron las discusiones sobre descentralización en el país, se abogaba por darle mayor autonomía a las escuelas. Autonomía para contratar y despedir a su personal, para definir su proyecto educativo y para administrar sus recursos, es decir, una relativa autonomía para que desde la escuela se pudiera ejercer una gestión con competencias y recursos que garantizara una educación de calidad para todos. Esa mayor autonomía estaba acompañada de la apertura de espacios de participación para la comunidad educativa en la toma de decisiones. Se trata entonces de una lucha vieja, aunque no de un debate resuelto, porque salvo la dotación de cierta autonomía para el desarrollo microcurricular (1), había y hay mucha discusión sobre cuál era el nivel de autonomía más efectivo para las escuelas y cuáles competencias se manejarían mejor desde instancias municipales o estadales.

Sobre lo que no había discusión era sobre la necesidad de incorporar a la comunidad educativa en la gestión escolar, cosa que, por cierto, para aquel momento estaba más que resuelta -de forma- por la resolución 751, en la que se establecía una estructura de organización de los diversos actores de la comunidad, así como mecanismos y campos para su participación en la gestión. Claro está, la participación estaba restringida a “promover o propiciar” acciones, a cooperar con diversos aspectos del proceso educativo, a velar por el buen funcionamiento de las escuelas y a contribuir con aportes económicos o prestación de servicios en “el desarrollo de las programaciones del plantel y a su conservación y mantenimiento”. Esta resolución fue promulgada en 1986 pero comenzó a instrumentarse con mucha dificultad, por lo que en muchas escuelas no tuvo real presencia.

En términos de toma de decisiones, lo que se establecía para el momento en que fue promulgada la resolución 751, consistía en un mecanismo de participación de carácter consultivo en las decisiones generales de gestión escolar. Posteriormente, con la inclusión de los proyectos pedagógicos en la gestión de las escuelas, se estableció como mecanismo que la Asamblea General de la Comunidad Educativa -que se debía realizar de forma obligatoria al inicio del año escolar- tuviera carácter decisorio en la aprobación de ese proyecto.

No obstante, era más que evidente que la aprobación de la Constitución en 1999 tuviese como consecuencia natural la modificación de toda la institucionalidad que rige al sistema educativo, lo que incluía desde la LOE hasta la resolución 751.

No voy a entrar en detalles sobre la evolución de ese proceso desde la aprobación de la Constitución hasta aquí, aunque de ser necesario escribiré posteriormente al respecto, porque lo que quiero es enfocar la atención en la Resolución 058.

En torno a la aprobación de esta resolución se han prendido todas las alarmas y se ha desatado una dinámica intensa de debate y acción. Esto es muy natural dado el clima político que vivimos que está signado por una fuerte pugna entre visiones diferentes del país y del ejercicio de la democracia y hasta el de la política. Sin embargo, cuando salió la resolución -que me hicieron llegar unos buenos amigos en lo que la vieron, por correo- pensé que se trataba de una “provocación” en medio de la intensa dinámica electoral que tenemos entre dos procesos electorales vitales para el país, y esperé que nadie mordiera el anzuelo. Lamentablemente, me equivoqué. (2)

Sin entrar en más consideraciones al respecto, paso a dar mi opinión sobre la resolución. Creo que la R-058 es mala como instrumento normativo porque:

1. Tiene un montón de vacíos que hacen demasiado complicada su aplicación en las escuelas. Creo que esos vacíos, a pesar de lo que dicen algunos funcionarios públicos, no responden a que ésta está fundamentada en una visión de democracia participativa que permite que cada escuela haga su propia adaptación de la resolución de acuerdo a sus características, porque el esquema que establece es único, hay una estructura con unos participantes determinados y unas funciones preestablecidas, que, para comenzar, no se pueden aplicar de la misma manera en un Centro de Educación Inicial, que en una Unidad Educativa que ofrezca toda la educación Básica -que incluye desde inicial hasta media. No hablemos de las diferencias necesarias que se deberían desprender del tipo de organización, de la dependencia de la escuela, de las características de su oferta educativa y de su ubicación geográfica, que deberían tener correlato en la organización del Consejo Educativo en cada escuela.

2. Establece una mezcla entre la organización por tópicos de interés, por funciones y la gremial asignando roles similares y pesos idénticos a naturalezas, en todo caso, diversas.

3. Tiene unas omisiones imperdonables como que en el Comité Académico no estén presentes los padres.

4. Asigna a los comités funciones que son propias de la escuela, como instancia más desagregada del Estado, o de las dependencias del Ministerio de Educación y otros organismos de gobierno, pero además no les asigna de forma simultánea competencias legales para poder desarrollar esas funciones, ni los recursos económicos para ello. Por tanto, a través de ella se está cediendo responsabilidades propias del Estado como garante del derecho a la educación, pero no está dotando de poder al Consejo Educativo para asumir esas responsabilidades. En este caso, estamos hablando de dos problemas: uno asociado a la realización del derecho a la educación que tiene que ver con quién debe asumir la garantía del mismo y la otra, a la capacidad de gestión de las escuelas y sus consejos educativos que, sin personalidad jurídica -porque las escuelas oficiales no la tienen-, sin competencias legales y sin recursos, no pueden garantizar que lo que se les asigna se ejecute.

Un ejemplo entre los varios que permiten ilustrar este punto, es la asignación de la responsabilidad de “Garantizar el desarrollo del Programa de Alimentación Escolar (PAE)” al “Comité de Ambiente, Alimentación y Salud Integral”, ” junto con los consejos comunales”. Esta es una responsabilidad que corresponde al Estado y que forma parte integrante del derecho a la educación que, dicho sea de paso, desde su creación, pero especialmente en los últimos 5 años, ha tenido serios problemas para su instrumentación por lo que el Ministerio ha cambiado varias veces su forma de gestión.

Si en una escuela falla la alimentación, en el mejor de los casos, se suspende media jornada de clases, pero los niños se quedan sin ingerir alimentos y sin parte del tiempo para su aprendizaje, que sabemos es irrecuperable .

La alimentación es una responsabilidad muy importante para dejarla en manos de un comité que tiene adicionalmente 8 funciones asignadas, en el que, salvo los empleados de la escuela -directivos, docentes, trabajadores administrativos y obreros, contratados para cumplir otras funciones propias de sus cargos- los que participan, lo hacen de forma voluntaria; en el que no se establece que los que participen -en ninguno de los casos- deben tener, como requisito, la competencia o la capacidad técnica para desarrollar una actividad como ésta -que incluye no sólo el manejo y la preparación de alimentos, sino también el diseño del menú técnicamente adecuado para las necesidades y características de los estudiantes de una escuela en particular- y al que no se le asigna por ninguna parte, los recursos materiales y económicos que permitan su realización.

Una asignación de funciones hecha de esta manera, no sólo es contraria a la lógica de los derechos humanos que obliga al Estado a garantizarlos, sino que condena a la escuela al fracaso en su gestión.

5. Asociado a esta cesión de responsabilidades, también la resolución presenta una confusión en el ejercicio de las funciones derivada de una visión errada, desde mi punto de vista, de lo que se denomina “democratización de la gestión escolar”. La gestión escolar puede democratizarse estableciendo esquemas participativos en la toma de decisiones e incorporando diversidad de criterios en la misma.

Sin embargo, el establecimiento de esquemas más participativos, no se traduce en que las decisiones se tomen sin la mediación de los criterios profesionales necesarios para sustentarlas.

Tal como lo recuerda Mariano Herrera en un artículo publicado recientemente en Ultimas Noticias, (3) hay funciones relativas al derecho a la educación, que tienen carácter técnico, que requieren formación y competencias para ello y que deben ser desarrolladas por profesionales con la formación y la experiencia pertinente.

Ello no quiere decir que los miembros de la comunidad educativa que, por diversas razones, no tienen la calificación técnica para ejercer ciertas funciones, no puedan participar en la toma de decisiones, incluyendo la evaluación de los resultados de la gestión de quiénes si la tienen; tampoco quiere decir que no puedan formar parte de los comités encargados de la realización de ciertas funciones, pero esa participación debe tener ciertas características y ámbitos; es, lo menos, poco sensato, que tenga otros.

6. Tiene unas inclusiones innecesarias e inexplicables como la participación en el comité de Madres, Padres, Representantes y Responsables de los “responsables” -que es una figura de presencia ocasional y sin poder legal en la vida de los niños y jóvenes- y de las “vocerías de los colectivos sociales de la comunidad y de la escuela” que pueden tener presencia en los comités por tópico, pero que no tienen por qué participar en los que tienen más como carácter gremial, a menos que por el rol que cumplen en la escuela, formen parte del gremio.

7. Tiene distorsiones provocadoras al identificar referentes de doctrina que no están incluidos en la Constitución.

Y sobre este punto me voy a detener para decir varias cosas.

La primera de ellas es que educación es un asunto político dada la trascendencia que tiene, para la sociedad, el rol que cumple en su consolidación institucional y en la construcción de ciudadanía. La educación permite la formación de la ciudadanía que la sociedad decide tener y que se refleja en los valores y principios contenidos en la Constitución.
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De hecho, es una parte de las funciones de la educación, preservar y desarrollar, en sus ciudadanos, el modelo de sociedad y de ciudadanía que está contenido en la Constitución. En ese caso, la educación tiene una función claramente política. De allí se deriva la premisa según la cual, el proceso de enseñanza tiene una dimensión política que ha estado tan discutida en los últimos días.
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En una sociedad como la cubana, en la que la Constitución establece la ideología del país, la educación sirve como brazo reproductor de esa lógica ideológica en sus ciudadanos; pero en una sociedad como la venezolana, que consagra en su Constitución el pluralismo político y la libertad de pensamiento, la educación tiene que promover la formación de un individuo crítico que se autodetermine política e ideológicamente y que desarrolle, respete y ejerza los valores, principios y reglas de juego democráticos que están consagrados en la Constitución.
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Esto es lo que está en el espíritu de la tesis del Estado Docente promovido por Prieto que ha formado parte de la lógica institucional del sistema educativo a lo largo de nuestra historia y que este gobierno comenzó a poner con nombre y apellido en el marco normativo vigente, a partir de la promulgación de la LOE en 1999.
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Como se puede ver, una cosa es el propósito político y otra el contenido político que se le quiera dar a la educación en una sociedad.
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La segunda de ellas es que esta visión que se desprende naturalmente de la tesis del Estado Docente promovido por Prieto, se ve tergiversada por una tendencia, un tanto perversa, que ha existido tradicionalmente en nuestro país de confundir Estado con gobierno y gobierno con partido, por lo que, en muchos casos se utilizan los recursos del Estado y del gobierno para facilitar el logro de los objetivos del partido que se encuentra en el gobierno. Como digo, esta tendencia es tradicional en nuestro país, no es algo que se pueda identificar como un invento o novedad de este gobierno, ni del gobierno nacional, aunque en este momento, como muchas otras cosas, esté especialmente magnificado. Esta tendencia tiene mucho que ver con esa anacrónica visión de hegemonía con la que se pretende manejar el poder y que, en la práctica, es contraria a los principios democráticos.
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Cuando se confunde Estado con gobierno y gobierno con partido, es lógico que se pretenda utilizar a la educación como el espacio para la formación de los futuros “militantes” o partidarios, porque no se ve ninguna diferencia entre la ideología del partido y los ideales de sociedad consagrados en la Constitución. Esta pretensión la hemos presenciado muchas veces y hemos llamado la atención sobre la misma en innumerables oportunidades. Esta se ha desarrollado de forma espasmódica y puntual, tanto en intentos por incorporar ciertos contenidos en los programas o en los libros de texto, como en los de imponer algunas prácticas en la dinámica de algunas escuelas y con un poco más de insistencia e intensidad, en la organización de actos proselitistas con participación de niños y jóvenes o al convertir actos de divulgación de programas o acciones de gobierno, en actos de proselitismo político. Un ejemplo reciente fue uno de los primeros temas publicados en este blog. (Pueden verlo aquí)
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Otra de las consecuencias de esta confusión es la utilización de ciertos instrumentos de política pública como mecanismos para la promoción de las características que le da a la sociedad una parcialidad política y que, a diferencia del caso cubano, no están incluidas como tales en la Constitución. Me refiero a que lo que conocíamos como el Plan de la Nación, dejó de llamarse así para convertirse en un instrumento de empuje del “socialismo” y lo que el gobierno denomina la “doctrina bolivariana” como modelo de país. Y es por eso que, cuando en las leyes, normas y programas educativos se hace referencia al Plan de la Nación, con el nombre que recibe actualmente, mi crítica es al contenido del plan, no a que la política educativa esté orientada a darle cumplimiento o a que se enmarque en el mismo, que es lo que se debe hacer en una sociedad con un mínimo de organización en sus políticas públicas y en la gestión del Estado.
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La tercera de ellas, es que, volviendo a la discusión inicial, el que la educación tenga una dimensión política no significa que se pueda considerar como un acto exclusivamente político. Sin embargo, aunque así pudiera considerarse, todo acto político tiene una dimensión ética que se desprende de los valores y principios en los que se sustenta. Ese es, desde mi punto de vista, parte importante del meollo del problema.
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En este momento, estamos ante la expresión de una ética-política muy particular, la ética revolucionaria, que se sustenta en varias premisas, de las cuales, en esta situación hay dos que, desde mi punto de vista, son las que aplican. La primera es la que sostiene que el fin justifica los medios, por lo cual, cualquier acción que conduzca a la construcción del modelo revolucionario, está plenamente justificada y la segunda está asociada al ejercicio de la política estrictamente como una disputa por el poder, en la que, como decía hace no mucho en un escrito también en este blog, el peso de un bando determina la existencia política del otro, es decir, el que tiene mayor peso, electoral, en este caso, aunque sea por un voto, se considera con la legitimidad suficiente para ejercer el poder de forma hegemónica, haciendo desaparecer al otro como actor político.
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Creo que es sobre la ética-política y las variantes existentes en este momento en Venezuela, sobre lo que debe girar buena parte de la discusión política de fondo. Sobre la ética que deben tener nuestros gobernantes, funcionarios y educadores, en su ejercicio público, sobre la que tienen y la que deberían tener de acuerdo a los principios y valores contenidos en la Constitución. Es allí donde está una parte importante de la discusión.
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Y la cuarta, se relaciona con la naturaleza de la participación que se promueve en esta resolución. Aunque por la forma en que algunas personas, críticas a la Resolución 058 han presentado su posición, pareciera que lo que se cuestiona es la legitimidad de la participación en las escuelas de los actores tanto escolares como extra-escolares, creo que profundizar en el diseño de mecanismos para garantizar la participación en las escuelas de la comunidad es lo que se esperaba como natural desarrollo de la normativa relativa a las comunidades educativas.
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Pero no una participación tangencial, sino central, porque así como es un asunto político para la sociedad la construcción de ciudadanía, es un asunto político natural para la comunidad la formación ciudadana que se da en las escuelas que en ella se localizan. Se trata de dos niveles naturales relativos a la construcción de ciudadanía. En ese caso, es natural que las organizaciones sociales, culturales, deportivas y comunitarias que hacen vida en ciertos espacios socio-geográficos, se vinculen a lo que sucede en las escuelas ubicadas en ellos.
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Sin embargo, en términos políticos ¿qué es lo que no puede suceder?
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– Que las escuelas, en ninguno de sus espacios, sean utilizadas para el desarrollo de actividades político partidistas o de proselitismo político. Eso está establecido en el artículo 12 de la LOE vigente.
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– Que los criterios que priven en la toma de decisiones sobre la gestión escolar sean partidistas.
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– Que para la inscripción de un Consejo Educativo de una escuela, se ponga como requisito que sus miembros sean militantes de alguna parcialidad política como ha sucedido en muchos casos con los Consejos Comunales.
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– Que se vean las credenciales político-partidistas de los empleados de una escuela -docentes, directivos, trabajadores administrativos y obreros- a la hora de hacer sus evaluaciones de desempeño, sus promociones o ascensos o a la hora de evaluar las credenciales de los aspirantes a ocupar algunos de esos cargos.
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– Que se limite la participación de cualquiera de los miembros de la comunidad porque no comparte una visión política o porque no milita en determinado partido.
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Esas son las cosas que no pueden suceder en las escuelas, a pesar de que se entienda que la educación tiene una dimensión política y es un asunto político tanto de interés de la sociedad en general como de cada una de las comunidades que se localizan en todo el territorio nacional.
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Y a pesar de lo largo que está quedando ésto, para finalizar, sólo voy a esbozar un par de temas sobre participación y ejercicio democrático que, con el texto de la Resolución 058, en lugar de aclararse se oscurecen.
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La Constitución de 1999 introduce la democracia participativa en nuestra dinámica política. Sin embargo, eso no quiere decir que los mecanismos de carácter representativo desaparecen de nuestro modelo político. Eso queda claro con la existencia de todas las instancias de representación política que se mantienen en nuestro modelo actual.
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De hecho, queda claro en las instancias que se mantienen y en las nuevas que, con respaldo en el texto constitucional o no, se han estado creando, porque aunque algunos crean que “desaparece” el sentido de la “representación” en el actual juego democrático, la figura del “vocero” no hace más que “suavizarlo”, porque éste no es más que un representante de un determinado colectivo.
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Esto se ve claramente también, en la Resolución 058, cuando se somete a un mecanismo revocatorio (4) a los voceros que formen parte del Consejo Educativo y de sus diversos comités.
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Lo que no queda establecido es el mecanismo mediante el cual se obliga a estos voceros a ser los que, en efecto, porten la voz de las personas que forman los colectivos a los que representan. Esto es vital para que funcione de forma realmente democrática un sistema representativo, y es una de las cosas que más ha fallado en nuestra tradición democrática. En esto, la resolución, por borrosa, se queda corta y hay mucha tela que cortar en este ámbito hasta encontrar un verdadero conjunto de reglas de juego que permitan establecer los mecanismos que hagan más efectivo y democrático este modelo de participación.
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El segundo tema está relacionado con la atomización de la participación para la definición de las políticas públicas en el sector.
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La promoción de mecanismos de democracia participativa desde la aprobación de la Constitución de 1999, se ha encontrado con un gran vacío de diseño institucional que garantice que la “democracia participativa” deje de ser un par de palabras y se convierta en una serie de prácticas que realmente den mayor poder al ciudadano en la definición de las políticas púbicas que en todos los ámbitos de gobierno se definen e instrumentan.
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El mecanismo de participación más directa que tenemos actualmente, es el voto, ya sea éste el que se instrumenta alzando la mano en una reunión de condominio, en una Asamblea de Ciudadanos, o introduciéndolo en una urna en un proceso referendario. Pero el ejercicio del voto, cuando no se ha tenido la oportunidad de participar en el proceso mediante el que se forma la decisión en cuestión, no es un ejercicio democrático en el fondo. Si en una asamblea de condominio, la junta llega con un par de opciones para que los propietarios escojan, sin que medie la posibilidad de informarse y de discutir -que implica que todos puedan conocer y debatir los puntos de vista de todos sobre el tema en decisión- no se puede considerar ni realmente democrático ni participativo.
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Lo mismo sucede en una Asamblea de Ciudadanos, incluso en una consulta nacional sobre algún tema, porque lo que hace democrático y participativo a un proceso, no es que se desarrolle en un ámbito político determinado, como puede ser una Asamblea de Ciudadanos, o que se resuelva con un mecanismo específico, como puede ser un referendum consultivo, lo que lo hace democrático y participativo es la posibilidad de formar parte, de incidir, en el debate y en la formación de las opciones de decisión.
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Por eso es que son tan difíciles los procesos de decisión cuando se basan en esquemas “asamblearios” y por eso es que los mecanismos de democracia “representativa” no pierden vigencia a pesar de la importancia del protagonismo ciudadano en las decisiones.
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Con la Resolución 058, si bien abre un espacio para el debate y la participación en temas relacionados con el funcionamiento de las escuelas, no se resuelve un problema de participación que como sociedad tenemos, la participación de los ciudadanos en el debate y la definición de las políticas públicas que orienten el desarrollo de la educación en Venezuela, la participación en, por ejemplo, la definición de las características del ciudadano que estamos formando, o pretendemos formar, en el sistema escolar. Estas que, como dije anteriormente, se deprenden de la Constitución, pero se desarrollan en el currículo y cuyas directrices nacionales son  de obligatorio cumplimiento en todas las escuelas del país, con el desarrollo institucional actual, quedan a discreción exclusiva del Ministerio y a los métodos de consulta que por voluntad propia decida instrumentar.
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Este tipo de decisiones de política pública no pueden manejarse en un esquema de asambleas por Consejos Educativos porque restringe la participación ciudadana y la expresión de las opiniones al ámbito comunal, atomizando el debate y la capacidad de incidencia ciudadana en la toma de decisiones de carácter nacional. Ese es un tema pendiente que surge nuevamente en el marco de la discusión de la Resolución 058 y que no puede dejarse de lado o darse por sentado.
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Ahora me despido, dejándoles, a falta de fotos, una imagen de “Los Proverbios Flamencos” del pintor flamenco Pieter Brueghel el Viejo que encontré, cuando estaba tomando la forzada decisión, esta mañana, de cambiar mi agenda dominical. (5)
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Olga Ramos (TPyC)
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(1) Las reformas curriculares en Venezuela, específicamente para la educación básica (en este momento educación primaria)  incluyeron el desarrollo de un proyecto educativo en cada escuela que adaptara los contenidos curriculares a las características y necesidades de su comunidad y que los maestros los adaptaran a las características, necesidades e intereses de cada grupo de estudiantes a través de proyectos de aprendizaje seleccionados con la participación de los estudiantes.

(2) A esta altura, en mi borrador, tengo marcadas las partes en las que algunos lectores me habrán catalogado de blandengue, pacata o colaboracionista; un par en las que otros lectores  habrán pensado “eso no es conmigo”; y habrá otras en las que me tildarán de “traidora a la patria”. Los que quieran saber si las pegaron, me pueden escribir en privado y les cuento cuáles eran, o me pueden decir, desde su punto de vista, cuáles piensan que eran, porque seguro se me escapan muchas.

(3) Pueden leer el artículo en este enlace en su blog

(4) A mi, la verdad, es que me resulta un tanto exagerada su inclusión, pero es un mecanismo natural y legítimo en un esquema tal como se estableció en la Constitución.

(5) El cuadro lo tomé de este blog